PorMunicipalidad Villa Regina
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Este sábado y domingo a partir de las 19 horas tendrá lugar la Feria ReEmprender especial Navidad. En la Plaza Primeros Pobladores se podrá encontrar la mejor opción para regalar en estas fiestas de la mano de artesanos y emprendedores reginenses.
Además acompañará la música de distintos artistas para disfrutar de este espacio.
¡Te esperamos!
Nicolás Martínez tiene 33 años y la mitad de su vida la pasó llevando pedidos arriba de una moto por las calles rosarinas. Trabaja en CoopExpress, la cooperativa que reúne a más de cien cadetes. Desde allí impulsaron la creación del Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores, aunque todavía no lograron que el gobierno nacional les reconozca la personería gremial.
La recesión económica empujó a miles de trabajadores hacia las aplicaciones para complementar ingresos o directamente sobrevivir tras perder el empleo formal. Profesionales, empleados, jubilados: la cadetería dejó de ser una changa juvenil y se convirtió en refugio laboral de la crisis.
El fenómeno se aceleró mientras cae el consumo y las aplicaciones consolidan su negocio. En Rosario calculan que hay unos 9 mil repartidores trabajando para las plataformas. Nicolás, secretario general del gremio, asegura que cada vez son más los cadetes que reclaman condiciones mínimas frente a jornadas extenuantes, accidentes sin cobertura y comisiones que ahogan tanto a repartidores como a comerciantes.
La ciudad se llenó de repartidores, ¿a qué se debe? ¿La crisis hizo que se convierta en el trabajo principal de mucha gente?
Sí, totalmente. Es una actividad que históricamente estuvo precarizada y muy golpeada, pero en los últimos años explotó por la crisis económica. Mucha gente que perdió el empleo formal o no llega a fin de mes termina recurriendo a las plataformas porque tiene una moto o una bicicleta.
La cadetería no es algo nuevo; trasladar mercadería en moto o bicicleta existe hace más de 30 años. Lo que se sumó desde 2019 son las aplicaciones, empresas multinacionales que trabajan a través de plataformas tecnológicas y se escudan en eso para decir que no son empleadoras y que nosotros no somos trabajadores, sino «colaboradores» o nuestros propios jefes.
Entonces tenés cada vez más gente haciendo esto por necesidad, pero sin derechos laborales, sin aportes y sin cobertura. Por eso planteamos la necesidad de sindicalizarse. Nuestra pelea es para que se reconozca la relación laboral y que las empresas se hagan cargo de sus trabajadores.
¿Hay una resistencia de los propios cadetes a organizarse?
Hay algunos casos, pero vemos que la crisis económica nos pegó muy fuerte. En esta etapa se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo formales y muchos terminan en las plataformas porque tienen un vehículo.
También se suma mucha gente a la que no le alcanza el dinero y recurre al pluriempleo. Hay cada vez más personas haciendo esto por necesidad.
Tenés una explosión de gente volcándose a «cadetear» por la precarización, pero baja el consumo y hay menos laburo para los cadetes.
Exactamente. Eso nos precariza más porque hay compañeros trabajando 14 o 15 horas por día para hacer la misma cantidad de pedidos que antes hacías en 8 horas y para llevarse el mismo sueldo de hace dos o tres años.
Esto lleva a que los compañeros se organicen de distintas maneras; muchos se afilian y otros realizan acciones autoconvocadas, como los que cortaron en Roca y Córdoba (microcentro de Rosario) porque la Municipalidad los multa por estacionar o por usar las bicis públicas para trabajar. En Córdoba hubo un paro de Pedidos Ya, acciones que antes no se veían.
En Rosario también hay mucha disconformidad de parte de los comerciantes con PedidosYa.
Sí, tienen tarifas abusivas del 30%. Monopolizaron el mercado. Si comprás una hamburguesa, al comercio le descuentan el 30% y además al usuario le cobran el envío; el cadete solo recibe un costo por kilómetro que es ínfimo y que además paga el cliente, no la empresa.
Frente a esto, las hamburgueserías aprovecharon Burguerland, el festival gastronómico que se organiza en Rosario a principios de abril, para organizarse y amenazar que se pasaban a Rappi y ahora están negociando la tarifa con PedidosYa.
Nosotros planteamos que el Estado debe intervenir con reglas claras y obligar a las empresas a hacerse cargo de sus trabajadores. Ya hay fallos, como el de la Corte Suprema de Buenos Aires, que reconoció la relación laboral y multó a estas aplicaciones con 20 millones de pesos a cada una por relación laboral encubierta. También hay experiencias internacionales, como en España, porque este es un fenómeno mundial.
¿Tienen algún tipo de diálogo con la patronal?
No. En Rosario ni siquiera tienen sede física, incumpliendo la ordenanza local que exige un local habilitado. Son empresas que no pagan impuestos municipales, provinciales ni nacionales; se llevan toda la plata afuera y nadie las controla.
Es un claro caso de inutilidad del Estado. Son empresas con ganancias extraordinarias que operan sin regulaciones ni tributan como pagamos todos.
Trabajar en la calle es un riesgo muy grande, ante un accidente, ¿cuál es el protocolo?
No se hacen cargo de nada. Las app te obligan a pagar un seguro de accidentes personales que ellos eligen, pero no brindan información. Cuando los compañeros chocan, no saben qué tienen que hacer ni a qué teléfono llamar porque la empresa no da esos datos.
Tampoco tenemos obra social ni aportes jubilatorios, a pesar de ser miles de trabajadores que podríamos aportar al sistema previsional que tiene tantos problemas de desfinanciamiento. Acá hay una fuente muy importante que tendría que estar aportando.
Por eso creemos que es fundamental contar con un sindicato y le venimos reclamando al gobierno nacional que nos reconozca la personería gremial para avanzar en un convenio colectivo con reglas claras que seguramente será mucho más flexibles que otras ramas.
¿Ustedes pertenecen a alguna central obrera?
Estamos en la CATT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Nos reunimos con el triunvirato de la CGT porque peleamos contra artículos de la reforma laboral que pretendían considerarnos trabajadores independientes para dejarnos fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora lo estamos discutiendo en la Justicia.
También presentamos un proyecto para actualizar la ordenanza municipal, que tiene 26 años. Queremos que las empresas tengan un local, que registren a los trabajadores, que estemos bajo la órbita de las áreas de Producción y que haya identificación con código QR porque el único registro que existe hasta ahora es realizado por el Ministerio de Seguridad para diferenciarnos de los delincuentes que se disfrazan de cadetes.
¿Cuánto gana hoy un cadete?
Se desvirtuó todo por la crisis. Un pedido promedio está, como mucho, en 3 mil pesos. Se pueden sacar unos 10 mil pesos la hora entregando 3 o 4 pedidos, pero a eso hay que restarle el desgaste de la moto: aceite, cubiertas y transmisión, que ponemos nosotros.
Además, el sistema usa un algoritmo que te presiona: si no llegás rápido, te bajan de categoría y cobrás menos. Eso empuja a los compañeros a andar a 200 kilómetros por hora, cruzar en rojo y arriesgar la vida. Según el municipio, en Rosario hay cerca de 9 mil repartidores trabajando prácticamente a la deriva.
Por eso nosotros también planteamos que tiene que haber reglas claras y mayor profesionalización de la actividad. No solo porque reclamamos derechos laborales, sino porque manejamos alimentos, medicamentos y productos sensibles. Es una responsabilidad muy grande.
Yo trabajo de cadete desde los 18 años y vi cómo cambió todo: las aplicaciones lo venden como un trabajo cool o flexible, pero con la crisis hoy hay empleados, profesionales y hasta jubilados haciendo repartos para sobrevivir.
El Estado todavía no les reconoce la personería gremial, pero igual lograron construir una organización propia.
Sí. Como hace tres años que venimos gestionando la personería gremial y el Estado demora la respuesta, decidimos institucionalizarnos de otras maneras. Creamos la única mutual de cadetes del país, donde ofrecemos descuentos del 50% en farmacias, la proveeduría de los Empleados de Comercio, convenios con clínicas, mecánicos, repuestos y hasta campings mediante acuerdos con otros gremios.
Hace 10 años desarrollamos CoopExpress, una cooperativa donde trabajan más de 100 compañeros de forma autogestiva. Es la contracara de las aplicaciones: en vez de competir entre nosotros por un algoritmo, trabajamos de manera colectiva.
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La actriz cuestionó con dureza el proyecto oficial para modificar la ley de discapacidad y denunció un “retroceso histórico” que, según advirtió, pone en riesgo la vida de miles de personas.
Por Lola Santacreta para NLI
La actriz Lola Berthet lanzó una de las críticas más contundentes contra el Gobierno tras conocerse el avance de una nueva iniciativa sobre discapacidad. En declaraciones públicas, sostuvo que “el objetivo es que la gente se muera”, en referencia a lo que considera un recorte sistemático de derechos y prestaciones esenciales para el sector.
El planteo no fue aislado ni improvisado. Berthet, que además es madre de un niño con autismo, viene siguiendo de cerca las políticas oficiales y alertó que el proyecto implica dejar afuera a muchas personas del sistema, profundizando una situación ya crítica. En ese sentido, advirtió que las modificaciones impulsadas por el oficialismo representan un “retroceso histórico” en materia de inclusión.
El eje del conflicto gira en torno a la reforma del sistema de discapacidad, que regula prestaciones médicas, terapéuticas y asistenciales. En la Argentina, ese entramado se sostiene sobre leyes como la 24.901, que establece la cobertura integral para personas con discapacidad, incluyendo tratamientos, educación y asistencia social.
Sin embargo, distintos sectores denuncian que el Gobierno busca redefinir criterios de acceso y financiamiento, lo que en la práctica implicaría menos cobertura y más exclusión. Para Berthet, esto no es una discusión técnica sino política: “Hay un corrimiento deliberado del Estado”, viene señalando en sus intervenciones públicas.
La actriz también apuntó contra el clima social que rodea estas medidas. Según sostuvo, desde el oficialismo se instaló un discurso que estigmatiza a las personas con discapacidad, generando un contexto de mayor vulnerabilidad.
El rechazo al proyecto no se limita al ámbito artístico. Organizaciones, familias y profesionales del sector vienen manifestándose contra los cambios, denunciando recortes en prestaciones, demoras en pagos y pérdida de derechos adquiridos.
En ese marco, Berthet se sumó activamente a los reclamos y llamó a frenar el avance de la iniciativa. Su frase más dura —“el objetivo es que la gente se muera”— sintetiza el nivel de alarma que atraviesa al colectivo.
Detrás de esa expresión hay una acusación de fondo: que el ajuste impulsado por el Gobierno no es neutro, sino que impacta directamente sobre los sectores más vulnerables. En un país donde millones de personas dependen del sistema de discapacidad, la discusión dejó de ser técnica para convertirse en un debate urgente sobre el rol del Estado.
