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El Municipio presentó ante el DPA los requerimientos establecidos en la ley 5292

La Municipalidad de Villa Regina informa que ha presentado en la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro los requerimientos establecidos en la Ley Provincial 5292 para la readecuación tarifaria del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales.

De acuerdo a la legislación indicada, el Departamento Provincial  de Aguas publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Río Negro en el mes de  diciembre de este año los índices  de actualización que serán aplicados  en la facturación del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales conforme a lo establecido en el  contrato de concesión de fecha 15 de noviembre de 2005.

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    El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.

    La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.

    PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.

    En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.

    ¿Quién paga la baja de impuesto a las ganancias de las grandes empresas? 

    Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».

    El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.

    Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.

    Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

    Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.

    Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.

    Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.

    Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.

    Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.

    Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.

    Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.

     

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    Los abogados de la provincia de Buenos Aires presentaron una serie de amparos para dejar sin efecto una ley aprobada en la Legislatura que limita los viáticos de la caja previsional y redujo la sobretasa de Justicia, un porcentaje de la tasa de Justicia que pagan los contribuyentes y que va a parar a la Caja de Abogados.

    El gobierno de Axel Kicillof promulgó esa ley en diciembre y de inmediato los abogados avanzaron con amparos.

    El presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia, Fabián Gerardo Portillo, presentó un amparo para seguir cobrando los viáticos y reponer la sobretasa. Ese amparo fue desestimado. Sin embargo, horas después fue la Asociación de Abogados Jubilados quien presentó otro amparo, que recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial 8 de La Plata, a cargo de Leonardo Villegas.

    El proyecto de ley fue impulsado en la Legislatura por Facundo Tignanelli, un diputado cercano a Máximo Kirchner. La iniciativa redujo la sobretasa de Justicia del 10% al 5%, y se le dio un fin específico a ese 5%.

    La Cámpora avanzó en la Legislatura con una ley que le quita millones a la Caja de Abogados de la provincia

    La tasa de Justicia supone el 2,2% que pagan los bonaerenses cuando requieren un servicio de Justicia. El 10% de esa tasa se giraba directo a la Caja de Abogados. Ahora pasó a ser el 5%. Esa tasa no la pagan los abogados, la pagan los bonaerenses que necesitan acceder al servicio de Justicia, incluso los sectores más humildes.

    Pero además, la ley derogó el sistema de viáticos que gastaban más de 2.000 millones al año en viáticos y refrigerios para los 40 directores de la caja. En 2025 esos directores tuvieron a disposición 756 millones para viáticos que les permiten hacer distintos gastos al momento de viajar a La Plata a sesionar.

    Pero además, cuentan con 78 millones de pesos para traslados, 72 millones para alojamiento y 42 millones para gastos de relaciones públicas.

    Facundo Tignanelli.

    Cuando el proyecto se trató en Diputados, Tignanelli citó un informe de la subgerencia financiera de la caja donde da cuenta de las inversiones de la entidad. Según el detalle, los abogados de la provincia tienen el 51% de las inversiones en títulos de Estados Unidos; el 40% en títulos nacionales en dólares y el 8% en títulos provinciales en dólares. El resto son distintas inversiones en pesos. Sólo por los servicios para administrar la inversión en el exterior la caja gasta en comisiones 1.400 millones de pesos.

    «Se acabó el champagne y las cenas para los directores que pagan todos los bonaerenses», dijo Tignanelli en noviembre de 2024 cuando se aprobó el proyecto en la Cámara Baja.

    El proyecto se aprobó en el Senado en los primeros días de diciembre en una sesión maratónica en la que se aprobaron los proyectos de endeudamiento y reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia. El proyecto del oficialismo consiguió más de dos tercios de los votos, es decir que contó con el aval de la oposición.

     

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