El gobierno aprobó Inocencia Fiscal II y Biocombustibles con el apoyo de los gobernadores del norte
El Senado le dio media sanción al proyecto de Biocombustibles por 41 votos a favor y 25 en contra, después de intensas negociaciones para que el gobierno acepte morigerar el impacto del ingreso de las multinacionales al mercado local del biodiésel. El reclamo de las pymes trababa el voto de los senadores radicales de Santa Fe y La Pampa, arrastrando al bloque de la UCR en pleno al rechazo, y despertaba resistencia hasta en los puntanos libertarios Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta.
Sin embargo, solo terminaron rechazando la propuesta los integrantes del interbloque peronista, el radical Maximiliano Abad y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Los libertarios, el PRO, los ocho senadores restantes de la UCR y los bloques provinciales se inclinaron por la positiva. El pampeano Daniel Kroneberger estuvo ausente, al igual que el cornejista Rodolfo Suárez y el peronista santafecino Marcelo Lewandowski.
La nueva ley elevaría los porcentajes de corte obligatorio de los combustibles del 12% al 15% en el caso del bioetanol y del 7% al 10% en biodiésel. Contra la terquedad del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, logró colar modificaciones que garantizan un punto porcentual más de la cuota de mercado para las empresas locales de menor porte, ofrece beneficios para las firmas no integradas y compensaciones para las que están alejadas del puerto de Rosario.
Pero el desorden parlamentario del oficialismo derivó en que se llegara a la votación con un despacho cuyos detalles desconocía la mayoría del cuerpo. Bullrich, incluso, dijo en su discurso de cierre que «el dictamen no tiene nombre» y trató de desmontar las objeciones de José Mayans sobre la falta de seguridad jurídica que generaba esta ley por cortar las condiciones establecidas por la norma que debía estar vigente hasta 2030. El formoseño forzó una moción para anteponer un cuarto intermedio que permitiera acordar mejoras para las pymes pero los legisladores del gobierno se negaron y el peronismo perdió la pulseada.
La discusión se preveía escabrosa desde el inicio. De hecho, LPO informó que la incorporación de la iniciativa al temario fue obra de la presión de la salteña Flavia Royón y la jujeña Carolina Moisés, quienes amenazaron con retacear el quórum si no se incluía el proyecto en la sesión de este jueves.
En efecto, hasta las 11:23 sólo había 31 senadores sentados a sus bancas, la chicharra sonaba y Abdala, desde el estrado, miraba hacia la puerta esperando que llegaran los legisladores que faltaban para alcanzar el quórum. Precisamente, se trataba de Moisés y Royón, que estaban manteniendo una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz y los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada. Los libertarios respiraron con alivio cuando los seis ingresaron al recinto en fila india. Sáenz había llegado a la Cámara Alta para terminar de urdir los acuerdos que faltaban para sacar adelante la ley.
Andrada, Mendoza, Rojas Decut y Royón ingresan para dar quórum.
Además, se aprobaron por unanimidad los pliegos de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, que habían sido planchados por orden de Santiago Caputo. Ambos jueces eran candidatos a las salas A y B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, respectivamente, y desde allí podrían ser una garantía para el blindaje de la causa judicial por presunta evasión contra Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.
Catania y Galván Greenway fueron impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pero el trámite legislativo se trabó en mayo, en la Comisión de Acuerdos del Senado, el día de la audiencia pública: «los dos pliegos tienen 8 firmas cada uno pero ahora llaman para que las saquemos», dijo un legislador.
El freno había sido leído como un guiño de Milei a Santiago, que esperaba un gesto público del Presidente tras el fin de semana de furia en las redes por la torpe «operación Rufus», una pifia digital de Martín Menem contra el asesor.
Por aquellos días, llamó la atención que los legisladores libertarios que integraban la comisión no habrían estampado su nombre en el dictamen de Galván Greenway y Catania. «Mahiques está arreglando los temas de la AFA pero en el caso de (Manuel) Adorni se enteran los periodistas antes que nosotros», dijo entonces un senador tras los avances del fiscal Gerardo Pollicita en el juzgado de Ariel Lijo.
Mayans denunció «un golpe institucional» contra Villarruel para sacarle el manejo de las comisiones
Otro de los temas aprobados este jueves fue el traspaso de la justicia de menores y las competencias penales por 44 votos por la afirmativa y 21 por la negativa. Se opusieron solamente los peronistas.
También se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II, con una aritmética similar en el reparto de voluntades: 44 a favor y 23 en contra. El miembro informante del proyecto fue el sanjuanino libertario Bruno Olivera Lucero, quien consideró que «los dólares debajo del colchón no le sirven al país» y, en ese sentido, dijo que eso es «plata muerta».
Mayans opinó que el objetivo de la ley es proteger a Manuel Adorni. «No sé qué sabe Adorni, para que le preparen esta ley. Les dirá ‘saquen esta ley o cuento todo lo que pasó'», planteó.
El formoseño indicó que se trata de un proyecto «para el Presidente, para su hermana, los que evadieron, para el narcotráfico, para los Espert», en referencia al ex diputado José Luis Espert, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y vinculaciones con Fred Machado.
