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El Municipio presentó ante el DPA los requerimientos establecidos en la ley 5292

La Municipalidad de Villa Regina informa que ha presentado en la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro los requerimientos establecidos en la Ley Provincial 5292 para la readecuación tarifaria del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales.

De acuerdo a la legislación indicada, el Departamento Provincial  de Aguas publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Río Negro en el mes de  diciembre de este año los índices  de actualización que serán aplicados  en la facturación del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales conforme a lo establecido en el  contrato de concesión de fecha 15 de noviembre de 2005.

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    Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano, Nicolás Massot y los diputados del FIT, entre otros, abortaron este miércoles la convocatoria a la sesión prevista para este jueves con el objetivo de emplazar a las comisiones con el propósito de impulsar la interpelación a Manuel Adorni.

    Pasadas las 20, los legisladores solicitaron por nota a Martín Menem que «tenga a bien dejar sin efecto el pedido de convocatoria a sesión especial oportunamente requerido, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, con fecha jueves 14 de mayo de 2026 a las 11».

    La explicación que ofrecieron los diputados que promovían la sesión fue que se trató de «una suspensión» para «agregar algunos temas de la agenda social y poder reforzar el quórum». En rigor, la oposición estaba lejos de arrimarse a los 129 integrantes de la Cámara Baja para abrir el debate.

    Tal como informó LPO, los bloques vinculados a los gobernadores aliados a la Casa Rosada estaban en contra de la interpelación a Adorni. «La interpelación es un error, si lo hacemos se va a victimizar», fue la respuesta de una diputada gravitante de Provincias Unidas.

    Pese a la presión de Macri, los diputados del PRO no van a dar quórum contra Adorni y critican a Dietrich y De Andreis

    Por otra parte, Cristian Ritondo y buena parte de la bancada del PRO desoyó el mandato de Mauricio Macri para votar contra el jefe de Gabinete. En una reunión por Zoom, el jefe del bloque ratificó el criterio de que no se sientan a sus bancas cuando la convocatoria corre por cuenta de la oposición a Javier Milei. «Que junte el quórum el que convoca», resumieron.

    Maximiliano Ferraro.

    Las miradas también apuntaron al peronismo, que no contó con ninguno de sus diputados entre los firmantes de la convocatoria a la sesión. Si bien se daba por hecho que la tropa parlamentaria liderada por Germán Martínez estaría en el recinto para buscar el quórum, un grupo numeroso de legisladores de esa fuerza política considera que la permanencia de Adorni en el gabinete de Milei es beneficiosa para la oposición, bajo la premisa de no interrumpir al adversario cuando se está equivocando.

    Como sea, uno de los legisladores que sí agitó la convocatoria le dijo a LPO que intentarían colar la interpelación en el temario que se está preparando para la sesión que pretende el oficialismo para el miércoles 20 de mayo, acaso una empresa difícil. Menem está dispuesto a sesionar para sancionar el PCT y el proyecto de recorte a las Zonas Frías, entre otros, y los libertarios no tendrían razones para aflojar el blindaje contra Adorni.

    Al cierre de esta nota, ingresaba el pedido formal a la secretaría parlamentaria para sesionar efectivamente el miércoles con la interpelación a Adorni con temario pero también pedidos de informes a Sandra Pettovello y Luis Caputo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, proyectos de modificaciones a las licencias parentales, la creación del programa «Remediar» y restablecimiento de prestaciones para los afiliados al PAMI. Esa solicitud sí contaba con las firmas de peronistas como Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y Vanesa Siley. 

     

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  • El mercado teme una derrota de Milei y se disparan los seguros contra default

     

    Luis Caputo insiste en que el «riesgo kuka» vale cero y que las chances de un regreso del peronismo son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en Wall Street ya empezaron a ponerle precio a otro escenario. Los seguros contra default de la deuda argentina muestran una diferencia cada vez más marcada entre las coberturas que vencen antes y después de las elecciones presidenciales de 2027, una señal de que el mercado empieza a cubrirse frente a un eventual cambio político o, incluso, frente a las dudas sobre la propia sustentabilidad del programa económico actual.

    Los credit default swaps (CDS), los seguros que se utilizan para cubrirse ante un incumplimiento de deuda, se transformaron en uno de los principales termómetros de la incertidumbre financiera argentina. Aunque la referencia más utilizada es el CDS a cinco años, en el mercado comenzaron a mirar con especial atención la diferencia entre los contratos a uno y dos años, porque permiten medir específicamente el riesgo asociado al período electoral.

    Actualmente, el spread entre ambas coberturas supera los 270 puntos básicos. Mientras el seguro a un año opera en torno a los 238 puntos básicos, el CDS a dos años salta a 509 puntos. En términos simples, los inversores pagan más del doble para cubrirse frente a un evento de default posterior a las elecciones presidenciales.

    La diferencia es particularmente llamativa porque en otros países ese tipo de spreads suele ubicarse entre 20 y 60 puntos básicos. En Argentina, en cambio, la curva financiera empieza a mostrar un quiebre cada vez más pronunciado justamente a partir del horizonte electoral de 2027.

    La trampa del dólar estable consolida una economía dual

    En el mercado reconocen que esa lógica ya empezó a reflejarse también en los bonos soberanos. Los títulos más largos, cuyos vencimientos quedan por fuera del actual mandato presidencial, vienen ofreciendo tasas sensiblemente más altas que aquellos que vencen antes de las elecciones. Esa diferencia de rendimientos funciona como una «prima política» que el mercado exige para asumir el riesgo de largo plazo.

    El consultor financiero Javier Peralta viene advirtiendo que bonos como los AL30 y GD30 muestran una mayor volatilidad justamente porque quedan expuestos al escenario posterior a 2027. «El mercado está empezando a ponerle precio al riesgo político de largo plazo», explica. Según detalla, el diferencial de tasas entre bonos que vencen antes y después de las elecciones ronda actualmente el 3 por ciento, una cifra que en términos financieros equivale a unos 300 puntos básicos y que, en la práctica, convalida la misma señal que muestran hoy los CDS.

    Peralta sostiene que ahí aparece el negocio para los inversores más agresivos: asumir hoy un mayor nivel de incertidumbre a cambio de capturar rendimientos más elevados si el escenario termina estabilizándose y la deuda efectivamente se paga. Pero detrás de esa apuesta también aparece una señal incómoda para el Gobierno: el mercado ya no da por garantizada la continuidad sin sobresaltos del actual esquema económico.

    Sin embargo, algunos economistas sostienen que la lectura de los CDS no necesariamente implica que los inversores estén apostando únicamente a una derrota electoral del oficialismo. Desde el Centro Cultural de la Cooperación advierten que el problema también puede ser la propia sustentabilidad financiera del modelo económico de Javier Milei, incluso en un escenario donde el Presidente logre sostener el poder más allá de 2027.

    «El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo», señalan desde el CCC. Según esa mirada, la curva de los seguros contra default no sólo refleja dudas políticas, sino también crecientes interrogantes sobre la capacidad futura de acumular reservas y sostener los pagos de deuda.

    El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo

    En ese marco, sostienen que el mercado empieza a mostrar dudas sobre la consistencia financiera del programa económico en el mediano plazo. «Persisten interrogantes sobre cómo el Gobierno sostendrá en los próximos años los pagos de deuda, la necesidad de dólares y el creciente peso de los compromisos financieros». Según esa mirada, la suba de los seguros contra default refleja justamente esa incertidumbre estructural que empieza a filtrarse en los precios de mercado.

    A eso se suma otro dato que empieza a generar ruido entre operadores y analistas: incluso en plena liquidación del agro, momento donde históricamente ingresan más divisas, las reservas muestran un comportamiento prácticamente estancado. Parte de los dólares que compra el Banco Central vuelven rápidamente a salir por otros canales, ya sea vía pagos financieros o formación de activos externos.

    En definitiva, detrás del discurso oficial sobre la «confianza de los mercados», empieza a aparecer una señal bastante menos cómoda para el Gobierno. Los inversores todavía acompañan el esquema económico de Milei, pero cada vez pagan más caro cubrirse para el período posterior a las elecciones. El mensaje de fondo es claro: el mercado puede creer que el modelo llega a 2027, pero ya no muestra la misma certeza sobre lo que ocurre después. Y en Wall Street, cuando empiezan a subir los seguros contra default, es porque alguien ya empezó a desconfiar del relato de estabilidad eterna que intenta vender Caputo.

     

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