Emotiva presentación de la Filarmónica de Río Negro

 Periodista. 

Karina Milei instruyó al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, para que postule al legislador Gonzalo Roca como representante del oficialismo por la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de la radical Susana Reyes, quien cumplió su mandato este miércoles. Con ese movimiento, la secretaria general de la Presidencia terminó de meterse a pleno en la Justicia, algo que la desvela hace tiempo por el avance de las investigaciones judiciales por la estafa de la cripto Libra y las coimas de la Andis.

LPO reveló en exclusiva que Karina aspira a controlar la Justicia y había encargado al apoderado del partido La Libertad Avanza, Santiago Viola, que interviniera ante el Poder Judicial para impedir que los casos escalen hasta ella en la determinación de responsabilidades penales.

Además, la hermana del Presidente le pidió a Mariano Cúneo Libarona que permanezca al frente del Ministerio de Justicia hasta que defina un sucesor, pese a que el mediático abogado había adelantado su renuncia al cargo. En rigor, ese pedido de Karina obedece a la cruda interna que mantiene con el asesor Santiago Caputo, con quien habría acordado una tregua hasta marzo sin afectarle posiciones de poder.

En efecto, Caputo cuenta con el segundo de Cúneo Libarona en Justicia, Sebastián Amerio, quien además ejerce la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Cuando se oficialice el nombramiento de Roca en el órgano que controla, designa y juzga a los jueces, Karina contará con un hombre y el consultor político de Javier Milei con otro.

Echaron a Neiffert y Santiago Caputo puso al nuevo jefe de la Side

Fuentes judiciales comentaron a LPO que la preocupación de Karina por las causas que la involucran la empujó a incursionar en los pasillos de Comodoro Py. Para eso, envió a Viola a fatigar despachos con la misión de inhibir el accionar de magistrados y fiscales al frente de las investigaciones que más la comprometen.

La tarea pareciera más allanada en el caso Libra, que está dormida por la lentitud del fiscal Eduardo Taiano y, además, sufrió un grosero pase de manos entre María Servini, quien se jacta de ser la tía de Viola, y Marcelo Martínez de Giorgi.

Santiago Caputo.

Las coimas de Andis, en cambio, recayeron en el juzgado de Sebastián Casanello y el fiscal interviniente es Franco Picardi. Ambos se habrían desempeñado con prudencia, hasta el momento, y progresaron en la recolección de prueba, el pedido de indagatorias y las detenciones, evitando que les quiten la causa para dársela a un juzgado amigable con Balcarce 50.

Sin embargo, la situación más delicada para el gobierno es, por lejos, la de la causa por el Fentanilo contaminado, que se cobró la vida de casi 100 personas. Esa investigación está en manos del juez Ernesto Kreplak, que también mide cada paso que da por ser el hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, miembro del gabinete del gobernador Axel Kicillof.

Karina envió a Viola a fatigar despachos con la misión de inhibir el accionar de magistrados y fiscales al frente de las investigaciones que más la comprometen.

La vacante por la que ingresa Roca es la única que se produce este año, debido a que Vanesa Siley renovó su mandato en octubre pasado y Rodolfo Tailhade y Álvaro González ejercerán su cargo hasta 2027. El libertario terminará en la vocalía que el radicalismo, según consta en una carta que presentó Rodrigo De Loredo, pretendía para la legisladora Karina Banfi, pero el saldo de los comicios dejó a la UCR con un bloque de seis diputados y a Banfi en un monobloque.

Como el oficialismo acredita ahora la primera minoría con 95 diputados y los cuatro representantes se reparten con dos lugares para la bancada mayoritaria, uno para la primera minoría y otro para la segunda, Bornoroni promovió a su par cordobés. Pero, además, advirtió en su misiva que «no consiente» el reparto actual, con dos plazas para el peronismo y otra para el PRO, y recuerda que es atribución del titular de la Cámara «modificar» o «revocar» las designaciones en el Consejo de la Magistratura, según la acordada de la Corte Suprema que en 2021 enterró la ley del kirchnerismo.