La Municipalidad de Villa Regina informa que ha presentado en la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro los requerimientos establecidos en la Ley Provincial 5292 para la readecuación tarifaria del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales.
De acuerdo a la legislación indicada, el Departamento Provincial de Aguas publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Río Negro en el mes de diciembre de este año los índices de actualización que serán aplicados en la facturación del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales conforme a lo establecido en el contrato de concesión de fecha 15 de noviembre de 2005.
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
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El encargado de la comunicación de YPF, Fabián Fernández, será el nuevo secretario de Comunicación y Prensa de la Nación luego de la salida de Javier Lanari, según confirmaron a LPO en el gobierno.
Fernández es un profesional joven pero de intensa trayectoria y conoce bien a los medios y la política. De trato amable, trabajó en el PRO en la gestión de Néstor Grindetti en la Municipalidad de Lanús y llegó a YPF cuando Santiago Caputo se hizo cargo de la comunicación de la petrolera y designó a Guillermo Garat como vicepresidente.
El flamante secretario de Comunicación también logró construir un buen diálogo con el sector de Karina Milei. De perfil más técnico, la incorporación de Fabián Fernández se suma a la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial, en una reestructuración muy profunda del área.
Lanari había sido el segundo de Adorni en comunicación, pero en la Rosada creían que era el momento de oxigenar el área. «Perdimos el control de la agenda», admitieron a LPO fuentes de ese sector.
Lo cierto es que Lanari venía desgastado por el escándalo interminable de Adorni y quería irse hace semanas, lo que terminó generando que en el gobierno un sector también quisiera correrlo. Una señal de ese malestar se vio a fines de la semana pasada cuando le filtraron a los medios los parientes suyos que habían sido nombrados en cargos.
El ex secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari.
La idea del entorno de Adoni es que con estos cambios se logra «preservar» al jefe de Gabinete, aunque lo cierto es que sus problemas ya están mucho más allá del terreno de la comunicación: en la política y sobre todo, la justicia.
Mientras tanto, en la Casa Rosada se apegan al gastado recurso de mostrar a Adorni «gestionando» y para eso difundieron fotos suyas con el vocero Ravier y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, uno de los mayores críticos internos del jefe de Gabinete, que en reuniones privadas dice abiertamente que su escándalo eterno mina la confianza en el Gobierno y no permite que la gente visualice los logros macroeconómicos.
La puesta en escena fue tan atolondrada que en la «reunión» con Ravier no hay ni un papel de trabajo ni computadora sobre la mesa, problema que se remedió en la foto con el ministro de Economía, solo que se tuiteó en medio del partido de Argentina y Austria.
Ahora, si como creen casi todos los ministros, Adorni termina siendo reemplazado, el próximo jefe de Gabinete se encontrará con un cargo disminuido: sus dos principales funciones reales, la vocería presidencial y la relación con los medios, ya han sido ocupadas.
Manuel Adorni este lunes «gestionando» la marcha de la economía con el ministro Toto Caputo.
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