La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para participar de las clases de reggaetón a cargo de los profesores Diego Álvarez y Dai Quiroga.
Los interesados pueden anotarse en la Escuela Municipal de Arte ubicada en Brasil 91. Para consultas pueden comunicarse al celular 2984650817.
Las clases se dictarán los martes y jueves de 19,30 a 20,30 horas y los miércoles de 19 a 21 horas.
Tras la suspensión el fin de semana pasado debido a las condiciones climáticas, la Dirección de Cultura programó para el viernes 5 y sábado 6 el final del ciclo ‘Cine en mi barrio’. En este caso se proyectará la película ‘El príncipe olvidado’ el viernes en la Isla 58 y el sábado en La Unión,…
El juez Alberto «Coco» Mahiques consiguió que Javier Milei enviara su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para que el Congreso le renueve su cargo en la Cámara de Casación, antes que cumpla los 75 años de edad en noviembre próximo. Toda una novedad en un gobierno que tiene trabados los pliegos de más de 200 jueces federales.
La jugada despertó inquietantes sospechas sobre la necesidad del gobierno de contar con magistrados que puedan influir en el Poder Judicial para que no avancen causas como la que investiga la estafa Libra o las coimas de la Andis. Mahiques ingresó muy debatido a la Cámara de Casación Penal Federal, el máximo tribunal penal federal de la Argentina, que tiene la última palabra en causas de corrupción como las que complican a Karina Milei.
Mahiques, un amable francófilo que suele dar clases en Paris, ingresó a la Cámara de Casación Federal sin concurso y por una decisión que impuso el macrismo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Macri, que habilitó su traslado desde la Camara de Casación porteña. Venía de licencia por ocupar el Ministerio de Justicia bonaerense con María Eugenia Vidal.
Ahora le llegó la edad legal para jubilarse, pero Milei curiosamente optó por cursas su pedido excepcional para quedarse 5 años más en el cargo. El gobierno habilita con cuenta gotas esos pedidos. El último fue a una camarista de Misiones, luego del lobby que hizo el aliado Carlos Rovira.
Sin embargo, la renovación del cargo para Mahiques podría tener ramificaciones delicadas para Javier Milei. Fuentes judiciales comentaron a LPO que el juez habría celebrado uno de sus cumpleaños en la famosa mansión atribuida a Pablo Toviggino, el poderoso tesorero de la AFA envuelto en causas que investigan lavado de activos y evasión, que seguramente terminarán en la Cámara de Casación Federal que integra Mahiques.
La renovación del cargo para Mahiques podría tener ramificaciones delicadas para Javier Milei. Esta familia, de fuerte peso en la Justicia, tiene vínculos muy sólidos con la estructura de poder que lidera el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.
LPO no pudo confirmar la veracidad de esa versión, que puede ser alimentada por las rivalidades típicas de la justicia. Pero las relaciones de la familia Mahiques con la AFA son frondosas. Esteban Mahiques, por caso, se desempeña como director de Relaciones Institucionales de la Cancillería argentina pero integra el Tribunal de Disciplina de la AFA, mientras que Juan Bautista Mahiques no solo es el titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires sino que también figuraba hasta hace poco como vicerrector de la Universidad Nacional de la AFA (Unafa), otra audacia de Tapia.
Los jueces Alberto Mahiques y Diego Barroetavaña integran la Sala I de Casación penal que debe tratar la causa AFA.
El vínculo de Mahiques con la causa AFA que también acorrala a su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, no es especulativo. Mahiques integra la sala I de Casación y esa sala tiene que resolver el recurso de queja presentado contra el traslado de la causa de la mansión atribuida a Toviggino a los juzgados de Escobar, donde se espera un tratamiento más favorable para el tesorero de la AFA. El compañero de Sala de Mahiques es el camarista Diego Barroetaveña, que fue miembro del tribunal de disciplina de la AFA hasta diciembre.
Mahiques integrará la Sala I de Casación hasta el 15 de Junio. Apenas cuatro días antes empieza el Mundial, cuando se supone que Tapia será intocable hasta ver como le va a la Selección de Messi.
Por eso, el movimiento en favor de Mahiques y los contactos de sus hijos con el mundo del fútbol y la política habilitan especulaciones en Comodoro Py sobre la posibilidad que Milei analice desescalar la confrontación con Tapia y Pablo Toviggino, como parte de un entendimiento que podría incluir a Daniel «El Tano» Angelici, que hace años no habla con Tapia, pero si mantiene un vínculo cercano con el tesorero de la AFA .
Los Mahiques son muy cercanos a Angelici, que está en un pico del poder que construyó con paciencia de orfebre, con extensos contactos en la política porteña, la justicia, el fútbol y el mundo del juego, entre otras áreas de actividad empresarial.
Mahiques integra la sala I de Casación y esa sala tiene que resolver el recurso de queja presentado contra el traslado de la causa de la mansión atribuida a Toviggino a los juzgados de Escobar, donde se espera un tratamiento más favorable para el tesorero de la AFA.
Para quienes siguen el escándalo que tiene al Chiqui y Toviggino como protagonistas, hay una profunda desorientación por el silencio de Mauricio Macri, de estrecho vínculo con Angelici. Acaso eso sea otro signo de que su estrella se apaga, al igual que las sospechas de un acuerdo entre Karina Milei y el Tano para ordenar la disputa electoral en CABA, algo que causó desesperación en Patricia Bullrich, cuando en la sesión de la reforma laboral trató de frenar el paso del fuero del trabajo a la Ciudad, una movida que hizo coincidir al Tano con la hermana del Presidente.
Como sea, el trámite para revalidar a «Coco» en Comodoro Py iniciaría su camino a partir de marzo, en la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. LPO informó que este viernes salió la nota formal con la conformación de ese ámbito que debe dictaminar los pliegos de los jueces con un total de 13 miembros sobre 17, dejando al kirchnerismo con solo cuatro plazas vacantes para completar y otorgando una inapelable mayoría al gobierno y sus aliados.
La aventura libertaria de incluir sobre la hora un artículo que reduce el pago de licencias por enfermedad o accidentes hasta un cincuenta por ciento, despertó a la CGT que finalmente convocará a un paro nacional este jueves cuando la reforma laboral se trate en Diputados.
Cristian Jerónimo, uno de los tres líderes de la central obrera, confirmó este domingo la medida de fuerza. «Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga», afirmó a Radio 10 y anticipó que este lunes feriado se reunirá la cúpula de la central obrera para formalizar la decisión.
El paro no nace del clima general. Lo que cambió la posición negociadora de la CGT fue un episodio puntual. Mientras avanzaba el debate en el Senado, el oficialismo incorporó durante la madrugada la modificación del régimen de licencias por enfermedad. La inclusión del artículo, sin discusión previa y fuera del texto original, fue leída en el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que todavía sostenían el diálogo.
Además, complicó el trámite de la norma en Diputados, despertando resistencia en los bloques dialoguistas del PRO, UCR y Provincias Unidas, como anticipó en exclusiva LPO.
Unificó además el rechazo blindado del bloque peronista, que venía votando dividido ante iniciativas del Gobierno como el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea o la baja de edad de imputabilidad penal. «El proyecto de reforma laboral es malo, vamos a votas unidos en contra», anticipó a LPO un diputado peronista del interior.
La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, el trabajador cobrará el 50% de su salario si la imposibilidad de trabajar fuera consecuencia de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud, durante tres meses si no tiene personas a cargo o seis meses si las tiene. Si la enfermedad que no fuera producto de esa conducta, la remuneración será del 75% durante el mismo período.
Con una capacidad intacta para meter al Gobierno en problemas, el ministro desregulador Federico Sturzenegger justificó la modificación con un argumento delicado para un país futbolero como la Argentina: «Si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol -es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver- y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%».
Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga.
Aunque especialistas señalan que el cambio apunta a limitar abusos como en algunas licencias psiquiátricas eternas, la defensa pública de Sturzenegger activó al mundo sindical y los abogados laboralistas.
La sorpresa alcanzó incluso a quienes participaron del diseño de la reforma. El abogado laboralista, Julián de Diego, tomó distancia del artículo y reconoció que «salió como un fantasma». Advirtió además que el cambio generará más litigiosidad, exactamente lo contrario del objetivo oficial de reducir la judicialización laboral.
Reuniones en los pasillos de la sede histórica de la CGT en la calle Azopardo.
Hasta ese momento, en el oficialismo descontaban que la aprobación en Diputados sería un trámite Pero el escenario cambió. El artículo unificó al peronismo y generó resistencias en los bloques dialoguistas, que abrieron un debate al interior del gobierno sobre la conveniencia de apurar el tratamiento para este jueves.
Si la oposición logra derribar el artículo de las licencias, el proyecto debería volver al Seando, algo que Milei y el ministro Caputo rechazan de plano, como anticipó LPO, ante el pedido previos del PRO de incorporar el artículo que incorporó el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, para que su empresa pueda pagar sueldos.
El artículo ademeas abrió una puerta para que avanace la impugnación judicial de la reforma. Especialistas advierten que la modificación podría entrar en conflicto con las normas de la OIT y tratados internacionales firmados por la Argentina, que incluyen la adhesión a normas de protección del trabajo y el salario.
El ex ministro de Trabajo del menemismo, Armando Caro Figueroa, señaló en una entrevista publicada por Clarín que el proyecto incorpora aspectos que podrían afectar derechos protegidos por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados en el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos y el tratado entre el Mercosur y la Unió Europea, que acaba de refrendar el Congreso.
«El proyecto tiene algunas connotaciones que podrían afectar la libertad sindical, como el derecho a huelga o cobrar el 75% del sueldo en caso de enfermedad», afirmó y advirtió que «la reforma laboral necesita decisiones, pero luego tiene que pasar una prueba jurídica y de la realidad».
Carlos Presti tomó una decisión que generó ruido dentro del ministerio de Defensa. Volvió a contratar a la empresa State Grid para que sea proveedora de la Armada luego que fuera desafectada por el anterior ministro, Luis Petri.
La empresa se define como una firma que ofrece «la fabricación de productos esenciales como leche, yerba mate y aceites con procesos de alta calidad para el mercado mayorista».
A su vez, según su propia definición, se encarga también de «la distribución de alimentos a lo largo de todo el país, garantizando entregas confiables a escuelas, Fuerzas Armadas, municipios y más».
El problema, según un importante funcionario de Defensa, es que Petri la había sacado del ministerio esgrimiendo el resultado de una auditoría que encargó y arrojó que la firma entregaba un 25 por ciento menos de los alimentos que se habían comprado.
«Petri hizo una auditoría y descubrió esta irregularidad y por eso le quitó del servicio», explicó la fuente consultada, que siguió de cerca el proceso durante la gestión anterior. Esta empresa estuvo involucrada también en un escándalo por el gasto de 200 millones de dólares en postres para el Ejército.
State Grid tenía a su cargo la entrega de alimentos para la Armada, pero el ex ministro Petri encargó una auditoría y el trabajo habría indicado que se entregaba alrededor de un 25% menos de la mercadería comprada.
Un dato importante es que State Grid Argentina S.A. está vinculada a State Grid Corporation of China, que es la empresa de transmisión eléctrica más grande del mundo, en medio del acercamiento con Estados Unidos.
Luis Petri.
Como sea, el nuevo ministro Presti está bajo presión por varios temas sensibles en las Fuerzas Armadas. Uno es el reciente decreto de Javier Milei que le permite ejercer el cargo sin dejar el rango de Teniente General, una decisión que lo beneficia directamente.
En ese marco, como reveló en exclusivo LPO, la Armada sostiene que cobra el doble que un almirante gracias a ese «decreto a medida», algo que irrita al extremo a sus compañeros de armas.
Un malestar que se agrava porque hay temas que no terminan de resolverse como la dramática situación de la obra social que acaba de ser disuelta pero arrastra una deuda de 200 mil millones de pesos y no se sabe como y cuando se pagarán las deudas con hospitales y clínicas de todo el país que ya cortaron servicios a los militares.
Además, los bajos salario -en algunos casos por debajo de la línea de la pobreza- siguen siendo un problema grave, dado que los militares quedaron desfasados en relación a las fuerzas de seguridad porque para ahorrar, Milei abandonó el plan de jerarquización salarian que empezó a implementar el anterior gobierno.
Martín Menem informó este jueves que ingresó a la Cámara de Diputados el Acuerdo UE-Mercosur, un texto de más de 5000 páginas que el Congreso debe aprobar para respaldar la suscripción del Estado argentino.
Tras un primer sondeo de las voluntades, los libertarios confían que alcanzarán los votos suficientes para refrendar el documento. En efecto, el oficialismo cuenta con un bloque de 95 diputados pero, además, tendría el apoyo de casi todo el interbloque de Unidos, que junta a los legisladores de Provincias Unidas, los radicales de Martín Lousteau y Pablo Juliano, los socialistas y los pichettistas, por un lado, y el interbloque del PRO, el MID y la UCR de Aldredo Cornejo, Gustavo Valdés y Leandor Zdero.
La gran incógnita es la postura que adoptará la bancada peronista. Como anticipó LPO, habría por lo menos tres grandes grupos: los peronistas ligados a los sectores productivos, que pretenden la aprobación del acuerdo, los kirchneristas que esperan alguna indicación de Cristina Kirchner y un grupo que se identifica con la expresidenta pero que no duda en fijar su posición sin consultar o debatir con sus colegas.
El acuerdo entre los dos bloques de países supone un entendimiento entre naciones que conforman un espacio económico de más de 700 millones de personas. Los especialistas estiman que entre la UE y el Mercosur se concentra el 35 por ciento del comercio global.
Para darle tratamiento en la Cámara Baja, el oficialismo necesita integrar la comisión de Relaciones Exteriores y la de Mercosur. Para aprobar el proyecto formal que ratifica el acuerdo, se requiere un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones, algo que Menem y Gabriel Bornoroni pretenden lograr la semana próxima.
Aun cuando los aliados se manifiestan a favor del acuerdo en general, ponen reparos sobre temas puntuales que podrían afectar la producción rural o determinados sectores industriales. «Estamos trabajando ya en la reglamentación y salvaguardas, porque hay temas de patentes de medicamentos y algún tema para pymes que hay que cuidar», dijo un legislador del interbloque de Unidos.
La base monetaria volvió al centro del debate económico argentino, pero no por las razones habituales. Mientras el Gobierno insiste en que la inflación es el resultado de una expansión del dinero que ya quedó atrás, los números muestran un fenómeno distinto: una economía que atraviesa uno de los procesos de compresión monetaria más intensos de los últimos años. El problema ya no parece ser el exceso de pesos, sino su escasez relativa en una economía que sigue funcionando con bajo nivel de actividad.
Entre diciembre de 2019 y enero de 2026, la Base Monetaria pasó de aproximadamente $1,7 billones a más de $43 billones en términos nominales. El dato aislado puede sugerir una expansión significativa. Pero cuando se corrige por inflación, la lectura cambia. En términos reales, el stock de dinero cayó cerca de un 32%. Es decir, hoy circula menos dinero en relación al tamaño de la economía que al inicio del período, lo que refleja un proceso sostenido de contracción monetaria.
La tendencia descendente fue persistente entre 2020 y 2024. El piso se alcanzó durante ese último año, con una recuperación parcial recién en 2025. Aun así, el nivel actual continúa claramente por debajo del registrado al comienzo del ciclo. El ajuste monetario existió y fue profundo, aunque no siempre coincida con la narrativa pública que domina la discusión.
El mismo fenómeno aparece cuando se mide la base monetaria contra el PBI. A fines de 2019 representaba alrededor del 8% de la economía. Hoy ronda el 5,1%. No es un detalle técnico. Significa que la economía está menos monetizada.
La contracción se observa cuando se mide la base monetaria contra el PBI. A fines de 2019 representaba alrededor del 8% de la economía. Hoy ronda el 5,1%.
El control de la liquidez dejó de depender de la emisión directa y pasó a apoyarse en otros instrumentos: tasas de interés elevadas, absorción vía pasivos remunerados y condiciones financieras más restrictivas. Se trata, en los hechos, de un cambio de régimen. El Banco Central administra la escasez como herramienta de estabilización. La lógica es simple: menos pesos en circulación, menor presión nominal. Excepto, que la inflación baja en lugar de subir, como debería pasar según el manual libertario.
Es que el costo de esta política aparece en otro lado. El crédito se encarece, el consumo se enfría y la actividad pierde dinamismo. Como en una vieja imagen de la economía argentina, el motor no cuenta con combustible suficiente para acelerar.
En ese contexto, el debate entre economistas se volvió público y expuso diferencias conceptuales profundas. Carlos Maslatón sostuvo que «la base monetaria no es moneda sino una pequeña fracción de la moneda», y agregó que también deben considerarse encajes, cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos. Según su visión, «Milei ha quintuplicado la cantidad de moneda en el país», cuestionando la idea de emisión cero y advirtiendo que los efectos terminarían viéndose en los precios.
Todos los agregados monetarios volaron en términos reales entre julio de 2024 y julio de 2025, la expansión no desapareció sino que cambió de forma.
Desde otra posición crítica, Diego Giacomini, ex socio de Milei devenido en feroz crítico, afirmó que «todos los agregados monetarios volaron en términos reales entre julio de 2024 y julio de 2025», señalando que la expansión no desapareció sino que cambió de forma. El foco de su planteo apunta a los agregados más amplios y al comportamiento del crédito y los depósitos, más que a la base estricta.
La respuesta llegó de economistas cercanos al enfoque oficial. Julián Yosovitch sostuvo que «este gobierno no emite ni expande base monetaria», mostrando series donde la variación de la base aparece compensada por absorción monetaria y operaciones del Banco Central.
El cruce dejó al descubierto que la discusión ya no es solo empírica, sino también conceptual: qué se entiende por dinero y qué variable debe mirarse para evaluar la política monetaria.
Hay otro dato menos visible pero relevante. La relación entre Base Monetaria y reservas internacionales se mantiene prácticamente estable. Pasó de alrededor del 65% en 2019 a cerca del 67% en 2026.
Esto sugiere que, pese al ajuste monetario, la restricción externa sigue operando como límite estructural. La falta de dólares continúa condicionando el esquema económico, independientemente del nivel de pesos en circulación.
El discurso oficial sigue señalando a la emisión como causa central de los desequilibrios, pero los datos muestran una economía comprimida, con menor circulación real de dinero y con el crédito lejos de convertirse en motor de recuperación. La inflación convive con ese escenario, alimentada también por precios relativos y expectativas, marcando un límite a la frase que Milei repitió hasta el hartazgo y ahora -no curiosamente- no tan seguido: «la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario».
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