Empresas rionegrinas se preparan para sumarse a la operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

Empresas rionegrinas se preparan para sumarse a la operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

 

El Gobierno de Río Negro impulsó un encuentro con cámaras empresarias, pymes y representantes del consorcio VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), con el objetivo de promover la participación de proveedores locales en la etapa operativa del oleoducto y fortalecer el empleo rionegrino.

La jornada, desarrollada en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente en Cipolletti, permitió acercar al entramado productivo provincial con los responsables del sistema de compras y contrataciones del VMOS, que acaba de abrir su registro oficial de proveedores.

Comienza la etapa operativa del VMOS

Durante el encuentro, el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, explicó que esta nueva instancia marca el inicio de la fase operativa del proyecto, en la cual se requerirá una amplia red de servicios regionales.

Formamos nuestro equipo de compras y contrataciones y vinimos a buscar proveedores para todos los servicios de operación y mantenimiento del ducto”, señaló el directivo. Entre los rubros demandados mencionó mantenimiento de instalaciones, servicios eléctricos e instrumentales, transporte, alimentación, vestimenta, monitoreos ambientales, consultorías, salud y seguridad laboral.

Chaab destacó que la convocatoria abarca todo el territorio rionegrino, con operaciones distribuidas entre el Alto Valle y la zona Atlántica, donde se construye la terminal de exportación en Punta Colorada. Además, remarcó que el proceso de selección de proveedores estará guiado por cuatro valores centrales: seguridad, sustentabilidad, eficiencia e integridad.

La mayor alianza industrial del país

El consorcio VMOS está integrado por las principales operadoras de Vaca Muerta: YPF (25%), Pluspetrol (17%), Vista (10%), Shell (8%), Chevron (10%), Tecpetrol (8%), Pan American Energy (11%), Pampa Energía (10%) y Gas y Petróleo del Neuquén (1%).

Se trata de la alianza industrial más grande del país en infraestructura petrolera, con una inversión estimada de más de US$ 2.000 millones. El oleoducto, de 437 kilómetros de extensión, unirá Allen con Punta Colorada, en la costa atlántica rionegrina, y contará con una terminal marítima dotada de seis tanques de 120.000 m³ cada uno para el almacenamiento de crudo destinado a la exportación.

Oportunidades para proveedores locales

El encuentro en Cipolletti fue organizado por la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, que impulsa una política activa de articulación público-privada para favorecer la inserción de pymes provinciales en el desarrollo energético.

El objetivo es que las empresas locales puedan proveer bienes y servicios durante la operación del VMOS, generando un efecto multiplicador sobre el empleo y la economía regional.

La provincia promueve estos espacios como parte de su estrategia para consolidarse como socio estratégico del crecimiento de Vaca Muerta, integrando su cadena de valor con el desarrollo logístico y portuario rionegrino.

Vaca Muerta y Río Negro, una alianza estratégica

Con esta nueva etapa de vinculación, Río Negro se posiciona como un actor clave en la expansión de la matriz exportadora argentina, al albergar el principal punto de salida del petróleo neuquino hacia los mercados internacionales.

El inicio de la fase operativa del Vaca Muerta Oil Sur no solo marcará un salto en la capacidad de exportación del país, sino también una oportunidad concreta para que las pymes rionegrinas se integren al ecosistema energético más dinámico de Sudamérica, fortaleciendo la producción, el empleo y la innovación local.

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  • Buscan a un joven salteño desaparecido en General Roca

     

    Juan Carlos Molina, un joven salteño de 27 años, viajó a General Roca con la esperanza de conseguir empleo, pero perdió todo contacto con su familia.

    La familia del Juan Carlos no recibe noticias suyas desde el pasado 25 de octubre. Su hermana Brenda contó que algunas personas aseguraron haberlo visto en un comercio del barrio Chacramonte, aunque los intentos de comunicarse por teléfono con él fueron infructuosos. La familia expresó su profunda preocupación y pide colaboración para dar con su paradero.

    Molina es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello oscuro y no presenta tatuajes ni cicatrices visibles. Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se solicita comunicarse al 911, acercarse a la comisaría más cercana, o contactar directamente a la familia al 3878245177. La búsqueda continúa activa en General Roca y zonas aledañas.

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  • A Trump se le incendia la casa mientras sigue la represión en Los Ángeles

     

    Manifestantes ondean banderas desde lo alto de un automóvil destrozado, junto a vehículos Waymo en llamas, durante una protesta en Los Ángeles, California. 8 de junio de 2025 | Imagen: AFP.

    El presidente estadounidense Donald Trump envió este lunes a Los Ángeles a otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional y movilizó a 700 marines para enfrentar “una rebelión” contra Estados Unidos, encabezada por manifestantes de “la izquierda radical” y “agitadores pagados” , sumando ya más de cinco mil efectivos militares que están desplegados en la ciudad, lo que intensifica las tensiones con los defensores de los derechos civiles que protestan contras las redadas migratorias. Lo que Trump califica como “izquierda radical” son manifestantes que protestan por las redadas y detenciones de migrantes. La semana comenzó con tropas militares en las calles de Los Ángeles y la llegada de decenas de tanques y otros vehículos militares a Washington, así como con amenazas de represión violenta. En realidad, fue  otro día normal bajo el nuevo régimen estadounidense. Por Mirko C. Trudeau* (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico-CLAE).


    Represión policial contra las protestas en en el centro de Los Ángeles el 8 de junio. David Ryder, Reuters.

    Es la primera vez desde 1965 en la que un mandatario estadounidense ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional, que sólo había ocurrido bajo órdenes de los gobernadores (la Guardia Nacional es una fuerza “híbrida” de mando compartido entre gobernadores y jefe del Ejecutivo federal). El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los marines, fuerza militar de élite empleada en intervenciones armadas, estaban en alta alerta para sumarse al operativo en aras de defender a la autoridad migratoria “de su propio pueblo si es necesario”.

    Poco después, Trump afirmó: “vamos a tener tropas en todas partes”. mientras miraba por televisión cómo se le incendiaba la casa. El asesor presidencial Stephen Miller, proclamó que la meta de aquí en adelante es la detención de por lo menos tres mil indocumentados al día. El condado de Los Ángeles, el más poblado del país, cuenta con diez millones de habitantes, de los que unos 915.100 no tienen estatus legal, según el Migration Policy Institute.

    Un manifestante cae tras ser detenido por efectivos policiales en una protesta en los alrededores del Los Angeles Federal Building tras múltiples detenciones realizadas por ICE en Los Angeles, el 6 de junio de 2025. Foto: Daniel Cole, Reuters.

    Se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles continúen por al menos 30 días, advirtió la congresista Nanette Barragán en una entrevista con la CNN. “Nos han instruido para que nos preparemos para 30 días de control del ICE”, detalló la congresista que representa a Los Ángeles.

    La redada migratoria del viernes pasado en al menos siete lugares de trabajo dejó unos 45 detenidos.Los operativos continuaron este lunes y los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) utilizaron el estacionamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Whittier, en el este del condado de Los Ángeles, para trasladar a los inmigrantes detenidos a diferentes puntos en vehículos sin identificación.

    Manifestantes chocan con los agentes del sheriff de Los Angeles en Paramount, Los Angeles County, California, el 7 de junio 2025. Foto: Xinhua

    Las grandes ciudades que se han proclamado santuarios para migrantes, todas bajo gobiernos demócratas, son el blanco explícito del gobierno de Trump, y los operativos de alto perfil con agentes armados y sin identificación se realizaron en días recientes, no sólo en Los Ángeles, sino también en Chicago y Nueva York, entre otras.

    Muchos han sido arrestados por atreverse a protestar o sólo observar, como David Huerta, presidente estatal del sindicato de trabajadores de servicios (SEIU) en Los Ángeles, quien fue herido y sigue detenido –él emitió una declaración afirmando que lo que estaba ocurriendo ahora se trata de “cómo nosotros como comunidad nos unimos y resistimos la injusticia”.

    El gobernador de California, Gavin Newsom, ya había advertido que Trump estaba buscando provocar el caos y confrontaciones para enviar las tropas, pero “no es la manera en la que se comporta un país civilizado”. Pero ya en su primer gobierno, Trump sugirió a su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, que militares dispararan contra manifestantes no violentos del movimiento de Black Lives Matter en Washington. Por suerte, Esper se negó.

    El uso de la Guardia Nacional ahora ya estaba listo. De hecho, el gobierno del republicano ha confirmado que está preparando el despliegue de 20 mil efectivos por todo el país para apoyar al ICE y a otras agencias en los operativos antimigrantes que ahora se están acelerando.

    La última vez que un presidente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional fue cuando Lyndon Johnson envió tropas a Alabama para obligar a los gobiernos locales racistas a cumplir con una nueva ley de derechos civiles para los afroestadunidenses.

    Mientras, empezaron a llegar a Washington decenas de tanques, vehículos blindados y lanzacohetes, como también aviones caza y helicópteros, entre otros equipos militares que Trump ha ordenado para un desfile militar (inusual en este país), supuestamente para marcar el 250 aniversario del ejército, pero que todos saben es para festejar el cumpleaños del presidente, el 14 de junio, con un costo de entre 25 a 40 millones de dólares. Mientras, todo indica que a Trump se le está incendiando la casa.

    * Mirko C. Trudeau es economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

    Fuente: https://estrategia.la/2025/06/10/a-trump-se-le-incendia-la-casa-mientras-sigue-la-represion-en-los-angeles/

     

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  • Violencia sin freno en Loncopué: brutal golpiza dejó a un hombre con fractura de cráneo

     

    Loncopué atraviesa días marcados por la violencia. A menos de una semana del crimen de Franco Morel, la localidad neuquina volvió a estremecerse con otro episodio salvaje que dejó a un vecino gravemente herido y en terapia intensiva.

    De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22, cuando la víctima fue interceptada en la vía pública por dos hombres que lo atacaron a golpes luego de una discusión verbal. Producto de la agresión, el vecino sufrió traumatismos severos, fractura de cráneo, hematomas y una hemorragia subaracnoidea. Permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

    Los agresores, identificados por sus iniciales como B.A.B. y R.S.B., fueron detenidos e imputados por el delito de lesiones gravísimas en calidad de coautores, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

    De acuerdo con lo que reconstruyó la fiscalía, el ataque se produjo en dos momentos distintos: primero, tras un intercambio de insultos, uno de los acusados se enfrentó a la víctima hasta que otras personas intervinieron para separarlos. Minutos después, ambos imputados lo emboscaron nuevamente y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Testigos del hecho aseguraron que uno de ellos le dio una patada en la cabeza cuando ya estaba caído.

    La jueza de garantías Vanessa Macedo Font dio por formulados los cargos y fijó un plazo de tres meses para la investigación. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía, que había argumentado riesgo de entorpecimiento de la investigación. En cambio, dispuso la libertad inmediata de los imputados, aunque les prohibió mantener contacto con la víctima o los testigos.

    El violento episodio se suma al crimen ocurrido el lunes 27 de octubre, cuando Franco Morel fue asesinado a puñaladas en plena calle. El autor fue detenido y enfrenta cargos por homicidio simple.

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • Murió Thiago el niño de 7 años que recibió un disparo de la policía, Bullrich justifica la balacera

     

    Hace minutos (19:40hs) acaban de informar que falleció Thiago Benjamín Correa Medina,  el niño de 7 años que recibió un disparó en la cabeza luego que un policía evitará ser robado. a pesar que los asaltantes huían comenzó una balacera indiscriminada. Por su parte la ministra Bullrich defendió la impunidad con la que actúan las fuerzas estatales, sino que también defendió la perversa lógica de un gobierno que prioriza la represión. “Así es como quieren solucionar las cosas”, decía un vecino atemorizado por la balacera en Ciudad Evita. Por ANRed.


    Mientras Thiago Benjamín Correa Medina luchaba por su vida tras recibir un balazo en la cabeza, Bullrich continuaba haciendo campaña electoral e insistía en culpar exclusivamente a los delincuentes, evadiendo cualquier responsabilidad sobre el accionar negligente del agente. ¿Desde cuándo la «legítima defensa» justifica disparar a ciegas en una zona poblada, poniendo en riesgo a civiles?. El efectivo disparó una balacera en donde mató a uno de los jóvenes que intentaron robarle e hirió a otros que estaban en la vereda. 

    El cinismo de Bullrich llevó también a desviar la culpa hacia el gobernador Kicillof,. También intentó redefinir el caso como «tentativa de homicidio» busca criminalizar para justificar la acción desmedida que terminó con balas perdidas y muerte En tanto La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) emitió un comunicado antes del fallecimiento del niño, titulado “Dejen de tratarnos como basura”:

    “La culpa de que Thiago (un niño de 7 años) esté con muerte cerebral por once disparos de un policía federal, es de los delincuentes que le quisieron robar”, fue la defensa de la ministra Patricia Bullrich al policía de 21 años que se encuentra detenido.

    El policía Facundo Fajardo de 21 años, fuera de servicio y de civil, para evitar que le robaran la mochila, disparó once tiros en una parada de colectivo. El resultado fue un muerto, dos heridos (los tres impactados cuando huían desistiendo del robo) y un tiro en la nuca de Thiago, de 7 años, que estaba en la parada de colectivos en los hombros de su papá.

    La única intervención de la ministra fue la defensa del asesino, hombre de una fuerza bajo su mando, al que eximió de toda responsabilidad.

    Insistimos: los únicos (once) disparos fueron del arma reglamentaria de un policía fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil. Sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió.

    Este gobierno también es responsable de la miseria que están generando, que ponen a la gente en una permanente situación de desesperación, lo que aumenta obviamente la posibilidad del delito contra la propiedad.

    La mayoría de los casos de gatillo fácil (más del 66%) se dan en estas circunstancias.Por eso exigimos:

    – Prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil.

    – No a la legalización del gatillo fácil

    – Fuera BULLRICH.

     

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  • Esquel: condenan a un padre por pegarle con un cinturón a su hijo

     

    En menos de treinta días, la fiscal chubutense Rafaella Riccono logró cerrar un acuerdo de juicio abreviado que terminó con la condena de un hombre por violencia infantil. El acusado fue declarado culpable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia contra las infancias, en perjuicio de su hijo de 10 años.

    Los hechos ocurrieron en la localidad de Esquel el 1 y el 4 de octubre, en la vivienda familiar, cuando el hombre golpeó al niño con un cinturón, provocándole lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

    La situación fue detectada en la escuela por la maestra del menor, quien al notar las marcas dio aviso a la dirección y acompañó la denuncia ante la comisaría. Paralelamente, la madre del niño también denunció los episodios de violencia.

    Tras la intervención del Servicio de Protección de Derechos, se consultó al menor sobre con quién se sentía más seguro, y el niño eligió vivir con su abuela paterna, donde permanece actualmente. Días después, fue escuchado en Cámara Gesell, cumpliendo con los principios del Interés Superior del Niño establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

    La jueza interviniente homologó el acuerdo de juicio abreviado, impuso al agresor reglas de conducta y ordenó remitir el fallo al Juzgado de Familia, que deberá implementar medidas de acompañamiento psicológico para la familia.

    El Ministerio Público destacó que este caso representa un mensaje claro contra la violencia en la crianza, recordando que el Código Civil y Comercial prohíbe expresamente los castigos físicos desde 2015.

    La Fiscalía subrayó que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, sino un delito, y reafirmó el compromiso del Estado en proteger los derechos de las infancias, garantizando su derecho a crecer en un entorno de respeto, diálogo y afecto.

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