Como adelantó en exclusiva LPO, Toto Caputo está obsesionado con la privatización de las rutas nacionales y autopistas que están bajo control de la estatal Corredores Viales. Eso, al punto de amenazar con una purga en Transporte y Vialidad si no están licitados 9.000 kilómetros de ruta antes de julio.
En ese apuro, Caputo también incluyó la suba de los peajes. En una señal directa a las empresas que manejarán las autopistas y rutas nacionales por los próximos 20 años, se dispuso un aumento de casi 20% en la tarifa de peajes de los diez tramos concesionados por Corredores Viales, antes de ser entregados a manos privadas.
La suba rige a partir del jueves 26, un día antes de la apertura de sobres que hará Economía para tramos de la Etapa II de la Red de Concesiones, que incluyen sectores de las rutas 3, 205 y 226 y de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, unos 1.872 kilómetros, menos de la mitad de los 4.428 kilómetros previstos para la Etapa II.
Entre las empresas que mostraron interés, figuran Chediack, Roggio, Supercemento, Panedile, Rovella Carranza, Helport y Green, entre otras.
En lo relativo a los aumentos de peajes, la tarifa mínima para vehículos livianos en la Autopista Riccheri será de $1.300 y subirá a $ 1.500 en hora pico. Los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura pasarán a pagar $1.500, mientras que aquellos que superen esa altura o tengan rueda doble deberán pagar $3.000.
Como contó LPO, para los tramos de la Etapa II para los que se abrirán ofertas este jueves, el pliego modificado por el ministerio de Caputo contempla la duplicación de la cantidad de estaciones de peaje actualmente vigentes en estos tramos, pasando de 10 a 20 cabinas.
«Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II
En ese contexto, el ministro anunció en las últimas horas el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones que abarca 3.900 kilómetros y pretende adjudicarla para fines de mayo.
«Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II.
El Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, fue el encargado, esta mañana, de la entrega del premio. El ganador fue Franklyn Quezada Quintino, contribuyente N° 7748, quién recibió, junto a su mujer, el premio en las instalaciones de la Municipalidad. Felicitaciones Franklyn! #MunicipioDeVillaRegina #VillaRegina #Municipio #Impuesto #Tasas #OraziIntendente Difunde esta nota
Natural Park, concesionario del skate park de General Roca organizó este fin de semana (18-19/03) un torneo de skate para categorías iniciantes, principiantes y amateur. La convocatoria fue buenísima, tanto de competidores como de público. Tocaron bandas en vivo y la entrada fue a beneficio con la donación de útiles escolares. Federico Gonzalez, Facundo Roldán…
Las luces amarillas que vienen encendiéndose en distintas empresas ligadas al agro ahora alcanzaron a Metalfor, una de las fábricas de maquinaria agrícola más emblemáticas del interior productivo, que dejó un tendal de cheques rechazados por 120 millones.
El presidente de la empresa, Eduardo Borri, admitió que sufrieron episodios de «estrés financiero», pero en diálogo con LPO dijo que «el problema está resuelto». Lo curioso es que los problemas financieron coincidieron con el anuncio de un crédito por USD 50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).
Como sea, Borri atribuyó los cheques impagos a «una combinación de factores», entre los que mencionó el encarecimiento abrupto del crédito, el cierre del mercado de capitales y un efecto contagio provocado por la crisis de otras firmas del sector.
Borri es un entusiasta de la administración de Milei y suele retuitear a los ministros, incluso a Federico Sturzenegger, uno de los más enfáticos en afirmar que la industria argentina debe desaparecer, si no logra ser competitiva.
Metalfor no es una empresa menor. Con más de 50 años de trayectoria, especializada en pulverización y fertilización, construyó un modelo de negocios poco habitual en la industria: integra toda la cadena comercial, con locales propios en lugar de concesionarios, toma máquinas usadas como parte de pago, las reacondiciona y las vuelve a colocar en el mercado entre pequeños productores y contratistas.
La empresa tiene dos plantas en Marcos Juárez, una en Noetinger y una unidad industrial en Ponta Grossa, en el estado brasileño de Paraná. En total emplea a unas 1.100 personas, muchas de ellas en localidades de menos de 10 mil habitantes. «Nuestro impacto se multiplica por cuatro en los lugares donde estamos», subrayan en la compañía, conscientes del peso político y social que tiene cualquier ruido financiero en el interior profundo.
Borri es un entusiasta de la administración de Milei y suele retuitear a los ministros, incluso a Federico Sturzenegger, uno de los más enfáticos en afirmar que la industria argentina debe desaparecer, si no logra ser competitiva.
Según Borri, el punto de quiebre llegó a fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando varias empresas ligadas al agro empezaron a mostrar dificultades para refinanciarse. «Fue una especie de efecto puerta 12. Una estampida que nos terminó arrastrando», explicó. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, Metalfor canceló cerca de 20 millones de dólares en obligaciones negociables y recibió una capitalización adicional de 10 millones de dólares por parte de sus accionistas.
En paralelo, la empresa gestionaba un crédito clave con la Development Finance Corporation (DFC), el banco de desarrollo del Tesoro de Estados Unidos. El financiamiento, por unos 50 millones de dólares, terminó llegando más tarde de lo previsto, luego de completar su aprobación en el Senado norteamericano. «Fuimos la única empresa argentina aprobada en 2025», remarcan en Metalfor. Esos fondos se destinaron a cubrir el financiamiento que la firma tiene colocado en clientes y a ordenar su exposición en el mercado de capitales.
Una de las plantas de Metalfor.
El episodio de los cheques rechazados, que volvió a instalar el ruido en los últimos días, se dio en medio de un clima general de desconfianza y dificultades en la cadena de pago. La semana pasada, el presidente de Adeba advirtió públicamente sobre el fuerte aumento de cheques rechazados en el sistema, un dato que golpea de lleno a las empresas que dependen del financiamiento comercial para sostener ventas.
El punto de quiebre llegó a fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando varias empresas ligadas al agro empezaron a mostrar dificultades para refinanciarse. Fue una especie de efecto puerta 12. Una estampida que nos terminó arrastrando.
Además, en el complejo industrial apuntan contra el funcionamiento del pagaré bursátil, un instrumento que se expandió con fuerza en los últimos años. «Cuando emitís una obligación negociable sabés a quién le debés. Con el pagaré bursátil no, y hubo una exageración en el uso de ese producto», contó a LPO un empresario de Santa Fe.
El tema se complicó aún más luego de la sequía histórica de 2023 que agregaron malas calificaciones crediticias y el escenario se terminó de entorpecer con reacomodamiento posterior a la devaluación del cambio de gobierno.
El caso Metalfor vuelve a exponer una tensión de fondo que recorre al agro y a la industria: empresas con facturación relevante -en este caso, unos 125 millones de dólares anuales- que dependen cada vez más de un mercado de capitales chico, caro y volátil, y que quedan expuestas a cualquier sacudón sistémico. «Si se eliminan las retenciones, el gringo compra de todo», resumen en la firma, como síntesis brutal de un problema estructural que va mucho más allá de un cheque rechazado.
Martín Llaryora sumará al Gobierno provincial un pelotón de intendentes con la misión de relanzar la gestión y calmar las ansiedades del peronismo, que ve una amenaza cierta de perder la elección del año que viene tras el mal paso que dio el proyecto «cordobesista» con la derrota de Provincias Unidas.
La principal incorporación se dio este viernes, con la asunción como ministro de Desarrollo Social de Marcos Torres, intendente de Alta Gracia y hermano de Facundo, el jefe de bloque en la Legislatura. Así, Llaryora blinda con los hermanos Torres el departamento Santa María, un territorio que puede volverse clave en la disputa del año que viene. Torres reemplazó a la schairettista Laura Jure.
Se espera que en las próximas horas se incorpore como secretario en el Ministerio de Seguridad Agustín González, intendente de Cruz Alta y ahijado (de bautismo y político) de Daniel Passerini, el intendente de la ciudad de Córdoba. Passerini y el padre de Agustín forjaron en la Facultad de Medicina una amistad inquebrantable. La relación del intendente capitalino y el nuevo funcionario provincial trasciende la política.
En paralelo, Agustín González ocupa la vicepresidencia del Frente Renovador en Córdoba y desde ese lugar apuntaló la candidatura de Natalia de la Sota en octubre. Ahora, González deberá trabajar bajo las órdenes de Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad que cultiva un altísimo perfil.
Apuntalar una gestión en crisis con intendentes no es una fórmula nueva: lo hizo José Manuel de la Sota en 2013, cuando el acuartelamiento policial puso en jaque a su gobierno. En esa oportunidad, Llaryora, quien ocupaba la intendencia de San Francisco, fue designado ministro de Comercio e Industria. Dos años después, Juan Schiaretti lo llevó como vicegobernador.
La incorporación de suboficiales del PJ al gabinete no terminaría con Torres y González. Todos los convocados tienen dos características: están impedidos de ser reelectos y su sucesión está resuelta.
En este marco, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, suena para ocupar la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Cooperativas. A primera vista, parece un cargo administrativo. Sin embargo, esta cartera concentrará la ejecución de la obra pública en el interior cordobés, incluyendo tendido de la red de gas natural. A Cooperativas la comanda un ex intendente, Gustavo Brandan; y uno de los secretarios es Gabriel Frizza, ex intendente de Jesús María y ex dirigente del PRO.
También el intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, sería convocado en Cooperativas, confirmando que la ejecución de la obra pública a través de las cooperativas del interior se concentrará en esta cartera.
Al Ministerio de Gobierno, que lidera Manuel Calvo, llegarían Marcos Torres Cena (Laguna Larga) y Martín García (San Javier). De esa cartera saldría eyectado el ex legislador radical Orlando Arduh, quien podría ser remplazado por otro correligionario, aunque intendente y del esquema de la vicegobernadora Myrin Prunotto: Gustavo Benedetti, jefe comunal de Arroyito.
El Gobierno debe atajar una eventual fuga de intendentes radicales hacia La Libertad Avanza, donde la cornejista Soledad Carrizo tiene la misión de reclutar boinas blancas para Gabriel Bornoroni. Esa será una de las claves de la ingeniería electoral durante este año.
Ya rige en Villa Regina el decreto 40/20 que estipula la obligatoriedad del uso de barbijos (mascarillas higiénicas/tapa bocas) para quienes deban circular en la vía púbica y no puedan guardar el distanciamiento social mínimo, para quienes se desempeñen en lugares donde se manipulen alimentos y en galpones de empaque donde deberán proveerse por sus…
Hace un mes atrás tuvimos la visita en Villa Regina de Guilherme Coury quien junto a otros dos slackers (Pablo Signoret y Rafael Bidi) ostentan uno de los records mundiales en la disciplina Highline, luego de caminar sobre la cinta 200 metros de largo entre dos picos de los Alpes franceses a más de 3.000 metros de…
