La Municipalidad de Villa Regina informa que ha presentado en la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro los requerimientos establecidos en la Ley Provincial 5292 para la readecuación tarifaria del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales.
De acuerdo a la legislación indicada, el Departamento Provincial de Aguas publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Río Negro en el mes de diciembre de este año los índices de actualización que serán aplicados en la facturación del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales conforme a lo establecido en el contrato de concesión de fecha 15 de noviembre de 2005.
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Las chances del juez federal de la Seguridad Social Fernando Strasser de ascender a camarista quedaron reducidas por un motivo inesperado. Ocurre que hace diez días otro juez, que se defiende con uñas y dientes de que lo manden a juicio político, lo mandó al frente. Sostuvo que en su momento Strasser, en el concurso con el que buscaba ser magistrado, ocultó que había tenido una sanción como funcionario judicial. Y eso ahora tiene consecuencias que pueden sacarlo de carrera.
En 2014 Strasser concursó para ser juez subrogante. En ese momento no consignó que cuando era secretario del juzgado federal 8 de la Seguridad Social había recibido una sanción de 30 días por un proceso disciplinario. El que recordó eso hace diez días fue el juez federal de Rosario Gastón Salmain. Que hizo lo mismo cuando concursó en 2017: omitió decir que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante de su cargo de empleado de la Justicia Federal por haber ofrecido una coima a una secretaria de tribunal para direccionar un expediente.
¿Por qué Salmain botoneó así a Strasser? Para tener un argumento defensivo. Lo que dijo es que el reglamento de concursos exige hacer constar antecedentes de los últimos diez años de la compulsa, y que cuando él era examinado había pasado más tiempo. Pero además dijo que otros candidatos habían tenido sanciones y eso no les había impedido ser designados. Ahí dio el ejemplo de Strasser. Sin nombrarlo, pero dando datos inequívocos de que hablaba de su caso.
La referencia difícilmente ayude a Salmain, porque el Consejo de la Magistratura decidió el jueves llevar su caso al plenario, donde pueden suspenderlo e iniciar el proceso para su destitución. Pero los dichos pusieron en alerta a los consejeros, que dijeron que si se comprueba lo que dijo el polémico juez de Rosario, el Senado no deberá aprobar el pliego de Strasser.
Con buenas relaciones con el macrismo, ahora impulsado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Strasser es un magistrado oriundo de la ciudad de Buenos Aires con reiterados cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos amplios que lo califican de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar «el Bonadío de la seguridad social».
Strasser fue cuestionado por sectores políticos y jurídicos que lo calificaban de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar el Bonadío de la seguridad social
Lo que dijo Salmain implicó que esta semana le abrieran un expediente en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Fue a partir de una presentación de Yamil Castro Bianchi, abogado de Salmain, en referencia a la omisión del dato de la sanción del juez de Rosario. Y a las constancias del descargo de Salmain, donde señala que Strasser también pasó de largo en su momento de su primer concurso, cuando no dijo que lo habían sancionado.
Salmain conocía bien el ejemplo que daba. Antes de que lo echaran por ofrecer un soborno en 2002, trabajaba también, con el cargo de secretario, en el juzgado federal 8 de la Seguridad Social. Era el mismo donde sancionaron a Strasser con un mes de suspensión y el congelamiento de haberes. Según dos miembros la Justicia Federal y del Consejo dijeron a LPO, Salmain fue despedido en el mismo año cuando trabajaba allí.
El abogado de Salmain hizo algo más: pidió al Consejo la nulidad «absoluta e insanable» del concurso 253 con el que Strasser fue nombrado juez subrogante, por haber omitido las sanciones disciplinarias que tuvo.
En 2014 el Consejo fue advertido de esa omisión. Pero por una rosca de los consejeros, contaron desde adentro, todos menos uno consideraron que no haber dicho nada de que lo habían sancionado no sería motivo de objeción. Con eso terminó nombrado.
Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado.
Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado
Sobre todo porque en 2023, cuando tuvo la entrevista en el Consejo de la Magistratura, a Strasser le volvieron a preguntar si había tenido sanciones. El que hizo la pregunta, directa, fue Guillermo Tamarit. Strasser respondió que no y así lo atestigua el registro en audio de esa sesión del organismo que evalúa a los jueces y a los que son candidatos a serlo.
Ahora el Consejo tiene en una carpeta la resolución 31 del Tribunal de Superintencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que en 2001 sancionó por 30 días con suspensión sin goce de haberes a Strasser. Un año después la Corte ratificó la medida aunque excluyó afectarle su sueldo.
Si fuera por la letra estricta del reglamento 11 del reglamento de concursos, solo hay que mencionar antecedentes de los últimos diez años a la fecha de la prueba. El senador nacional y consejero Luis Juez descalificó este jueves la entidad de esa normativa y, sobre todo, su lógica política. «¿A ustedes les parece que da lo mismo que el Senado cuando evalúa a alguien que va a ser juez hasta los 75 años sepa que esa persona tuvo sanciones o no sepa?», fue su pregunta. Justamente lo decía porque él se comió la situación de avalar a Salmain en 2017 sin tener idea que lo habían echado 15 años antes del Poder Judicial por intentar armar un caso de fórum shopping.
Lo que pide el abogado de Salmain parece inviable porque el concurso está terminado. Sin embargo sí habilita la discusión política que probablemente se dé en el Senado si los pilegos se tratan este jueves. ¿Es viable nombrar a un juez que omite señalar una sanción disciplinaria que recibió? Es la misma pregunta que el Consejo, con Salmain, hace tres días consideró algo inaceptable.
Una montaña de juicios se acumula en el fuero comercial nacional por las ejecuciones de saldos adeudados que realizan los bancos contra sus clientes con tarjeta de crédito. El Banco Santander es el que lidera la presentación de demandas y ahora fiscales y jueces empezaron a mirar con lupa los intereses que cobra a su clientes.
Según el análisis de un camarista que habló con LPO, estos procesos prosperan rápidamente porque los clientes no se presentan. «Los resúmenes de la tarjeta no son títulos ejecutivos, sino que hay que validarlos previamente mediante un proceso que se llama preparación de la vía ejecutiva, pero la gente no se presenta en esa instancia y ahí es donde los bancos obtienen los juicios ejecutivos», explica.
Un fiscal advirtió a LPO que «en el fuero comercial, Banco Santander está iniciando cientos de ejecuciones contra sus clientes, por saldos adeudos de tarjeta de crédito y lo llamativo es que en todos los casos los montos que reclama superan en un 300% los límites de las tarjetas que el mismo banco aprobó».
En el fuero comercial, Banco Santander está iniciando cientos de ejecuciones contra sus clientes, por saldos adeudos de tarjeta de crédito y lo llamativo es que en todos los casos los montos que reclama superan en un 300% los límites de las tarjetas que el mismo banco aprobó.
Del análisis de las causas que se apilan surge que habría perforación sistemática del límite de compra de la tarjeta de crédito. «En la totalidad de los casos analizados, el banco demanda saldos que lo duplican, triplican y hasta quintuplican», dijo el fiscal y agregó: «incluso, previo a la mora los pagos mínimos superan ese límite en los resúmenes, lo que demuestra que el límite de compra en los hechos no opera como un freno de seguridad financiera, sino como un elemento ficticio que la entidad expande unilateralmente para abultar un saldo potencialmente ejecutable».
Sin embargo, Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, afirmó en la conferencia Inside Argentina 2026, organizada a principios de mayo por Moody’s en Buenos Aires, que se está «llegando a un punto de inflexión» en el sistema financiero, en el buen sentido. Butti admitió en su exposición que «la mora creció» y explicó que cuando los bancos prestaban a tasa fija y después la inflación alcanzaba tres dígitos, «las cuotas se licuaban y era más fácil pagarlas».
El ejecutivo celebró que ahora «estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable» y explicó que la mora está concentrada «en personas» por su consumo con tarjetas de crédito o préstamos personales.
Sin embargo, la justicia analiza de manera crítica el financiamiento forzoso mediante Planes V (por Visa) o AMEX (por American Express), donde se observa el diseño de un mecanismo de anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses.
Esto se investiga en el expediente 4923/2026, que recayó en el Juzgado N° 16. De los resúmenes presentados se desprende que al cliente de Santander se le cobraron intereses compensatorios de hasta 160% anual, pagos mínimos y totales que superaron el límite de compra. La usuaria tenía un límite de compra de $6.110.200 sumando las tarjetas Visa y AMEX, pero el banco reclama $22.025.652,62. Es decir, más del triple.
Similar es el expediente 10316/2026, que tramita ante el Juzgado N° 19. Al analizar la documentación del expediente, los fiscales detectaron que Santander autorizó refinanciaciones con tasas de 223,31% anual, incrementó unilateralmente los límites a pesar de que el cliente sólo abonaba pagos mínimos y así los pagos mínimos escalaron hasta triplicar el límite de compra. El usuario tenía un límite de compra de $15.250.000 considerando en conjunto las tarjetas Visa y AMEX y el Banco reclama $56.157.422,31. O sea, casi cuatro veces más.
La dificultad de los clientes para afrontar sus deudas se explica, fundamentalmente, porque los salarios crecieron muy por debajo de la inflación y las tasas bancarias. La entidad crediticia, según la justicia, no congeló las cuentas ni emitió alertas de riesgo, lo que redunda en un sobreendeudamiento crónico que mina la capacidad de pago del cliente.
Hoy estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable.
En la Justicia, comentaron además que existen casos en los que Santander habría autorizado «transacciones masivas, consecutivas, atípicas bajo la plataforma Mercado Pago que inflaron los saldos de cuentas en plazos mínimos». «La entidad financiera soslayó unilateralmente la evaluación del riesgo crediticio que realizó para otorgarles un límite de compra determinado, para luego consolidar una deuda espuria y derivarla a la vía ejecutiva», indicaron.
El problema de la mora con tarjetas ya es sistémico. Recientemente, el Banco Nación empezó a promocionar una línea de crédito para consolidar deudas, con una TNA del 65%. El guarismo está muy por encima del cálculo de la inflación oficial para el 2026.
El diputado libertario Santiago Santurio manejaba un Uber hasta que asumió Javier Milei y, pese a que no tenía los fondos para pagar el anticipo de un crédito hipotecario, el Banco Nación le prestó 239 mil dólares.
Perteneciente a Las Fuerzas del Cielo, Santurio fue otro de los beneficiados con los créditos multimillonarios que el Nación, que depende de Luis «Toto» Caputo, les otorgó de manera privilegiada a los dirigentes leales a Milei.
El diputado oriundo de San Miguel se suma a la lista encabezada por los funcionarios de Economía Felipe Núñez y Federico Furiase, que obtuvieron más de 800 millones de pesos de la banca pública. La lista la integran otros personajes como el tuitero y funcionario de Presidencia, Juan Doe y los diputados Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.
La diputada Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra Santurio en el que sostiene que el préstamo disparó su deuda bancaria de unos $6,7 millones a más de $303 millones en apenas un mes, en julio de 2025.
De acuerdo a la denuncia, Santurio manejaba un Uber para complementar sus ingresos como docente hasta diciembre de 2023, cuando Milei llegó a la Rosada.
«Su perfil económico era el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar», dice la denuncia a la que accedió LPO.
Pagano denunció que en menos de dos años desde el inicio del mandato legislativo Santuroi pasó de ser undocente que conducía Uber e inquilino en barrios de clase media trabajadora, a ser propietario de una casa en un barrio cerrado de Villa Ballester, valuada en aproximadamente 300 mil dólares, con superficie suficiente «para albergar quincho y eventos sociales de envergadura».
La denuncia agrega que la cuota que debe pagar mensualmente Santurio por el crédito del Nación representaría cerca del 48% de sus ingresos netos de su grupo familiar, casi el doble del límite del 25% que suele aplicar el propio banco. De acuerdo a la denuncia, María Celina Aguilar Bugeau, la cónyuge de Santurio, con quien acaba de tener su quinto hijo, «no posee inscripción activa ante ARCA y no exterioriza ante la administración tributaria ingreso formal alguno».
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