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El Paseo del Arroyo estrenó aparatos de ejercitación y luminaria

En la tarde noche de este miércoles quedaron habilitados los siete aparatos para la realización de actividad física en el Paseo del Arroyo, además de cuatro nuevas luces LED que se agregan a las existentes en ese sector de la ciudad.

Además se puso en marcha el recambio de la luminaria al sistema LED de 18 luces altas en la calle Libertad. Este trabajo contempla a la totalidad del tendido eléctrico ubicado sobre esa arteria (luces altas y globas), donde también se llevan adelante las tareas en el marco de la construcción de pavimento, bicisenda y boulevard.

El Intendente Marcelo Orazi recorrió ayer ambos sectores.

La Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos el cuidado de estos bienes públicos.

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  • La ganancia de USD 95 millones detrás de la polémica quiebra de Bioceres

     

     La vertiginosa quiebra de Bioceres SA dejó un dato que ahora en el mercado lo observan con mucha atención: mientras que la empresa se desplomaba con deudas y patrimonio negativo, el holding controlante registró una ganancia extraordinaria cercana a los 95 millones de dólares.

    El número surge de los propios balances presentados ante la SEC por Moolec, la firma radicada en el exterior que quedó como cabeza del entramado y de la que se hizo cargo el empresario uruguayo Juan Sartori.

    En los documentos (ver) se advierte que tras la pérdida de control de Bioceres la compañía contabilizó un beneficio de unos 91 millones de dólares en Bioceres Sociedad Anónima y otros 5,3 millones de Bioceres LLC radicada en Estados Unidos. En términos contables, la caída de Bioceres no implicó una pérdida para el grupo, sino un resultado positivo, dicen fuentes de la empresa.

    [Escala la pelea por Bioceres entre un millonario uruguayo y el fundador Federico Trucco]

    Ese dato es el que disparó las sospechas. En el mercado empiezan a preguntarse si la quiebra fue realmente el desenlace inevitable de una crisis financiera o parte de una estrategia para reordenar el negocio, aislar las deudas y consolidar el control sobre los activos más valiosos.

    La clave está en la ingeniería societaria que se terminó de consolidar en 2025, dijeron fuentes al tanto de la compleja estructura accionaria con la que organizó el holding que prometió convertirse en uno de los unicornios biotecnológicos más importantes del país.

     En el mercado empiezan a preguntarse si la quiebra fue realmente el desenlace inevitable de una crisis financiera o parte de una estrategia para reordenar el negocio, aislar las deudas y consolidar el control sobre los activos más valiosos 

    A partir de la fusión con Moolec, el grupo habría trasladado los activos estratégicos a una holding internacional, debilitando a Bioceres SA y dejándola como la unidad más expuesta al endeudamiento. En paralelo, el control accionario también cambió de manos ingresando un jugador clave en este proceso, señalaron a LPO fuentes empresarias.

    Según otro documento presentado ante la SEC, en abril de este año el fondo Agriculture Investment Group Corp (AIGC) pasó a controlar el 65,1% de Moolec tras convertir acciones preferidas en ordinarias. AIGC está vinculado al empresario uruguayo Juan Sartori, que fue ganando peso en el grupo cuando facilitó el salto de Bioceres a cotizar en Nasdaq para después terminar consolidando su poder en la etapa final de la reestructuración. La operación lleva la firma de Alejandro Antalich que puso Sartori al frente de la empresa quebrada.

    Como sea, por afuera de Bioceres SA quedaron unidades con activos significativos: Agrality, con ventas cercanas a los 70 millones de dólares y una valuación estimada en torno a los 77 millones; la planta industrial ValoraSoy en Córdoba; desarrollos biotecnológicos como SynBio Powerlabs, proyectados en unos 30 millones; líneas de ingeniería metabólica valuadas en torno a los 12 millones; y un paquete de patentes que podría ubicarse entre 45 y 50 millones de dólares.

     La Justicia comercial de Rosario ya empezó a intervenir y ordenó revisar en detalle la compleja ingeniería societaria del grupo y por otro lado, no se descarta que la disputa escale al plano penal 

    En conjunto, el ecosistema supera holgadamente los 150 millones de dólares en activos, muy por encima del pasivo que arrastraba la sociedad local, aseguran en el holding. Ese contraste es el que vuelve difícil de explicar la velocidad con la que se avanzó hacia la quiebra.

    [Bioceres no pudo levantar una deuda de 36 millones de dólares y se asoma a la quiebra]

    Fuentes vinculadas al management desplazado, Federico Trucco, dijeron que la decisión fue tomada por el nuevo directorio en diciembre del año pasado, ya bajo la órbita del esquema reorganizado. En lugar de explorar alternativas habituales en estos casos, como una reestructuración de deuda o un acuerdo con acreedores, se optó por el camino más extremo en un lapso llamativamente breve.

    En el sector, consideran que esa secuencia forma parte de una maniobra para quedarse con el control del negocio liberado de pasivos. Los nuevos controlantes, en cambio, sostienen que heredaron una situación financiera insostenible y que la quiebra era inevitable.

    La Justicia comercial de Rosario ya empezó a intervenir y ordenó revisar en detalle la compleja ingeniería societaria del grupo. En paralelo, no se descarta que la disputa escale al plano penal, con denuncias en preparación que podrían poner bajo la lupa el proceso que llevó a la caída de Bioceres SA.

     

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  • Pettovello acordó con Chubut el pago de fondos de la ANSES a días de una audiencia clave con funcionarios de Kicillof

     

    El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un acuerdo por el cual el gobierno libertario se compromete a saldar una deuda de 48.000 millones de pesos por deuda con la caja provisional de esa provincia patagónica.

    A partir de este acuerdo, Anses transferirá los fondos adeudados a la provincia de Chubut, en concepto de financiamiento del sistema previsional. El gobierno de Javier Milei había cancelado las transferencias destinadas a cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias que en la década del ‘90 no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.

    El gobierno de Torres había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda para reclamar el pago de la deuda por parte del Estado nacional. «Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia», dijo el gobernador.

    Kicillof advirtió a los intendentes que les espera un año durísimo: «la provincia perdió la mitad de su presupuesto»

    El acuerdo entre Torres y el gobierno de Milei tuvo un impacto directo en la provincia de Buenos Aires toda vez que días atrás, la Corte convocó a funcionarios de la ANSES y al gobierno de Kicillof a una audiencia para buscar una solución con el mismo tema. En el caso de Buenos Aires, la deuda asciende a unos 2,2 billones de pesos.

    Axel Kicillof.

    En esa audiencia, la Corte le preguntó al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y fijó un nuevo encuentro para el 11 de abril. El gobierno de Kicillof busca aprovechar estos días para enviar información técnica.

    Al igual que Chubut, la provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.

    Bronca en las provincias con los ATN que envió Milei: «No cubre ni el 6% de lo que perdimos» 

    En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 que dejaron de recibir las transferencias.

    Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. En tanto, los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero que estaban dispuestos a reenviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 11 de abril.

    Esta semana, el gobierno provincial presentó su octava demanda ante la Corte Suprema. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.

    Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.

     

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