El schiarettista que lidera la Corte cordobesa descontó las horas de asamblea y estallan los judiciales
Luis Angulo, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y exministro de Juan Schiaretti, tomó una medida administrativa que el lunes hará estallar los Tribunales provinciales: dispuso que los salarios de los empleados judiciales sean liquidados con descuentos por horas de asamblea, por lo que se espera que el conflicto salarial escale y le meta presión a Martín Llaryora.
En medio de un conflicto pocas veces visto, los empleados judiciales de Córdoba “tomaron” el salón de los Pasos Perdidos, en el corazón de Tribunales I, la histórica sede de la Justicia cordobesa, en reclamo de una recomposición salarial del 50%.
La decisión de Angulo generó alarma en los despachos del Ejecutivo provincial. El llaryorismo hará gestiones para intentar revertirla durante el fin de semana. De larga trayectoria política siempre junto a Schiaretti desde la intervención en Santiago del Estero, la jugada de Angulo desorientó al Ejecutivo provincial.
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El reclamo salarial es complejo: los judiciales cordobeses no tienen una equiparación salarial con los federales, pero sí actualizan la paritaria en el mismo porcentaje que ordena la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con Javier Milei en el poder, la Corte otorgó en enero una suba de 1,8%.
El Tribunal Superior de Justicia pagó 2,6% a cuenta de futuros aumentos. Para febrero, la Corte incrementó 2%. Todas las subas son irrisorias ante la escalada inflacionaria de esos meses. Así, los empleados de la Justicia (en particular autoconvocados, los “pinches”) salieron a reclamar la recomposición salarial y el jueves tomaron Pasos Perdidos.
La situación escaló porque Tristán Quiles, jefe de la oficina de sumarios del Tribunal Superior de Justicia, increpó a empleadas que protestaban. El viernes, esa situación ya había caldeado cualquier negociación entre el gremio y Angulo.
A la tarde se supo de la liquidación con descuentos. Todo esto ocurre mientras Martín Llaryora impulsa un profundo cambio en el Ministerio Público Fiscal, con un paradigma de “territorialidad de los fiscales”.
Es la gran apuesta del Gobierno: que los fiscales trabajen en los barrios. Los empleados también leyeron que hay una oportunidad para reclamar mejoras, con el gran objetivo de lograr la equiparación salarial con la Justicia federal.
