A pesar del abrumador rechazo del Senado, el gobierno de Javier Milei recrudece su avanzada sobre el Poder Judicial y le ordena a Manuel García Mansilla que no se desatornille de su asiento en la Corte Suprema.
El movimiento impulsado por Santiago Caputo busca desconocer la inconstitucionalidad de la permanencia del abogado, aferrándose al decreto de Javier Milei que lo ubica en uno de los sillones del Máximo Tribunal hasta noviembre.
A la par, le sugieren que no escuche los crecientes pedidos de renuncia, que van desde abogados constitucionalistas hasta ex miembros de la Corte, como Juan Carlos Maqueda.
Según pudo saber LPO, García Mansilla está evaluando seriamente dar un paso al costado, devastado por el golpe que representaron los 51 votos en rechazo a su pliego en el Senado y en medio de opiniones de pares que le indican que lo más sensato es renunciar para evitar que siga erosionándose su prestigio como letrado.
Pero en el Gobierno van a fondo con una jugada que lo expone aún más al abogado. “La Corte ya le tomó juramento así que no veo la posibilidad que nadie plantee la inconstitucionalidad porque él fue designado por decreto hasta el 30 de noviembre”, dijo el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
En el microclima judicial ya definen como “burda” la maniobra del Ejecutivo, desconociendo el aplastante rechazo del Senado y forzando a un juez de la Suprema Corte a seguir en su cargo, a pesar de las sugerencias de pares que le indican lo contrario y de advertencias como las del peronismo que –como contó LPO– evalúa iniciarle un juicio político si no renuncia.
En paralelo, el ex juez del Máximo Tribunal, Juan Carlos Maqueda, dijo a Clarín: “García Mansilla debe renunciar” y consideró que la designación en comisión de un juez de la Corte por parte de Javier Milei fue “una provocación”.
García Mansilla había dicho que presentaría una carta al resto de los jueces de la Corte para que le indiquen qué debería hacer, pero aún no la presentó.
Por lo pronto, Ricardo Lorenzetti dejó en las últimas horas un evidente indicio de lo que debería hacer García Mansilla: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo el juez de la Corte a Radio Con Vos.
En ese contexto, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla le ordenó a Manuel García Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras mantenga su cargo como juez en comisión designado por el Poder Ejecutivo.
Los magistrados que evalúan el desempeño de los ejecutivos de Vicentín consideraron que hay apariencia de responsabilidad en las maniobras que les atribuyen. Las maniobras consisten en haber drenado fondos de la compañía en beneficio propio, ya en la etapa posterior al concurso de acreedores.
Los jueces también dieron por probado en esta etapa que los cuatro ejecutivos que llegaron presos a la audiencia son jefes de una asociación ilícita, que mantenían el control operativo de la agroexportadora y sus empresas vinculadas y que escamotearon los activos de la firma en detrimento de sus miles de acreedores.
“Los imputados ejercen el control de facto de la empresa”, dijo este sábado el juez Nicolás Foppiani, que atribuyó a Roberto Gazze, Omar Scarel, Daniel Buyatti y Alberto Macua de haber mantenido una “conducción en las sombras” de la compañía liderando un grupo conformado por diecinueve personas imputadas. Foppiani sostuvo que los cuatro, los directivos más encumbrados, habían desviado fondos por 890 millones de pesos en casi cinco años de manera ilícita. Por eso el tribunal que integra con otros dos magistrados aceptó el pedido de la fiscalía y les dictó a los ejecutivos prisión preventiva por cuatro meses. Estarán en una cárcel hasta el 29 de julio venidero cuando debe establecerse en una nueva audiencia el inicio del juicio.
Se trata de una medida poco habitual y de gran significación dado la posición de los ejecutivos que irán presos en forma preliminar, conductores de la mayor empresa agroexportadora de la Argentina. Junto a sus colegas de tribunal Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy, el juez Foppiani sostuvo que varias cuestiones se cumplían para imponerles prisión a los directivos.
Una es la pena en expectativa ya que para todos hay un pedido de no menos de 14 años de cárcel lo que implica prisión efectiva en caso de condena. También se consideró que existe riesgo procesal que permite presumir fuga según la ley. Asimismo los jueces analizaron que existe posibilidad de entorpecimiento probatorio si los empresarios imputados quedaran en libertad.
“Es riesgo procesal que los directivos hayan ordenado pagos para cubrir gastos personales ajenos a los intereses propietarios. También que lo hayan hecho para escamotear el verdadero estado de cosas de la empresa con la finalidad de influir negativamente en resarcir a las víctimas y dificultar que investigara la fiscalía”, sostuvo Foppiani.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja habían planteado este jueves que este agrupamiento criminal, como llamaron a sus 15 integrantes, persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019 cuando se declaró el default de Vicentin y fines de 2024, con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos.
Las sociedades afectadas en su patrimonio o que fueron utilizadas con esta maniobra ilegal son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa según los fiscales fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.
Los jueces remarcaron que para esta etapa del proceso en que no se requiere certeza los fiscales habían fundado adecuadamente en evidencia sus acusaciones. Habían señalado que los empresarios desviaron fondos de Vicentin para pagar sus abogados particulares. Mostraron incluso que crearon una sociedad para enajenar una avioneta Cessna de Vicentin a fin de no perderla.
“El ejemplo paradigmático de cómo intentaron escamotear el activo de la empresa es lo que hicieron con el avión”, dijo el juez Foppiani. Se mencionó que el valor relativo de tres millones de dólares de este holding era ínfimo. “Pero ese valor para un pequeño productor que resultó perjudicado por Vicentin lejos está de ser ínfimo. Como lejos están de ser ínfimos los autopagos que se hicieron las personas imputadas”, sostuvo el magistrado. “Estas operatorias tendientes a escamotear el destino de los bienes sobre el daño a resarcir es indicador de riesgo procesal”, estableció.
Foppiani sostuvo que la pena en expectativa es proporcional con el pedido que hicieron los fiscales de prisión preventiva. Habló de gravedad de los hechos atribuidos, de su pluralidad y de la sofisticación de las maniobras “con lo que no puede descartarse una pena de cumplimiento efectivo si son condenados”. Los fiscales pidieron en su momento para Macua 16 años de prisión, para Scarel 14, para Buyatti 16 y para Gazze 17.
El juez Foppiani no ahorró dureza en sus consideraciones pese a lo provisorio de esta etapa procesal. Habló de que “el principio de la realidad económica” de lo ocurrido es más importante que “el ropaje jurídico que se utilice para esconder u ocultar el movimiento de bienes”. Indicó que “esta asociación criminal a pesar de haber sido desplazada formalmente de la empresa Vicentin continuó ejerciendo el control de facto sobre el grupo económico”.
“Esto se evidencia según la fiscalía en el uso de empresas satélites, la confusión patrimonial entre empresas, el manejo de cuentas bancarias y la utilización de la estructura administrativa y recursos de Vicentin SAIC para beneficio propio”, planteó el magistrado.
La empresa declaró su default en 2019 y mantiene una deuda concursal de 1.340 millones de dólares, lo que se considera la mayor cesación de pagos de la historia argentina. Tiene miles de damnificados, la mayoría pequeños productores que cedieron sus granos y no cobraron.
Los descargos
Las audiencias que terminan este sábado con las prisiones preventivas duraron tres jornadas. Este sábado a la mañana el director de Vicentin Estanislao Bougain, ejecutivo de la empresa con funciones en la etapa posdefault, trazó una firme diferencia entre las compañías según su funcionamiento antes y después del concurso, remarcando que más allá de llevar el mismo nombre y compartir algunos directivos se trata de sociedades diferentes. Declaró ante los jueces que pese a eso la compañía agroexportadora en la actualidad requiere de manera decisiva a Daniel Buyatti, Omar Scarel y Alberto Macua para poder operar de manera regular. Son tres de los cuatro directivos, junto con Roberto Gazze, que fueron detenidos hace una semana.
“Ellos están en la primera línea de funcionamiento en el área industrial, comercial y de finanzas”, dijo Bougain, a fin de establecer la incidencia decisiva que tienen para la empresa estos directivos, a quienes los fiscales acusan de haber seguido detrayendo fondos de la empresa para propósitos personales aún en la etapa posconcursal.
Bougain rechazó la imputación de que se pagaron honorarios y fianzas con el flujo de la cerealera. Aseguró respecto de las cauciones que los directivos imputados reintegraron esos fondos a la empresa. Los fiscales Narvaja y Moreno habían señalado que los montos para depositar fianzas habían sido un ejemplo de desvío patrimonial de Vicentin a sus ejecutivos para compromisos personales.
“No cometí delito alguno”, dijo uno de los directivos que está preso hace una semana, Alberto Macua. Remarcó como había dicho Bougain que los fondos recibidos para pagar cauciones en 2021 los ejecutivos los habían devuelto a Vicentin. Sostuvo por último que no hubo venta ni enajenación de una aeronave Cessna como habían indicado los fiscales.
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