El próximo lunes 10 de enero se dará inicio a las Colonias de Vacaciones que organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina en la Isla 58.
La primera semana (del 10 al 14 de enero) estará destinada a alrededor de 100 niños de los siguientes barrios:Don Bosco, Borgatti, Del Trabajo, Cívora, Matadero, Este, Provincial, Namuncurá, Belgrano y 201 viviendas. El horario de las actividades comenzará a las 13.15 y se extenderá hasta las 18.30 horas.
Se solicita que los Barrios Don Bosco, el Trabajo y Cívora se acerquen al Polideportivo Cumelen (Colón 107) para realizar la inscripción. En Borgatti y 201 Viviendas, las inscripciones se reciben el mismo barrio. En Matadero, en la Junta Vecinal. Y Provincial, Namuncurá y Belgrano, integrantes de la Dirección de Deporte harán las inscripciones de forma personal.
Asimismo, a partir de mañana, 4 de enero, se comienza con las inscripciones para la Colonia de Adultos Mayores y Colonia de Discapacidad en las instalaciones del Polideportivo Cumelen en el horario de 8 a 13 horas.
Para más información comunicarse al teléfono 2984651398 de 8 a 13 horas.
Este fin de semana, entre el sábado 2 y domingo 3 de noviembre, la Liga Municipal de Fútbol Salón en Villa Regina, llevó a cabo la 9º fecha del Torneo Clausura 2019 en el Polideportivo Cumelen, ubicado en Colón 107 de nuestra localidad. Organizado por la Dirección de Deportes, los 20 equipos que conforman el…
«El caso Dalmasso es el ‘Nisman del cordobesismo’. Cada vez que hay quilombo se reactiva el tema». La frase pertenece a una persona que conoce detalles de lo sucedido por la causa del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, en noviembre del 2006. Y sintetiza el tembladeral judicial y político que comenzó este martes en la Legislatura provincial con el jury a los tres primeros fiscales que intervinieron en el caso: Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles.
Los tres están acusados por mal desempeño y negligencia grave. Acusaciones por las que son juzgados frente a un tribunal policromático que incluye llaryorismo, schiarettismo, radicalismo y juecismo; y que tiene como acusadora a la Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Bettina Croppi. Situación que en el arranque de la jornada motivó el pedido de nulidad del proceso por parte del abogado de Miralles que insistió con que, quien debía estar sentado en ese rol para acusar era el flamante Fiscal General, Carlos Lezcano.
Funcionario que asumió hace casi dos semanas con un fuerte aval del llaryorismo y para suceder al schiarettista Juan Manuel Delgado con quien, la nueva generación del cordobesismo nunca tuvo buena relación.
En tanto, la compensación que tiene el jury que se inició este martes en la Unicameral cordobesa cuenta con varios ingredientes. Es presidido por Julieta Rinaldi, legisladora del peronismo que responde de manera directa al exgobernador Juan Schiaretti; pero también lo integran el jefe de bloque del oficialismo, Facundo Torres, hombre de Alta Gracia de buen vínculo con el exmandatario, pero que reconstruyó su relación con Llaryora. Al punto que el actual mandatario lo dejó al frente del PJ provincial.
Javier Di Santo, uno de los fiscales acusados.
Y están el legislador radical que responde a De Loredo, Miguel Nicolás; y el juecista Walter Gispert. En tanto, por el Poder Judicial, la silla la ocupa la vocal del Tribunal Superior (TSJ), Aída Tarditti, de muy buena relación con la senadora Alejandra Vigo y de frío vínculo con Llaryora.
Este esquema es el que definirá el futuro de los tres primeros fiscales que tuvo el crimen más resonante del siglo en Córdoba y por el que la política se preocupó. Y mucho.
Al punto que un memorioso hoy recordó en 2007, después del perejilazo cuando se acusó y detuvo al pintor Gastón Zárate -al que luego se liberó por la marcha en Río Cuarto- cómo reaccionó la política y la tensión que se produjo entre De la Sota y Néstor Kirchner. Con una escala del por entonces presidente en Río Cuarto que incluyó acto y algunas palabras alusivas al caso.
De los tres fiscales, el futuro más complejo lo tiene Di Santo. Que hoy, al momento de declarar se quebró y dijo no ser prejuicioso. «Es de total falsedad sostener que no se investigó a Barzola», señaló, además, sobre quien se apuntó, recién hace poco más de un año como el autor material, aunque luego fue absuelto.
Di Santo cruzó fuerte a Croppi, la Adjunta que tiene el rol acusatorio y está ligada a Vigo, aunque el desembarco en el MPF lo motorizó Llaryora.
Por su parte, Miralles también se defendió y Pizarro, que tomó la causa en el 2017, reparó en la cantidad de fiscalías que tenía a su cargo cuando tomó la investigación.
No obstante, en la convivencia que existe entre los pasillos de la Justicia y los despachos de la política en Córdoba saben que los dos funcionarios judiciales con mayor peso que tiene Llaryora son la vocal del TSJ, Jéssica Valentini, y el jefe de los fiscales, Lezcano. Si el jury a los fiscales del caso Dalmasso termina con destitución será un correctivo contundente al resto del ministerio público fiscal.
El Municipio, invita a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestra localidad y alrededores a presenciar el Torneo de Karate “Aniversario Villa Regina”. Organizado por la Escuela Municipal de Karate, a cargo de los profesores Marcos Castro y Paola Jerez, y fiscalizado por la Federación Patagónica de Karate Río Negro, el encuentro deportivo se…
El artículo detalla cómo la organización Red Atlas, influenciada por el ideario de Ayn Rand y financiada por magnates como los Koch y Adelson, ha fomentado el ultraliberalismo en Latinoamérica. A travès de think tanks y apoyo de EE. UU., propaga valores neoliberales y desregulación, influyendo en políticas y gobiernos, como el de Mauricio Macri en Argentina. La Red, criticada por promover un capitalismo sin democracia, ha sido clave en el giro político de la región, rechazando regulaciones estatales y promoviendo un mercado sin restricciones.
Este viernes 27 a partir de las 22 horas, Madisson Resto Bar será el escenario de una nueva edición de GastroArte de la mano de Luis Carrasco y Ema Calfin. El menú será pollo relleno con duxelle de vegetales ahumados, puré a la antigua y chips de manzana, brownie con helado y mix de fruta…
En la trastienda del fallo de Casación que confirmó todas las investigaciones contra el escribano Santiago Busaniche, un lobbysta del máximo nivel de la Justicia Federal, hubo movimientos eléctricos. Desde adentro del tribunal que falló en este caso de corrupción institucional contaron a LPO que el celular de Coco Mahiques, el camarista que tenía que resolver un caso que venía empatado, se descargaron presiones de todo tipo para que desnivelara a favor del implicado.
El fallo contra Busaniche tocó resortes muy delicados de la justicia y horas antes de la votación hasta circuló sin firma una presunta carta del lobbysta con duras acusaciones al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
En Santa Fe, donde se tramita la causa contra Busaniche se comenta que el lobbysta tenía cercanía con el juez Ricardo Lorenzetti, adversario en el máximo tribunal de Rosatti.
Como sea, dos funcionarios del Tribunal de Casación comentaron a LPO que el camarista Mariano Borinsky había decidido votar en favor de Busaniche argumentando que la acción penal estaba extinguida y esto dejaba a Mahiques en situación de desempatar, porque su colega Guillermo Yacobucci se inclinaba por votar contra el lobbysta.
Mahiques finalmente decidió apoyar la posición contra el lobbysta, lo que permitió ratificar la validez de la investigación y rechazar el pedido de recusación de todos los fiscales hecho por la defensa de Busaniche.
El contexto del dictamen fue una caldera, alimentada por la interna frenética que este tema desata en la Corte Suprema, al punto que de acuerdo a los informantes la notificación de la resolución se demoró un día. Al mismo tiempo Busaniche habría distribuid una carta donde anunciaba su intención de quitarse la vida porque, según dice, van a condenarlo de manera inconstitucional. En un texto de siete páginas donde demuestra un conocimiento muy fino de magistrados a los que nombra y de pormenores del mundo judicial.
El fallo contra Busaniche tocó resortes muy delicados de la justicia y horas antes de la votación hasta circuló sin firma una presunta carta del lobbysta con duras acusaciones al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Busaniche tiene un pedido fiscal de seis años de prisión por estar involucrado en una causa de extorsión y en una de sobornos que implican la primera al ex juez federal Marcelo Bailaque y al actual juez federal Gastón Salmain, ambos de los tribunales federales de Rosario. Bailaque tiene prisión domiciliaria y renunció durante el trámite de esta causa. Salmain está procesado por la causa de cohecho y aunque le dictaron la prisión preventiva tiene inmunidad por sus fueros.
El tema es incómodo para Lorenzetti por su conexión con personas ligadas a una de las dos causas ratificadas contra Busaniche. Es en relación a la inserción en el caso de extorsión de Héctor Daniel Marchi, el poderoso ex administrador general de la Corte Suprema, quien fue impulsado a ese cargo por el ministro del máximo tribunal, que además lo defendió en soledad cuando lo destituyeron en 2023.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Oriundo de Rafaela, Marchi fue señalado como el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario por el testimonio de un arrepentido en esa causa, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna, partícipe el mismo de esa trama de chantaje. Los abogados de Busaniche pidieron que los fiscales llamen a declarar a Marchi y omitan tomarle juramento por si no resultara un mero testigo del caso, ya que si surgieran sospechas no está obligado a decir la verdad.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando Vaudagna admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
Lorenzetti afirma no tener nada que ver con Marchi y tampoco con Busaniche. Pero un trámite casi de rutina para un tribunal de alzada como es la definición de un pedido de nulidad, tuvo un seguimiento y resonancia desmedidos. ¿Qué lo explica? Que lo que se juega en las causas de Busaniche son posiciones de poder real en el más alto escalón. Ya que la actividad de este escribano está en un nudo que conecta a servicios de inteligencia, a jueces de alta jerarquía y a funcionarios del aparato estatal.
Busaniche conoce, tuvo tratos o intercambió favores con más de la mitad de los jueces federales de Comodoro Py. Construyó su influencia pese a ser externo a la Justicia Federal a partir de intercambios con magistrados de todo nivel y hasta habría incidido, según fuentes judiciales, en designaciones de funcionarios que no se definen por concurso.
Lo que se juega en las causas de Busaniche son posiciones de poder real en el más alto escalón. Ya que la actividad de este escribano está en un nudo que conecta a servicios de inteligencia, a jueces de alta jerarquía y a funcionarios del aparato estatal.
Los abogados de Busaniche habían acudido a Casación para pedir la nulidad de las investigaciones que tienen doble decisión judicial que confirma las imputaciones y para recusar a los fiscales. Decían además que habían recibido tardíamente una notificación que el tribunal rechazó porque la defensa no negó haberla recibido, por lo que el trámite cumplió su fin.
Tanto Mahiques como Yacobucci rechazaron la idea de que la investigación está extinguida por el vencimiento de plazos. Argumentaron que en casos de corrupción existe un imperativo internacional al que Argentina adhiere de avanzar en el juzgamiento. Yacobucci incluso citó como jurisprudencia el voto de Lorenzetti en un caso como precedente, la causa Price, donde sostuvo que «la fijación de un plazo de caducidad tan breve es irrazonable porque sus consecuencias llevarán a la impunidad, contraria a los principios y valores de la Constitución Nacional y tratados internacionales». Para los entendidos fue un mensaje encriptado.
En el centro, el juez Guillermo Yacobucci.
Desde el lado de la fiscalía ironizaban. «Es increíble el planteo de plazos vencidos. Hotesur es de 2008 y está avanzando. Y esta investigación contra Busaniche, Bailaque y los demás es de 2024».
Para Borinsky, el voto disidente, se vulneró la garantía del plazo razonable en el caso de Busaniche para formalizar la investigación y por tanto debe considerarse extinguida. Borinsky propuso hacer lugar a las impugnaciones de la defensa y anular las decisiones de las instancias anteriores que convalidaron el proceso contra el lobbysta. Por otro lado, Borinsky sí rechazó la recusación de los fiscales que pedían los defensores de Busaniche.
En agosto pasado se dio una situación llamativa en Casación también en el trámite de esta extorsión que ahora implica a Busaniche. Fue cuando de manera sorpresiva se abrió un recurso en favor de un implicado en un rol secundario, en coincidencia con la llegada de Borinsky a integrar la sala que trató el caso. El implicado era el abogado de Rafaela Guillermo Zenklusen.
El abogado de Zenklusen fue Juan Ignacio Pascual, ex secretario de Borinsky cuando era fiscal y redactor junto con él de artículos jurídicos en diversos medios. La defensa la ejerció María Masanti que es del estudio de Pascual. Borinsky había sido designado el 1º de junio del año pasado en esa sala y Pascual diez días después. Borinsky votó abrir el planteo de Zenklusen junto con Mahiques. Pero hay que decir que cuando se trató el caso, Borinsky y el resto de sus colegas votaron por unanimidad contra la pretensión de Zenklusen.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
