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El Municipio presentó ante el DPA los requerimientos establecidos en la ley 5292

La Municipalidad de Villa Regina informa que ha presentado en la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro los requerimientos establecidos en la Ley Provincial 5292 para la readecuación tarifaria del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales.

De acuerdo a la legislación indicada, el Departamento Provincial  de Aguas publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Río Negro en el mes de  diciembre de este año los índices  de actualización que serán aplicados  en la facturación del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales conforme a lo establecido en el  contrato de concesión de fecha 15 de noviembre de 2005.

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    El giro narco que Milei no puede explicar: contradicciones, cuadernos y beneficios oficiales detrás del caso Karen Reichardt–Fred Machado

     

    La admisión de Karen Reichardt de que su ex marido recibió USD 230.000 del presunto narco internacional Fred Machado desató una tormenta política que el oficialismo no logra contener. Entre cambios de versión, cuadernos de coimas en la Andis y beneficios otorgados por el gobierno de Milei, la trama expone un mecanismo de financiamiento que ya salpica a varias figuras libertarias.

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    A fines del mes de octubre, desde Noticias La Insuperable, nos preguntábamos ¿Qué tiene que ver Karen Reichardt con Fred Machado? anticipando un escándalo que se venía venir y que, tres semanas después, finalmente estalló. La crisis que enfrenta Milei por el financiamiento político de su espacio sumó un capítulo explosivo con la confirmación de Karen Reichardt: el presunto narco Fred Machado giró USD 230.000 a su ex marido, el empresario Gustavo Balabanian. Lo que la diputada primero desestimó como un “disparate” terminó convertido en una admisión forzada que abrió interrogantes todavía más graves. Como recordó EnOrsai, la diputada libertaria modificó su versión en apenas un día, reflejando el nivel de improvisación con el que el oficialismo intenta administrar un escándalo que crece sin freno.

    Del “disparate” a la confesión pública

    La historia estalló cuando LPO reveló el vínculo económico entre Balabanian —titular de Paraná Seguros— y Machado, señalado como operador delictivo con conexiones internacionales. La respuesta inicial de Reichardt fue un intento desesperado de descalificar la noticia: aseguró en redes que se trataba de una acusación absurda. Menos de 24 horas después, ante la evidencia, admitió que la transferencia existió, que fue a nombre de Balabanian y que provenía de Machado.

    Reichardt ensayó entonces una explicación que sonó más a control de daños que a transparencia: habló de “una operación de 2015”, de un pago “en blanco” y de que su ex marido “se come un garrón por ella”. Pero nada de eso alcanzó para despejar las dudas sobre el verdadero sentido del giro.

    El problema no es la formalidad: es el vínculo

    La diputada insiste en que se trató de una operación comercial registrada. Pero la cuestión central es otra: ¿por qué un presunto narco vinculado a redes delictivas internacionales transferiría USD 230.000 a un empresario beneficiado por el gobierno de Milei?

    Es ahí donde la crisis adquiere una dimensión institucional: un hombre investigado por narcotráfico aportando fondos a alguien del círculo íntimo de una diputada oficialista, en un contexto donde el oficialismo acumula escándalos similares.

    De las ART al caso Andis: el recorrido del beneficiado

    La situación se agrava cuando se observa el recorrido reciente de Balabanian:

    • Su empresa Paraná Seguros fue autorizada por el gobierno de Milei a ingresar al negocio de las ART, un mercado históricamente cerrado.
    • La decisión salió de la Superintendencia de Seguros que encabeza Guillermo Plate, hombre de confianza de Juan Pazo, figura clave del oficialismo en el manejo financiero del Estado.
    • En paralelo, el nombre de Balabanian aparece en la libreta incautada al lobbysta Miguel Calvete, investigado por un sistema de retornos y coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.

    El vínculo entre beneficios oficiales, cuadernos de coimas y transferencias de un presunto narco configura un escenario que excede lo personal o lo anecdótico. Se trata de un circuito.

    El rompecabezas empieza a cerrar

    La aparición de Balabanian en las anotaciones de Calvete refuerza la hipótesis de una estructura sistemática de financiamiento y favores. Y la admisión de Reichardt legitima aún más esos registros: si su ex marido figura en los cuadernos y también recibió fondos de Machado, ¿qué impide pensar que otros nombres allí mencionados también respondan a hechos reales?

    Entre esos nombres aparece Florencio Randazzo, sumando un condimento extra a la crisis y ampliando la red de relaciones en torno al financiamiento irregular.

    Un patrón libertario ya imposible de ocultar

    El caso Reichardt–Balabanian–Machado no es un episodio aislado. Encaja con un esquema que viene repitiéndose en La Libertad Avanza:

    • José Luis Espert quedó fuera de carrera cuando se reveló su vínculo con Machado.
    • Lorena Villaverde perdió su pliego en el Senado por nexos con el mismo presunto narco.
    • La causa Andis ya sacudió al oficialismo por el rol de Calvete, Spagnuolo y otros operadores en un engranaje de coimas y retornos.

    La reiteración de nombres, contactos y beneficiarios demuestra que estamos ante un patrón de financiamiento político, no ante una coincidencia aislada.

    Milei intenta despegarse, pero todo conduce a su gobierno

    El oficialismo optó por minimizar el escándalo y victimizarse ante lo que describe como “ataques de la prensa”. Pero los hechos siguen chocando con ese relato:

    1. El ex marido de una diputada libertaria recibió una transferencia relevante de un presunto narco.
    2. Ese mismo ex marido aparece en cuadernos que detallan coimas en un organismo público clave.
    3. Su empresa fue beneficiada por el propio gobierno de Milei.

    Todo eso ocurre mientras el país atraviesa recortes brutales, peleas internas libertarias y un malestar social creciente. Precisamente el caldo de cultivo donde un escándalo de financiamiento ilegal se vuelve todavía más inflamable.

    El interrogante central que Milei debe responder

    La admisión de Reichardt no cerró la polémica: la abrió. Y ahora la discusión gira en torno a una pregunta básica y decisiva:

    ¿Cuánto dinero de Machado terminó financiando la política libertaria?

    Las transferencias existen. Los vínculos existen. Las anotaciones existen. Lo que falta es la explicación.

    Y mientras Milei intenta contener la crisis con ataques a la prensa y negaciones formales, la sociedad percibe algo evidente: cuando el narcotráfico se mezcla con el financiamiento político, no hay “disparate” capaz de taparlo.

     

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    PRESTI PREPARA UN MINISTERIO NEGACIONISTA: llega a Defensa Guillermo Madero

     

    Carlos Presti ni siquiera asumió y ya dejó un mensaje inequívoco: su Ministerio de Defensa será refugio de negacionistas, protectores de represores y operadores contra los organismos de derechos humanos. Su primera decisión —nombrar como jefe de Gabinete a Guillermo Madero— confirma un rumbo que alarma a todo el arco democrático.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Un gesto político, no un descuido

    Que Presti —hijo de un represor detenido por secuestros y desapariciones durante la dictadura— haya elegido como mano derecha a Madero no es un accidente de la política: es una definición ideológica, hecha y derecha.
    Madero celebró su ascenso en redes, agradeció felicitaciones tras la primicia que difundió Eduardo Feinmann y lo vivió como un premio. En realidad, es la señal más cruda de la deriva negacionista que Milei impulsa desde el Estado.

    Con esta dupla, el Ministerio de Defensa deja de simular neutralidad y se alinea directamente con la agenda de la “memoria completa”, un proyecto que busca relativizar los crímenes de la dictadura y reinstalar la narrativa militarista que la sociedad argentina ya rechazó.


    Madero y un prontuario institucional imposible de maquillar

    Basta revisar su paso por el Estado durante 2024 para comprender por qué su nombramiento desató alarma. En febrero de ese año, desde la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, Madero rechazó enviar la historia clínica solicitada por Conadi, el organismo que trabaja junto a Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar nietos y nietas apropiadas.

    El gesto, celebrado por las redes del lobby pro-impunidad, fue un mensaje directo:
    el Estado empezaba a cortar los vínculos con las investigaciones de lesa humanidad.

    Pero el sabotaje no quedó ahí.


    Visitas a represores y desmantelamiento de equipos clave

    En marzo de 2024, señalan desde EnOrsai, Madero visitó a los represores detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, junto al entonces director de Derechos Humanos, Lucas Miles Erbes. El Ministerio lo disfrazó de “recorrido técnico”, pero —según distintas fuentes— los represores quedaron “esperanzados” tras aquella charla.

    Semanas después, el entonces ministro Luis Petri tomó una decisión devastadora: echó a los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), que colaboraban con la Justicia aportando información crucial en causas de lesa humanidad.
    Treinta y seis fiscales denunciaron públicamente el golpe institucional.


    Los archivos en riesgo y la ofensiva contra fiscales

    Cuando el fiscal Miguel Palazzani pidió preservar archivos históricos, Madero respondió con una nota al procurador interino Eduardo Casal acusándolo de una supuesta “comunicación indebida”. Como resultado, Casal llamó la atención al fiscal… cuyo único objetivo era evitar la destrucción de documentos esenciales.

    La tensión escaló con la denuncia del fiscal Félix Crous por la tentativa de destruir información en el Archivo General de la Armada. Para Crous, el episodio formaba parte de un “esfuerzo persistente y coordinado” para borrar pruebas del terrorismo de Estado.

    En esa lista de hechos, el primer ítem era siempre el mismo: la negativa de Madero a entregar los legajos que Conadi necesitaba.


    Un dirigente moldeado por el PRO y abrazado por La Libertad Avanza

    La historia política de Madero también explica su desembarco en Defensa. Nacido del riñón del PRO, fue designado durante el macrismo por Patricia Bullrich como director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, con el padrinazgo de Guillermo Montenegro, hoy intendente de General Pueyrredón y aliado entusiasta del oficialismo mileísta.

    Su avance dentro del Ministerio se consolidó de la mano de Petri, primero como funcionario en Planeamiento y luego como subsecretario de Defensa Civil.


    La doctrina Petri y la agenda militarista

    En notas recientes —como las publicadas en Infobae— Madero defendió la llamada “doctrina Petri”, que pretende ampliar el rol de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior, en oposición directa a la doctrina Garré, que mantuvo una separación estricta entre defensa y seguridad.

    Allí repitió argumentos propios de la ultraderecha militarista: la idea de la “industria de los juicios de derechos humanos”, el mismo latiguillo que Victoria Villarruel convirtió en propaganda electoral. Para Madero, los juicios de lesa humanidad no fueron justicia: fueron persecución.


    Un clima general de retroceso

    El nombramiento llega en un momento donde la Casa Rosada presenta a Presti como la forma de “terminar con la demonización” de las Fuerzas Armadas. La lectura de los organismos de derechos humanos es diametralmente opuesta:

    el mensaje es la validación del negacionismo, la protección política a condenados y procesados, y el riesgo concreto de desmantelamiento de controles y archivos que fueron pilares de 40 años de justicia.


    Lo que viene: retrocesos y pérdida de información crítica

    Mientras Milei insiste con la bandera de la “memoria completa”, lo que toma forma es una ofensiva contra la verdad histórica. Con Madero como jefe de Gabinete de Defensa, la pregunta ya no es si habrá retrocesos en derechos humanos, sino cuán profundos serán y cuánta información vital puede perderse antes de que sea demasiado tarde.

    El mensaje político es claro: en el Ministerio de Defensa se abrió la puerta a quienes quieren reescribir la historia desde la impunidad.

     

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