La media sanción al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea marcó una fuerte derrota de La Cámpora y el kirchnerismo duro dentro del bloque Unión por la Patria, donde por primera vez los diputados del interior se impusieron y aportaron mayoría de votos para que se apruebe.
El acuerdo se aprobó en la Cámara de Diputados con una mayoría amplísima de 203 votos a favor y 42 en contra, aportados por el kirchnerismo duro y la izquierda.
Como anticipó LPO, ya en la previa se sabía que el bloque peronista se dividiría porque los diputados del interior y el massismo estaban a favor del acuerdo. La novedad es que por primera vez La Cámpora quedó en minoría dentro de la bancada que dirige Germán Martínez.
De los 93 diputados que tiene Unión por la Patria 47 votaron a favor, 38 en contra, 4 se abstuvieron y otros 4 estuvieron ausentes. Entre los que votaron en contra estuvieron Máximo Kirchner, Juan Grabois y los representantes de La Cámpora y grupos afines.
El acuerdo con la UE también fue avalado por diputados peronistas que no integran Unión por la Patria, pero son cercanos como la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge «Gato» Fernández. También lo votaron los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil y los tres tucumanos de Osvaldo Jaldo.
El grupo que se retobó y votó a favor del acuerdo está liderado por el entrerriano Guillermo Michel y lo integran otros referentes provinciales como el chubutense Juan Pablo Luque o el mendocino Omar Félix, entre otros. Pero también votaron a favor el kirchnerista Agustín Rossi y el jefe de bloque Germán Martínez.
La división del peronismo a la hora de las votación del acuerdo es un reflejo de las tensiones que atraviesan la bancada, donde un grupo cada vez más grande está convencido de la necesidad de ampliar la representación del peronismo para integrar a dirigentes que contengan expresiones como las que podrían sintetizar Miguel Pichetto o el gobernador Martín Llaryora. Enfrente, se atrincheran los dirigentes de La Cámpora y las organizaciones afines que aspiran a alambrar ideológicamente el PJ en medio de un repliegue histórico que, para colmo, encuentra a Cristina Kirchner cumpliendo arresto domiciliario.
En ese sector creen que los peronistas de centro como Pichetto y Llaryora tienen que confluir con el grupo bonaerense que responde a Axel Kicillof, pero curiosamente el axelismo también salió a criticar la aprobación del acuerdo con la UE, en línea con La Cámpora.
«Se consuma la entrega de la industria nacional a cambio de nada», escribió en sus redes Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof y que años atrás fue su delegado en la Cancillería cuando el ahora gobernador era ministro de Economía. Además del tuit de Bianco, el diputado Jorge Taiana, hoy alineado a Axel, también votó en contra del acuerdo.
El Congreso vuelve a ser escenario de un debate que lleva décadas en la Argentina. Pero esta vez, la discusión se produce bajo un formato inédito: Diputados lo trató en sesiones extraordinarias y sin convocar a audiencias públicas. En apenas 48 horas dio media sanción a un proyecto que reforma la ley vigente permitiendo que un adolescente pueda ser castigado penalmente a partir de los 14 años, con un tratamiento que en ciertos aspectos equipara y aún agrava los castigos a los adultos. Así llegó al proyecto al Senado.
El apuro, se argumenta, es generado por la emergencia de “menores homicidas” que ponen en riesgo la seguridad nacional. Así, se clausura de manera abrupta un debate social construido desde el regreso de la democracia y, especialmente, a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a la Constitución en 1994. Desde entonces, se presentaron más de 100 proyectos de reforma del régimen penal juvenil. Las controversias siempre se enfocaron en dos ejes: ¿qué sentido imprimirle a la reforma? ¿Cuál debería ser la edad de inicio de la responsabilidad penal, hasta ahora fijada en 16 años?
La escena legislativa actual no sólo desconoce y descarta esa trayectoria de discusiones, sino también los debates y argumentaciones que alojó ese mismo Palacio en la última década, cuando en 2017, 2019 y 2024 se realizaron sendas audiencias públicas sobre el tema. Entonces, por el Congreso desfilaron juristas, instituciones especializadas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, iglesias, sindicatos de maestras/os y trabajadores estatales de niñez, referentes de organizaciones territoriales, universidades y especialistas de distintas profesiones -pediatras, psicólogos, cientistas sociales y neurocientíficos-, así como también víctimas y familiares de hechos delictivos protagonizados por adolescentes. Los propios chicos y chicas, organizados en centros de estudiantes y organizaciones sociales y artísticas, llevaron al recinto lenguajes propios, por ejemplo, un rap contra de la baja de la edad penal cantado por ellos mismos. En cada presentación la mayoría fue rotunda: ninguna reforma debería incluir la baja de edad de punibilidad ni el endurecimiento de las penas. La manera más eficiente de abordar a los adolescentes de hasta 15 años que cometen delitos es trabajar comunitariamente y desde las áreas educativas y sociales del Estado, por fuera del sistema penal.
Esta vez, sólo los familiares de víctimas fueron convocados a último momento a dar su testimonio ante los legisladores. Pero no fueron todas las víctimas, sino sólo aquellas que están a favor del proyecto oficialista. Apelando a la exacerbación de la conmoción y el horror, se configura una escena con actores que parecen contrapuestos: “las víctimas” (y la identificación de todas las personas “de bien” con esta posición) versus los “menores homicidas”, al acecho de la sociedad. Como si los derechos de unos y otros fueran incompatibles, la escena se inscribe en una larga gramática histórica y la actualiza: la criminalización de las infancias populares y su exclusión de la infancia “normal”.
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En la Argentina, los delitos cometidos por personas menores de edad vienen bajando de manera sostenida. Según un relevamiento de Unicef y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el total de adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas penales en todo el país pasó de 7.169 en 2015 a 4.068 en 2024, lo que representa en la actualidad el 0,06 por ciento del total de los adolescentes argentinos. El porcentaje de hechos cometidos en relación a la cantidad total de delitos también desciende de manera permanente y pronunciada: en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor población de niños y adolescentes, el Ministerio Público indica que las investigaciones penales a personas de 16 y 17 años (hoy punibles) constituían el 4,34 por ciento en 2009 , mientras que en 2024 representaron el 2,05 por ciento del total de delitos investigados. Además, la mayoría de estos delitos (el 84 por ciento) son contra la propiedad; por ende, de menor violencia y gravedad.
La incidencia de los adolescentes de 15 años o menos sobre los delitos graves, es aún más baja: por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo un solo homicidio cometido por una persona de menos de 16 años según un informe realizado por el Consejo de la Magistratura, y en provincias como Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego no hubo ni un caso entre el 2017 y el 2024, según la Dirección Nacional de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Una mirada al contexto internacional completa el panorama: en América Latina, según datos de Unicef, los países que bajaron la edad de punibilidad hace décadas son los que cuentan actualmente con mayor tasa de homicidios; la Argentina en cambio, manteniendo la edad en 16 años, presenta una de las tasas más bajas: es decir, tiene un nivel mayor de seguridad.
En base a estos datos, un visitante ajeno a las discusiones locales podría tomar el caso argentino como un modelo exitoso en relación al delito adolescente. ¿Por qué entonces prospera esta reforma bajo la muletilla “delito de adulto, pena de adulto”? ¿Qué concepciones acerca de la infancia se ponen en juego para que se acepte excluir a los más chicos que delinquen del tratamiento específico social y jurídico reconocido actualmente a los niños por su condición de tales?
La avanzada antiderechos del gobieno actual explica, en gran parte, el cambio de escena. Desde 2024 asistimos a una arremetida integral contra las infancias y adolescencias vehiculizada a través de la desarticulación de dependencias públicas y equipos profesionales ocupados de esos grupos etarios, el desfinanciamiento de instituciones educativas, sanitarias y de cuidado, el recorte de programas de promoción de derechos y becas y de la falta de inversión en infraestructura social.
Sin embargo, el avance del proyecto de baja de la edad de punibilidad no puede explicarse solo como una expresión más de ese ataque. Sus condiciones de posibilidad y las figuras atemorizantes que invoca tienen raíces en una larga historia de estigmatización y criminalización de las infancias populares, basada en la división de las niñeces argentinas en dos conjuntos antagónicos: los “niños” y los “menores” peligrosos.
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Las características de la infancia y la adolescencia varían en cada momento histórico y en cada sociedad. Los rasgos, duración y formas de pasaje entre las edades no surgen de la condición biológica ni natural de las personas, sino de construcciones históricas, sociales y culturales asociadas a cómo esa edad es interpretada, regulada y experimentada social, cultural y subjetivamente. Las infancias y las adolescencias son siempre heterogéneas porque están atravesadas por diversidades y desigualdades de clase, género, étnicas. Por eso es más apropiado hablar de infancias y de adolescencias, en plural.
A lo largo del siglo XX, dos procesos paralelos y articulados generaron la ilusión de que existe una única forma correcta de vivir esta etapa. Desde las instituciones y políticas públicas, los discursos profesionales y las industrias culturales se difundieron definiciones modélicas de la infancia “normal”, según experiencias y espacios de socialización propios de los sectores medios y altos urbanos. “Niños” eran quienes podían sostener la condición de “alumnos” de la escuela y ser parte de una “familia normal”, con padre y madre unidos en matrimonio. La infancia argentina también fue definida como blanca y heterosexual.
¿Y los que no se adecuaban a estas representaciones hegemónicas y aspiracionales? Legisladores, médicos, criminólogos y educadores las caracterizaron según los parámetros de la patología y el desvío. Para prevenir a la sociedad de los males que esos “menores peligrosos” podrían desatar contra ella, en 1919 se sancionó la Ley de Patronato de Menores (vigente hasta 2005), que habilitó la suspensión o la pérdida de la patria potestad de los progenitores de los “menores moral o materialmente abandonados y/o delincuentes” cuando las autoridades lo creyeran conveniente, y su derivación a reformatorios, asilos o familias “decentes”. Se equiparaba, así, pobreza con delincuencia y se establecía una divisoria institucional llamada a atravesar los tiempos: para los niños, escuelas, para los menores, encierro.
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La distinción entre “niños” y “menores peligrosos” es la gramática que organiza las discusiones sobre la edad de responsabilidad penal en nuestro país desde hace 150 años. Sin embargo, sólo en contextos socio-políticos muy específicos esa forma dicotómica de imaginar a las infancias cataliza en transformaciones legislativas. En 1919, luego de la Semana Trágica, la Ley de Patronato estableció que los “menores moral o materialmente abandonados” -presuntos miembros de las “bandas anarquistas”- podían quedar a disposición de un juez, hubieran o no cometido un delito, mientras el Código Penal de 1921 estableció en los 14 años el piso etario para su tratamiento penal. En 1954, en un contexto de expansión de derechos (“Los únicos privilegiados son los niños”), la edad mínima de punibilidad se elevó a los 16 años. Durante la última dictadura militar, en un marco de criminalización de los adolescentes y jóvenes considerados “subversivos” y “enemigos internos”, se volvió a establecer en 14 años.
Con la transición democrática y la recuperación de derechos de la población, la edad de ingreso al sistema penal quedó definida en los 16 años. La progresiva expansión de derechos en relación con el tratamiento de las infancias y adolescencias llegó a un momento culminante en 2005, con la derogación de la Ley del Patronato, andamiaje jurídico institucional que permitía la “minorización” de las infancias y adolescencias populares, y la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que iguala a todos los niñas, niños y adolescentes en su condición de “sujetos de derechos”.
Entre 2005 y 2020, niños, niñas y adolescentes fueron beneficiarios de la ampliación de derechos: la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Nacional de Educación que reconoce la Educación Intercultural, la de Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (que elevó la edad de ingreso al mercado de trabajo de los 14 a los 16 años), la Ley de Ciudadanía Argentina (que extendió los derechos políticos, entre ellos el del sufragio, a partir de los 16), la Ley de Identidad de Género y la de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Las transformaciones del escenario legal argentino de los últimos 20 años son radicales, y fijan consenso en torno al pasaje del estatus jurídico de las personas alrededor de los 16 años. Sin embargo, cada vez que la mirada punitiva avanza por sobre la de los derechos de la población, la operación social, política y cultural que distingue entre la “infancia normal” y la “minoridad peligrosa” vuelve a desplegarse, se aggiorna y se amplía, más allá de su derogación normativa.
Desde fines del siglo XX, a medida que la “inseguridad” se fue consolidando como problema público, en contextos de avance de modelos económicos y de políticas neoliberales que entronizan los mercados y desarticulan las áreas sociales del Estado y los derechos de los ciudadanos, se reinstala la alerta moral por los “menores peligrosos” como supuestos causantes de los peores males sociales. Esta vez, bajo la figura de los “pibes chorros” y últimamente, la de los “menores homicidas”.
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¿Estamos frente a una ola de menores delincuentes que amenazan la seguridad nacional? Los datos son categóricos en desmentir este supuesto. La construcción de la oposición entre la infancia normal y los menores peligrosos cristalizó, en cada época, distintas figuras de la niñez-juventud peligrosa. Estas figuras no causan los problemas sociales con los que se las asocia sino que, como señala Rossana Reguillo, son el resultado de un “proceso de antropoformización” de las emociones, que supone atribuir un cuerpo y una figura concreta a los miedos y ansiedades sociales.
Hoy, nuevamente, una categoría socio-etaria de una minoridad peligrosa aparece en escena y es canal expresivo de temores y discusiones sobre los derechos de la población, el rol del Estado y el proyecto de país que se quiere construir. En un contexto en el que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza y el 10,2% no cubre las necesidades calóricas diarias indispensables para su desarrollo, en lugar de habilitarse discusiones sobre políticas que mejoren sus condiciones, en vez de replicar experiencias exitosas de trabajo desde las áreas sociales y educativas del Estado para desandar y prevenir las causas que genera la comisión de delitos, ciertos niños y adolescentes de la Argentina se convierten en chivos expiatorios de los problemas sociales, especialmente quienes se encuentran en condiciones de pobreza, viven en barrios segregados y son varones racializados.
Actualizando el viejo sentido anclado en la distinción entre “niños” y “menores”, se los erige como enemigos públicos y se los excluye del universo de la niñez (“delito de adulto, pena de adulto”) configurándolos como otredad de la infancia “normal”, proponiendo su escisión del resto de la sociedad y su encierro. Operación que tranquiliza miedos sociales sin abordar las condiciones reales de sus trayectorias, ni atender las causas para un mejoramiento real que posibilite una vida democrática en común.
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El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares.
El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte.
La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares.
El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino».
La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos.
El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.
En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande.
Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema.
Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.
El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr.
En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial.
El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas.
Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.
El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente.
En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido.
Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta.
En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política».
Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante
la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador
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LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó.
Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal».
En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz.
