En el nuevo escenario político energético mundial el consumo de energía se expande en un 30% hacia 2040, lo que equivale a sumar una nueva India y China a la demanda energética mundial actual. La población mundial crece a más de 9.000 millones en 2040, a modo de ejemplo el proceso de urbanización agrega una ciudad del tamaño de Pekín a la población urbana mundial cada cuatro meses.
La forma en que el mundo satisface sus crecientes demandas de energía se modifica en comparación con los últimos 20 años el liderazgo lo toma el crecimiento de las energías renovables.
La comunidad internacional energética demandante busca el respaldo necesario en las energías renovables, ya que estas, van a capturar dos tercios de la inversión global en plantas de energía en 2040, siendo para muchos países la fuente energética de menor costo de nueva generación.
La energía fotovoltaica es la que ayudará a que la energía solar se convierta en la mayor fuente de energía de baja capacidad de carbono para 2040. Para este año la proporción de todas las energías limpias avanzará al 40% de la generación total dentro de un contexto en el que la demanda de energía crecerá un 30%.
En el escenario que plantean las nuevas políticas energéticas mundiales, las energías renovables son respaldadas en casi todo el mundo. En parte la transformación del sector energético corresponde a la concientización a favor de las energías limpias en millones de hogares, comunidades, instituciones públicas y privadas, y empresas que invierten directamente en energía renovables.
La generación de energía a partir de fuentes convencionales tiene un enorme impacto en el entorno.
La creciente demanda de consumo energético a nivel mundial se verá sostenida a futuro desde el uso de las nuevas energías que además de tener un menor costo económico colaboran con el cuidado del planeta.
Y esto está directamente ligado al crecimiento ya comprometido de las nuevas generaciones. Los niños son protagonistas fundamentales de este cambio real de conciencia y de acción, el destino del planeta está en las manos más pequeñas.
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El Jefe de Gabinete continúa sumando escándalos que lo acercan a una renuncia.
Por Roque Pérez para NLI
El escándalo que rodea a Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo: según reveló el periodista Fabián Waldman en Futurock, el jefe de Gabinete habría dispuesto un vehículo oficial para uso personal de su esposa, Bettina Angeletti, que incluso sería utilizado por empleadas domésticas para realizar compras. La denuncia, de extrema gravedad institucional, se inscribe en una cadena de episodios que vienen poniendo bajo la lupa el uso de recursos públicos por parte del funcionario.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la acusación aparece en un contexto donde el propio Adorni ya venía siendo cuestionado por mezclar lo público con lo privado de manera sistemática.
De los vuelos oficiales al uso personal del Estado
El antecedente más inmediato es el escándalo por el viaje a Nueva York durante la llamada “Argentina Week”, donde Angeletti participó de la comitiva oficial sin tener cargo público. El episodio generó fuertes críticas porque el propio Gobierno había establecido límites al uso de aeronaves oficiales para fines particulares.
La situación se volvió aún más delicada porque Adorni había defendido previamente restricciones para evitar privilegios de funcionarios y familiares, lo que dejó al descubierto una contradicción evidente entre discurso y práctica.
A esto se suma otro dato clave: el funcionario también fue cuestionado por viajes en vuelos privados a Punta del Este, cuyo financiamiento nunca quedó del todo claro, alimentando sospechas sobre el origen de los fondos.
En ese marco, la nueva denuncia sobre el uso de un auto oficial para tareas domésticas no hace más que profundizar la percepción de abuso de recursos del Estado.
La trama económica detrás de la familia Adorni
El nombre de Bettina Angeletti no aparece solo en estas polémicas. En los últimos días, fue denunciada judicialmente por posibles conflictos de intereses vinculados a su consultora privada, que habría tenido contratos con empresas relacionadas al Estado.
Según la presentación judicial impulsada por la diputada Marcela Pagano, existiría un entramado de relaciones comerciales que podría implicar beneficios indirectos para el entorno del funcionario, incluyendo contratos millonarios por servicios de consultoría.
En paralelo, también se pidió investigar la evolución patrimonial de la familia, ante la sospecha de que los niveles de gasto —viajes internacionales, vuelos privados y estilo de vida— no se condicen con los ingresos declarados.
Lejos de ser episodios aislados, distintos informes periodísticos coinciden en señalar un mismo patrón: uso de recursos estatales, beneficios para el entorno familiar y explicaciones poco consistentes.
El caso del viaje a Estados Unidos fue paradigmático: no solo generó críticas de la oposición, sino también cuestionamientos por posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, que prohíbe expresamente utilizar bienes del Estado para beneficio personal o de familiares.
Ahora, con la denuncia difundida en Futurock, el foco se traslada a un aspecto aún más cotidiano pero igualmente grave: la utilización directa de bienes públicos —un auto oficial— para actividades privadas y domésticas.
El relato del ajuste frente a los privilegios
Todo esto ocurre en un contexto político donde el gobierno de Javier Milei construyó su legitimidad sobre la promesa de terminar con “los privilegios de la casta”. Sin embargo, los hechos que involucran a Adorni parecen ir en sentido contrario.
Desde el avión presidencial hasta los vuelos privados, pasando ahora por el presunto uso de vehículos oficiales para compras familiares, el caso empieza a configurar algo más que una serie de polémicas: un esquema de privilegios que contradice el discurso oficial.
La revelación de Waldman no solo agrega un nuevo elemento escandaloso, sino que plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega el uso personal de los recursos del Estado por parte del jefe de Gabinete y su entorno?
Por ahora, el silencio oficial frente a esta última denuncia no hace más que aumentar las sospechas.
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Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.
El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.
Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.
La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria
En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.
El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».
Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.
El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:
«No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.
No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo
El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.
En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.
Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.
En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.
A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.
En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.
En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo.
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