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El Municipio presentó ante el DPA los requerimientos establecidos en la ley 5292

La Municipalidad de Villa Regina informa que ha presentado en la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro los requerimientos establecidos en la Ley Provincial 5292 para la readecuación tarifaria del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales.

De acuerdo a la legislación indicada, el Departamento Provincial  de Aguas publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Río Negro en el mes de  diciembre de este año los índices  de actualización que serán aplicados  en la facturación del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales conforme a lo establecido en el  contrato de concesión de fecha 15 de noviembre de 2005.

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    La interna del peronismo bonaerense estalló en el Senado bonaerense, donde Mario Ishii y Sergio Berni salieron al cruce de Axel Kicillof y protagonizaron momentos de fuerte tensión con la vicegobernadora Verónica Magario.

    En un contexto donde los cortocircuitos entre el kirchnerismo y el axelismo escalaron al cumplirse un año de la detención de Cristina Kirchner, la primera sesión del año en la Cámara Alta bonaerense fue la válvula de escape de esas tensiones.

    Finalizado el temario, el intendente en uso de licencia de José C. Paz pidió la palabra para cuestionar que sus dos proyectos de emergencia -una alimentaria y la otra, sanitaria- no hayan contado con los dos tercios necesarios en Labor Parlamentaria para ser tratados sobre tablas.

    «El gobernador no quiso que se trate sobre tablas», acusó directamente Ishii, que sostuvo que, con el giro a comisión de los expedientes, «esto se dilata» cuando «es un tema que no puede esperar».

    Como contó LPO, Ishii extremó las tensiones con Kicillof semanas atrás, al dar a conocer esos dos proyectos de emergencia, en los que enumera una serie de fallas de la gestión provincial.

    Ishii volvió a tensar su relación con Kicillof con fuertes críticas al sistema de salud

    «Yo invité al gobernador a que camine un poco por el Conurbano, dos o tres veces, para que vea cómo están desbordados los hospitales y la falta de insumos que hay. No lo ha hecho», acusó Ishii.

    Ahí, intervino Magario para informarle que se habían cumplido los cinco minutos establecidos para las exposiciones por temas que no fueron acordados en Labor Parlamentaria. «Sí, pero necesitaría hablar, son temas que nos competen a todos», dijo Ishii. «Se terminó el tiempo», insistió la titular del Senado.

    «Esto es más importante que todos los proyectos que se han presentado», retrucó el paceño que había empezado a elevar el tono cuando Magario le cortó el micrófono.

    En momentos que el gobernador desde su mirada de izquierda escribía artículos que tenían que ver con una oposición a las políticas económicas de Néstor Kirchner, Cristina le abrió la puerta 

    Pero las cosas lejos estuvieron de calmarse ya que quien siguió en el uso de la palabra fue Sergio Berni. «Me gustaría que nuestro compañero, su compañero -remarcó en dirección a Magario- pueda terminar de expresar lo que estaba diciendo. No me parece correcto que en este recinto se le corte el micrófono a alguien».

    El ex ministro de Seguridad hizo una moción para que siga hablando Ishii, pero no tuvo el apoyo de la mayoría.

    «Venimos golpeados, igual es un día para festejar», dijo Berni al aludir con rictus irónico a la reapertura del palco de prensa. Fue un mensaje directo a Magario, que había cerrado ese acceso el año pasado, razón por la que los periodistas legislativos debieron que seguir el desarrollo de la sesión en el hall de ingreso por pantalla. Tras los reclamos de la prensa y del gremio Siprebo, finalmente se logró la reapertura.

    Berni se atribuyó esa medida: «Les prometí -dijo el dirección al palco de prensa- que en la primera sesión ordinaria el palco iba a estar abierto. Esto es magia, está abierto».

    Luego, el ex ministro se refirió a un proyecto que modifica el régimen previsional especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas. Pero poco después volvió a cuestionar el funcionamiento del Senado y que destacó que no se sesionó en seis meses donde «pasaron cosas importantes».

    Ahí, puso en el centro el aniversario de la condena a Cristina Kirchner y cuestionó a los dirigentes del peronismo que no salieron con un fuerte repudio, recriminación sobre la que se centran las recientes críticas del kirchnerismo a Kicillof.

     Los senadores del axelismo evitaron salir al cruce en la sesión. Pero el clima de tensión se extrema en la interna del peronismo. «Se rompió todo», señalaron a LPO desde el entorno de Ishii.  

    En ese momento, Magario le informó que se le había terminado el tiempo de intervención, algo que exasperó a Berni: «Es la misma persona que la hizo dos veces vicepresidenta -NdR: quiso decir vicegobernadora-, así que me parece que necesito un poquito más de tiempo», dijo.

    Y agregó: «No solo la hizo dos veces vice, sino también, apelando a su grandeza, en momentos que el gobernador desde su mirada de izquierda escribía artículos que tenían que ver con una oposición a las políticas económicas de Néstor Kirchner, la presidenta le abrió la puerta, lo llevó como gerente de Aerolíneas, lo hizo viceministro de Economía, ministro de Economía, todos los compañeros trabajamos para que sea diputado nacional».

    Ahí, Magario volvió a intervenir y le insistió que se había terminado su tiempo. «No, esto no se termina», retrucó Berni y fue al choque directo de la vice: «Qué lastima, porque usted sabe lo que son las proscripciones, usted viene de una familia que fue exiliada». Ante eso, Magario le cortó el micrófono y acusó una «falta de respeto» y le entregó la palabra al senador de Hechos, Marcelo Leguizamón.

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  • La Justicia declaró inconstitucional la decisión de Caputo de dejar de informar los precios de los combustibles

     

     Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles. 

    El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.

    Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

    Caputo pisa los pagos del Plan Gas y usa la plata de las empresas para financiar la suba de subsidios a la energía

    Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.

    Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

    La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.

    El juez federal Alejo Ramos Padilla.

    Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.

    El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.

    La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.

    El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.

     

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    AMÉN

    Hoy por la mañana, el juez Álvaro Meynet dictó sentencia, informó que el ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra fue declarado culpable penalmente del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público y posteriormente expresó en función del artículo 86 del código penal cuando un aborto se considera no punible. También resaltó que Rodríguez Lastra…

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  • Adorni contradice a Bullrich y ahora dice que quiere ir a dar el informe al Senado

     

    Manuel Adorni se vio obligado este martes a decir que está dispuesto a concurrir al Senado para brindar su informe como jefe de gabinete, después que Patricia Bullrich lo bajó porque ningún senador está dispuesto a escucharlo sino que lo esperan para interpelarlo directamente.

    El funcionario comunicó por Twitter un mensaje que sonó a una desautorización de la jefa de bloque libertario, por un lado, y reveló una preocupación creciente del gobierno: si Adorni no va, incumple la Constitución. Pese a que el apego de la administración libertaria a las normas no es su virtud, la fragilidad del jefe de gabinete, envuelto en sospechas de corrupción, pone en vilo a la Casa Rosada.

    En efecto, una fuente al tanto de la situación reconoció ante LPO que «una cosa es que a Adorni lo bajen desde el Senado en un acuerdo con los aliados y otra es que se baje solo».

    El mensaje de Adorni por Twitter fue lacónico. «Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin», dice el texto.

    Patricia bajó a Adorni del informe ante el Senado: «No vengas que nadie te quiere escuchar»

    Pero tanto el momento de su divulgación como su significado son inseparables del enfrentamiento entre Karina Milei y la ex ministra de Seguridad. LPO informó que fue Patricia la que le planteó a la hermana presidencial que había que voltear el informe del jefe de Gabinete anunciado para el 2 de julio porque la oposición se preparaba para removerlo antes que para recibirlo. «No vengas, que nadie te quiere escuchar», fue lo que le dijo Bullrich al propio Adorni.

    Más allá de la interna entre la senadora y Balcarce 50, lo cierto es que el plazo para enviarle preguntas al jefe de Gabinete vencía este miércoles 24 de junio pero, al cierre de esta nota, solo un senador habría remitido a las autoridades del Senado nada más que dos preguntas. Lo habitual es que los informes de un jefe de Gabinete tengan alrededor de mil páginas y 4 mil preguntas. 

    La noche de furia de Adorni se completó con su irrupción intempestiva en la Fundación Faro, en donde Milei dio un discurso luego de que Adrián Ravier debutara como nuevo vocero del presidente. La presencia insospechada del jefe de gabinete, convertido en la mancha venenosa, fastidió a los Peaky Blinders de Santiago Caputo.

     

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