El mayor frigorífico avícola del país quedó al borde del cierre por la importación de pollo brasileño

El mayor frigorífico avícola del país quedó al borde del cierre por la importación de pollo brasileño

 

 La crisis en la industria comenzó a mostrar su dimensión estructural del modelo económico de Milei y a impactar en empresarios que hasta hace poco festejaron con bombos y platillos el proyecto libertario. Es el caso de Joaquín de Grazia, el dueño de Granja Tres Arroyos, que salió públicamente a defender la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y ahora quedó de cara al precipicio por el ingreso de pollos de Brasil.

Según pudo saber en exclusiva LPO, tras el cierre de Fate, la crisis ahora afecta a la producción avícola y la principal procesadora de pollos del país Granja Tres Arroyos, atraviesan un panorama crítico por la apertura comercial y la creciente presencia de pollo importado desde Brasil a precios que el mercado local no logra igualar.

A fines del año pasado, la empresa de de Grazia enfrentó dificultades para para pagar salarios, pero el conflicto se controló en enero cuadno se normalizaron los pagos. A pesar de todo, el empresario defendió públicamente las políticas de Milei.

[ La UIA lamentó el cierre de FATE: «No es un hecho aislado, se perdieron 65 mil puestos de trabajo industrial»]

Pero además de la avalancha de pollos brasileños, la empresa también sufrió el cierre de exportaciones de carne avícola al mercado europeo a raíz de las restricciones sanitarias por el rebrote de la gripe aviar, lo que agravó el cuadro financiero en un sector donde la venta externa es clave para equilibrar costos.

El otro caso que alarma a la producción avícola es el destino de Cresta Roja, la empresa viene a los tumbos desde hace más de una década. Fue absorbida por Tres Arroyos y luego se hizo cargo la familia Peña de la Anónima, muy cercana a Macri, pero nunca superaron los conflictos. En 2024 hubo nuevos despidos de su planta de Esteban Echeverría y ahora hablan de cerrarla.

 La situación es crítica y en el sector prevén un marzo complicado cuando se desafecten a más de 450 trabajadores entre los frigoríficos de Cresta Roja y Granja Tres Arroyo y si las exportaciones no se reabren en abril, pueden quebrar 

«La situación es crítica y en el sector prevén un marzo complicado cuando se desafecten a más de 450 trabajadores entre los frigoríficos de Cresta Roja y Granja Tres Arroyo y si las exportaciones no se reabren en abril, pueden quebrar», sostiene un informe de la consultora String-Agro.

El impacto más visible se registra en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay donde Granja Tres Arroyo tiene el frigorífico más grande del país luego de haber absorbido Becar, otra planta procesadora de pollos, hace unos años.

La industria aviar llegó a emplear cerca de 1.500 trabajadores. Hoy el número ronda los 700. En los últimos meses hubo unos 160 despidos y 300 trabajadores adhirieron al retiro voluntario, pero aún la empresa no pagó un peso de la indemnización pactada, dijeron fuentes locales a LPO.

Operarios de Granja Tres Arroyos

Es que más allá de la competitividad, la quiebra de un frigorífico que empleaba a más de mil operarios en empleo formal significaría una catástrofe para una ciudad de alrededor de 80 mil habitantes.

Mientras la situación de los frigoríficos argentinos se deteriora y se encienden las alarmas, en Concepción del Uruguay ven desconcertados la invasión de pollos de origen brasileño en las góndolas de los supermercados o en las granjitas de barrios que se multiplican proporcionalmente se derrumba el empleo formal.

Sucede que en la localidad entrerriana, la pérdida de empleo industrial no se limita al sector avícola. Meses atrás, cerró una planta de YPF que se abastecía por barcaza y proveía de combustible a la ciudad. Si bien esa planta no generaba grandes dividendos para la empresa estatal, no daba pérdida y ocupaba a 47 trabajadores.

Además, se sucedieron despidos en empresas del rubro maderero que profundizaron el deterioro de la industria de Concepción de Uruguay. Frente a ello, surgieron comercios pequeños y rotiserías como válvula de escape ante la falta de empleo formal.

En el sector admiten que, con costos internos dolarizados, energía cara y un tipo de cambio que no acompaña, competir contra el pollo brasileño resulta inviable. La amenaza inmediata es la desafectación de al menos 450 trabajadores en marzo y un escenario todavía más severo si no se reactivan plenamente las exportaciones en abril.

 

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    Que miedo q le tiene Llaryora a un frente con la Libertad Avanza.

    — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) February 1, 2026

     

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    Por Tomás Palazzo para NLI


    El capítulo de propiedad intelectual del acuerdo es, probablemente, uno de los más sensibles y menos debatidos públicamente. Bajo fórmulas como “alinear estándares internacionales” y “fortalecer la protección”, se esconden compromisos que benefician a los grandes laboratorios farmacéuticos y tensionan el acceso a medicamentos esenciales.

    En términos concretos, el acuerdo abre la puerta a mecanismos que retrasan la entrada de medicamentos genéricos, aun cuando las patentes hayan vencido. Esto no implica prohibirlos de forma directa, pero sí postergar su llegada al mercado, lo que en la práctica significa precios más altos durante más tiempo.

    Genéricos bajo presión y monopolios extendidos

    Uno de los puntos más críticos es la posible incorporación de la exclusividad de datos de prueba, una herramienta habitual en los acuerdos impulsados por Estados Unidos. Este mecanismo impide que la autoridad sanitaria utilice los estudios clínicos originales para aprobar genéricos durante varios años, aunque la patente ya no esté vigente.

    El resultado es claro: un monopolio artificial, que no protege innovación sino rentabilidad. A esto se suma el riesgo de extensiones de patentes por demoras administrativas y el uso de patentes secundarias —cambios menores en un medicamento— para bloquear competidores locales.

    Para un país como Argentina, con una industria nacional de genéricos fuerte y con el medicamento como insumo central de la política sanitaria, el impacto puede ser profundo y regresivo.

    PAMI y obras sociales: la cuenta la paga el Estado

    El principal comprador de medicamentos del país es el PAMI. Cada peso adicional en precios se traduce en más gasto público o menos cobertura. Lo mismo ocurre con las obras sociales sindicales y provinciales, que ya operan con presupuestos ajustados.

    Si los genéricos tardan más en ingresar:

    • Sube el precio promedio de los tratamientos.
    • Se reduce la capacidad de negociación del Estado.
    • Se compromete la continuidad de programas de provisión gratuita.
    • Aumenta el riesgo de recortes o restricciones en prestaciones.

    En otras palabras, el acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica: golpea directamente al corazón del sistema de salud.

    El espejo regional: cuando el libre comercio encarece la salud

    La experiencia regional es un llamado de atención. En Chile, tras acuerdos con cláusulas TRIPS-plus, se verificaron demoras sistemáticas en la entrada de genéricos y aumentos sostenidos en los precios de medicamentos de uso crónico. En Perú, organizaciones sanitarias documentaron mayor gasto estatal en compras públicas y menor competencia. En Colombia, la presión de los laboratorios derivó en conflictos judiciales cada vez que el Estado intentó regular precios o usar licencias obligatorias.

    El patrón se repite: más protección para patentes, menos margen para políticas públicas de salud.

    Argentina, que históricamente defendió las flexibilidades en materia de propiedad intelectual para garantizar acceso, corre el riesgo de retroceder hacia un modelo donde la salud queda subordinada a compromisos comerciales.


    Conclusión

    El impacto del acuerdo sobre medicamentos no es una hipótesis alarmista: es una consecuencia previsible si se implementan los compromisos de propiedad intelectual sin resguardos.
    Más monopolios, menos genéricos, medicamentos más caros y un sistema de salud tensionado hasta el límite.

    El interrogante ya no es técnico, sino político: ¿quién va a pagar el costo de este acuerdo?
    Todo indica que, una vez más, la cuenta la terminarán pagando los jubilados, los trabajadores y el Estado argentino.

     

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