El mercado empezó a marcar una diferencia cada vez más pronunciada entre la capacidad de pago del gobierno de Javier Milei y la situación que podría enfrentar la próxima administración. Mientras el riesgo de default permanece contenido en el corto plazo, las probabilidades implícitas en los seguros contra incumplimiento aumentaron con fuerza para los vencimientos posteriores a 2027.
La señal aparece en la curva de Credit Default Swaps (CDS), los contratos que funcionan como seguros frente a un incumplimiento de la deuda soberana. Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), durante agosto prácticamente no cambió la percepción sobre la capacidad del Gobierno para afrontar sus compromisos inmediatos, pero sí empeoró sensiblemente la evaluación de los plazos más largos.
La probabilidad acumulada de default a un año aumentó apenas 30 puntos básicos desde comienzos de mes y se ubica en torno al 2,8%. El movimiento es reducido y muestra que los inversores todavía asignan una elevada probabilidad de pago a las obligaciones más próximas.
El panorama cambia por completo cuando la curva se extiende más allá del mandato de Milei. De acuerdo con PPI, las probabilidades acumuladas de default a cuatro y diez años aumentaron 400 y 510 puntos básicos desde comienzos de agosto, respectivamente.
Así, el mercado asigna actualmente una probabilidad de default del 30,3% en el horizonte de cuatro años y del 61,5% cuando se extiende el análisis hasta diez años. La brecha con el riesgo a un año es enorme y revela que el principal interrogante de los inversores dejó de estar concentrado en la disponibilidad inmediata de dólares.
«El mercado hoy no está discutiendo demasiado si Argentina puede pagar el próximo vencimiento. Lo que está poniendo precio es qué pasa después de 2027 y si el próximo gobierno puede sostener el esquema sin volver a tener problemas de financiamiento», explicó un operador consultado por LPO.
La lectura coincide con el diagnóstico de PPI. Para la sociedad de Bolsa, el deterioro de las últimas semanas «se concentró principalmente en horizontes más largos», donde aparece una incertidumbre creciente respecto de la posibilidad de sostener la historia crediticia argentina en el tiempo.
El mercado hoy no está discutiendo demasiado si Argentina puede pagar el próximo vencimiento. Lo que está poniendo precio es qué pasa después de 2027 y si el próximo gobierno puede sostener el esquema sin volver a tener problemas de financiamiento
El movimiento resulta particularmente relevante porque se produce mientras buena parte de la curva soberana volvió a operar con rendimientos de dos dígitos. La corrección de los bonos argentinos durante las últimas semanas volvió a dejar precios que, según PPI, empiezan a mostrar una relación algo más equilibrada entre riesgo y retorno.
La firma considera que los bonos podrían estar cerca de una pausa en la caída e incluso ensayar algún rebote. Sin embargo, todavía no aparece un catalizador suficientemente fuerte para sostener una recuperación más contundente.
En el mercado siguen con atención los indicadores políticos y económicos que puedan modificar ese escenario. Uno de ellos será el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, después del deterioro que ya mostró el Índice de Confianza del Consumidor. En sentido contrario, una continuidad de buenos datos de actividad y comercio exterior podría aliviar parcialmente la presión vendedora.
Otro factor detrás de la debilidad reciente de los bonos fue el comportamiento de los inversores argentinos. Al cierre del primer trimestre, los residentes concentraban el 23,7% de la deuda soberana bajo legislación de Nueva York, una participación significativa dentro del mercado de Globales.
PPI estima que ese porcentaje podría haberse reducido durante el segundo trimestre, producto del desarme de posiciones locales. Esa salida ayuda a explicar parte de la presión que enfrentaron los títulos en las últimas semanas y agrega otro elemento de cautela sobre la dinámica de corto plazo.
Para el operador consultado por LPO, la pendiente de la curva de CDS también refleja un problema que excede a Milei. «Para bajar de manera permanente el riesgo país no alcanza con demostrar que hay dólares para pagar durante uno o dos años. El mercado necesita creer que el programa es sostenible políticamente y que puede sobrevivir a un cambio de gobierno. Hoy esa confianza todavía no está», afirmó.
El resultado es una paradoja para el Gobierno: el mercado parece reconocer una capacidad de pago relativamente sólida durante el horizonte inmediato, pero todavía no convalida que esa estabilidad pueda extenderse mucho más allá del actual mandato. El propio informe de PPI resume esa cautela al advertir que el camino hacia 2027 todavía será «largo» y probablemente «sinuoso».
Milei presentó sus nuevas reformas estructurales como el punto final de “91 años de saqueo” y responsabilizó al Banco Central y a la política por todos los males económicos argentinos. Pero detrás de las cifras impactantes, las acusaciones contra dirigentes y las promesas de refundación aparecen datos discutibles, interpretaciones históricas parciales y debates constitucionales sobre el alcance del proyecto libertario.
Por Tomás Palazzo para NLI
La política del número gigante: cuando una cifra busca reemplazar un debate histórico
Milei volvió a construir uno de sus discursos centrales alrededor de una idea repetida desde el inicio de su gobierno: que la Argentina no atraviesa solamente una crisis económica, sino el resultado de décadas de un supuesto mecanismo de saqueo impulsado por la política a través del Estado. En cadena nacional, el Presidente presentó sus nuevas reformas estructurales y eligió como eje una cifra de enorme impacto: una inflación acumulada desde la creación del Banco Central de 12.819.532.788.614.400.000%, un número de 20 dígitos que utilizó como prueba de lo que definió como “la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”.
Como sucede siempre con las «cifras de Milei», el número presentado como una prueba definitiva de “91 años de saqueo” no fue acompañado por una metodología detallada, una fuente estadística oficial o un documento técnico que permita reconstruir cómo se llegó exactamente a esa cifra de 20 dígitos. Si bien es posible calcular una inflación acumulada durante largos períodos mediante índices históricos, la magnitud exhibida por Milei requiere explicaciones sobre qué series fueron utilizadas, cómo se empalmaron los distintos períodos, qué criterios se aplicaron ante los cambios de medición y cómo se ponderaron etapas con monedas diferentes. Sin ese respaldo documental verificable, el número funciona principalmente como una herramienta retórica de alto impacto más que como un dato económico presentado con el rigor necesario para un debate público de semejante trascendencia.
La magnitud del fantasioso número solo está dada para generar un efecto político inmediato: transmite una sensación de desastre absoluto y permite instalar una idea sencilla de comprender para una sociedad golpeada por décadas de inflación. Sin embargo, transformar casi un siglo de historia económica argentina en una única explicación basada exclusivamente en la emisión monetaria implica dejar afuera una enorme cantidad de factores que también formaron parte de las crisis nacionales.
La inflación argentina fue atravesada por múltiples procesos: endeudamientos externos, crisis internacionales, cambios abruptos de modelo económico, golpes de Estado, pérdida de reservas, fuga de capitales, problemas estructurales de producción, restricciones externas y disputas distributivas. Reducir todo ese recorrido histórico a una sola causa permite construir un relato político potente, pero simplifica una realidad económica mucho más compleja.
La idea de que la inflación es siempre y exclusivamente un fenómeno monetario pertenece a una corriente económica determinada, el monetarismo, pero no representa una verdad indiscutida dentro de la economía. Existen distintas escuelas que analizan el fenómeno inflacionario incorporando también factores productivos, cambiarios, sociales y externos.
El discurso presidencial, sin embargo, se apoyó en una premisa diferente: la necesidad de identificar un responsable claro. En esa construcción, el Banco Central dejó de aparecer como una herramienta de política económica y pasó a ser presentado como el origen del deterioro argentino.
El Banco Central como enemigo: la reforma que busca separar la moneda de la política
Uno de los anuncios más importantes de Milei fue una nueva reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir cualquier mecanismo de financiamiento al Estado. Según el Presidente, la emisión monetaria para cubrir déficit constituye una “falsificación de dinero” y llegó incluso a afirmar que quienes participaron de esos procesos podrían formar parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del organismo monetario.
La afirmación abre un debate jurídico de enorme profundidad. La emisión monetaria no es considerada falsificación de moneda en el ordenamiento legal argentino: es una facultad estatal ejercida por una institución pública creada por ley. Se puede discutir si una política económica fue correcta, si generó inflación o si produjo consecuencias negativas, pero equiparar una decisión de política monetaria tomada dentro del marco institucional con un delito penal implica solo un desconocimiento o provocación de esas a las que nos tiene acostumbrado el presidente.
La Constitución Nacional establece que el Congreso tiene atribuciones en materia monetaria y financiera, mientras que el Banco Central funciona como una entidad con autonomía dentro del sistema institucional argentino. El debate sobre esa autonomía existe en distintos países: cuánto debe protegerse a una autoridad monetaria de las presiones políticas y cuánto control democrático debe mantenerse sobre una institución clave.
La reforma propuesta por Milei busca aumentar las barreras para remover al presidente y al directorio del Banco Central, exigiendo mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso. Para el oficialismo, esto evitaría que los gobiernos presionen para financiar sus déficits mediante emisión. Para sus críticos, podría crear una institución con un nivel de blindaje difícil de compatibilizar con el principio democrático de control sobre los organismos públicos.
Convertibilidad, reservas y Cristina Kirchner: una historia económica reconstruida desde la mirada libertaria
Durante su exposición, Milei también apuntó contra la salida de la convertibilidad y sostuvo que abandonar la paridad entre peso y dólar significó que miles de millones de dólares “pasaran a manos de los políticos”. Según su interpretación, los recursos respaldatorios de aquella etapa pertenecían a los argentinos y fueron utilizados por la dirigencia.
Pero la historia de la convertibilidad es bastante más compleja. El régimen instaurado en 1991 consiguió durante varios años estabilizar la inflación, pero también generó problemas de competitividad, dependencia del endeudamiento externo y una economía condicionada por la necesidad permanente de conseguir dólares. La crisis de 2001 no fue consecuencia de una sola decisión política, sino el resultado de múltiples desequilibrios acumulados durante años.
Algo similar ocurre con la utilización de reservas del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner para el pago de deuda mediante el denominado Fondo del Bicentenario. Milei definió esa operación como un “robo”, aunque fue una decisión adoptada mediante mecanismos institucionales y debatida públicamente en el Congreso, la Justicia y el ámbito económico.
La utilización de términos como “saqueo”, “estafa” o “robo” permite construir una narrativa de ruptura moral con el pasado, pero también corre el riesgo de reemplazar el análisis histórico por una disputa política basada en acusaciones absolutas.
El “grillete fiscal” y el debate sobre los límites constitucionales del ajuste permanente
Otro de los anuncios más polémicos fue la creación de una regla fiscal permanente que impediría sostener presupuestos deficitarios y establecería un mecanismo automático de ajuste denominado por el Gobierno como “grillete fiscal”. Según «explicó» Milei, si las cuentas públicas permanecieran desequilibradas durante un período determinado, el Congreso tendría un plazo para corregir la situación. De no hacerlo, se activaría un “shutdown” que implicaría la paralización de actividades consideradas no esenciales, congelamiento de nuevas contrataciones y suspensión de determinados gastos.
El Presidente aseguró que quedarían exceptuadas áreas como jubilaciones, pensiones, salud, seguridad, defensa y servicios esenciales. Sin embargo, la propuesta abre una discusión institucional sobre el rol del Congreso y la división de poderes. La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto y definir las prioridades del gasto público. Una norma que establezca mecanismos automáticos de limitación sobre futuras decisiones parlamentarias podría generar un debate sobre hasta dónde puede una mayoría política actual condicionar las facultades de gobiernos y congresos futuros.
El problema no es solamente económico. También es institucional: una democracia no solamente define cuánto gasta el Estado, sino quién tiene la autoridad para decidir cómo se utilizan los recursos públicos.
Más libertad financiera y menos controles: la apuesta de Milei para transformar la economía
El paquete anunciado por el Presidente también incluye reformas del mercado de capitales y del sistema de seguros. El argumento oficial sostiene que Argentina tiene un sistema financiero reducido porque durante décadas los ciudadanos perdieron confianza y retiraron sus ahorros del circuito formal. Milei plantea que una mayor liberalización permitirá que el ahorro privado se transforme en inversión productiva, créditos, maquinaria y empleo. Desde esa perspectiva, el problema central sería la excesiva regulación estatal que impide que el capital fluya hacia quienes quieren producir.
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados financieros requieren reglas claras y organismos de control fuertes. La historia económica mundial cuenta con numerosos ejemplos donde procesos de desregulación sin supervisión suficiente terminaron generando crisis que luego fueron absorbidas por los Estados y por la sociedad.
El debate estará en encontrar el equilibrio entre eliminar trabas burocráticas y mantener herramientas que eviten abusos, fraudes y riesgos sistémicos.
La construcción de una nueva verdad política: entre la economía y la batalla cultural
El discurso presidencial no fue solamente una presentación de reformas económicas. Fue también una construcción política. Milei buscó instalar una interpretación histórica donde la Argentina habría sido víctima durante casi un siglo de una clase dirigente que utilizó la inflación, el déficit y el Banco Central como mecanismos de apropiación.
En esa lógica, las reformas anunciadas aparecen como una ruptura definitiva con el pasado y como el inicio de una nueva etapa nacional. La discusión, entonces, no pasa únicamente por si una medida económica puede funcionar o no, sino por el modo en que se construye el consenso para aplicarla.
La época de la posverdad no implica simplemente la existencia de datos falsos. También refiere a un escenario donde los hechos son seleccionados, jerarquizados y narrados desde identidades políticas fuertes, donde una explicación sencilla puede imponerse sobre una realidad mucho más compleja.
Milei presentó su proyecto como el final de “91 años de decadencia”. Sus defensores sostienen que se trata de una transformación necesaria para recuperar estabilidad y crecimiento. Sus críticos advierten que detrás de esa promesa existe una concentración de poder económico e institucional que puede modificar profundamente la relación entre Estado, mercado y democracia.
El desafío argentino no será solamente discutir cuánto emite el Banco Central, cuánto gasta el Estado o cómo se organiza el mercado financiero. También será debatir qué límites tiene una reforma estructural, qué lugar ocupa la política en una democracia y si una sociedad puede construir su futuro sobre una única interpretación del pasado.
La Municipalidad de Villa Regina, a través del Área Mujer y Diversidad y organizado por la Comisaría de Familia, continúa con las capacitaciones para los agentes municipales en la temática “Tipos de violencia”. Las mismas se desarrollarán mañana miércoles y el viernes de 14 a 16 horas en el Galpón de las Artes. Estas capacitaciones…
El Intendente Marcelo Orazi y el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega se reunieron con los integrantes de la Asociación Volantes de General Roca y Federación 11 Jorge “Goyo” Martínez y Raúl Ginóbili con el fin de ultimar detalles del Rally Ciudad de Villa Regina a disputarse el 23, 24 y 25 del corriente mes.La…
La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
Una política energética cada vez más concentrada
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
O el comienzo de las democracias electas contra las tiranías. ¿No se hartaron de esperar que llegue la última temporada? Siempre pensé, desde que comenzó la serie, que en gran medida el guión estaba hablando de competencias políticas en una sociedad, de la manera más directa. Con muchas muertes y asesinatos como acción normalizada y…
Karina Milei corrió a Santiago Caputo de la comunicación estratégica del gobierno y, tal como anticipó LPO en noviembre, dejó la tarea en manos del cineasta oficial Santiago Oría.
Oría lleva adelante una tarea monstruosa: quedó a cargo de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza en todo el país, es el estratega de la comunicación gubernamental y de la estrategia digital del propio Milei. La intervención de Oría es tal, que como anticipó LPO, le filtra a Milei los tuits de las Fuerzas del Cielo y le muestra las cuentas karinistas.
Pese al corrimiento, Santiago Caputo sigue manejando el ARCA, la SIDE y las empresas públicas, además de brindar asesoramiento directo a Milei. El líder de los Peaky Blinders espera que lo llamen para la campaña, en medio de la continua caída de Milei en las encuestas.
Santiago ya no escribe todos los discursos de Milei, como se notó en la aparición irascible del presidente en el Council of Americas y en la Bolsa de Rosario.
Para semejante faena, Oría tuvo que contratar a 70 personas para crear contenidos en redes. El periodista Manu Jove reveló que entre esa gente a cargo de Oría está Sharif Menem.
Una de las explicaciones de la pérdida del terreno en las redes es el repliegue absoluto de los militantes de Las Fuerzas del Cielo. Un dirigente opositor le dijo a LPO entre risas que ‘los muchachos de Santiago están de huelga’
Jove bautizó a Oría como Tontín Tarantino, acaso por su dificultad para encuadrar la cámara: sus videos tienen el pulso de alguien que filma con una Go Pro en medio de una sesión de rafting Clase VI en la zona más rocosa del Atuel.
Además de Sharif se sumó al grupo de trabajo Iñaki Gutiérrez, que como anticipó LPO se incorporó al Equipo Rocket, cuyo nombre es una alusión a una banda de villanos del animé Pokemón, que pese a estar a punto de ganar, siempre terminan perdiendo. Llama la atención que al flamante grupo no fue invitado el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, que tiene experiencia real en comunicación política.
Oría intenta enfocar el cielo.
El nuevo esquema que significó el ascenso del Equipo Rocket se activó en marzo, cuando empezó el declive de Milei en las encuestas. Karina y Martín Menem dieron la orden de reemplazar a las milicias digitales de Santiago Caputo para colonizar las redes y recuperar la imagen del presidente.
Pero sucedió todo lo contrario, el gobierno perdió centralidad en la comunicación, el propio Milei no logra el impacto que tenía en las redes y la Rosada no logra marcar un tema de agenda desde el caso Adorni, mostrándose siempre a la defensiva.
Los discursos erráticos del presidente, la dificultad para copar la agenda y expandir la llegada de Milei más allá del núcleo libertario, colaboran para crear la tendencia de caída en las encuestas
Desde entonces se instalaron en la agenda temas urticantes para el gobierno como la caída del consumo y de la actividad, el drama de la morosidad, la vuelta de la inflación y la salud de un presidente que trabaja poco.
Los discursos erráticos del presidente, la dificultad para copar la agenda y expandir la llegada de Milei más allá del núcleo libertario, colaboran para crear la tendencia de caída en las encuestas, tanto en la imagen del gobierno como en la intención de voto del primer mandatario.
No por nada las habilidades del vertiginoso Oría encontraron cuestionamientos en todas las líneas del organigrama estatal. Un funcionario libertario se refirió al nuevo líder comunicacional como «el no tan brillante Santiago Oria». El cineasta quedó muy pendiente de la pelea con Las Fuerzas del Cielo, en vez de dedicarse a aumentar la base militante de Milei.
Una de las explicaciones de la pérdida del terreno en las redes es el repliegue absoluto de los militantes de Las Fuerzas del Cielo. Un dirigente opositor le dijo a LPO entre risas que «los muchachos de Santiago están de huelga».
