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Investigadores fiscales y policiales de Santa Fe encontraron hace dos semanas un arsenal de armas largas, algunas con capacidad de perforar superficies blindadas, enterradas en un campo de Roldán, a 25 kilómetros de Rosario.
Esas armas poderosas de posesión inusual en el campo civil están vinculadas a la organización criminal Los Menores que conduce el prófugo Matías Gazzani.
Los investigadores del área de la Agencia de Inteligencia del gobierno de Santa Fe están convencidos, por información que aseguran haber recibido de tres vías diferentes, que el propósito de los grupos delictivos que asoman detrás de estos fusiles de alto poder de fuego era producir un atentado contra Maximiliano Pullaro.
Esa convicción fue creciendo en las últimas dos semanas en el entorno de los investigadores que este viernes al mediodía concretaron allanamientos derivados de ese primer evento. «Para nosotros es cien por ciento seguro que preparaban un ataque» dijo a LPO uno de los principales investigadores del caso.
El procedimiento que dio con las armas no tiene antecedentes en Rosario. Fueron tres allanamientos en cadena contra grupos en conexión con la Banda de Los Menores que asomó fuerte en la escena criminal local con el asesinato del ex líder de la hinchada de Rosario Central Andrés Pillín Bracamonte el 9 de noviembre de 2024.
Autoridades fiscales y provinciales advierten que esa organización tiene aspiraciones de controlar el fenómeno criminal en la ciudad, desplazando a otros grupos que solían tener la supremacía, en especial la llamada Banda de Los Monos, que desde 2024 sufrieron la eliminación en una escalada de al menos una decena de referentes.
El allanamiento más importante se dio en un campo de Roldán. Fue en la calle Madre Teresa al 700. Ese predio está a la vuelta de un importante referente de Los Menores llamado Enzo Benítez que está prófugo con pedido de captura y fue detectado tanto en España como en Portugal.
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En ese campo se encontraron las armas tras un trabajo con máquinas retroexcavadoras que había demandado antes la limpieza y el alisado del terreno.
Uno de los miembros del equipo que trabajó allí le dijo a LPO que el grupo se movió con máquinas detectoras de metales. Lo principal para el hallazgo fue que en un momento uno de los buscadores encontró tras el alisado con una pala mecánica evidencia de tierra blanda y removida.
El detector marcó allí una señal muy débil. Se comenzó una excavación que a los cuatro metros de profundidad tocó una losa de cemento. Al romper esa losa se encontró un tanque de agua de plástico retromoldeado. Adentro de ese tanque estaban las armas.
Entre lo que se encontró había pistolas calibre 9 milímetros y calibre 40 y fusiles de alto poder de fuego.
En conferencia de prensa funcionarios del gobierno de Pullaro mencionaron cuatro fusiles, uno de ellos tipo AK 47 y un AR-15, de fabricación china y estadounidense, calibres 5.56 y .223. Se secuestraron seis pistolas, escopetas y más de 800 cartuchos de distinto tipo.
Fuentes que estuvieron en los procedimientos le dijeron a LPO que los insumos informativos de inteligencia que permitieron llegar a estas armas incluían referencias inequívocas a atentar contra la vida de Pullaro.
«Los que tenían esas armas no solamente saben de su poderío sino que dicen para qué las tienen. Hablan de la capacidad de perforar lo blindado. Las balas encontradas pueden dispararse desde los fusiles enterrados y eran perforantes con núcleo de acero, atraviesan un chaleco antibala, un casco balístico y un vehículo blindado convencional», dijo a LPO un agente del grupo que participó de las pesquisas.
Fuentes que estuvieron en los procedimientos le dijeron a LPO que los insumos informativos de inteligencia que permitieron llegar a estas armas incluían referencias inequívocas a atentar contra la vida de Pullaro.
Y agregó: «Están hechas de tungsteno que es un metal de alta densidad y dureza que perfora blindaje y se usa militarmente por su capacidad de penetración».
Tras los allanamientos hubo una conferencia de prensa en la que participaron la subsecretaria de Inteligencia Criminal de Santa Fe Virginia Villar, el fiscal de Rosario Matías Merlo, el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva Patricio Saldutti y el jefe de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales, Maximiliano Bertolotti.
Bertolotti contó entonces que el primer allanamiento se hizo en el barrio 7 de Septiembre, la base de Los Menores en Rosario, en una vivienda donde secuestraron 10 millones de pesos en efectivo. Los otros fueron en las localidades de Ibarlucea y el aludido de Roldán donde aparecieron las armas bajo tierra.
Luego circuló en el Ministerio Público de la Acusación y en otras dependencias públicas y de prensa información de origen gubernamental que luego fue eliminada. Allí se enunciaba la idea de que esas armas se usarían contra el gobernador.
En ese texto se aludía a dos asuntos. El primero era que el operativo fue para desmantelar a grupos que responden a presos de alto perfil del módulo de alta seguridad de la cárcel de Piñero, reclusos que por su peligrosidad tienen requisas permanentes, no pueden tener visitas íntimas, la comunicación con su familia o abogado es a través de un blindex.
El segundo asunto es una de las principales hipótesis, que la banda quería intentar matar al gobernador Maximiliano Pullaro utilizando las armas de guerra. Ese texto desapareció pero cobra sentido porque en las consultas de este medio a altos ámbitos del gobierno santafesino y de los investigadores esos planteos se promueven con énfasis.
Los allanamientos encadenados desde el 2 de marzo que terminaron con el hallazgo de los fusiles de alto poder de fuego están fuertemente relacionados con el grupo Los Menores, según fuentes de la investigación.
Fuentes muy próximas a Pullaro indican que el gobierno avizora un reflujo de violencia meses antes de que en noviembre se inaugure la cárcel de máxima seguridad que se construye en Piñero, a 15 kilómetros de Rosario, para 1.152 reclusos en 24 pabellones donde el diseño está pensado para reforzar el aislamiento y el control de los internos de alto perfil criminal.
«Antes de que se inicien los traslados esperamos que haya agite en la calle. Estamos preparados», le dijo a LPO un miembro del gabinete provincial.
Los allanamientos encadenados desde el 2 de marzo que terminaron con el hallazgo de los fusiles de alto poder de fuego están fuertemente relacionados con el grupo Los Menores, según fuentes de la investigación.
En el gabinete de seguridad de Pullaro indican que tiene lógica que se haya insinuado planes para atentar contra el gobernador frente a la inauguración inminente de una cárcel de duras condiciones de aislamiento
El campo en Roldán es contiguo al de Enzo «Gordo» Benítez, que tiene captura recomendada. Benítez aparece en una foto tomada en Pinamar junto al líder de Los Menores, el también prófugo Matías Gazzani, y en la que se ven también Lisandro «Limón» Contreras y el policía Jonatan Garraza.
Por las armas halladas, este jueves fueron imputados Rodrigo Capelletti y Lautaro Noriega como miembros de la asociación ilícita en el rol de custodios de las armas y gestores de negocios inmobiliarios. Los acusó el fiscal de Rosario Ignacio Hueso.
Rodrigo es hermano de Andrés «Colo» Capeletti, detenido en julio pasado por Gendarmería Nacional como integrante de Los Menores, por el que la provincia ofrecía 20 millones de pesos de recompensa.
No tenemos otra opción más que enfrentar a la criminalidad compleja pero tampoco otra pretensión. Nos comprometimos a eso al asumir
La otra vivienda donde se encontraron centenares de balas calibre 9 milímetros está cerca del cruce de las rutas 34 y A012, en jurisdicción de Ibarlucea. Es un predio con una casa con pileta con quincho más dos cabañas en el mismo predio.
Según los investigadores, pertenece a un familiar de Mauri Ayala, un comercializador de drogas de la zona oeste de Rosario detenido en junio del año pasado que está conectado con la organización liderada por Gazzani. El campo de Ibarlucea es del tío de Gisela P que es la pareja de Mauri Ayala.
Dos días después del mega operativo cayó detenido Alexis «Chami» Mendoza, sindicado de «alta peligrosidad» por los investigadores, que lo enrolan en Los Menores.
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En el gabinete de seguridad de Pullaro indican que tiene lógica que se haya insinuado planes para atentar contra el gobernador frente a la inauguración inminente de una cárcel de duras condiciones de aislamiento y las detenciones de miembros de esta organización criminal que tomó posiciones de supremacía.
«No tenemos otra opción más que enfrentar a la criminalidad compleja pero tampoco otra pretensión. Nos comprometimos a eso al asumir», le dijo Pullaro hace dos meses a LPO.
El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la licitación del nuevo sistema integrado de salud laboral para los trabajadores estatales, dicho de manera fácil, el mecanismo para controlar presentismo, resúmen en los gremios. El dato curioso es que solo hubo un solo interesado en el pliego para un negocio de mil millones de pesos.
Según el acta oficial, a la que accedió LPO, únicamente cotizó SML Consultores Médicos, una firma vinculada a la aseguradora Experta, que de esta manera quedó en posición de quedarse con un contrato millonario para gestionar el control médico y el ausentismo en toda la administración pública provincial.
El dato no es menor. En el mercado de la medicina laboral y los riesgos del trabajo operan al menos unas quince empresas con capacidad técnica para prestar el servicio. Sin embargo, ninguna de ellas se presentó. Ni siquiera Colonia Suiza, una de las compañías líderes que trabaja con ART y grandes empleadores.
En el sector no dudan en vincular esa ausencia masiva con las condiciones del pliego. «Es imposible cumplir con lo que piden con ese presupuesto», explicó a LPO un operador con años en el negocio de los seguros.
La licitación contempla la cobertura integral de la salud laboral de toda la administración pública provincial, incluyendo docentes, policías, empleados administrativos, pasantes y becarios.
Pero además, según deslizan fuentes del sector, exige una presencia territorial extrema de agentes sanitarios: piden capacidad de respuesta en cada punto de la provincia donde haya un trabajador estatal, o sea, en todos lados, señaló una fuente al tanto del pliego que habló con LPO.
La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones. O saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared.
Eso implica, en la práctica, montar una red de prestadores médicos que cubra no solo las grandes ciudades sino también pueblos y localidades pequeñas, donde la presencia de profesionales es más escasa y los costos operativos se disparan.
«La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones», resumieron y agregaron «o saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared».
Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional
Las estimaciones de las empresas médicas locales ubican el costo razonable del servicio por encima de los 2.500 millones de pesos, más del doble del monto que trascendió como referencia oficial. Incluso algunas ofertas habrían superado ampliamente ese número, lo que refuerza la idea de un desfasaje entre las exigencias técnicas y el presupuesto previsto.
En el negocio de la salud señalan al radical Julián Galdeano como el que encargado de armar la licitación. «En definitiva hizo su trabajo» ironizó un empresario de la ciudad de Santa Fe. Galdeano es el secretario de Vinculación Institucional de la provincia.
Los ganadores eran accionistas de la aseguradora La Caja y se hicieron del control pleno en 2015 tras la salida de Generali que fue rebautizada como Experta. En ese movimiento también reordenaron su sociedad con los D’Onofrio en La Estrella Seguros de Retiro, una caja histórica del sistema previsional.
Desde entonces, ambos grupos manejan un entramado que combina seguros laborales, ART, servicios médicos y de retiros ocupando una porción importante del mercado. De esa manera, debajo de Experta armaron una estructura propia de medicina laboral.
La sociedad madre es SML y la ART es SML Consultores Médicos, dedicada a servicios de salud ocupacional y control de ausentismo. Es decir, el mismo grupo que asegura a los trabajadores también interviene en el monitoreo de su presentismo, cerrando un circuito completo de negocio.
Ahí es donde aparece la licitación santafesina: SML Consultores Médicos no es una firma aislada sino una pieza de ese engranaje. El contrato para controlar el presentismo estatal termina así en manos de un holding que integra seguros, salud y gestión laboral asociado a los D’Onofrio, socios con Werthein en los negocios.
Ahora en Santa Fe, el resultado es una licitación formalmente abierta pero sin competencia real, en un servicio clave para la gestión de los recursos humanos del Estado. Un esquema que en los gremios estatales miran con desconfianza y temen que el sistema se convierta en una ART que no tenga como objetivo primario velar por la salud laboral.
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