En medio de la guerra con Juan Sebastián Verón, en la AFA aseguran que la intervención del Gobierno en el máximo organismo del fútbol local no es viable.
En la AFA aseguran que la única vía que tiene el gobierno para entrometerse es la judicial y que para eso ya están cubiertos desde el día en que dejaron de estar regidos por la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del ministerio de Justicia de la Nación.
En octubre del año pasado, en medio de una de las arremetidas de Milei contra la AFA, Tapia hizo mudar el domicilio legal de la asociación a la provincia para evitar la intervención del gobierno nacional por medio de la (IGJ).
El gobierno buscaba bloquear la reelección del Chiqui e incluso por medio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había intentado suspender una asamblea. Pero finalmente, la mudanza desactivó los planes del gobierno.
Milei nunca estuvo convencido de ir a fondo contra Tapia y en eso tuvo que ver la relación del Chiqui con Lionel Messi, un asunto que espanta al presidente.
Además de la mudanza a provincia, Tapia tiene la carta de la FIFA, que no avala la intervención de los gobiernos en las asociaciones de fútbol de cada país. De hecho, es un motivo suficiente como para descalificar a la Selección del Mundial. «Ningún juez va a animarse a ser el culpable de dejar a Messi afuera de la Copa», dijeron a LPO en la AFA.
Además, Tapia tiene dos cargos de peso en la Federación que preside Gianni Infantino. Por un lado es el presidente de la Comisión de Reglas de Juego y también es representante interino de la Conmebol ante el Consejo de la FIFA.
En silencio y bajo el paraguas del DNU 849/2025, Milei entregó al Ministerio de Economía un poder inédito: modificar, transformar o directamente liquidar el FONDESGAS, el fondo fiduciario que financia las obras estratégicas del gasoducto argentino. La medida, camuflada entre planillas presupuestarias, puede paralizar proyectos claves, favorecer negocios privados y dejar a provincias enteras sin certezas sobre su infraestructura energética.
Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable
Un poder a medida del desguace
Entre cientos de números, anexos y planillas técnicas, el artículo dedicado al Fondo de Desarrollo del Gas (FONDESGAS) pasa casi desapercibido. Pero es, en verdad, el corazón político del DNU 849/2025.
El decreto faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar o extinguir” el fondo fiduciario destinado a financiar obras de transporte y almacenamiento de gas. Traducido: pueden borrarlo de un plumazo, sin debate parlamentario y sin rendir cuentas.
El FONDESGAS fue creado para sostener obras críticas como ampliaciones de gasoductos, infraestructura troncal, plantas compresoras y todo lo que permite que el gas llegue a hogares, industrias y centrales eléctricas. Es, en la práctica, el resguardo financiero de la soberanía energética.
Con este DNU, queda a merced de un funcionario.
¿Por qué es tan grave tocar ese fondo?
Porque en el ecosistema energético argentino hay una verdad básica: sin financiamiento estable, no hay obras. Y sin obras:
No avanzan los gasoductos troncales.
Se frena la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.
Se encarecen los costos para las provincias alejadas.
Aumentan las importaciones de GNL en invierno.
Se compromete la estabilidad del sistema eléctrico.
El FONDESGAS es la garantía de que esos proyectos no dependan del humor del ministro de turno ni de la billetera de empresas privadas cuyos intereses pueden no coincidir con los del país.
Con la potestad otorgada por el DNU, Economía puede vaciarlo, redireccionarlo o entregarlo a operadores privados, rompiendo el mecanismo diseñado para proteger inversiones de largo plazo.
Un botón de muestra: el antecedente de los fideicomisos
En los últimos meses, diversos fondos fiduciarios ligados a transporte, obras públicas y energía fueron desfinanciados, “reordenados” o absorbidos. Cada cambio dejó un patrón: recortes, reducción de funciones y apertura a negocios privados.
Si el FONDESGAS sigue ese camino, las provincias productoras —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz— podrían ver suspendidos proyectos pactados hace años, y las provincias de alto consumo energético podrían terminar pagando tarifas más altas para suplir la falta de infraestructura.
Las distribuidoras privadas, en cambio, podrían hacerse con negocios hoy regulados.
El truco legal: esconder una reforma estructural en un decreto presupuestario
El DNU se presenta como una ampliación de partidas para distintas áreas. Pero el artículo que habilita la intervención total sobre el FONDESGAS no tiene nada que ver con el presupuesto. No asigna fondos, no corrige créditos, no compensa diferencias salariales.
Es un cambio estructural, escondido en un decreto de otra naturaleza.
La lógica: si se hubiera enviado como proyecto de ley, el Congreso podía rechazarlo. Dentro de un DNU gigantesco, la posibilidad de que pase inadvertido es mucho mayor.
¿Qué puede pasar si lo eliminan?
Si el Gobierno decide ejecutar lo que el decreto le habilita, las consecuencias son directas:
Paralización de obras en marcha (gasoductos regionales, ampliaciones del sistema troncal).
Riesgo de falta de oferta en picos invernales, obligando a importar GNL a precio internacional.
Demora en la expansión de Vaca Muerta, que depende de nueva infraestructura.
Incremento del costo energético para hogares e industrias.
Mayor dependencia de empresas privadas en el manejo del transporte de gas.
Pérdida de control estatal sobre un segmento estratégico del sistema energético.
En otras palabras: una transferencia silenciosa de poder y recursos desde el Estado hacia el mercado, con impacto directo sobre la vida cotidiana.
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