A sólo 30 kilómetros de Viedma, El Cóndor ofrece extensas playas donde relajarse y disfrutar en contacto estrecho con la naturaleza. Una ruta escénica de mar y acantilados conduce a este lugar ideal para realizar aviturismo y descubrir las 200 fascinantes especies de aves que embellecen los cielos de la región.
Durante todo el año residentes y turistas pueden vivenciar la experiencia única de realizar avistaje de aves en distintos circuitos y descubrir todos los detalles sobre la colonia de loros barranqueros más grande del mundo, así como también profundizar información sobre la diversidad silvestre y los paisajes.
¿Cómo es el avistaje de aves?
Se trata de una actividad programada al aire libre, que implica una caminata tranquila por distintos senderos y que, al ser apta para todo público, maravilla a grandes y chicos por igual.
El avistaje de aves, servicio ofrecido por lugareños, promueve el desarrollo y la observación e identificación de aves en libertad, buscando la interpretación y comprensión de la dinámica de las diversas especies en su ambiente natural.
Su principal objetivo es brindar las herramientas para que quienes decidan realizar la actividad puedan descubrir la gran biodiversidad de la región y tomar conciencia del valor de la costa y los recursos naturales.
Diversidad de especies
El Cóndor y la zona se caracterizan por poseer hábitats de gran importancia para la fauna local como remanentes de monte y espinal, así como también islas, riberas, marismas, dunas, playas de arena, restingas y acantilados donde habitan cerca de 200 especies de aves marítimas, ribereñas y continentales.
Además, cobija uno de los atractivos más imponentes de la región: la colonia de loros barranqueros más grande del mundo que cuenta con 12,5 km de extensión y alrededor de 35.000 nidos que son también utilizados por aves como la golondrina negra, el chimango, el halconcito colorado, el halcón peregrino, la lechuza campanario y el carpintero campestre.
Cabe destacar que aunque se pueden visualizar aves en las distintas épocas del año, el otoño se caracteriza por ser el momento en el que las aves migratorias como los playeritos y los chorlitos pintan los cielos del balneario mientras viajan desde la Patagonia hacia América del Norte.
El recorrido
El circuito de aviturismo fue diseñado comprendiendo los ambientes de mayor representatividad, singularidad y accesibilidad, dando como resultado cuatro senderos para recorrer caminando y con un grado de dificultad mínima. Estos son: “Aves de la playa”, “Aves del acantilado”, “Aves del Monte y las dunas” y “Aves del estuario y la marisma”.
Durante cada una de las salidas, que se encuentran encabezadas por biólogos experimentados en turismo de naturaleza, los asistentes reciben las herramientas necesarias para realizar los avistajes y también información sobre las características y particularidades del lugar.
El Cóndor
El balneario se encuentra a sólo 30 kilómetros de Viedma y se puede llegar en auto a través de la ruta provincial nº 1. Se caracteriza por la amplitud y tranquilidad de sus playas, que se fusionan con los altos acantilados característicos de la costa atlántica rionegrina.
Este pintoresco lugar cuenta con todos los servicios básicos para que los turistas puedan tener una buena estadía mientras disfrutan de los más de 10 kilómetros de playas, donde se pueden realizar distintas actividades de esparcimiento.
Las extensas dimensiones de agua y arena conjugadas con el viento característico de la región facilitan la práctica de deportes de viento como windsurf, kitesurf, sandboard, carrovelismo, kitebuggy, entre otras.
La Resolución 531/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina el antidumping para el calzado deportivo desmontado y expone el rumbo de un modelo que resigna producción nacional. Bajo el argumento de reducir precios y modernizar la industria, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza fabricación por ensamblaje, profundiza la dependencia tecnológica y redefine el trabajo industrial en la Argentina.
El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que, lejos de ser técnico o neutro, expone con crudeza el rumbo económico que eligió transitar: menos industria, más dependencia y una peligrosa resignación productiva. La Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de abril de 2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, no es solo una norma administrativa; es una declaración ideológica en estado puro. Bajo la excusa de “modernizar” el sector del calzado, se decidió excluir del régimen antidumping al calzado deportivo desmontado proveniente de China, es decir, zapatillas que llegan en partes para ser ensambladas en el país.
El dato puede parecer menor, casi burocrático, pero esconde una transformación profunda. Lo que antes ingresaba como producto terminado y pagaba un derecho antidumping para proteger a la industria local, ahora entra desarmado, eludiendo ese recargo. En términos prácticos, el Estado argentino deja de defender la producción nacional en nombre de una supuesta eficiencia que, en realidad, se apoya en una lógica de importación encubierta.
El argumento oficial suena prolijo: abaratar costos, facilitar el acceso a insumos tecnológicos y, en última instancia, bajar los precios al consumidor. Una narrativa seductora en tiempos de bolsillos golpeados. Sin embargo, cuando se corre el velo, aparece la tensión estructural que atraviesa toda la medida. Porque lo que el Gobierno presenta como una estrategia de competitividad no es otra cosa que la aceptación explícita de una derrota industrial.
La propia resolución lo admite sin rodeos: existe una “brecha tecnológica significativa” en el segmento de calzado deportivo de alta performance. Traducido: Argentina no produce los materiales ni las tecnologías necesarias para competir en ese nicho. Frente a ese diagnóstico, el camino elegido no es invertir, desarrollar o proteger capacidades locales, sino directamente importar la tecnología en forma de piezas y limitarse a ensamblarlas.
Ahí está el corazón del problema. El modelo que se promueve no es industrial en sentido pleno. Es un esquema híbrido, donde el país aporta mano de obra y procesos básicos —pegado, armado, terminación— mientras el valor estratégico queda en el exterior. Según los datos oficiales, este sistema genera apenas un 20% de valor agregado local. El resto, el núcleo tecnológico y económico del producto, sigue estando afuera.
Empresas como Topper Argentina o Puma Sports Argentina ya operan bajo este formato. Importan kits desmontados, los ensamblan en plantas locales y colocan el producto en el mercado. El Gobierno utiliza estos casos como ejemplo de “integración productiva”. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿esto es industria o simplemente una maquila sofisticada?
El crecimiento de este esquema no deja lugar a dudas sobre la dirección del sector. Entre 2015 y 2019, el calzado desmontado representaba el 28% de las importaciones. Entre 2021 y 2023, esa cifra saltó al 59%. Es decir, el modelo ya no es marginal: se está convirtiendo en la regla. Y la decisión oficial no hace más que consolidarlo.
El problema es que esta transformación ocurre en un contexto de debilidad estructural. El empleo en el sector del calzado viene en caída desde hace más de una década y la producción está lejos de sus niveles históricos. En ese escenario, flexibilizar las barreras a la importación —aunque sea de manera indirecta— no parece una política inocua. Más bien, funciona como un acelerador de esa tendencia regresiva.
Desde el Gobierno insisten en que no se destruye industria, sino que se la reconvierte. Una palabra elegante para describir un proceso mucho más áspero: el pasaje de un modelo productivo integral a uno fragmentado, dependiente y vulnerable. Porque ensamblar no es lo mismo que fabricar. Y en esa diferencia se juega algo más que una discusión técnica: se juega la soberanía económica.
La medida también se alinea con otra decisión clave: la reducción del Derecho de Importación Extrazona al 0% para estos insumos. En otras palabras, se construye un andamiaje normativo que facilita, abarata y estimula la importación de partes. El resultado es una ecuación clara: producir localmente cada vez menos y ensamblar cada vez más.
El discurso oficial promete que esa reducción de costos se trasladará a los precios. Pero la experiencia histórica invita a la cautela. No hay garantías reales de que esa baja llegue al consumidor. Lo que sí es seguro es que las empresas verán reducidos sus costos. El resto, como tantas veces, quedará librado a la lógica del mercado.
Mientras tanto, el sector productivo vive una tensión cada vez más evidente. Las pymes reclaman protección frente a la competencia externa, mientras las grandes marcas empujan por un acceso más flexible a insumos importados. La resolución, lejos de equilibrar esas posiciones, toma partido de manera implícita por uno de los actores.
En ese sentido, la exclusión del calzado desmontado del régimen antidumping funciona como una suerte de “zona liberada” dentro del sistema comercial. Un espacio donde la lógica de la apertura se impone sin matices, aun cuando el costo sea profundizar la fragilidad industrial.
El trasfondo es ideológico. La medida responde a una visión que desconfía del Estado como herramienta de desarrollo y apuesta a la desregulación como solución universal. En esa lógica, la industria deja de ser un objetivo estratégico y pasa a ser una variable de ajuste.
Pero la realidad es más compleja. La economía no es un laboratorio donde las teorías se aplican sin consecuencias. Detrás de cada decisión hay trabajadores, empresas, territorios. Y en este caso, lo que está en juego es el futuro de un sector que ya viene golpeado.
Aceptar que Argentina no puede producir calzado deportivo de alta tecnología puede ser un diagnóstico honesto. Convertir esa limitación en política permanente es otra cosa. Es resignar la posibilidad de desarrollar capacidades propias, de generar conocimiento, de construir un entramado productivo más robusto.
En ese escenario, hablar de “industria nacional” ya no es una consigna abstracta sino una realidad cada vez más acotada y, en muchos casos, al borde de la asfixia. Porque mientras el discurso oficial celebra la apertura y la baja de costos, lo que queda del entramado productivo local sobrevive como puede, lejos de las grandes marcas globales y sin el respaldo de políticas sostenidas. Existen, sí, fábricas que todavía producen en serio, que no se limitan a ensamblar piezas importadas, pero son cada vez menos y operan en condiciones desiguales.
Ahí aparecen casos como Raptor, una experiencia nacida en plena pandemia que decidió fabricar botines y calzado deportivo con procesos locales en su propia planta, apostando a un modelo productivo que parece ir a contramano del rumbo general. También está Unitec Blue, una pyme con base industrial que sostiene producción nacional en un mercado cada vez más hostil, o Bando, que mantiene una lógica fabril clásica aunque con escala reducida. En un registro similar se ubica Signia, que conserva procesos productivos propios y presencia en segmentos técnicos, mientras que Gaelle representa ese híbrido entre diseño local y fabricación que aún intenta sostenerse dentro del país.
Pero incluso en estos casos, la realidad impone límites difíciles de esquivar. La mayoría depende, en mayor o menor medida, de insumos importados, enfrenta costos estructurales elevados y compite contra cadenas globales que operan con otra escala, otra tecnología y otro respaldo financiero. No se trata de empresas ineficientes, como muchas veces se intenta instalar, sino de actores que juegan en una cancha inclinada.
Y ahí es donde la medida del Gobierno deja de ser un simple ajuste técnico para convertirse en un factor decisivo. Porque cuando se facilita la importación —aunque sea en forma de piezas “desmontadas”— no se está generando una competencia virtuosa, sino profundizando una desigualdad estructural. Lo que queda en pie no es una industria robusta que se adapta, sino un puñado de fábricas que resisten. Y la pregunta, otra vez, es cuánto tiempo más podrán hacerlo.
En definitiva, la Resolución 531/2026 firmada por Luis Caputo no es solo una medida sobre zapatillas. Es una pieza más de un modelo económico que prioriza el corto plazo, la baja de costos y la apertura comercial por sobre cualquier estrategia de desarrollo industrial. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia idea de producción nacional.
Y en ese camino, la pregunta que queda flotando —incómoda, persistente— es si el país está eligiendo competir en el mundo o simplemente resignarse a ensamblarlo.
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En el mismo momento en el que Axel Kicillof asumía la presidencia del Partido Justicialista, Máximo Kirchner estaba de recorrida en Santa Fe. El líder de La Campora por la comuna María Teresa junto al presidente comunal, Gonzalo Goyechea, y la diputada nacional, Florencia Carignano.
En el marco de esa recorrida, el diputado nacional se reunió con dirigentes del kirchnerismo en donde propuso que un 30% de lo que se recaude por retenciones a la soja se reparta entre las provincias que tengan ese cultivo.
Esta iniciativa, en caso de aplicarse, le daría a la provincia de Buenos Aires 120.000 millones de pesos. Sin embargo la idea conspira contra los sectores productivos dado que lo dio en una zona de puertos sojeros, en un escenario en el que el un sector del peronismo busca acercamiento.
De todas formas, el hijo de Cristina logró juntar una importante representación territorial. Entre los dirigentes políticos presentes en la charla de Máximo en Santa Fe se destacaron los diputados nacionales Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, junto al senador provincial Armando Traferri, en una muestra de fuerte respaldo institucional y territorial.
El diputado nacional se reunió con dirigentes del kirchnerismo en donde propuso que un 30% de lo que se recaude por retenciones a la soja se reparta entre las provincias que tengan ese cultivo.
También participaron referentes provinciales como Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto, Erica Bonfatti, Marilyn Sacnun y Alejandro Ramos, consolidando una amplia representación del peronismo santafesino.
Por parte de las autoridades partidarias del PJ Provincial estuvieron presentes su presidente, Guillermo Cornaglia, y la vicepresidenta María Luz Rioja, quienes acompañaron la actividad junto a intendentes y presidentes comunales de distintos puntos de la provincia.
Entre ellos se encontraban Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín; Gonzalo Goyechea, de María Teresa; Martín Calori, de Oliveros; Federico Martello, de Andino; Daniel Cinalli, de Capitán Bermúdez; y María Laura Mozzi, de Mugueta, reforzando el carácter territorial del encuentro.
Máximo dijo que «acostumbrarse otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría».
«Estamos acá para escuchar lo que cada uno desde su experiencia tiene para aportar y para poder, desde las verdades relativas de cada uno y cada una, buscar esa síntesis que saque a la Argentina del lugar donde Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada, y que a grandes luces se empieza a ver que es negativa para la gran mayoría», expresó.
Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával negocian con Milei para traspasar por decreto los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional. La transferencia le permitiría al gobierno ingresar millones de pesos por año que pasarían a ser fondos coparticipables y a los empresarios extender las concesiones de las salas de juego.
Benedicto es quien le compró a Cristóbal López su participación en los casinos en una operación que aún no terminó de saldarse. Junto a Lao y Achával negociaron con el gobierno libertario un decreto para cambiar la jurisdicción a la que tributan.
Primero se reunieron con Santiago Caputo, que avanzó con la redacción de un decreto. Pero ante la feroz pelea interna de los libertarios, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.
En 2016, Mauricio Macri traspasó por decreto los juegos de azar a la Ciudad asesorado por Pepín Rodríguez Simón. El problema no fue la transferencia, basada en la autonomía porteña y jurisprudencia de la Corte, sino haber evitado al Congreso. «Un decreto mata otro decreto. Mauricio se equivocó», se lamentó un funcionario porteño preocupado por perder un ingreso de miles de millones de pesos mensuales por los barcos y otro tanto por los casinos en concepto de canon y de Ingresos Brutos.
La historia de los barcos comenzó con una licitación de Carlos Menem. El ex presidente decidió concesionar la explotación de dos casinos flotantes por 25 años amparado por una interpretación creativa: la jurisdicción del Río de la Plata era nacional y no provincial.
Tras varias idas y vueltas que incluyeron la transferencia de los juegos de azar de Nación a Ciudad y cautelares judiciales por la pandemia y por el cambio de reglas del juego, el casino flotante siguió funcionando, pero en los últimos años su supervivencia quedó amenazada.
Achaval y De Bendicto primero se reunieron con Santiago Caputo, que avanzó con la redacción de un decreto. Pero ante la feroz pelea interna de los libertarios, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.
Hace un año, la Corte revocó una cautelar que le permitió a Casinos de Buenos Aires SA continuar explotando dos barcos casino con la concesión vencida y ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que decida sobre otra cautelar que está pendiente. Ese otro expediente traba la partida definitiva de los barcos ‘Estrella de la Fortuna’ y ‘Princess’.
Benedicto, Achával y la familia Lao saben que otro fallo de la Corte los dejará afuera de carrera, por eso se acercaron al gobierno nacional para buscar una salida.
Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.
En juego hay miles de millones de pesos mensuales que pasaría a cobrar Nación y que entrarían en el reparto de la coparticipación, una cuestión que interesa a las provincias. De paso, Karina se daría el gusto de darle otro golpe a la gestión de Jorge Macri.
Los dueños del casino también tienen especial interés en dejar de pagar Ingresos Brutos en la Capital y en cambiar la forma en que se reparten los ingresos. Antes del traspaso a la Ciudad se quedaban con el 70% de las ganancias y luego pasaron al 30%.
Pero hay otra cuestión mucho más relevante. Un cambio de jurisdicción permitiría una nueva prórroga, ya que la concesión del hipódromo de Palermo vence en 2027. Esa extensión también podría aplicarse al casino flotante.
Los dueños de las salas de juego tienen especial interés en dejar de pagar Ingresos Brutos en la Capital y en cambiar la forma en que se reparten los ingresos. Antes del traspaso a la Ciudad se quedaban con el 70% de las ganancias y luego pasaron al 30%.
En el gobierno porteño buscan un resarcimiento en caso de que los casinos pasen a manos de Nación y el Tano Angelici, también empresario del juego, está negociando esa «indemnización» con sus colegas.
El vínculo entre la Ciudad y los dueños de los casinos porteños siempre estuvo atravesado por la tensión entre Mauricio Macri y Cristóbal López, que incluso terminó preso durante la presidencia de Macri.
Sin embargo, todo parece haber mejorado en los último tiempos. La prueba es que un influyente funcionario porteño logró hace poco que el casino flotante estampe su publicidad en la camiseta de San Lorenzo.
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