La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para participar de las clases de reggaetón a cargo de los profesores Diego Álvarez y Dai Quiroga.
Los interesados pueden anotarse en la Escuela Municipal de Arte ubicada en Brasil 91. Para consultas pueden comunicarse al celular 2984650817.
Las clases se dictarán los martes y jueves de 19,30 a 20,30 horas y los miércoles de 19 a 21 horas.
Dentro del juego de hermetismo constante que reina en el arco opositor en Córdoba, hace unos días se produjeron una serie de reuniones del exintendente Ramón Mestre con varios referentes que hoy tiene el armado que integran el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez. Con ellos, además de un encuentro en Buenos Aires con ‘Lule’ Menem, las conclusiones para el entorno de Mestre fueron las mismas: tiene que salir a raspar a Rodrigo de Loredo.
Es sabido que la relación entre Mestre y el exdiputado hace años no es buena. Incluso, cuando ambos integraron un mismo frente en 2019 para competir con el peronismo, el vínculo tampoco era sano.
Ahora, después de una serie de conversaciones que algunos aseguran también que se produjeron entre los dos radicales, el clima entre ambos se enrarece. «Bornoroni, y sobre todo Juez, saben que Mestre si tiene que salir a darle a Rodrigo lo va a hacer. Pero no porque ellos se lo digan, sino porque Ramón y Rodrigo no tienen piel y no la van a tener», dijo un radical que conoce a ambos.
Bornoroni sigue con la construcción territorial y muchos lo ven convertido en el macho alfa de la oposición a Llaryora. Incluso, en el mismo peronismo se cuidan de las críticas al libertario al que consideran un mileísta genuino a diferencia de Juez o De Loredo. «Bornoroni es un puro. Y como tal, defiende las ideas por las cuales se lo puede cuestionar o no. Pero los otros dos son arribistas y tipos que están desesperados por ver si el dedo de Karina los elige o no», se sinceró un ministro del peronismo a LPO.
La capilaridad de Bornoroni se extiende con radicales por encima de lo que ocurra entre Mestre y De Loredo. De hecho, a cargo de reclutar a ese espacio dentro de la alianza libertaria está la directora del Inaes, Soledad Carrizo. Pero, además, hay vínculos o acercamientos que llegan impulsados por los propios jefes comunales.
Este lunes, Bornoroni se mostró con intendentes del radicalismo de San Justo, el departamento de Llaryora y del ministro de Gobierno, Manuel Calvo.
Ramón Mestre
Todo dentro de una construcción por ahora sin fondos ni recursos nacionales; lo que activa una mirada desde la Provincia a la hora de pasar el scanner para asistir o no a los municipios. Como lo contó LPO la semana pasada.
En contra de esa amenaza se espera para este viernes un mensaje contundente de Juez como anfitrión del locro por el Día del Trabajador. Un ritual histórico del juecismo que en otros momentos trajo dolores de cabeza y que ya cambió de invitados en varias ocasiones a lo largo de los años: este viernes será el turno de los libertarios como comensales invitados.
El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.
La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.
El regreso del modelo de los ‘90
La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.
Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.
Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.
Tarifas, negocios y control social
El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.
La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.
El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.
Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.
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