El nuevo buque petrolero venezolano incautado por Estados Unidos iba a China y no estaba sancionado

El nuevo buque petrolero venezolano incautado por Estados Unidos iba a China y no estaba sancionado

 

 China salió en defensa del régimen de Nicolás Maduro luego de una nueva incautación de un buque petrolero venezolano en el mar caribe.

 El gigante asiático dijo que «Venezuela tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países» y la incautación de sus petroleros cerca a sus aguas constituye una «grave violación al derecho internacional».

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China , Lin Jian, destacó que Beijing «se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».

El sábado, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, se trató del petrolero ‘The Centuries’, cargado en Venezuela, con «bandera falsa», bajo el nombre de «Crag» y parte de «la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista» del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Sin embargo, el diario The New York Times reveló que el barco retenido no figura en la lista de petroleros sancionados por EEUU que mantiene públicamente el Departamento del Tesoro.

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El buque transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, indicaron documentos de las autoridades estadounidenses, citados por la agencia de noticias Reuters. Beijing es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.

El pasado 10 de diciembre, la Guardia Costera, con la asistencia de la Armada, incautó otro petrolero, llamado Skipper, miembro de la flota fantasma de navíos que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para transportar carga sancionada.

NY Times: the tanker the US seized today, called «the Centuries, is not on a list of tankers under U.S. sanctions that is publicly maintained by the Treasury Department. The people inside Venezuela%u2019s oil industry said the cargo belongs to an established China-based oil trader%u2026 pic.twitter.com/UXNkKBKgUq

— Steve Lookner (@lookner) December 20, 2025

Estas incautaciones se registran tras meses de tensiones por el despliegue naval que Washington inició el pasado agosto en el Caribe, que ha estado seguido de ataques contra supuestas narcolanchas en esa zona y en el Pacífico oriental, mientras alega una lucha contra el narcotráfico. Pero ahora, además de embarcaciones presuntamente cargadas con drogas, EEUU apunta a los petroleros que, asegura, están sancionados por su país.

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Pese a las tensiones, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram el zarpe del buque Canopus Voyager «con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos», en «estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos» por la industria petrolera de su nación.

A pesar de las fricciones entre Washington y Caracas, Chevron opera en Venezuela asociada con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano y, como adelantó LPO, logra eludir el bloque de Trump.

 

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    La cruzada por ubicar a Milman: tensiones, vetos y negociados detrás del nuevo armado Milei–Bullrich

     

    Mientras Milei y Bullrich maniobran para encontrarle un destino estatal a Gerardo Milman antes de que pierda su banca en diciembre, el veto persistente de Karina y el pesado prontuario judicial del ex funcionario macrista revelan una interna feroz y un pacto subterráneo que roza incluso a Cristina. En paralelo, vuelve a emerger la trama de contrataciones truchas, sociedades fantasma y el caso de las “chicas de Milman” que lo tiene procesado por defraudación al Estado.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Un protegido incómodo

    En el microclima del gobierno libertario, Gerardo Milman se volvió un problema que nadie quiere admitir, pero del que todos hablan. Milei, que lo considera una “víctima” tras el archivo de su vínculo con el atentado de Los Copitos, insiste en darle un lugar. Bullrich, que en días dejará el Ministerio de Seguridad para asumir como senadora, también empuja su desembarco: quería ubicarlo en Migraciones, organismo estratégico que logró arrebatarle al Ministerio del Interior a pocas horas de que asumiera Diego Santilli.

    Pero hay una muralla infranqueable: Karina, la verdadera jefa política del gobierno. Ya en mayo había vetado su nombre para integrar la lista de diputados nacionales y ahora volvió a bajarle el pulgar a cualquier cargo sensible. Según reconstruyó LPO, no quiere arriesgar la “relación subterránea” que mantiene con Cristina, un canal reservado que existe desde el inicio del gobierno y que en los últimos meses ganó intensidad.

    El magma de los pactos: Corte Suprema y nombres propios

    Mientras bloquea a Milman, Karina acelera negociaciones con el kirchnerismo para avanzar en la recomposición de la Corte. Con el caputista Sebastián Amerio afuera —también por veto del mismo círculo—, se abrió un diálogo para un acuerdo cruzado: el gobierno empuja al camarista Mariano Llorens y, del otro lado, empieza a circular con fuerza el nombre de Anabel Fernández Sagasti, una de las senadoras más cercanas a Cristina.

    Que Sagasti aparezca mencionada como puente entre la ex presidenta y el entorno íntimo de Karina no sorprende en ese clima de diplomacia clandestina. Pero sí explica por qué Milman quedó, otra vez, afuera del reparto.

    Un candidato con demasiado lastre

    Aun si Karina levantara el veto, Milman carga con un historial que hace difícil justificar cualquier designación. Bullrich insiste en proteger a su mano derecha, pero el procesamiento por defraudación en la Dirección de Inteligencia Criminal es un impedimento legal evidente… salvo en el universo Milei–Bullrich, donde las barreras de inconveniencia suelen borrarse.

    En aquella causa —que empezó con denuncias del abogado Yamil Castro Bianchi y del entonces ministro Aníbal Fernández— la Justicia detalló un verdadero catálogo de irregularidades:

    — Contrataciones fantasma: 18 personas “ingresadas” para una supuesta Sala de Situación que nunca existió.
    — Recibos falsificados: firmas adulteradas, pagos en efectivo por debajo de lo declarado, gente que ni sabía dónde quedaba el ministerio.
    — Un ejército de contratados de Tres de Febrero: todos vinculados a un puntero del PRO, hoy secretario de Seguridad del distrito, investigado además por nexos con grupos de ultraderecha.
    — 2 millones de pesos defraudados en 2017, equivalentes hoy a unos 20 millones.

    La Cámara Federal, con votos de Irurzun y Boico, confirmó el procesamiento. La Casación —la famosa “Sala M”, macrista— había intentado salvarlo alegando falta de dolo. No prosperó.

    Las “chicas de Milman”: belleza, inteligencia y negocios paralelos

    A las contrataciones irregulares se sumó otro capítulo: las cuatro mujeres designadas para tareas de inteligencia sin cumplir un solo requisito formal. El caso más resonante fue el de Carolina Gómez Mónaco, ex Miss Argentina, que Milman puso al frente de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito. Fue la misma persona que estaba con él en Casablanca cuando dijo la célebre frase sobre Cristina: cuando la maten voy a estar camino a la Costa.

    El expediente reveló que Gómez Mónaco abrió en simultáneo Luxa Estética, un centro de belleza administrado por una sociedad llamada Salvattore Group, denunciada por la IGJ como empresa fantasma usada para desviar fondos del Ministerio de Seguridad. La propia Gómez Mónaco pidió que Milman fuera citado como “tercero” en el pleito.
    A eso se sumó otra sociedad sospechosa, Inversora Milwood, con sede en Uruguay y otra en Temperley, cerca del domicilio del entonces funcionario.

    Por todo esto, Milman también fue investigado por lavado, aunque su procesamiento vigente es por defraudación.

    El blindaje judicial y el sobrecito de Milei

    Mientras avanza hacia el juicio oral, Milman sigue apelando a su balsa habitual: el aparato judicial macrista. Ya logró que Capuchetti archivara su vínculo con el atentado contra Cristina, aunque la apelación presentada por la ex presidenta y la fiscalía dejó la decisión final en manos de la misma Sala M que lo supo favorecer.

    A pesar de su imagen pública destrozada, Milei lo reivindica. Bullrich lo protege. Y ambos buscan un salvavidas antes del 10 de diciembre, cuando pierda su banca.

    Migraciones como botín: la línea Trump que adopta Milei

    La obsesión por ubicarlos allí no es casualidad. La transferencia de la Dirección Nacional de Migraciones a Seguridad responde a la matriz trumpista que Milei adopta con entusiasmo: inmigrante igual sospechoso, igual amenaza.
    Una política que contradice de frente la Constitución, que concibe a la Argentina como tierra abierta a quienes quieran habitarla.

    Mientras el gobierno demoniza extranjeros inventando gastos o culpándolos de delitos, las fronteras siguen siendo un colador: ingresan con visas truchas funcionarios bajo alerta internacional y prófugos del narcotráfico.
    En ese escenario crítico, Bullrich pretende instalar a Milman, procesado, responsable político durante la represión que terminó con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y promotor de la polémica pericia de Gendarmería que todavía intenta sostener que a Nisman lo mataron.

    Pero en el combo Milei–Bullrich, la lógica suele ser la inversa: cuanto más grave la denuncia, más fuerte la defensa.

     

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    EXCLUSIVO: Quién es el nuevo Nº2 de la Seguridad Nacional

     

    El Gobierno oficializó la designación de Fernando Martín Kusnier como nuevo Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad Nacional. Mientras Milei coloca a otro empresario privado al mando de un área estratégica, reaparece la trayectoria del flamante funcionario: dueño de la empresa de alarmas Protegido 24 y esposo de Susana Judith Cobe, una de las empleadas señaladas en la causa por el vaciamiento del Banco Mayo, donde también figuró la madre de María Eugenia Vidal.

    Por Roque Pérez para NLI

    Del boletín oficial a la seguridad privada

    A través del Decreto 855/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, Milei nombró a Fernando Martín Kusnier como número dos político del Ministerio de Seguridad Nacional, el área clave donde se digitan las decisiones estratégicas del gabinete. Lo secunda con su firma Alejandra Monteoliva, la fiel remplazante de Patricia Bullrich.

    Kusnier, de 58 años, no viene del mundo académico, ni de instituciones especializadas en criminología o políticas públicas. Su experiencia proviene del negocio privado de la seguridad, un sector históricamente marcado por la opacidad regulatoria, la tercerización descontrolada y la falta de auditorías estatales serias.

    Según los registros oficiales, es propietario de AMAKOR S.A., más conocida por su marca comercial Protegido 24, una empresa de alarmas y monitoreo que opera en el rubro de seguridad electrónica.

    Una familia que ya aparece en causas sensibles

    La trayectoria personal de Kusnier no es la única que vuelve al centro de la escena. Su esposa, Susana Judith Cobe, figuró en el radar judicial: apareció mencionada en la emblemática causa por el vaciamiento del Banco Mayo, uno de los mayores escándalos financieros de los años ’90.

    Cobe trabajó en la mesa de dinero que funcionaba en el segundo piso de la casa matriz del Banco Mayo (calle Paso 640). Su tarea, según su propia declaración, consistía en recepcionar a los clientes que venían a invertir, tomar sus datos y emitir comprobantes / plazos siguiendo instrucciones que venían de la Gerencia Financiera.

    En esos testimonios ella describe que las mesas (Mayflower, Trust Inversions) operaban desde dentro del banco pero fuera de los balances oficiales, un mecanismo que derivó en la estafa masiva denunciada años después. Los expedientes del caso incluyen testimoniales que la mencionan entre quienes ofrecían operaciones financieras por fuera del circuito bancario regulado.

    La causa, que tuvo ramificaciones políticas, judiciales y mediáticas durante décadas, rememora otro nombre propio: Norma Susana Cascallares, empleada del banco y madre de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Cascallares aparece en las denuncias de ahorristas que afirmaron haber recibido de ella propuestas de inversión con “mejor rentabilidad”, parte del mecanismo que terminó contribuyendo al colapso del Banco Mayo.

    Cobe y Cascallares figuran mencionadas en la misma causa por irregularidades financieras, relacionadas con la operatoria de mesas de dinero.

     

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