Un violento choque ocurrido durante la madrugada del sábado en Centenariodejó importantes daños materiales y a una familia desesperada por encontrar al responsable.
El siniestro se produjo alrededor de la 1:45 en la intersección de Cuba y Elías Sapag, en el barrio Vista Hermosa, cuando un Chevrolet Corsa gris impactó con fuerza contra una camioneta Chevrolet S10 que estaba estacionada. Tras el choque, el conductor del auto emprendió la fuga pese a que el vehículo quedó con el frente completamente destrozado.
El fuerte ruido del impacto despertó a varios vecinos de la zona, quienes alcanzaron a ver cómo el Corsa se alejaba a toda velocidad levantando una nube de polvo. Las cámaras de seguridad del sector lograron registrar el momento del siniestro y permitieron identificar el tipo de rodado involucrado, aunque todavía no se cuenta con la patente del vehículo. Los dueños de la camioneta, que sufrió graves daños en la parte trasera, comenzaron una búsqueda a través de redes sociales para dar con el responsable.
Los propietarios señalaron que aún están pagando la camioneta y que deberán afrontar los costos del arreglo si el conductor no aparece. Además, remarcaron que el auto fugado quedó con daños visibles, por lo que esperan que algún vecino pueda aportar información clave para identificarlo. La Policía local analiza las imágenes de las cámaras para intentar ubicar al vehículo involucrado y esclarecer lo ocurrido.
El violento episodio ocurrió este lunes en horas de la mañana, dentro del aula del colegio ubicado en la ciudad bonaerense de Junín. Según el testimonio de los presentes, la mujer ingresó al curso gritando y golpeó a la joven al menos dos veces en la cabeza con una cadena que le entregó su propia hija.
“¿Qué problema tenés con mi hija?”: así fue el ataque dentro del aula.
VIOLENCIA en una ESCUELA de JUNIN: una MADRE ATACÓ a CADENAZOS a una MENOR en el AULA.
La víctima fue asistida por el SAME y trasladada al hospital con cortes, politraumatismos y heridas en brazos y piernas, mientras que la Fiscalía N°9 de Junín intervino en la causa y solicitó medidas de protección.
Investigación y medidas judiciales
Según la denuncia, la estudiante llegó a clase y fue alertada por una compañera de que una mujer la estaba buscando para agredirla. La madre de otra alumna ingresó al salón gritando: “¿Qué problema tenés con mi hija?” y comenzó a golpear a la chica en la cara, la cabeza, los brazos y las piernas.
La violencia se intensificó cuando la hija de la agresora se acercó y le entregó una cadena, con la que la estudiante recibió al menos dos golpes en la cabeza, causándole cortes.
Durante la agresión, la mujer amenazó a la alumna: “te voy a c… a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.
Una docente intervino y logró separar a la víctima de la agresora, exigiendo que la mujer abandone el aula. La causa quedó a cargo de la Fiscalía 9 de Junín, que solicitó una medida cautelar para proteger a la víctima del brutal ataque.
“Me encontré con mi hija bañada en sangre”: el relato de la madre
La mamá de la chica de 14 años agredida expresó en una entrevista con Canal 10 de Junín: “es una aberración, indescriptible con palabras. Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá, que se metió una vieja dentro del salón y me rajó la cabeza con una cadena’. Lloraba, gritaba. Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”.
“Llegué y me encontré con mi hijabañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, las piernas, traumatismo de cráneo», detalló.
Además, remarcó que “este problema empezó hace un tiempo con una nena, en realidad el problema no es ni siquiera con mi hija, ella defendió a una amiga. Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”.
La mujer reconoció que su hija había tomado represalias contra la chica que la hostigaba antes del brutal ataque, y que incluso la agresora había ido a la escuela con un cuchillo, pero nunca imaginó el violento desenlace.
El pasado viernes se realizo un megaoperativo simultaneo contra el narcotráfico, que incluyó a la ciudad de Neuquén, Centenario, Añelo y Andacollo.
La Policía del Neuquén logró importantes avances en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico. Bajo la coordinación de la Dirección Antinarcóticos y la intervención de diversas fiscalías, se llevaron a cabo múltiples allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos resultaron en detenciones, secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos utilizados para el comercio ilegal.
En Neuquén capital, tras más de un mes y medio de investigaciones, se desarticuló una red dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en los barrios San Lorenzo y Z1. Los agentes allanaron tres domicilios que funcionaban como punto de venta, depósito de droga y centro de recaudación de dinero. Durante el operativo se secuestraron más de 50 gramos de cocaína, marihuana, casi un millón de pesos, dólares, armas, vehículos y diversos elementos de fraccionamiento.
En Andacollo, el personal de la División Antinarcóticos Chos Malal llevó adelante un allanamiento nocturno con el apoyo de la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial. El principal sospechoso utilizaba la modalidad “delivery” para entregar drogas en distintos puntos del pueblo y espacios públicos. En el lugar se hallaron cocaína, semillas de cannabis, balanzas, dinero y dispositivos electrónicos vinculados a la venta ilegal.
Mientras tanto, las divisiones de Centenario y Añelo culminaron investigaciones paralelas que permitieron desmantelar otros dos puntos de venta de drogas. En ambos casos, la investigación se inició gracias a denuncias ciudadanas realizadas mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida” y el código QR del Ministerio Público Fiscal. En total, se incautaron más de 90 gramos de cocaína y cannabis, dinero en efectivo, motocicletas y un arma de fabricación casera.
Las autoridades provinciales destacaron la efectividad de los operativos y el rol de la comunidad en la detección temprana de estos delitos. Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras los detenidos enfrentarán cargos por tráfico y comercialización de estupefacientes. Estos procedimientos refuerzan la política de tolerancia cero al narcotráfico impulsada en Neuquén, que combina investigación, tecnología y participación ciudadana para erradicar los puntos de venta en los barrios.
La Policía de la provincia de Neuquén llevó a cabo un operativo sin precedentes este sábado por la mañana en el barrio San Lorenzo, desmantelando una significativa red dedicada a la venta ilícita de drogas. La intervención consistió en una serie de allanamientos simultáneos que resultaron en la incautación de sustancias y la detención de individuos vinculados al tráfico de estupefacientes….
El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed.
La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país.
Salud y educación
Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes.
En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente.
Cambios en residencia y ciudadanía
La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.
El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea).
Ingreso, permanencia y expulsiones
También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.
Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata.
El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.
Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.
En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa.
Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.
La nueva conducción del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, encabezada por Marcelo Rucci, asumió un nuevo período y alertó sobre la defensa de derechos ante una reforma laboral. Ante más de 20 mil personas que se concentraron este lunes en el Centro Recreativo de Rincón de los Sauces, asumió la comisión directica, con Ernesto Inal como secretario General Adjunto, tras las elecciones del pasado 22 de julio que tuvieron una participación del 90% del padrón.
Luego de la entrega de diplomas que oficializó los cargos, Rucci agradeció la confianza “para que sigamos representando a cada uno de ustedes” y aseguró que la comisión directiva continuará “al lado de cada trabajador”, porque “es un orgullo representarlos”. Subrayó que “no nos mueve otra cosa que defenderlos de la mejor manera” y remarcó los dos pilares fundamentales de la organización: lealtad y unidad.
Por su parte, Ernesto Inal sostuvo que seguirán trabajando “para que todos puedan llevar el pan a su familia”. “Siempre vamos a estar parados en el mismo lugar: del lado de los trabajadores”, afirmó. Y cerró con un mensaje contundente: “Somos los trabajadores los que vamos a hacer que la Argentina salga, de una vez por todas, de estas situaciones”.
Nueva Comisión Directiva
La conducción que representará a los trabajadores petroleros y gasíferos de la Cuenca Neuquina quedó formalmente constituida de la siguiente manera:
Secretario General: Marcelo Esteban Rucci
Secretario General Adjunto: Ernesto Inal
Secretario Administrativo: Juan Pablo Eggers
Tesorero: Miguel Ángel Díaz
Protesorero: Flavio David Pereyra
Secretario Gremial: Daniel Alfredo Andersch
Prosecretario Gremial: Cristian Bernales
Secretario de Actas, Prensa y Propaganda: Martín Guillermo Pereyra
Prosecretario de Actas, Prensa y Propaganda: Ricardo Andrés Jara
Secretaria de Turismo, Cultura y Deporte: Celeste Daniela Urrutia
Secretario de Previsión Social: Luis Alberto Gordillo
Secretaria de la Mujer y la Familia: Mariana Alejandra Cofré
Vocales Titulares: Paola Eva Mariana Cabezas (Vocal 1) y Luciano Sebastián Muñoz (Vocal 2)
La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Néstor Fernando Medel y Hugo Arcadio Zalazar (titulares), y por Ruth Betsabé Sánchez y Patricio Keim García (suplentes).
La asunción se da en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera en la región, lo que plantea a la conducción gremial el desafío de continuar garantizando los derechos laborales y la seguridad de miles de trabajadores.
Un legado de lucha y unidad
En la previa del acto, una presencia fue imposible de ignorar: la memoria del histórico dirigente petrolero Guillermo Pereyra, cuya figura sigue profundamente arraigada en el sentimiento de la familia petrolera.
“Quiero decirles que Guillermo Pereyra no hizo nada solo, lo hicimos juntos”, resonó la palabra del histórico dirigente en un video homenaje, despertando un aplauso cerrado de las más de 20 mil personas presentes. Fue una frase suya, pronunciada con el corazón en la mano en uno de sus últimos y más conmovedores actos.
“Guillermo Pereyra nos marcó un camino de solidaridad, de respeto hacia los trabajadores y de lucha constante por sus derechos”, recordó Rucci al iniciar su discurso. También destacó que la realidad actual del sindicato se debe al trabajo incansable de dirigentes que ya no están, como Ricardo Astrada, Osvaldo Marín y Richard Dewey.
Defensa de los derechos de los trabajadores
Rucci, que fue electo al frente del sindicato por cuatro años, se refirió a la posible reforma laboral y aseguró que “aún no hay nada oficial sobre lo cual discutir”. El dirigente afirmó que el gremio siempre está dispuesto al diálogo, aunque dejó en claro que la condición es que no se avasallen derechos adquiridos.
“Lo que queremos escuchar es que a nuestros compañeros no se les van a sacar derechos. Porque Vaca Muerta es posible con los trabajadores adentro, respetando la dignidad, el esfuerzo, las 12 horas, los viajes, la ausencia de la familia y el sacrificio que implica el trabajo en la industria”, señaló.
Rucci remarcó que Vaca Muerta se sostiene gracias al esfuerzo humano y advirtió sobre el costo que ya pagó el sector: “Hoy se habla de reformas laborales y de muchas otras cosas. Yo quiero recordarles a las empresas y a la política que nosotros pagamos con vida: 84 compañeros en la pandemia, más de 100 desde que empezó Vaca Muerta. No vamos a entregar a ningún trabajador”.
El secretario general subrayó que los trabajadores y el gremio “ya hicieron el esfuerzo” cuando las condiciones lo exigieron: “Los acompañamos con una veda, los acompañamos con un plan de sustentabilidad y empleo, los acompañamos en la pandemia. ¿Qué más quieren que hagamos?”
En esa línea, destacó la responsabilidad y el equilibrio con que se condujo históricamente la organización, pero lanzó una advertencia: “Cuidado. Mucho cuidado. Porque si tenemos que salir a dar la lucha, vamos a salir a darla. No tengan ninguna duda”.
Durante su discurso también se refirió a los trabajadores de las empresas Petreven, NRG y El Portón, a quienes agradeció por su presencia en la asamblea y adelantó que “a fin de mes empiezan todos nuevamente, vuelven a la actividad”.
Finalmente, Rucci anticipó que se aproximan momentos complejos, pero pidió confianza y unidad: “No venimos acá a ocupar un lugar de comodidad, venimos a ocupar un lugar de responsabilidad, al lado de cada uno de los petroleros. Donde tengamos que estar, ahí vamos a estar”, concluyó.
El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci destacó el nombramiento de Horacio Marín al frente de la empresa estatal YPF, al tiempo que advirtió que “el límite es el respeto por los derechos de los trabajadores”. En un comunicado de prensa dado a conocer hace […]…
En menos de treinta días, la fiscal chubutense Rafaella Riccono logró cerrar un acuerdo de juicio abreviado que terminó con la condena de un hombre por violencia infantil. El acusado fue declarado culpable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia contra las infancias, en perjuicio de su hijo de 10 años.
Los hechos ocurrieron en la localidad de Esquel el 1 y el 4 de octubre, en la vivienda familiar, cuando el hombre golpeó al niño con un cinturón, provocándole lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.
La situación fue detectada en la escuela por la maestra del menor, quien al notar las marcas dio aviso a la dirección y acompañó la denuncia ante la comisaría. Paralelamente, la madre del niño también denunció los episodios de violencia.
Tras la intervención del Servicio de Protección de Derechos, se consultó al menor sobre con quién se sentía más seguro, y el niño eligió vivir con su abuela paterna, donde permanece actualmente. Días después, fue escuchado en Cámara Gesell, cumpliendo con los principios del Interés Superior del Niño establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La jueza interviniente homologó el acuerdo de juicio abreviado, impuso al agresor reglas de conducta y ordenó remitir el fallo al Juzgado de Familia, que deberá implementar medidas de acompañamiento psicológico para la familia.
El Ministerio Público destacó que este caso representa un mensaje claro contra la violencia en la crianza, recordando que el Código Civil y Comercial prohíbe expresamente los castigos físicos desde 2015.
La Fiscalía subrayó que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, sino un delito, y reafirmó el compromiso del Estado en proteger los derechos de las infancias, garantizando su derecho a crecer en un entorno de respeto, diálogo y afecto.
La reciente confirmación de la Corte Suprema sobre la muerte del soldado Pablo Jesús Gabriel Córdoba en Zapala marcó un cambio en esta investigación. Este pronunciamiento, viene a consolidar las pruebas y teorías que se habían ido desvelando en los meses anteriores, estableciendo con autoridad judicial lo que muchos sospechaban: la muerte de Córdoba fue […]…
Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.
Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.
Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.
Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.
«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.
Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.
La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.
Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.
El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.
Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.
El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.
El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.
Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»
