En la tarde noche de este miércoles quedaron habilitados los siete aparatos para la realización de actividad física en el Paseo del Arroyo, además de cuatro nuevas luces LED que se agregan a las existentes en ese sector de la ciudad.
Además se puso en marcha el recambio de la luminaria al sistema LED de 18 luces altas en la calle Libertad. Este trabajo contempla a la totalidad del tendido eléctrico ubicado sobre esa arteria (luces altas y globas), donde también se llevan adelante las tareas en el marco de la construcción de pavimento, bicisenda y boulevard.
El Intendente Marcelo Orazi recorrió ayer ambos sectores.
La Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos el cuidado de estos bienes públicos.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa a artesanos y emprendedores que quieran participar de la Feria ReEmprender del próximo domingo que tendrán tiempo hasta el viernes para inscribirse. Para ello, deberán acercarse a la Oficina de Turismo, ubicada en Florencio Sánchez 817. Esta nueva edición de la Feria se desarrollará…
Vecinos, asambleas socioambientales y familias de toda Mendoza iniciaron una caravana a pie de más de cien kilómetros para exigir que el Senado provincial rechace la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, respaldado públicamente por Milei.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una caminata que volvió a encender la defensa del agua
Desde las 8 de la mañana de este lunes, la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata se convirtió en el punto de partida de una nueva gesta popular: la “Gesta Libertadora por el Agua”, impulsada por la Asamblea por el Agua de Uspallata. Vecinos, ciclistas, familias y agrupaciones socioambientales se reunieron con una consigna que se volvió bandera en toda la provincia: el agua de Mendoza no se negocia.
La caravana, que reúne desde organizaciones territoriales hasta turistas que se encontraban en la zona, marcha rumbo a la capital provincial para llegar mañana, justo cuando el Senado iniciará el debate por la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, rebautizado por la empresa como PSJ Cobre Mendocino.
El objetivo es claro y directo: presionar al Senado provincial para que rechace el proyecto, considerado por los manifestantes como una amenaza grave para una región ambientalmente frágil y dependiente del agua.
Más de cien kilómetros para hacerse escuchar
La movilización recorrerá más de cien kilómetros a lo largo de dos días. El trayecto comprende:
Ruta 7, avanzando hasta Potrerillos.
Ruta 82, bordeando el perilago y atravesando Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, hasta desembocar finalmente en la capital.
Para sostener la marcha se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros, con agua, alimentos y espacios de descanso. La convocatoria continúa sumando adhesiones, incluidas asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este provincial, que realizan caravanas paralelas para confluir en la Legislatura.
El movimiento ambientalista mendocino considera esta protesta como una de las más importantes desde las históricas movilizaciones de 2019 en defensa de la Ley 7722, la norma que protege el agua frente a proyectos extractivistas de alto impacto.
El proyecto San Jorge y el respaldo de Milei
Mientras miles caminan para impedir su avance, Milei salió a defender abiertamente el emprendimiento minero. Según expresó, el proyecto aportaría una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre. El mandatario, fiel a su estilo confrontativo, afirmó que para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña, siguiendo la línea de los últimos 25 años y estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo, apuntando directamente al peronismo.
Las asambleas, en cambio, insisten en que la explotación de cobre y oro en la alta montaña pone en riesgo la disponibilidad de agua en una provincia donde cada gota es estratégica. Por eso reclaman a los legisladores que voten en contra de la DIA y pongan freno a lo que consideran un retroceso ambiental de consecuencias irreversibles.
La llegada a la Legislatura está prevista para mañana por la mañana. Y allí, cuando los senadores abran el debate, la multitud mendocina les recordará algo que hace años es mandato popular: el agua vale más que cualquier negocio.
El gobierno nacional confirmó que Juan Pazo renunció como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una novedad que LPO adelantó en exclusiva el sábado pasado.
Pazo, mano derecha de Toto Caputo, será reemplazado en ARCA por el actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, que responde a Santiago Caputo. De esta forma, el asesor gana una posición de poder clave dentro del Estado. Su ascenso tuvo el visto bueno de Karina Milei, que transita una tregua en la interna con el asesor.
LPO reveló que Pazo había decidido su renuncia agobiado por la tensión permanente del cargo, aumentada en los últimos tiempos por el achicamiento del superávit que está generando una presión adicional sobre el organismo recaudador.
De hecho, Pazo estaba involucrado en una fuerte pelea con la Unión Industrial Argentina porque quería cobrarle a las grandes empresas supuestas deudas de hasta 3 mil millones de dólares a partir del bloqueo de la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias).
Pazo estaba involucrado en una fuerte pelea con la Unión Industrial Argentina porque quería cobrarle a las grandes empresas supuestas deudas de hasta 3 mil millones de dólares
El gobierno informó que Pazo «volverá a desempeñarse en el sector privado», donde es socio de Toto Caputo en el sector agropecuario. De todos modos, agregaron que «seguirá colaborando incondicionalmente con el Ministro. LPO reveló que podrían ofrecerle que continúe en algún cargo en el Banco Nación, el BICE o Cancillería.
En lugar de Pazo se concretará el ascenso de Vázquez, un viejo conocido en el organismo recaudador. Funcionario de carrera, durante los 90 fue jefe interino de la Dirección de Inteligencia Fiscal y en el kirchnerismo fue jefe de la estratégica Dirección Regional Sur. En 2009 saltó a la famacuando, en plena guerra de los Kirchner con Clarín, ordenó un operativo con 200 inspectores en oficinas del Grupo, incluidas las del diario.
El año pasado Vázquez fue ascendido por Caputo a jefe de la DGI y el diario La Nación publicó que tiene inmuebles no declarados: Vázquez compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años.
Vázquez será el tercer jefe de ARCA de la gestión Milei, después de Pazo y Florencia Misrahi. Su ascenso
La fecha reivindica la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad de derechos. El antecendente es la declaración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que viene a rememorar en modo reflexivo la lucha de las mujeres por el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Este #8M mediante la asamblea feminista y transfeminista…
El envío de la reforma laboral al Congreso desató una feroz disputa en el gabinete de Milei, donde el ala política cuestiona a Federico Sturzenegger por haber detonado la relación con la cúpula de la CGT que convocó a una marcha contra el proyecto, algo que hasta un día antes estaba en duda.
El ministro de Desregulación fue el impulsor de incluir en la reforma un ataque frontal contra las cajas que manejan los gremios, pese a que se supone que la CGT era parte de la redacción de las propuestas a través de la participación del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, en el Consejo de Mayo.
Martínez no fue a la última reunión del Consejo, supuestamente enojado porque se había incluido un artículo para eliminar la cuota solidaria y otro para flexibilizar la cuota de afiliación, dos temas claves para los gremios. Finalmente, en la versión final se eliminó el primer artículo y se moderó el segundo, como un «gesto» de Milei a la CGT.
Ese gesto fue resultado de una negociación del ala política del gobierno con la cúpula de la CGT para evitar que la relación se desbande. Es que Martín Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli venían negociando para que la reforma laboral no sea tan dura con los gremios como pretendía Sturzenegger, respaldado por Patricia Bullrich.
Lo impactante de esta discusión es que por primera todos los actores políticos del gobierno se mostraron tan abiertamente en contra de Sturzenegger, al punto que se unieron todas las tribus. Incluso Manuel Adorni un día antes de la presentación del proyecto dijo que la cuestión sindical quedaría para un proyecto posterior. La posición de los Menem y Adorni contra Sturzenegger sugiere que hasta Karina Milei estaba en contra del embate a la CGT.
Pero Sturzenegger igualmente cree que ganó la batalla contra la CGT al incluir pequeños cambios que golpearán las cajas sindicales. El ministro festejó la inclusión de restricciones para el cobro de las cuotas solidarias a los trabajadores no afiliados y, pese a que no se prohibió taxativamente, cree que en la práctica se terminarán cayendo.
Según esta posición, con el fin de la ultraactividad se caerán las cláusulas obligaciones de los convenios, como es la cuota solidaria. Además, otro artículo establece que los empleadores no podrán realizar retenciones de salario «sin el consentimiento expreso del trabajador». El proyecto apunta explícitamente a que esos aportes se hagan en negociaciones por empresa y no de toda la actividad. La cuota solidaria la cobran sindicatos, pero también cámaras empresariales, lo que explica que uno de los arquitectos de la reforma haya salido a despegarse.
Sturzenegger también festejó que impuso que las empresas no estén obligadas a ser agentes de retención de las cuotas de afiliación, salvo autorización del trabajador que además tendrá facilidades para dejar de aportar.
Finalmente, el ministro coló una rebaja de un punto de la contribución que hacen las empresas a las obras sociales, que baja de 6% a 5%. Esa baja golpea a las obras sociales sindicales, pero todo indica que será absorbida por los trabajadores.
La controversia fiscal desatada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al bloquear la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias) se consolidó como un eje de conflicto entre el Estado y los principales agentes económicos del país.
Lo que comenzó como un ajuste técnico terminó en una crisis política y empresarial de envergadura que pone en juego no solo recursos, sino también la percepción de certeza jurídica para la inversión en la Argentina.
En el centro de este escándalo tributario aparece YPF, que decidió alinearse con la postura de ARCA y admitió una deuda fiscal millonaria por no haber actualizado sus quebrantos. Esta decisión, interpretada por algunos sectores como un acto de obediencia política más que de seguridad jurídica, la convierte en la única empresa de gran porte que aceptó la interpretación del organismo recaudador, lo que la posiciona en un lugar delicado frente a pares y ante la opinión pública empresarial.
Desde la perspectiva del riesgo inversor, esto eleva el premio por incertidumbre jurídica
Gran parte del sector privado, incluidos los principales jugadores de las petroleras, energía, siderurgia y banca, rechazó terminantemente el intento de ARCA de desconocer la actualización por inflación.
Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones agregados entre las principales firmas afectadas.
Las compañías consideran que esta exigencia significaría pagar impuestos sobre ganancias ficticias, lo que no solo afecta su competitividad sino que equivale, en términos reales, a una confiscación fiscal.
Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones. Varias empresas analizan llevar el conflicto a la Justicia argumentando que la interpretación de ARCA lesiona derechos adquiridos y contradice precedentes jurisprudenciales que reconocen actualización por inflación ante efectos confiscatorios del impuesto.
El titular de ARCA, Juan Pazo.
Esta disputa alcanza un nuevo punto de tensión con las versiones de renuncia anticipada de Juan Pazo, el titular de ARCA. Tal como reveló LPO, Pazo ya comunicó su decisión y el Gobierno le busca una nueva ubicación, posiblemente en el Banco Nación o en otra dependencia vinculada al sistema financiero. Su salida ocurre en medio del creciente malestar empresario y de fricciones con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.
El malestar empresario se centra en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.
En los despachos de Economía reconocen que la medida, que prometía recaudar varios miles de millones de dólares para compensar la caída de ingresos y cumplir metas con el FMI, terminó en un boomerang político: desató resistencia de las principales corporaciones, reacciones judiciales y una crisis interna que expuso el desorden de la gestión tributaria.
Pazo, cercano al mundo de los seguros y con vínculos previos en el sector financiero, había sido uno de los interlocutores predilectos de Luis Caputo, pero su figura se desgastó en paralelo al conflicto. En los pasillos del Palacio de Hacienda reconocen que la «operación quebrantos» dejó heridos y que su desenlace probablemente derive en un rediseño del esquema recaudatorio. La medida de ARCA puede leerse como una expresión de la contradicción entre la urgencia fiscal del Estado y la llegada de inversiones, en el marco de una inflación persistente y la falta de actualización real de las variables nominales.
Es contradictoria además con la anunciada baja de Ganancias a los grandes grupos empresarios, incluida en la reforma laboral.
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