El próximo lunes 10 de enero se dará inicio a las Colonias de Vacaciones que organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina en la Isla 58.
La primera semana (del 10 al 14 de enero) estará destinada a alrededor de 100 niños de los siguientes barrios:Don Bosco, Borgatti, Del Trabajo, Cívora, Matadero, Este, Provincial, Namuncurá, Belgrano y 201 viviendas. El horario de las actividades comenzará a las 13.15 y se extenderá hasta las 18.30 horas.
Se solicita que los Barrios Don Bosco, el Trabajo y Cívora se acerquen al Polideportivo Cumelen (Colón 107) para realizar la inscripción. En Borgatti y 201 Viviendas, las inscripciones se reciben el mismo barrio. En Matadero, en la Junta Vecinal. Y Provincial, Namuncurá y Belgrano, integrantes de la Dirección de Deporte harán las inscripciones de forma personal.
Asimismo, a partir de mañana, 4 de enero, se comienza con las inscripciones para la Colonia de Adultos Mayores y Colonia de Discapacidad en las instalaciones del Polideportivo Cumelen en el horario de 8 a 13 horas.
Para más información comunicarse al teléfono 2984651398 de 8 a 13 horas.
Abril trajo cierto alivio a los bancos, después de meses de tensión por el deterioro del crédito. Tras el salto de la mora registrado durante el verano, abril habría mostrado los primeros indicios de estabilización en los incumplimientos de familias y empresas. Pero el mercado advierte que la mora deja de crecer porque se redujeron los préstamos.
La discusión quedó expuesta durante el encuentro AIFI26, donde referentes del sistema financiero coincidieron en que marzo habría sido el pico de deterioro y que abril marcó un cambio de tendencia. El CEO de Banco Macro, Juan Parma, aseguró que la irregularidad comenzó a «normalizarse». En la misma línea habló Gustavo Manríquez, gerente General de Banco Supervielle.
El tenue giro aparece después de meses donde el crédito empezó a mostrar señales de fatiga. La combinación entre tasas elevadas, caída del consumo y pérdida de ingresos reales disparó el atraso en pagos, especialmente entre familias de ingresos medios y bajos.
Según datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), la irregularidad en el crédito a familias subió del 11,2 por ciento en febrero al 11,5 por ciento en marzo, un nuevo récord desde 2004, aunque se trató del incremento mensual más pequeño del último año.
En privado, sin embargo, dentro de las propias entidades relativizan el giro. Un especialista en riesgo de un banco explicó a LPO que la mejora no responde a una recuperación genuina del sistema sino al endurecimiento extremo de las políticas de otorgamiento. «El crédito no crece. Están endurecidas las políticas y hay muchas refinanciaciones. No crece la mora porque no se está colocando», resumió.
La definición pega directo sobre el corazón del relato financiero del Gobierno. Porque el supuesto «ordenamiento» del crédito aparece acompañado por una fuerte desaceleración de nuevos préstamos. Los bancos comenzaron a seleccionar mucho más a quién prestan, redujeron montos y endurecieron scoring para evitar un deterioro mayor de las carteras.
El crédito no crece. Están endurecidas las políticas y hay muchas refinanciaciones. No crece la mora porque no se está colocando.
En ese contexto, varias entidades empezaron a desplegar herramientas de inteligencia artificial para detectar potenciales incumplimientos antes de que ocurran. El gerente General de Banco Hipotecario, Manuel Herrera, explicó que el banco trabaja con sistemas predictivos que permiten anticipar comportamientos futuros de los clientes.
«Anteriormente trabajábamos evaluando patrones previos para prevenir la irregularidad. Pero ahora los agentes permiten anticiparnos a conductas futuras del cliente, como su voluntad de pago o comportamientos de financiamiento», explicó Herrera.
El deterioro fue mucho más fuerte en el ecosistema fintech. Según el Informe de Crédito Fintech elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Cámara Argentina Fintech, la morosidad total trepó al 30,5 por ciento en febrero de 2026.
El informe, sin embargo, detectó algunas señales de estabilización. La llamada «mora operativa», que excluye los incobrables de más de un año, se ubicó en 22,7 por ciento y mostró una desaceleración respecto del cierre de 2025. En diciembre se ubicaba en 21,1 por ciento y en enero había subido a 22,2.
También comenzó a estabilizarse el denominado «roll rate», el indicador que mide cuántos créditos pasan de situación normal a atraso de entre 30 y 90 días. Ese ratio funcionó como una alarma temprana durante toda la crisis crediticia: en octubre de 2025 había llegado a 3,5 por ciento y en febrero bajó a 3,2.
Para Diego Demarco, director de la Maestría en Fintech del ITBA, el fenómeno todavía está lejos de consolidarse. «Los roll rates de mora temprana evidencian signos de estabilización desde octubre-noviembre de 2025, un comportamiento incipiente que requerirá seguimiento para convalidar un cambio de tendencia», sostuvo.
El ex juez federal Marcelo Bailaque tuvo el peor inicio en la audiencia donde se determina si va a juicio por connivencia con el narcotráfico. Al arrancar la sesión, una información inesperada sacudió a los que escuchaban. Y es que Gabriel Mizzau, que era contador en empresas del traficante Esteban Alvarado y a la vez asesor contable del propio magistrado bajo sospecha, aceptó una condena en este mismo trámite. Y algo más: convertirse en imputado colaborador en el caso que tiene a Bailaque como acusado de este y otros delitos.
La novedad produjo conmoción dentro y fuera de la sala de la Cámara Federal de Rosario donde el vocal Aníbal Pineda presidía el acto. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, reveló que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno donde se reconoce la culpabilidad y con pena definida y a homologar más adalenta, además de un convenio de colaboración como imputado, en el marco del artículo 41 ter, que admite el aporte de información a cambio de una moderación en la condena a aplicar. Ese acuerdo fue admitido por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz
Bailaque está en prisión domiciliaria y no se presentó personalmente a la audiencia. Está imputado en tres causas distintas. La que más interesó este miércoles, que formalizó el fiscal federal Matías Scilabra, es haber generado una omisión inaceptable al rechazar tres medidas pedidas en 2013 contra Esteban Alvarado, que recién sería condenado por narcotráfico en 2022. Lo que se remarca en esa causa es que el juez tenía como contador a Mizzau, un amigo que había sido su compañero de colegio, quien era a la vez contador en al menos dos empresas del grupo de Alvarado.
El reproche a Bailaque es haber negado medidas cruciales, hacia 2013, contra actores del grupo delictivo de Alvarado, en una causa que resultó paralizada en el juzgado federal que controlaba. Parte de los datos que se acumularon en ese expediente, que no avanzó, sirvieron en la Justicia provincial de Santa Fe para condenar a Alvarado y miembros de su organización a penas de prisión siete años después.
Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei. Sus revelaciones sobre causas que conciernen a ellos y a Bailaque comprometen al ex juez federal de Rosario, al que le fue aceptada su renuncia el año pasado.
«Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos, la calificación jurídica y se postergó el dictado de la pena. Entendemos que la audiencia de control de acusación a Mizzau ha devenido abstracta», dijo el fiscal Iglesias. Lo hizo porque ahora, tras la admisión de su conducta, lo único que resta para Mizzau es que le fijen el monto de la condena.
Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei
El contador público Mizzau era quien firmaba los estados contables de Logística Santino, empresa de Alvarado. Según fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) también fue él quien gestionó el pedido de habilitación municipal para el instituto geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, una empresa integrada por Viviana Alvarado y Daniel Martín. Según los fiscales provinciales, y para los jueces que condenaron, este geriátrico era una firma de Esteban Alvarado, quien figuraba como empleado para simular ingresos legales.
El hijo de este contador que certificó balances o gestionó permisos comerciales para el grupo de Alvarado se llama Sebastián Mizzau y es empleado de la Justicia Federal de Rosario. Mizzau hijo entró en 2017 como empleado del juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque sin rendir concurso, como una buena cantidad de empleados, en base a la relación de amistad que su padre mantiene con el magistrado federal. Trabajó en ese juzgado hasta 2024, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.
Fernando Whpei
Mizzau era también, como lo reconoció el mismo juez, quien llevaba las cuentas personales de Bailaque, quien dijo jamás haber sabido de la relación de su contador y amigo con el grupo de Alvarado. La intervención de Mizzau como asistente profesional de Alvarado aparecía en anexos que estaban en la causa que el mismo Bailaque llevaba contra el narcotraficante que está condenado a perpetua por comercio de droga y como ideólogo de homicidio.
Además de este caso Bailaque está acusado en otros dos legajos. Otra imputación es haber participado junto al entonces director de la AFIP Vaudagna y el financista Whpei del armado de una causa, a partir de un anónimo genérico, contra dos empresarios bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de pedirles dinero para cesar la persecución. Esta acusación la generaron los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac).
El tercer hecho es haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, bajo la esfera del grupo financiero Unión que controlaban dos empresarios, los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos. El juez Bailaque resolvió transferir ese monto multimillonario a la mutual, contra lo usual que es que entidades oficiales cautelen fondos judiciales bajo litigio. El argumento que les dio Fernando Whpei a miembros de la cooperativa enfrentados a su conducción fue, según estos, que Bailaque era su amigo y que el dinero manejado en la mutual reportaría mejor interés. Esta imputación es del fiscal federal Federico Reynares Solari.
El gobierno de Milei aceptó la renuncia de Bailaque en julio del año pasado cuando el Consejo de la Magistratura, tras una demora de dos años, estaba a punto de girar su caso al plenario, lo que podía llevarlo a un juicio político con destitución.
Los fiscales que investigan una trama de corrupción que incluye actores institucionales pidieron diez años de prisión
para Bailaque por acciones que le atribuyen y que implican extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de dinero. También solicitaron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el de las dádivas.
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En la tarde de este sábado quedó habilitado el ‘Stand de las artes reginenses Benedicta Cipolletti en el predio del Consorcio de Riego. El Intendente Marcelo Orazi acompañó la inauguración junto a la Directora de Cultura Silvia Alvarado y la museóloga Magalí Catriquir. Este espacio, coordinado por el Museo Felipe Bonoli, continuará el domingo y…
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