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A CONJUGAR EL VERBO GESTIONAR

Ante un nuevo incendio en un barrio popular que tiene el mismo origen de siempre, las condiciones precarias del sistema eléctrico, nos preguntamos si es necesario siempre responder de manera posterior al accidente con ayuda social o ¿existe la manera de prevenirlo para que no suceda?.

Los incendios de viviendas en barrios populares suelen generarse por la precariedad de los sistema eléctricos: cortocircuitos, enchufes en mal estado, conexiones a la intemperie o mal hechas, un transformador funcionando en mal estado, son causas que derivan en un inicio de incendio. Pareciera que a nadie le compete solucionar estos accidentes que se repiten seguido, aunque también es cierto que luego la comunidad activa en brindar colaboración respecto de las pérdidas materiales (que suelen ser totales), lo interesante sería que directamente no pase más. Si bien no es la única problemática, es una a erradicar.

Nadie se hace cargo de la precariedad de las condiciones en las que se vive en los barrios populares. Esa ceguera de la que habló Saramago sí que se puede ver, vemos para dónde queremos, y cuando queremos …”Creo que NO nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven” presagia en su Bestseller el escritor portugués.

Para algún desprevenido que cree que el estado municipal o las organizaciones sociales no pueden gestionar una obra intradomiciliaria le contamos que lo cierto, es que sí existen posibilidades para brindar soluciones pero para eso hay que gestionar, un verbo poco conjugado en nuestra ciudad.

Existe un plan de integración sociourbana para los barrios populares del cual, acá, todavía no están anoticiados. En los barrios populares del país hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana con cuadrillas de vecinos -algunos con oficio de toda la vida, otros que se van capacitando para poder sumarse a los proyectos-, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo.

Hacen conexiones de agua potable, instalan cloacas, levantan núcleos húmedos -baños y cocinas-; colocan redes de electricidad segura en las viviendas. 220 cooperativas hacen obras en barrios de 132 ciudades de los cuales cuatro son rionegrinos (Roca, Cipolletti, Bariloche y El Bolsón), en 18 provincias. El macrismo lo había desfinanciado pero el impuesto a las grandes fortunas volvió a motorizarlo. Con la presentación de este impuesto en 2019 y mediante esa financiación se creó la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

En los barrios populares del país hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana con cuadrillas de vecinos, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo

Nunca hay que irse tan lejos para ver realidades contextualizadas, por ejemplo en Gral. Roca el movimiento de trabajadores excluidos (MTE) mediante la SISU está en proceso de certificar la segunda etapa en la que colocaron el sistema eléctrico intradomiciliario en 80 casas, a lo que hay que sumarle 40 casas más de la 1ra etapa (120 en total) y en la 3ra alcanzarían el total de 203 viviendas que ahora contarán con un sistema eléctrico en condiciones evitando así posibles incendios.

Emilio Galli, Licenciado en Ciencias Políticas recibido en la Universidad Nacional del Comahue, docente y militante del MTE en Roca nos explica “los proyectos pueden ser red cloacal, proyectos para urbanizar el barrio (proyectos de gran envergadura), intradomiciliarios de electricidad, de agua, veredas y parquización y lotes con servicios”.

Además agrega, “A la secretaría pueden ir dos unidades de gestión, los municipios o las organizaciones sociales conformadas en cooperativas. Las organizaciones pueden presentar las obras tempranas que son las de agua, de cloacas, y de electricidad (todas intra domiciliarias), esta última es la única obra que se puede hacer cuando no está la red instalada, por cuestiones de seguridad. También pueden presentar el proyecto de parquización de veredas, pero claramente no es una prioridad”.

Los proyectos bajan armados, están al alcance, solo hay que readecuarlos a la situación local y gestionarlos. «Es inaceptable que siga pasando esto (incendios en casa precarias) cuando tenemos una Secretaria de Integración Urbana Nacional que desarrolló proyectos que dan seguridad en los servicios de los Barrios Populares, la responsabilidad es tanto de los municipios que no gestionan estos proyectos y de los diferentes agentes que podrían intervenir y estar pensado en los de abajo antes de ver cómo salen en la foto» advierte el referente del MTE.

El MTE se divide en ramas diferenciadas por actividad: rural, sociocomunitaria -merenderos y comedores-, textil que trabaja con los talleres recuperados y construcción. La rama de la construcción es la que lleva adelante este proyecto de obra temprana de instalación eléctrica intradomiciliaria y para realizarlo tuvieron que duplicar la cantidad de trabajadores (de 11 a 23), por lo que estos proyectos también generan empleo. Veinte trabajadores son oficiales, ayudantes y colaboradores de obra; y además hay un técnico responsable, un responsable social y coordinador de obra.

A la secretaría pueden ir dos unidades de gestión, los municipios o las organizaciones sociales conformadas en cooperativas. Las organizaciones pueden presentar las obras tempranas

Emilio Galli, responsable regional del MTE

La cantidad de hogares que necesitan de este tipo de obras no es marginal: en Argentina, el 10 por ciento de la población vive en predios en los que carecen de dos o más servicios públicos. Y es que faltan políticas de acceso a la tierra para los sectores populares, por lo que la principal vía de hacerse de un lugar donde vivir, para los trabajadores informales, es la ocupación de predios donde luego, por la propia informalidad dominial, el Estado no lleva servicios.

Gestionar es una función importantísima de los sujetos políticos, la voluntad política de colaborar con los que más lo necesitan es una decisión humanitaria; la conjunción de ambas cualidades potencian las posibilidades de que una sociedad más justa e igualitaria sea posible.

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    EXCLUSIVO La Mano de Washington en la Salud Argentina: cómo se construyó el camino que pavimentó el negocio farmacéutico para Estados Unidos

     

    Una secuencia de terror.

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    En menos de un año, el gobierno de Milei desmanteló controles históricos, aceptó subordinación regulatoria a la FDA, reabrió el festival de patentes extranjeras y avanzó con un acuerdo comercial que, por primera vez, relega a la ANMAT a un rol secundario. El caso del fentanilo contaminado —la peor tragedia sanitaria de la historia reciente— expone que lo presentado como “desburocratización” no es otra cosa que un plan diseñado en Washington para abrir el mercado argentino a laboratorios extranjeros, aun a costa de la salud pública.

    Un rompecabezas que encaja demasiado bien

    Cuando Milei anunció el acuerdo con Estados Unidos, el punto que pasó casi inadvertido fue el más determinante: Argentina aceptará certificados de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, y dejará de exigir revisiones completas de la ANMAT para esos productos. Dicho de otro modo: la autoridad sanitaria local deja de ser autoridad.

    Pero esa pieza solo encaja cuando se observa el cuadro completo: el vaciamiento material de la ANMAT, la desregulación de controles, la flexibilización del régimen de importaciones, la reactivación del modelo de los años 90 y el alineamiento del régimen de patentes con los pedidos del Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.

    Nada de eso fue improvisado.


    La primera estocada: eliminar las inspecciones in situ (derogación de la Resolución 2123/2005)

    En los últimos 20 años, la resolución 2123/2005 dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, exigía que inspectores de ANMAT verificaran físicamente las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en las plantas que producían medicamentos destinados a Argentina. Esa norma surgió tras varios escándalos de adulteración y era considerada un pilar de la trazabilidad sanitaria.

    El gobierno de Milei la desactivó sin reemplazo equivalente.

    Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la normativa que elimina la obligación de inspecciones presenciales, permitiendo confiar exclusivamente en certificados emitidos por agencias extranjeras, entre ellas la FDA.

    El argumento oficial fue lineal: “menos burocracia, más acceso”.
    El trasfondo, bastante menos inocente: alinear la regulación local con lo solicitado por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial, incluso antes de firmarlo.


    ANMAT debilitada: menos personal, menos presupuesto y más presión política

    En paralelo a estos cambios, la ANMAT no solo perdió herramientas: perdió capacidad operativa real.

    • Congelamiento de vacantes.
    • No renovación de contratos técnicos.
    • Reducción de misiones de inspección.
    • Recortes presupuestarios registrados en las planillas del Presupuesto 2024 y el proyectado 2025.
    • Presión para acelerar liberaciones sanitarias.

    En ese contexto, la eliminación de inspecciones externas equivale a bajar la guardia en medio de una tormenta.

    Y la tormenta llegó.


    El caso del fentanilo: la evidencia de por qué existen los controles

    La causa judicial por el fentanilo contaminado de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo dejó al descubierto un entramado escalofriante: adulteración de controles, planillas falsificadas, reactivos vencidos escondidos bajo la lluvia, trabajadores sin formación empujados a mentir y documentación “dibujada” para simular condiciones inexistentes.

    Las testimoniales ante el juez Ernesto Kreplak son devastadoras:

    • Me hacían mentir básicamente”, relató la técnica Bárbara Pennisi.
    • Envases con partículas o pelos igual se mandaban al rotulado”, declaró Lucía Abeijón.
    • Los frascos manchados iban igual”.
    • Cambiaron pisos y pintaron todo para la ANMAT, pero nunca vinieron”.

    Las conclusiones del Instituto Malbrán confirmaron lo que ya era evidente: los lotes 31202 y 31244 presentaban riesgos significativos, deficiencias graves e inconsistencia en la fabricación.

    El resultado: mas de 120 muertes confirmadas y un ministro de salud que se niega a dar la cara.

    En ese contexto, reducir la capacidad fiscalizadora del único organismo que puede prevenir estas catástrofes solo puede definirse como temerario.

    O como parte de una estrategia.


    La pieza que faltaba: el nuevo acuerdo con Estados Unidos

    En el día de ayer, la Casa Blanca anunció los lineamientos del marco bilateral. Allí se explicitó lo que desde hacía meses se insinuaba:

    Argentina aceptará “los certificados de la FDA y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.

    Es decir:
    si la FDA lo aprueba, entra automáticamente al mercado argentino.

    Además, el acuerdo agrega un segundo componente estratégico:

    • Acceso preferencial a productos estadounidenses, entre ellos “ciertos medicamentos, dispositivos médicos y productos químicos”.
    • Reforma del sistema de patentes, adecuándolo a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301, documento en el que Estados Unidos ya había criticado a la Argentina por otorgar demasiadas patentes locales y permitir competencia de genéricos.

    Nada es casual: Estados Unidos tiene uno de los lobbies farmacéuticos más poderosos del planeta, y este acuerdo es su puerta de entrada directa.


    Patentes: el capítulo oculto que definirá el precio de los medicamentos

    El acuerdo bilateral obliga a Argentina a:

    • “Revisar criterios restrictivos de patentabilidad”.
    • “Reducir atrasos en el otorgamiento de patentes”.
    • “Alinear la propiedad intelectual a estándares globales más elevados”.

    En lenguaje llano:
    menos genéricos nacionales, más patentes extranjeras, precios más altos.

    Las cámaras locales ya anticiparon el riesgo. CILFA advirtió que solo podrá evaluar el impacto cuando conozca el texto final, pero la advertencia es obvia: si la Argentina copia el estándar estadounidense, el costo de los tratamientos crónicos y de alta complejidad se disparará.

    CAEME —que agrupa a los laboratorios extranjeros— celebró el pacto sin matices.


    Un mercado abierto en bandeja: cómo encaja todo en el plan estadounidense

    Tomados por separado, los hechos parecen decisiones aisladas. Observados en secuencia, conforman un patrón claro:

    1. Vaciamiento de la ANMAT.
    2. Eliminación de inspecciones presenciales.
    3. Aceptación automática de certificados de la FDA.
    4. Facilitación de importaciones sin controles equivalentes.
    5. Cambios en el régimen de patentes en favor de laboratorios extranjeros.
    6. Acuerdo comercial redactado en términos estadounidenses.

    El caso del fentanilo, lejos de ser una anomalía, se convierte en un ejemplo:
    si el Estado renuncia a controlar, lo que aparece no es libertad; es riesgo, adulteración y muerte.


    Todo esto, ¿a quién beneficia?

    No a los pacientes.
    No a la industria nacional.
    No a las provincias ni al sistema sanitario.

    Beneficia a:

    • Laboratorios extranjeros, que ya no necesitarán adaptarse al marco argentino.
    • Multinacionales bajo regulación FDA, con ingreso directo al mercado de 47 millones de habitantes.
    • Empresas protegidas por un nuevo régimen de patentes, capaz de bloquear genéricos durante años.
    • Fondos de inversión norteamericanos, que presionan por “proteger propiedad intelectual” en todos los tratados internacionales.

    Argentina, mientras tanto, pierde capacidad de fijar reglas en su propio territorio.


    Conclusión: un país que renuncia a su soberanía sanitaria

    La tragedia del fentanilo demostró qué ocurre cuando los controles se relajan. En vez de reforzar al organismo, el gobierno avanzó hacia su desmantelamiento en nombre de la “innovación” y la “desregulación”.

    Hoy, con la subordinación explícita a la FDA, la Argentina cede no ya la fiscalización, sino el criterio sanitario mismo: lo que Estados Unidos considere seguro, deberá considerarse seguro aquí, sin verificación propia.

    Es el triunfo perfecto del lobby farmacéutico norteamericano.

    Y el riesgo perfecto para millones de argentinos. Cuando esto se implemente no habrá brindis por «salud» que alcance a fin de año.

     

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