Caputo recortó zona fría pero mantuvo el cargo que pagan todos los usuarios
El Senado convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de subsidios a Zonas Frías con 38 votos a favor y ocho en contra. El cambio desarma buena parte de la ampliación territorial aprobada en 2021 y devuelve el beneficio automático a su núcleo original: la Patagonia, la Puna y Malargüe.
El Gobierno calcula que alrededor de 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio. Pero el recorte tiene una particularidad. La nueva ley mantiene el recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que se aplica sobre el gas consumido o comercializado por redes y ductos en todo el país. Es decir, una familia que perdió la Zona Fría puede seguir aportando al mecanismo que la financiaba.
El cargo tiene más de dos décadas. Fue creado por la Ley 25.565 en 2002 para alimentar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Su destino original era financiar tarifas diferenciales para la Patagonia, la Puna y Malargüe, además de compensaciones vinculadas al gas licuado de petróleo. La ampliación de 2021 extendió luego el universo de beneficiarios.
El mecanismo es simple. El recargo se calcula sobre el precio del gas en el PIST y alcanza a todos los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes o ductos, cualquiera sea su utilización final. No lo pagan solamente quienes reciben el subsidio. Lo alimenta el conjunto del sistema. Incluso el decreto 266 de este año facultó al Ministerio de Economía a subir o bajar el nivel del recargo hasta un 50% respecto de su valor.
La poda territorial es considerable. Quedan afuera del beneficio generalizado localidades incorporadas en 2021 de once provincias. En Buenos Aires el golpe alcanza a más de 90 municipios, entre ellos Mar del Plata y Bahía Blanca. También afecta localidades de Córdoba y Santa Fe y zonas de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán.
La Secretaría de Energía calculó durante el debate parlamentario un ahorro fiscal cercano a 400 millones de dólares anuales. Ahí aparece el agujero en la explicación. El Estado achica una de las principales obligaciones financiadas por el fondo, pero conserva el mecanismo que recauda los recursos.
El dato del Presupuesto profundiza el interrogante. El proyecto para 2027 contempla $1.014.893 millones, algo más de un billón de pesos, en transferencias corrientes del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. El objetivo declarado sigue siendo financiar compensaciones tarifarias sobre consumos domiciliarios de gas natural y gas licuado de petróleo.
La combinación de menos beneficiarios, continuidad del cargo y más de un billón de pesos presupuestados obliga a mirar con lupa cómo se reordenarán esos recursos. La propia discusión parlamentaria dejó una pista. Durante el debate se planteó que el ahorro generado por la reforma serviría para atender obligaciones pendientes y que luego podría reducirse paulatinamente el recargo que pagan los usuarios. Algunas versiones mencionaron llevarlo hacia el 5,85%. Por ahora, sin embargo, la ley conserva el cargo del 7,5%.
La discusión excede además a la Zona Fría. Durante años las tarifas de energía y los combustibles acumularon cargos específicos destinados a fondos creados para objetivos determinados. El Gobierno hizo de la eliminación de los fideicomisos una bandera, pero en la mayoría de los casos eliminó la estructura sin eliminar la fuente de recursos.
Es lo que ocurrió con el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Milei lo disolvió en marzo de 2025 después de una auditoría de la SIGEN. Sin embargo, la normativa posterior mantuvo el recargo que alimentaba el sistema y trasladó a la Secretaría de Energía la política de financiamiento de las ampliaciones del transporte eléctrico. El fondo desapareció; el dinero encontró otra ventanilla.
También siguen operando mecanismos de enorme magnitud vinculados al transporte y a la infraestructura hídrica. Para 2026, el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte tenía previstos gastos por $2,846 billones y $2,321 billones de ingresos impositivos. El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica proyectaba ingresos por $345.229 millones y transferencias de capital por $260.199 millones destinadas a provincias y municipios.
El caso de Zona Fría vuelve entonces sobre una vieja discusión de los fondos específicos: cuando el Estado cobra un cargo con un destino determinado, el recorrido de ese dinero importa tanto como su recaudación. Más todavía cuando la política que justificaba el cobro cambia de tamaño.
El Gobierno consiguió una reducción importante del gasto al sacar usuarios del régimen y presentó la reforma como una focalización de los subsidios. Pero dejó encendida la máquina que recauda para financiarlos. Ahora falta la segunda mitad de la explicación: cuánto dinero ingresará efectivamente por ese recargo, cuánto irá a los usuarios que conservaron el beneficio, cuánto cubrirá otras compensaciones y cuándo, si el ahorro prometido se concreta, bajará el cargo que sigue pagando todo el país.
