La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para participar de las clases de reggaetón a cargo de los profesores Diego Álvarez y Dai Quiroga.
Los interesados pueden anotarse en la Escuela Municipal de Arte ubicada en Brasil 91. Para consultas pueden comunicarse al celular 2984650817.
Las clases se dictarán los martes y jueves de 19,30 a 20,30 horas y los miércoles de 19 a 21 horas.
En medio de las alertas que crecen por el impacto que podrían acarrear las fuertes lluvias previstas para los próximos meses, la diputada provincial Silvina Vaccarezza acusó a Toto Caputo de poner «en la timba financiera» más de 354 mil millones de pesos que se deberían destinar a obras hidráulicas.
Tras un pedido de Acceso a la Información Pública, la legisladora alineada a Emilio Monzó reveló que la gran mayoría del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (303.370 millones) está colocado en Letras del Tesoro Nacional.
Además del grueso de los recursos que se redirigieron a bonos, Vaccarezza expuso que 47,2 millones están inmovilizados en un Plazo Fijo Tradicional Reserva Liquidez y los 50.779 millones restantes a la vista en cuenta.
Vaccarezza sostuvo que el único programa económico del Gobierno es «el de la especulación financiera» y que la prioridad del ministro Caputo «nunca fue la producción ni la inversión productiva».
«Mientras esos recursos permanecen en instrumentos financieros, en el territorio las necesidades siguen siendo urgentes», sostuvo la diputada.
Y agregó: «Los productores miran al cielo preocupados por las lluvias, los caminos rurales necesitan obras y nuestros pueblos y ciudades siguen esperando infraestructura para prevenir inundaciones. Y, para colmo, las obras del río Salado están paralizadas».
Vaccarezza sostuvo que el único programa económico del Gobierno es «el de la especulación financiera» y que la prioridad del ministro Caputo «nunca fue la producción ni la inversión productiva».
«¿Hasta cuándo van a seguir usando como caja los fondos que tienen un destino específico?», preguntó.
El impacto del fenómeno climatolóigico denominado «Súper Niño» genera alertas en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof anunció la creación de mesas de acción coordinadas entre la Provincia y los 135 municipios, a la par de una serie de obras de infraestructura.
Más allá de eso, en el campo la preocupación es extrema, más aún con el antecedente del año pasado, cuando numerosas hectáreas del noroeste bonaerense se inundaron y el Gobierno, vía Patricia Bullrich, anunció con 9 meses de demora una asistencia de 1.900 millones a repartir en 20 distritos, anuncio que fue digerido por los productores como «una tomada de pelo».
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El gobierno de Jorge Macri sumó a nueve bancos al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad, una iniciativa que nació de un proyecto presentado por el legislador opositor Leandro Santoro y terminó convertida en ley después de una negociación con el Ejecutivo porteño.
La medida busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas y préstamos y ya no pueden sostener las cuotas.
Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al programa. La incorporación de las entidades amplía considerablemente el alcance de una herramienta que hasta ahora dependía de conseguir que los bancos aceptaran las condiciones fijadas por la Ciudad.
El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo será de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realizará directamente ante el banco o entidad financiera adherida.
El programa surgió de la Ley 6.959, sancionada por la Legislatura porteña el 18 de junio. El proyecto original fue presentado por Santoro junto con los legisladores Alejandro Grillo y Claudia Neira.
Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día.
La norma tiene como objetivo facilitar la refinanciación de las deudas de consumo, evitar la exclusión del sistema crediticio y reducir la carga financiera sobre los hogares porteños.
La ley alcanza a las deudas registradas hasta el 1° de junio pasado. Para ingresar, el deudor deberá encontrarse en situación 2 o 3 del Banco Central, es decir, acumular entre 60 y 180 días de atraso.
Además, los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores a diez salarios mínimos y el pago mensual de las deudas deberá representar más del 30% de los ingresos del hogar.
También se exige acreditar domicilio real en la Ciudad durante al menos los últimos dos años. No podrán ingresar quienes tengan más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años de antigüedad -salvo que acrediten su utilización para trabajar-, embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro.
Tampoco quienes posean activos financieros superiores a la deuda que pretenden refinanciar o hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos impagos.
Para conseguir que los bancos entren al programa, la Ciudad puso además una ficha propia sobre la mesa. Las entidades adheridas tendrán una reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre los intereses que perciban por estas refinanciaciones.
Es el incentivo fiscal que permitió convertir el acuerdo político en una herramienta con participación del sistema financiero.
«Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día», afirmó Jorge Macri.
La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Milei. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un tema entre privados y descartó una asistencia directa del Estado.
El jefe de Gobierno destacó además que la iniciativa fue trabajada «en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable».
La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Javier Milei en dos terrenos sensibles. El primero es la intervención estatal frente al salto de la morosidad. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un «tema entre privados» y descartó una asistencia directa del Estado. «Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí», dijo el ministro.
Pero hay una segunda diferencia, esta vez estrictamente política. Macri tomó un proyecto impulsado por Santoro, principal referente opositor en la Ciudad, lo negoció con la Legislatura y lo convirtió en una política del Ejecutivo.
La operación tiene, por supuesto, una lectura política. Santoro consiguió instalar desde la oposición una iniciativa que terminó convertida en política pública y Jorge Macri se quedó con la ejecución y la incorporación de los bancos. En el medio quedaron las familias endeudadas, que son finalmente las que explican el acuerdo. La mora hizo algo que la política nacional viene encontrando bastante más difícil: sentar al oficialismo y a la oposición alrededor de la misma mesa.
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