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El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.

Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI

El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros

Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.

El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.

Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación

Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.

El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.

Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.

La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.

Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado

El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.

La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.

Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei

La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.

Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.

 

 

Hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos y es uno de los símbolos más reconocidos de la identidad nacional. Sin embargo, hubo un tiempo en que tomar mate era considerado una mala costumbre, una práctica «viciosa» e incluso una amenaza para el orden social. La historia de la yerba mate es también la historia de un producto nacido de los pueblos originarios que resistió prohibiciones, intereses económicos y prejuicios hasta convertirse en uno de los rasgos culturales más fuertes del Río de la Plata.

Por Redacción de NLI

Pocas escenas representan tanto a la Argentina como un grupo de personas compartiendo un mate. Está presente en una reunión familiar, en una universidad, en una fábrica, en una oficina, en una plaza o en la cabina de un camión que atraviesa el país. Es un gesto cotidiano que parece haber existido desde siempre. Sin embargo, esa costumbre que hoy une generaciones y atraviesa todas las clases sociales estuvo a punto de desaparecer hace más de cuatro siglos. La Corona española, sectores de la Iglesia y distintos funcionarios coloniales intentaron prohibir su consumo convencidos de que se trataba de un hábito perjudicial que fomentaba la ociosidad y alteraba las costumbres de la población.

La historia del mate comienza mucho antes de la llegada de los europeos. Los pueblos guaraníes ya consumían las hojas de la Ilex paraguariensis, tanto por sus propiedades estimulantes como por el valor social que tenía compartir la bebida. Para esas comunidades, la yerba no era una mercancía sino un elemento integrado a la vida cotidiana, al intercambio y a las relaciones entre las personas. Fueron los propios conquistadores quienes, después de observar esa práctica con desconfianza, terminaron adoptándola hasta convertirla en un producto de enorme demanda en todo el Virreinato del Perú.

Lo que inicialmente había sido visto como una curiosidad indígena comenzó a expandirse con una velocidad inesperada. A comienzos del siglo XVII, el mate ya circulaba desde las actuales provincias del Litoral hasta el Alto Perú y Chile. Su consumo atravesaba sectores populares y también llegaba a las élites coloniales, lo que despertó preocupación entre autoridades civiles y religiosas que observaban con desconfianza cualquier costumbre nacida fuera de la cultura europea.

Una bebida perseguida por la Corona

Las primeras críticas contra el mate no tenían fundamentos científicos, sino morales y políticos. Algunos gobernadores afirmaban que provocaba «vicios», debilitaba el carácter y hacía perder tiempo a quienes debían trabajar. Desde sectores eclesiásticos también aparecieron cuestionamientos porque se trataba de una práctica asociada a pueblos originarios y porque las reuniones alrededor del mate escapaban al control de las autoridades.

Hubo gobernadores que impulsaron restricciones al comercio de yerba y documentos coloniales donde se proponía limitar su circulación. Las críticas eran tan insistentes que algunos cronistas de la época llegaron a describir el consumo de mate como una verdadera «enfermedad social». Paradójicamente, mientras aumentaban las prohibiciones, también crecía el número de personas que no concebían su vida cotidiana sin esa infusión.

La historia terminó demostrando que aquellas medidas tenían pocas posibilidades de éxito. La demanda continuó creciendo y la yerba mate se transformó rápidamente en uno de los productos más importantes del comercio regional.

Los jesuitas y el nacimiento de una economía

El gran cambio llegó cuando las reducciones jesuíticas lograron domesticar el cultivo de la yerba mate. Hasta entonces, gran parte de la producción dependía de la recolección silvestre, una tarea difícil y peligrosa. Los jesuitas desarrollaron técnicas de cultivo que permitieron organizar una producción más estable y con mayor calidad, impulsando un circuito económico que benefició a numerosas comunidades de la región.

Aquella experiencia convirtió a la yerba en uno de los productos más valiosos del nordeste sudamericano. La llamada «yerba de las misiones» adquirió prestigio en buena parte del territorio colonial y consolidó un mercado que sobrevivió incluso después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767.

Con el paso del tiempo, el mate dejó de ser solamente una bebida para transformarse en un hábito cultural profundamente arraigado. A diferencia de otras infusiones, su consumo estaba asociado al encuentro, la conversación y la construcción de vínculos sociales. Compartir un mate implicaba compartir un tiempo, una ronda y una confianza.

De costumbre regional a símbolo nacional

Tras la independencia, el mate siguió acompañando la vida cotidiana de gauchos, trabajadores rurales, soldados y familias de todo el territorio. A medida que Argentina fue consolidando su identidad nacional durante el siglo XIX, la infusión comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en el imaginario colectivo. La literatura gauchesca, las pinturas costumbristas y más tarde el cine y la fotografía ayudaron a convertir al mate en uno de los emblemas culturales del país.

La inmigración europea, lejos de desplazar esa tradición, terminó incorporándola. Millones de italianos, españoles, sirios, libaneses y otros inmigrantes adoptaron el mate como parte de su nueva vida en la Argentina. De esa manera, una práctica nacida en los pueblos guaraníes terminó integrando una identidad nacional construida a partir de múltiples raíces culturales.

Ese recorrido también deja una enseñanza histórica. Muchas de las expresiones culturales que hoy parecen naturales fueron, en algún momento, objeto de discriminación o desprecio. La historia del mate demuestra que la identidad de un pueblo no surge de decretos ni de imposiciones oficiales, sino de prácticas que las propias comunidades sostienen y transmiten a lo largo del tiempo.

Una tradición que sigue generando debates

En los últimos años, la yerba mate volvió a ocupar un lugar en la discusión pública por razones económicas. La situación de los pequeños productores, el funcionamiento del mercado yerbatero y el papel del Estado en la regulación del sector fueron motivo de fuertes controversias, especialmente a partir de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre organismos vinculados a la actividad.

Detrás de esos debates no solamente está en juego el precio de un paquete de yerba. También aparece una vieja discusión argentina: si productos profundamente ligados a la cultura nacional deben quedar exclusivamente sometidos a las reglas del mercado o si el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los pequeños productores frente a la concentración económica. La experiencia histórica muestra que, cuando desaparecen los mecanismos de regulación, quienes suelen quedar en desventaja son precisamente los actores más pequeños de la cadena productiva.

Cuatrocientos años después de que las autoridades coloniales intentaran erradicar el consumo de mate, la infusión sigue acompañando la vida cotidiana de millones de personas. Sobrevivió a prohibiciones, prejuicios y cambios políticos porque nunca fue solamente una bebida. Es una forma de encontrarse, de conversar y de compartir. Tal vez por eso el mate continúa siendo uno de los pocos símbolos capaces de atravesar diferencias sociales, generacionales e ideológicas, recordando que la identidad de un pueblo suele construirse alrededor de gestos sencillos que el tiempo termina convirtiendo en patrimonio común.