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A CONJUGAR EL VERBO GESTIONAR

Ante un nuevo incendio en un barrio popular que tiene el mismo origen de siempre, las condiciones precarias del sistema eléctrico, nos preguntamos si es necesario siempre responder de manera posterior al accidente con ayuda social o ¿existe la manera de prevenirlo para que no suceda?.

Los incendios de viviendas en barrios populares suelen generarse por la precariedad de los sistema eléctricos: cortocircuitos, enchufes en mal estado, conexiones a la intemperie o mal hechas, un transformador funcionando en mal estado, son causas que derivan en un inicio de incendio. Pareciera que a nadie le compete solucionar estos accidentes que se repiten seguido, aunque también es cierto que luego la comunidad activa en brindar colaboración respecto de las pérdidas materiales (que suelen ser totales), lo interesante sería que directamente no pase más. Si bien no es la única problemática, es una a erradicar.

Nadie se hace cargo de la precariedad de las condiciones en las que se vive en los barrios populares. Esa ceguera de la que habló Saramago sí que se puede ver, vemos para dónde queremos, y cuando queremos …”Creo que NO nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven” presagia en su Bestseller el escritor portugués.

Para algún desprevenido que cree que el estado municipal o las organizaciones sociales no pueden gestionar una obra intradomiciliaria le contamos que lo cierto, es que sí existen posibilidades para brindar soluciones pero para eso hay que gestionar, un verbo poco conjugado en nuestra ciudad.

Existe un plan de integración sociourbana para los barrios populares del cual, acá, todavía no están anoticiados. En los barrios populares del país hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana con cuadrillas de vecinos -algunos con oficio de toda la vida, otros que se van capacitando para poder sumarse a los proyectos-, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo.

Hacen conexiones de agua potable, instalan cloacas, levantan núcleos húmedos -baños y cocinas-; colocan redes de electricidad segura en las viviendas. 220 cooperativas hacen obras en barrios de 132 ciudades de los cuales cuatro son rionegrinos (Roca, Cipolletti, Bariloche y El Bolsón), en 18 provincias. El macrismo lo había desfinanciado pero el impuesto a las grandes fortunas volvió a motorizarlo. Con la presentación de este impuesto en 2019 y mediante esa financiación se creó la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

En los barrios populares del país hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana con cuadrillas de vecinos, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo

Nunca hay que irse tan lejos para ver realidades contextualizadas, por ejemplo en Gral. Roca el movimiento de trabajadores excluidos (MTE) mediante la SISU está en proceso de certificar la segunda etapa en la que colocaron el sistema eléctrico intradomiciliario en 80 casas, a lo que hay que sumarle 40 casas más de la 1ra etapa (120 en total) y en la 3ra alcanzarían el total de 203 viviendas que ahora contarán con un sistema eléctrico en condiciones evitando así posibles incendios.

Emilio Galli, Licenciado en Ciencias Políticas recibido en la Universidad Nacional del Comahue, docente y militante del MTE en Roca nos explica “los proyectos pueden ser red cloacal, proyectos para urbanizar el barrio (proyectos de gran envergadura), intradomiciliarios de electricidad, de agua, veredas y parquización y lotes con servicios”.

Además agrega, “A la secretaría pueden ir dos unidades de gestión, los municipios o las organizaciones sociales conformadas en cooperativas. Las organizaciones pueden presentar las obras tempranas que son las de agua, de cloacas, y de electricidad (todas intra domiciliarias), esta última es la única obra que se puede hacer cuando no está la red instalada, por cuestiones de seguridad. También pueden presentar el proyecto de parquización de veredas, pero claramente no es una prioridad”.

Los proyectos bajan armados, están al alcance, solo hay que readecuarlos a la situación local y gestionarlos. «Es inaceptable que siga pasando esto (incendios en casa precarias) cuando tenemos una Secretaria de Integración Urbana Nacional que desarrolló proyectos que dan seguridad en los servicios de los Barrios Populares, la responsabilidad es tanto de los municipios que no gestionan estos proyectos y de los diferentes agentes que podrían intervenir y estar pensado en los de abajo antes de ver cómo salen en la foto» advierte el referente del MTE.

El MTE se divide en ramas diferenciadas por actividad: rural, sociocomunitaria -merenderos y comedores-, textil que trabaja con los talleres recuperados y construcción. La rama de la construcción es la que lleva adelante este proyecto de obra temprana de instalación eléctrica intradomiciliaria y para realizarlo tuvieron que duplicar la cantidad de trabajadores (de 11 a 23), por lo que estos proyectos también generan empleo. Veinte trabajadores son oficiales, ayudantes y colaboradores de obra; y además hay un técnico responsable, un responsable social y coordinador de obra.

A la secretaría pueden ir dos unidades de gestión, los municipios o las organizaciones sociales conformadas en cooperativas. Las organizaciones pueden presentar las obras tempranas

Emilio Galli, responsable regional del MTE

La cantidad de hogares que necesitan de este tipo de obras no es marginal: en Argentina, el 10 por ciento de la población vive en predios en los que carecen de dos o más servicios públicos. Y es que faltan políticas de acceso a la tierra para los sectores populares, por lo que la principal vía de hacerse de un lugar donde vivir, para los trabajadores informales, es la ocupación de predios donde luego, por la propia informalidad dominial, el Estado no lleva servicios.

Gestionar es una función importantísima de los sujetos políticos, la voluntad política de colaborar con los que más lo necesitan es una decisión humanitaria; la conjunción de ambas cualidades potencian las posibilidades de que una sociedad más justa e igualitaria sea posible.

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    El Estado que no interviene… salvo cuando le conviene

     

    Mientras rechaza aranceles para proteger a la industria nacional en nombre de la “libertad”, el Gobierno acaba de aplicar una bonificación selectiva y retroactiva en un peaje clave de la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, beneficia a grandes operadores del comercio exterior y expone una intervención estatal quirúrgica, lejos del discurso oficial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó este lunes, mediante la Resolución 65/2025, una bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La decisión no solo es temporal, sino también retroactiva: se aplica desde el 5 de diciembre y rige por 30 días corridos.

    El texto firmado por Iñaki Miguel Arreseygor repite, casi sin cambios, una bonificación idéntica dispuesta en noviembre, lo que deja en evidencia que no se trata de un hecho excepcional sino de una política de parche reiterada, aplicada en plena transición del esquema de concesiones.


    Una bonificación selectiva, no una política general

    El primer dato político es claro: no hay una rebaja general de peajes, ni un alivio para todo el sistema portuario. El beneficio es puntual y direccionado: solo alcanza a los buques que eligen el Canal Martín García, una traza que en los últimos años perdió competitividad frente a otras rutas por mayores costos de mantenimiento y dragado.

    En los hechos, el Estado absorbe parte del costo operativo para que ese canal siga siendo utilizado. El porcentaje elegido —16,7%— no es caprichoso: equivale a compensar el diferencial que hoy empuja a muchos operadores a evitar esa vía. Sin la bonificación, el tráfico tendería a desviarse.

    La retroactividad agrega un elemento sensible: no incentiva conductas futuras, sino que premia operaciones ya realizadas, reduciendo ingresos que el Estado ya había devengado.


    Quiénes ganan y quiénes pierden

    Los principales beneficiados por la medida son actores altamente concentrados del comercio exterior:

    • Navieras internacionales de ultramar, como MSC, Maersk y CMA CGM, para quienes una baja de peaje impacta directamente en el costo por viaje y en la planificación de rutas.
    • El complejo agroexportador, principal usuario estructural de la Vía Navegable Troncal, que ve reducido un costo logístico sin que eso se traduzca en mejores precios internos ni en estímulos a la producción nacional.
    • El tráfico fluvial internacional proveniente de Paraguay y Bolivia, que utiliza el canal para barcazas de granos, minerales y combustibles.

    Del otro lado quedan los perjudicados:

    • El Estado, que resigna recaudación sin debate público ni una estrategia de largo plazo.
    • El principio de neutralidad tarifaria, ya que se favorece una traza específica frente a otras.
    • La industria nacional y las pymes, que no reciben ningún alivio comparable cuando compiten con importaciones.

    La contradicción: liberalismo para algunos, intervención para otros

    Aquí aparece el núcleo político de la resolución. El mismo Gobierno que se niega a aplicar aranceles o medidas de protección para sectores industriales golpeados por importaciones —porque eso “distorsiona el mercado”— interviene sin pudor cuando se trata de sostener la rentabilidad y el flujo del comercio exterior concentrado.

    No es ausencia de Estado: es intervención selectiva.
    No es libertad económica: es priorización de intereses.

    La bonificación al Canal Martín García no responde a una política industrial ni a un plan de desarrollo. Es una herramienta transitoria para llegar sin sobresaltos al nuevo esquema concesionario, aun a costa de resignar recursos públicos y de profundizar asimetrías.


    Un Estado presente, pero para los de siempre

    La Resolución 65/2025 muestra que el problema no es si el Estado interviene o no. La pregunta real es para quién interviene. Mientras la industria nacional queda librada a la “libre competencia” con productos importados, los grandes jugadores del comercio exterior reciben alivios tarifarios hechos a medida, discretos y retroactivos.

    Una vez más, el discurso va por un carril y las decisiones reales por otro. Y el peaje, como casi siempre, lo termina pagando el mismo de siempre.

     

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