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A CONJUGAR EL VERBO GESTIONAR

Ante un nuevo incendio en un barrio popular que tiene el mismo origen de siempre, las condiciones precarias del sistema eléctrico, nos preguntamos si es necesario siempre responder de manera posterior al accidente con ayuda social o ¿existe la manera de prevenirlo para que no suceda?.

Los incendios de viviendas en barrios populares suelen generarse por la precariedad de los sistema eléctricos: cortocircuitos, enchufes en mal estado, conexiones a la intemperie o mal hechas, un transformador funcionando en mal estado, son causas que derivan en un inicio de incendio. Pareciera que a nadie le compete solucionar estos accidentes que se repiten seguido, aunque también es cierto que luego la comunidad activa en brindar colaboración respecto de las pérdidas materiales (que suelen ser totales), lo interesante sería que directamente no pase más. Si bien no es la única problemática, es una a erradicar.

Nadie se hace cargo de la precariedad de las condiciones en las que se vive en los barrios populares. Esa ceguera de la que habló Saramago sí que se puede ver, vemos para dónde queremos, y cuando queremos …”Creo que NO nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven” presagia en su Bestseller el escritor portugués.

Para algún desprevenido que cree que el estado municipal o las organizaciones sociales no pueden gestionar una obra intradomiciliaria le contamos que lo cierto, es que sí existen posibilidades para brindar soluciones pero para eso hay que gestionar, un verbo poco conjugado en nuestra ciudad.

Existe un plan de integración sociourbana para los barrios populares del cual, acá, todavía no están anoticiados. En los barrios populares del país hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana con cuadrillas de vecinos -algunos con oficio de toda la vida, otros que se van capacitando para poder sumarse a los proyectos-, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo.

Hacen conexiones de agua potable, instalan cloacas, levantan núcleos húmedos -baños y cocinas-; colocan redes de electricidad segura en las viviendas. 220 cooperativas hacen obras en barrios de 132 ciudades de los cuales cuatro son rionegrinos (Roca, Cipolletti, Bariloche y El Bolsón), en 18 provincias. El macrismo lo había desfinanciado pero el impuesto a las grandes fortunas volvió a motorizarlo. Con la presentación de este impuesto en 2019 y mediante esa financiación se creó la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

En los barrios populares del país hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana con cuadrillas de vecinos, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo

Nunca hay que irse tan lejos para ver realidades contextualizadas, por ejemplo en Gral. Roca el movimiento de trabajadores excluidos (MTE) mediante la SISU está en proceso de certificar la segunda etapa en la que colocaron el sistema eléctrico intradomiciliario en 80 casas, a lo que hay que sumarle 40 casas más de la 1ra etapa (120 en total) y en la 3ra alcanzarían el total de 203 viviendas que ahora contarán con un sistema eléctrico en condiciones evitando así posibles incendios.

Emilio Galli, Licenciado en Ciencias Políticas recibido en la Universidad Nacional del Comahue, docente y militante del MTE en Roca nos explica “los proyectos pueden ser red cloacal, proyectos para urbanizar el barrio (proyectos de gran envergadura), intradomiciliarios de electricidad, de agua, veredas y parquización y lotes con servicios”.

Además agrega, “A la secretaría pueden ir dos unidades de gestión, los municipios o las organizaciones sociales conformadas en cooperativas. Las organizaciones pueden presentar las obras tempranas que son las de agua, de cloacas, y de electricidad (todas intra domiciliarias), esta última es la única obra que se puede hacer cuando no está la red instalada, por cuestiones de seguridad. También pueden presentar el proyecto de parquización de veredas, pero claramente no es una prioridad”.

Los proyectos bajan armados, están al alcance, solo hay que readecuarlos a la situación local y gestionarlos. «Es inaceptable que siga pasando esto (incendios en casa precarias) cuando tenemos una Secretaria de Integración Urbana Nacional que desarrolló proyectos que dan seguridad en los servicios de los Barrios Populares, la responsabilidad es tanto de los municipios que no gestionan estos proyectos y de los diferentes agentes que podrían intervenir y estar pensado en los de abajo antes de ver cómo salen en la foto» advierte el referente del MTE.

El MTE se divide en ramas diferenciadas por actividad: rural, sociocomunitaria -merenderos y comedores-, textil que trabaja con los talleres recuperados y construcción. La rama de la construcción es la que lleva adelante este proyecto de obra temprana de instalación eléctrica intradomiciliaria y para realizarlo tuvieron que duplicar la cantidad de trabajadores (de 11 a 23), por lo que estos proyectos también generan empleo. Veinte trabajadores son oficiales, ayudantes y colaboradores de obra; y además hay un técnico responsable, un responsable social y coordinador de obra.

A la secretaría pueden ir dos unidades de gestión, los municipios o las organizaciones sociales conformadas en cooperativas. Las organizaciones pueden presentar las obras tempranas

Emilio Galli, responsable regional del MTE

La cantidad de hogares que necesitan de este tipo de obras no es marginal: en Argentina, el 10 por ciento de la población vive en predios en los que carecen de dos o más servicios públicos. Y es que faltan políticas de acceso a la tierra para los sectores populares, por lo que la principal vía de hacerse de un lugar donde vivir, para los trabajadores informales, es la ocupación de predios donde luego, por la propia informalidad dominial, el Estado no lleva servicios.

Gestionar es una función importantísima de los sujetos políticos, la voluntad política de colaborar con los que más lo necesitan es una decisión humanitaria; la conjunción de ambas cualidades potencian las posibilidades de que una sociedad más justa e igualitaria sea posible.

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    EXCLUSIVO: Quién es el nuevo Nº2 de la Seguridad Nacional

     

    El Gobierno oficializó la designación de Fernando Martín Kusnier como nuevo Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad Nacional. Mientras Milei coloca a otro empresario privado al mando de un área estratégica, reaparece la trayectoria del flamante funcionario: dueño de la empresa de alarmas Protegido 24 y esposo de Susana Judith Cobe, una de las empleadas señaladas en la causa por el vaciamiento del Banco Mayo, donde también figuró la madre de María Eugenia Vidal.

    Por Roque Pérez para NLI

    Del boletín oficial a la seguridad privada

    A través del Decreto 855/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, Milei nombró a Fernando Martín Kusnier como número dos político del Ministerio de Seguridad Nacional, el área clave donde se digitan las decisiones estratégicas del gabinete. Lo secunda con su firma Alejandra Monteoliva, la fiel remplazante de Patricia Bullrich.

    Kusnier, de 58 años, no viene del mundo académico, ni de instituciones especializadas en criminología o políticas públicas. Su experiencia proviene del negocio privado de la seguridad, un sector históricamente marcado por la opacidad regulatoria, la tercerización descontrolada y la falta de auditorías estatales serias.

    Según los registros oficiales, es propietario de AMAKOR S.A., más conocida por su marca comercial Protegido 24, una empresa de alarmas y monitoreo que opera en el rubro de seguridad electrónica.

    Una familia que ya aparece en causas sensibles

    La trayectoria personal de Kusnier no es la única que vuelve al centro de la escena. Su esposa, Susana Judith Cobe, figuró en el radar judicial: apareció mencionada en la emblemática causa por el vaciamiento del Banco Mayo, uno de los mayores escándalos financieros de los años ’90.

    Cobe trabajó en la mesa de dinero que funcionaba en el segundo piso de la casa matriz del Banco Mayo (calle Paso 640). Su tarea, según su propia declaración, consistía en recepcionar a los clientes que venían a invertir, tomar sus datos y emitir comprobantes / plazos siguiendo instrucciones que venían de la Gerencia Financiera.

    En esos testimonios ella describe que las mesas (Mayflower, Trust Inversions) operaban desde dentro del banco pero fuera de los balances oficiales, un mecanismo que derivó en la estafa masiva denunciada años después. Los expedientes del caso incluyen testimoniales que la mencionan entre quienes ofrecían operaciones financieras por fuera del circuito bancario regulado.

    La causa, que tuvo ramificaciones políticas, judiciales y mediáticas durante décadas, rememora otro nombre propio: Norma Susana Cascallares, empleada del banco y madre de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Cascallares aparece en las denuncias de ahorristas que afirmaron haber recibido de ella propuestas de inversión con “mejor rentabilidad”, parte del mecanismo que terminó contribuyendo al colapso del Banco Mayo.

    Cobe y Cascallares figuran mencionadas en la misma causa por irregularidades financieras, relacionadas con la operatoria de mesas de dinero.

     

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    EL MODELO DE MILEI: Whirlpool anunció el cierre de su planta en Pilar y despidió a 220 trabajadores

     

    Whirlpool confirmó el cierre definitivo de su planta de lavarropas en el parque industrial de Fátima, en Pilar, y dejó en la calle a 220 trabajadores. Otra postal del modelo Milei, que desarma producción nacional y reemplaza empleo argentino por importaciones, incluso en empresas que, como esta, acababan de invertir millones para expandirse.

    Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable

    La multinacional estadounidense comunicó que abandona por completo la actividad industrial local y que, de ahora en más, sólo mantendrá en el país operaciones comerciales, de ventas y servicio técnico. Es decir: de fabricar en Argentina se pasa directamente a importar todo.


    La fábrica que Milei se llevó puesta

    La planta de Pilar había sido inaugurada en octubre de 2022 luego de una inversión de US$ 52 millones. El proyecto aspiraba a producir 300.000 lavarropas al año y exportar el 70%. Nada de eso ocurrió bajo el actual esquema económico, que hundió el consumo y abrió las importaciones sin control.

    Según confirmaron fuentes de la empresa, el desplome en la demanda interna y el aumento explosivo de las importaciones hicieron “inviable” sostener la producción. En el comunicado oficial, la firma explicó que la decisión forma parte de “un proceso continuo de revisión y mejora productiva”, aunque puertas adentro admiten que la filial se vio golpeada por el “contexto de fuerte desaceleración del consumo”.

    El resultado: 220 familias sin ingreso y una ciudad industrializada que pierde otra fábrica.


    De producir 600 lavarropas al día a cerrar para siempre

    En las últimas semanas, el ajuste ya era evidente. Trabajadores consultados señalaron que la producción había caído de 500/600 unidades diarias a solo 400. La empresa había despedido a los empleados eventuales hacía dos semanas y luego adelantó las vacaciones al 22 de diciembre, aunque sin avisar que la decisión final sería tan drástica.

    Nadie imaginó el golpe definitivo: cierre total y desvinculación masiva.


    Importar es la nueva política industrial del Mileísmo

    Whirlpool afirma que seguirá abasteciendo al mercado local con sus productos, pero ahora traídos desde Brasil o China. Es decir: cada lavarropas que antes se fabricaba en Pilar será una importación más en la balanza comercial argentina.

    Mientras tanto, la multinacional conservará entre 100 y 120 empleados en administración, ventas y logística, “garantizando el portafolio de productos y el servicio técnico”. Lo industrial, finiquitado.

    El mismo manual que se repite en empresa tras empresa desde la llegada de Milei: industrias que cierran, trabajadores despedidos y un país que vuelve a depender del exterior.


    Un golpe más al entramado industrial

    Whirlpool lleva 35 años en Argentina y es líder en línea blanca. A nivel global factura US$ 19.000 millones, emplea 59.000 personas y opera 55 centros productivos y tecnológicos. Pero en el esquema del Mileísmo, ni su tamaño ni su trayectoria sirvieron para sostener una línea de producción local.

    El mensaje que deja este cierre es sencillo y devastador: en el país de Milei, producir no es negocio; importar, sí.

     

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