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A CONJUGAR EL VERBO GESTIONAR

Ante un nuevo incendio en un barrio popular que tiene el mismo origen de siempre, las condiciones precarias del sistema eléctrico, nos preguntamos si es necesario siempre responder de manera posterior al accidente con ayuda social o ¿existe la manera de prevenirlo para que no suceda?.

Los incendios de viviendas en barrios populares suelen generarse por la precariedad de los sistema eléctricos: cortocircuitos, enchufes en mal estado, conexiones a la intemperie o mal hechas, un transformador funcionando en mal estado, son causas que derivan en un inicio de incendio. Pareciera que a nadie le compete solucionar estos accidentes que se repiten seguido, aunque también es cierto que luego la comunidad activa en brindar colaboración respecto de las pérdidas materiales (que suelen ser totales), lo interesante sería que directamente no pase más. Si bien no es la única problemática, es una a erradicar.

Nadie se hace cargo de la precariedad de las condiciones en las que se vive en los barrios populares. Esa ceguera de la que habló Saramago sí que se puede ver, vemos para dónde queremos, y cuando queremos …”Creo que NO nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven” presagia en su Bestseller el escritor portugués.

Para algún desprevenido que cree que el estado municipal o las organizaciones sociales no pueden gestionar una obra intradomiciliaria le contamos que lo cierto, es que sí existen posibilidades para brindar soluciones pero para eso hay que gestionar, un verbo poco conjugado en nuestra ciudad.

Existe un plan de integración sociourbana para los barrios populares del cual, acá, todavía no están anoticiados. En los barrios populares del país hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana con cuadrillas de vecinos -algunos con oficio de toda la vida, otros que se van capacitando para poder sumarse a los proyectos-, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo.

Hacen conexiones de agua potable, instalan cloacas, levantan núcleos húmedos -baños y cocinas-; colocan redes de electricidad segura en las viviendas. 220 cooperativas hacen obras en barrios de 132 ciudades de los cuales cuatro son rionegrinos (Roca, Cipolletti, Bariloche y El Bolsón), en 18 provincias. El macrismo lo había desfinanciado pero el impuesto a las grandes fortunas volvió a motorizarlo. Con la presentación de este impuesto en 2019 y mediante esa financiación se creó la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

En los barrios populares del país hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana con cuadrillas de vecinos, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo

Nunca hay que irse tan lejos para ver realidades contextualizadas, por ejemplo en Gral. Roca el movimiento de trabajadores excluidos (MTE) mediante la SISU está en proceso de certificar la segunda etapa en la que colocaron el sistema eléctrico intradomiciliario en 80 casas, a lo que hay que sumarle 40 casas más de la 1ra etapa (120 en total) y en la 3ra alcanzarían el total de 203 viviendas que ahora contarán con un sistema eléctrico en condiciones evitando así posibles incendios.

Emilio Galli, Licenciado en Ciencias Políticas recibido en la Universidad Nacional del Comahue, docente y militante del MTE en Roca nos explica “los proyectos pueden ser red cloacal, proyectos para urbanizar el barrio (proyectos de gran envergadura), intradomiciliarios de electricidad, de agua, veredas y parquización y lotes con servicios”.

Además agrega, “A la secretaría pueden ir dos unidades de gestión, los municipios o las organizaciones sociales conformadas en cooperativas. Las organizaciones pueden presentar las obras tempranas que son las de agua, de cloacas, y de electricidad (todas intra domiciliarias), esta última es la única obra que se puede hacer cuando no está la red instalada, por cuestiones de seguridad. También pueden presentar el proyecto de parquización de veredas, pero claramente no es una prioridad”.

Los proyectos bajan armados, están al alcance, solo hay que readecuarlos a la situación local y gestionarlos. «Es inaceptable que siga pasando esto (incendios en casa precarias) cuando tenemos una Secretaria de Integración Urbana Nacional que desarrolló proyectos que dan seguridad en los servicios de los Barrios Populares, la responsabilidad es tanto de los municipios que no gestionan estos proyectos y de los diferentes agentes que podrían intervenir y estar pensado en los de abajo antes de ver cómo salen en la foto» advierte el referente del MTE.

El MTE se divide en ramas diferenciadas por actividad: rural, sociocomunitaria -merenderos y comedores-, textil que trabaja con los talleres recuperados y construcción. La rama de la construcción es la que lleva adelante este proyecto de obra temprana de instalación eléctrica intradomiciliaria y para realizarlo tuvieron que duplicar la cantidad de trabajadores (de 11 a 23), por lo que estos proyectos también generan empleo. Veinte trabajadores son oficiales, ayudantes y colaboradores de obra; y además hay un técnico responsable, un responsable social y coordinador de obra.

A la secretaría pueden ir dos unidades de gestión, los municipios o las organizaciones sociales conformadas en cooperativas. Las organizaciones pueden presentar las obras tempranas

Emilio Galli, responsable regional del MTE

La cantidad de hogares que necesitan de este tipo de obras no es marginal: en Argentina, el 10 por ciento de la población vive en predios en los que carecen de dos o más servicios públicos. Y es que faltan políticas de acceso a la tierra para los sectores populares, por lo que la principal vía de hacerse de un lugar donde vivir, para los trabajadores informales, es la ocupación de predios donde luego, por la propia informalidad dominial, el Estado no lleva servicios.

Gestionar es una función importantísima de los sujetos políticos, la voluntad política de colaborar con los que más lo necesitan es una decisión humanitaria; la conjunción de ambas cualidades potencian las posibilidades de que una sociedad más justa e igualitaria sea posible.

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    El gobierno habilitó la designación de la tucumana Sandra Mendoza en la poderosa Comisión de Acuerdos del Senado, que dictamina los pliegos de los jueces. Esa decisión busca ablandar la resistencia de los senadores que responden a Cristina Kirchner, que traban el nombramiento de los dos cargos vacantes en la Corte Suprema y más de 200 jueces federales.

    La aparición de Mendoza en la nómina de integrantes de esa comisión empoderó al gobernador de su provincia, Osvaldo Jaldo, que ya había colado allí a Beatriz Ávila. LPO reveló a mediados de enero el interés del tucumano por el nombramiento de jueces federales, algo que comparte con el resto de los gobernadores.

    En efecto, la impericia de la Rosada para completar las vacantes de más de 200 juzgados federales se debe a que los estrategas del gobierno en materia judicial intentaron una «negociación global» con el kirchnerismo, vía Wado de Pedro, pero fracasaron. El camino que ahora ensayan con Jaldo busca hacer una gesto a los gobernadores peronistas más dialoguistas, para correr al cristinismo de la discusión por los ministros de la Corte Suprema, un tema que empezaría a debatirse otra vez a partir de marzo. Un anticipo de esa diagonal se vio en la extensión del mandato d euna camarista de Misiones, negociada con Rovira.

    La pelea por los jueces federales de Tucumán: Beatriz Ávila propone a Toledo y Gladys Medina a Casella

    Para los miembros de la bancada Convicción Federal (CF) del peronismo disidente que preside el puntano Fernando Salino e integra Mendoza, la estrategia kirchnerista de vaciar las comisiones ante el despojo de lugares para el peronismo que lleva adelante Bullrich, deja a la oposición sin política y al oficialismo con el terreno despejado para sacar leyes. La explicación de José Mayans es que, por la cantidad de votos en las urnas, al peronismo le corresponderían 7 senadores en vez de los 5 que le ofrece la jefa de bancada de LLA.

    La impericia de la Rosada para completar las vacantes de la Corte Suprema y más de 200 juzgados federales se debe a que los estrategas del gobierno en materia judicial intentaron una «negociación global» con el kirchnerismo, vía Wado de Pedro, pero fracasaron. 

    Por eso, el formoseño no mandó la lista de sus colegas para la comisión de Trabajo, sus sillas quedaron vacías en diciembre y la reforma laboral salió por una mayoría abultada esta semana. «Nos robaron 7 senadores», fue la excusa que esgrimió en su discurso de cierre contra el proyecto oficialista.

    Desde su entorno, alegan que la configuración impuesta por la exministra «es ilegal porque no respeta la representación popular en la integración proporcional de las comisiones», y aseguran que se evalúa el camino de la judicialización de las normas que se sancionen con esta aritmética. La judicialización de derrotas parlamentarias no es parte de la tradición peronista, que siempre estuvo del lado de la imposición de las mayorías.

    El jefe del bloque peronista José Mayans, en el recinto.

    Un senador le confirmó a LPO que Salino le avisó a Mayans durante la sesión de este miércoles que mandaría a Mendoza para la comisión de Acuerdos y también a Guillermo Andrada, hombre de Raúl Jalil, para la de Relaciones Exteriores. El formoseño, que aspiraba a retener la facultad de negociar nombres y lugares, insistió con su rechazo de plano a convalidar la reducción de espacios para su fuerza política y el puntano le recordó que ya son bloques separados y, por lo tanto, enviaría a esos dos senadores a esas comisiones.

    El problema de Mayans es que la decisión de bloque de peronistas disidentes, que incluye a Carolina Moisés y Fernando Rejal además de Salino, Mendoza y Andrada, le termina restando una plaza al kirchnerismo. La cuenta de Bartolomé Abdala, presidente provisional de la cámara y firmante de la nota de conformación de las comisiones, es que el peronismo ya designó un miembro en cada una y le quedarían cuatro más. «Si a ellos no les gustan los nombres que mandaron, problema de ellos», afirmó.

    Según el bloque de Salino, la estrategia kirchnerista de vaciar las comisiones ante el despojo de lugares para el peronismo que lleva adelante Bullrich deja a la oposición sin política y al oficialismo con el terreno despejado para sacar leyes.

    El giro es evidente, lo que pierde el kirchnerismo lo ganan los gobernadores. En este caso, Jaldo y Jalil, pero la diáspora no terminaría allí: se especula que el santiagueño Gerardo Zamora también se tienta con mandar su nombre o el de su colega del Frente Cívico, Elia Moreno, para sumarse a alguna comisión.

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    La maniobra desplegada por Salino desbarata cualquier posibilidad del kirchnerismo para trabar pliegos de jueces en la comisión de Acuerdos o bloquear su aprobación en recinto con más de un tercio del total de senadores. Al designar a Mendoza, Jaldo se quedó con dos senadoras en una comisión de 17 miembros y le arrebató un lugar a Mayans dentro del lote que pretendía administrar.

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    Ni el peronismo le hizo esto a la oposición cuando fue gobierno.

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