La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para participar de las clases de reggaetón a cargo de los profesores Diego Álvarez y Dai Quiroga.
Los interesados pueden anotarse en la Escuela Municipal de Arte ubicada en Brasil 91. Para consultas pueden comunicarse al celular 2984650817.
Las clases se dictarán los martes y jueves de 19,30 a 20,30 horas y los miércoles de 19 a 21 horas.
Después de varios días con problemas de falta de agua en Villa Regina, el municipio solicita a los vecinos realizar un uso adecuado del agua, e informa que se está trabajando en el sistema en general como también continuamente en la reparación de las bombas que fallan por el uso cotidiano (funcionan las 24hs del…
A través del decreto 033/21, el Intendente Marcelo Orazi declaró día no laborable para el personal femenino el día lunes 8 de marzo, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. En el decreto se considera que esta fecha se presenta como un día para materializar una acción concreta y colectiva mundial de…
La Municipalidad de Villa Regina informa que, a raíz de la crecida del río Negro, el servicio de Balsa en Isla 58 permanecerá interrumpido hasta nuevo aviso. Difunde esta nota
El IPC de julio marcó 2,1%, cortó tres meses consecutivos de desaceleración y acumuló 19,3% en los primeros siete meses del año. En la comparación interanual, el aumento de precios llegó al 33,8%.
El dato tiene además una composición que complica el relato oficial. La inflación núcleo, que busca medir la dinámica más persistente de los precios, fue de 1,8%. Pero los estacionales saltaron 4,5%.
El límite del ajuste aparece con mayor claridad cuando se mira el precio de los servicios. Todos los rubros relevantes quedaron por encima del IPC general. Vivienda, agua, electricidad y gas aumentaron 2,2%, impulsados por los ajustes parciales de las tarifas de luz y gas. Comunicación subió 2,4%, por las actualizaciones de telefonía e internet. Salud avanzó 2,5%, principalmente por los aumentos de las cuotas de medicina prepaga. Y Transporte encabezó la lista con un incremento del 3,1%, como consecuencia de los ajustes de las tarifas del transporte público en distintas regiones del país.
El fenómeno deja una tensión que el Gobierno conoce bien. Los bienes pueden responder más rápido al freno de la actividad y al ancla cambiaria, pero los servicios cargan tarifas, contratos y precios regulados que todavía buscan recuperar terreno.
El economista Alfredo Romano, de Romano Group, calificó directamente el número como un «mal dato». Para Romano, el resultado confirma que «pasar de 33% anual a un dígito no es una recta descendente. Es una meseta con recaídas».
Romano puso además la discusión en perspectiva histórica. Recordó las experiencias de Martínez de Hoz, Alfonsín, la Convertibilidad tardía y Mauricio Macri para sostener que la Argentina tiene antecedentes poco alentadores con los procesos largos de desinflación. A su juicio, esos programas fueron interrumpidos por agotamiento político y social o por la aparición de la restricción externa, es decir, la falta de dólares.
Desde esa lectura, Romano volvió a defender la dolarización. Considera que puede ser una alternativa «subóptima» desde el punto de vista teórico, pero más realista frente a la historia argentina.
«Sin inflación de un dígito sostenida no hay crédito de largo plazo. Sin crédito, no hay consumo estructural ni desarrollo. La pregunta no es si el gradualismo es teóricamente superior. Es si Argentina, con este historial, tiene la paciencia para sostenerlo una década sin interrumpirlo. La evidencia dice que no», completó este analista.
El dato también reavivó el cruce entre Luis Caputo y los economistas que siguen con lupa el programa. Gabriel Caamaño viene advirtiendo sobre las tensiones que aparecen debajo de la superficie de la estabilización, mientras Economía sostiene que el proceso de desinflación continúa y que las oscilaciones mensuales no modifican la tendencia.
Caputo salió a defender el número con otra vara. Destacó que la inflación núcleo fue de 1,8%, que los regulados avanzaron 2,1% y los estacionales 4,5%. Pero sobre todo puso el foco en el promedio móvil de tres meses: remarcó que cayó 0,2 puntos respecto de junio y quedó en el nivel más bajo desde septiembre del año pasado.
También celebró la baja del 1,3% en prendas de vestir y calzado, que definió como «la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional» iniciada en enero de 2017.
Gabriel Caamaño recogió el guante. Coincidió con Caputo en que «el mejor dato del IPC de julio fue la núcleo en 1,8% mensual» y advirtió que el mes «volvió a enseñar que los procesos desinflacionarios no son lineales». Por eso sostuvo que «no hay mucha ola alarmista que hacer».
Pero enseguida le pegó al cambio de métrica elegido por Economía para mostrar la continuidad de la desinflación: «Ahora que la núcleo sin carne la tienen amordazada en algún sótano del conurbano, salió al ruedo el promedio móvil tres meses», ironizó. Y cerró: «Igual es mejor que amputar el índice y vivir todo en clave mensual».
El intercambio expuso dos maneras de mirar el mismo tablero: para el Palacio de Hacienda importa la trayectoria; para los analistas, cuánto cuesta sostenerla y cuánto margen queda antes de que las tensiones cambiarias, monetarias y de actividad vuelvan a filtrarse en los precios. Julio dejó justamente esa advertencia.
Desde el pasado jueves se disfrutaron de diferentes iniciativas propuestas desde la Dirección de Turismo como parte del programa ‘Sentite Turista’. El jueves los niños y niñas pintaron y colorearon luego de una caminata recreativa por los monumentos presentes en el Paseo del Arroyo. Por otro lado, el viernes se llevó a cabo la propuesta…
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
