La investigación se realizó sobre 158 personas durante un año.
Los resultados de un reciente estudio de un laboratorio privado confirmaron las alentadoras investigaciones previas relacionadas con el uso de cannabis medicinal sobre pacientes con epilepsia refractaria, lo cual abre la posibilidad de aplicarla a otras patologías. Las conclusiones fueron rotundas. Quedó comprobado que el 81 % de los participantes que cumplieron con el seguimiento anual disminuyó el número de convulsiones y la mayoría de ellos en un porcentaje igual o mayor al 50 %.
El relevamiento fue realizado por el laboratorio Alef Medical, desarrollador de Convupidiol, el primer medicamento aprobado por ANMAT para el tratamiento de pacientes que presentan epilepsia refractaria, y único en el mercado en utilizar CBD farmacéutico y no fitoterapéutico, con trazabilidad y buenas prácticas de manufactura. Además, del estudio participó IPRAT, empresa dedicada al asesoramiento del desarrollo del negocio, el registro y la farmacovigilancia de productos farmacéuticos.
La idea del estudio fue obtener un registro de los efectos adversos y la frecuencia de las convulsiones bajo la administración de este medicamento. Para ello, se hizo un riguroso seguimiento durante un año por parte de 19 médicos especialistas de 158 pacientes de distintas edades con diagnóstico de epilepsia refractaria que estaban siendo tratados con Convupidiol como terapia coadyuvante.
El trabajo fortaleció la evidencia científica que ya había en este sentido. Por eso ahora se cree que los beneficios de estos tratamientos para la epilepsia refractaria, pueden extenderse para la aplicación en otras patologías o tipos de epilepsia.
“Por el rigor, la cantidad de especialistas implicados y el tiempo de seguimiento, es el estudio más completo sobre cannabis farmacéutico y epilepsia hecho en Argentina. Además, brindó hallazgos representativos del escenario real de pacientes y profesionales”, resumió el doctor Diego Sarasola (MN 88.266), psiquiatra especialista en neuropsiquiatría y neurociencias y director médico del Alef.
“La certeza de que la reducción de las convulsiones se haya mantenido durante un período de un año es un dato sumamente alentador, ya que algunos antiepilépticos reducen su eficacia a lo largo del tiempo”, sintetizó Sarasola.
También existe un impacto con algunos medicamentos conocido como “luna de miel”. Consiste en una mejora en una primera instancia que luego se revierte. Ante esto, para asegurar la eficacia de una terapia, resulta muy necesario contar con testeos durante ciclos prolongados.
Tampoco hay que pasar por alto que “la epilepsia es una condición crónica y muchas veces los estudios tienen una extensión escasa que puede no ser representativa del mundo real de nuestros pacientes”, resalta Sarasola.
Dentro de la franja que no notó mejoras, el 7 % mantuvo la misma cantidad de convulsiones y otro 7 % suspendió el tratamiento. Solo en un 3 % se registró un aumento en sus episodios.
Únicamente en nueve personas se detectaron reacciones adversas. En todos los casos, los síntomas fueron leves y de fácil abordaje. Tales como insomnio, disminución del apetito, somnolencia, diarrea, entre otros.
Con estos datos, puede reafirmarse que “en este estudio el cannabis farmacéutico tuvo respuestas no deseadas más leves y menos frecuentes que algunos otros antiepilépticos”, completa Sarasola.
El CBD y la epilepsia refractaria
Convupidiol es el primer medicamento con cannabidiol aprobado por la Anmat. Al no contar con contaminación cruzada de THC, quedan descartadas las alteraciones psicotrópicas. Tiene 100 miligramos por mililitro de CBD de máxima pureza, obtenido a partir de partes aéreas de Cannabis Sativa L, que es la parte de la planta con mayores propiedades terapéuticas. Por sus características, es el único equivalente a Epidiolex, medicamento aprobado en los Estados Unidos por la FDA para el tratamiento de la epilepsia refractaria, con resultados comparables, luego de 4 años de estudios con pacientes.
Además, está realizado bajo las normas de buenas prácticas de manufactura internacionales y tiene un certificado de calidad farmacéutica emitido por la autoridad europea competente. “Estas cualidades brindan la seguridad sobre la homogeneidad y la estabilidad del fármaco frasco a frasco”, agrega Sarasola.
Vale decir que el producto está autorizado por la Anmat para tratar las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet y en convulsiones refractarias secundarias asociadas a esclerosis tuberosas.
“Hoy puede decirse que el cannabis farmacéutico brinda un avance importante en el tratamiento de la epilepsia y logra mejoras en pacientes que no respondían a otras alternativas terapéuticas. Este estudio, por otra parte, revalida la eficacia y seguridad que brinda Convupidiol”, concluye el especialista.
Este malbec, elaborado casi exclusivamente para exportación, proviene del viñedo María Paula de la Finca que presenta suelos con una composición de mucha arcilla roja. El vino es elaborado por Agustín Lombroni, en Fernandez Oro para la bodega Del Río Elorza, y fermenta con un 10% de racimos enteros por unos 12 días con levaduras…
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A veces, las miradas comparativas son necesarias: más allá del peso de las tradiciones que forjan instituciones únicas, en algo se parece, hoy, Argentina y Francia. Las políticas económicas de sus gobiernos apuntan de una manera obsesiva a la austeridad fiscal. Recortan de manera brutal las áreas que protegen la dignidad de sus habitantes: salud, educación, el bienestar material.
Ya lo escribió Mark Blyth en Austerity: The History of a Dangerous Idea: las políticas de ajuste fiscal logran que la austeridad opere como una pantalla que oculta un propósito estratégico: el traspaso masivo de recursos desde las arcas públicas hacia el ámbito privado. En Francia, por ejemplo, los datos sobre la evolución del destino de la renta nacional en forma de ayudas públicas son elocuentes. Si hace más de diez años los hogares eran el principal destino de esas transferencias, en los años que siguieron el cambio fue tan radical que hoy son las empresas las principales beneficiarias de esas partidas.
La literatura especializada las llama «Trinidad de la austeridad», así sintetizan el proyecto que consiste en transferir continuamente recursos del mundo del trabajo a los dueños de capital. Esta “Trinidad de la austeridad” depende de tres elementos interconectados:
La Austeridad Fiscal, que implica recortes en el gasto social (salud, educación principalmente) y reformas fiscales regresivas, favoreciendo al 1% que se beneficia de las ganancias del capital.
La Austeridad Monetaria, que sube las tasas de interés, lo que perjudica a familias endeudadas, ralentiza la economía y socava el poder de negociación de los trabajadores, aumentando la pauperización y el desempleo.
La Austeridad Industrial, que se manifiesta en la intervención estatal en el mercado laboral mediante la desregulación y el desmantelamiento de derechos laborales y sindicales.
Juntas, estas políticas buscan asegurar la subordinación de los trabajadores y el dominio incuestionable del orden del capital, “la casta”.
En Argentina, Milei ha enmarcado el plan de austeridad económico como la senda inevitable que el país debe afrontar tras dos décadas de “excesos fiscales”. Milei consiguió articular una coalición transversal que respaldó un ajuste sin precedentes: de la derecha clásica a los trabajadores informales. La clave del éxito momentáneo del programa residía en las consecuencias distributivas de la inflación permanente. Esto hizo que el movimiento peronista, que durante décadas ejerció una hegemonía sobre los estratos más bajos de la población, viera erosionar su base electoral. Sin embargo, los que destinan la totalidad de sus ingresos al consumo inmediato -muchos de esos trabajadores informales votantes de Milei- fueron los más castigados por la pérdida constante de su poder adquisitivo. El segmento más marginal de la sociedad quedó en gran medida excluido de estos salvavidas. Mientras tanto, la coalición peronista logró mantener el soporte electoral de los trabajadores públicos, y las clases profesionales encontraron su propio resguardo en la dolarización de sus ahorros.
Desde este punto de vista, el escenario argentino se parece, aun en términos más extremos, al contexto europeo, por la frustración creciente de los estratos más pobres de la población (una especie de mayoría invisible). Una parte de ella se alejó de los partidos tradicionales de la izquierda en Europa o del peronismo en Argentina.
Frente a este panorama, Milei irrumpió en la política argentina con una propuesta radical forjada en las ideas neoliberales aplicadas en Europa después de la crisis de 2008: desmantelar el aparato estatal, eliminar a los intermediarios económicos y desregular los mercados mediante un shock de austeridad. El camino fue presentado como la única vía para “aplastar” la inflación y, crucialmente, para anular la resistencia del peronismo. En este relato, el sufrimiento “de los grupos privilegiados” para los regulacionistas del Estado se transforma en una ganancia simbólica para el ciudadano común, similar a los discursos que en Europa enfrentan a la “gente común” contra las “élites”. En realidad, la ganancia es la de las grandes élites financieras y exportadoras del país. Nada de nuevo sobre el frente occidental.
Del otro lado del Atlántico, en pleno agosto, cuando Francia se sumergía en el letargo de las vacaciones, el ex primer ministro François Bayrou lanzaba un mensaje que resonó con fuerza: “Todos los responsables políticos se van de vacaciones, algo muy merecido, pero esto es algo que yo no haré”.
Con esa declaración de intenciones, casi un juramento de austeridad, estrenó su canal de YouTube, FB Direct. Un formato inédito para él, que prometía ser un puente directo, sin filtros ni puesta en escena, con los ciudadanos. El verdadero objetivo, sin embargo, era defender el impopular paquete de recortes presupuestarios presentado un mes antes, un amargo remedio para la economía francesa.
La ley de presupuestos para 2026, con un ajuste sin precedentes de 44.000 millones de euros, no se limita a congelar el gasto. Sus medidas más polémicas sacuden la vida cotidiana: la supresión de dos días festivos y el recorte de 3.000 puestos de empleo público. El propio Bayrou lo definió como “un año en blanco”, un sacrificio necesario para reconducir la abultada deuda y el déficit que ahogan al país.
Las cifras en Francia son abrumadoras: una deuda que alcanza los 3,3 billones de euros y un déficit del 5,4% del PIB, muy por encima del objetivo del 3% marcado por la Unión Europea para 2029. Bayrou insistía en que esta montaña de deuda no representaba una amenaza futura, sino un peligro inmediato. Un presente que exige, según su narrativa, a renuncias colectivas y a una vigilancia constante, incluso en los días de descanso.
La llegada de Sébastien Lecornu como sucesor de François Bayrou no alteró el rumbo político, sino que profundizó las mismas medidas que ya habían generado descontento a tal punto que fue eyectado en tres semanas, profundizando una crisis imprevisible. Esto desencadenó una movilización larga de la sociedad francesa, articulada desde las bases bajo la consigna “bloqueamos a todos”. El movimiento, de carácter asambleario y popular, logró converger con sindicatos, colectivos juveniles pro Palestina y movimientos anti-ajuste que rechazan el impacto social de las políticas migratorias.
En este contexto, surgido directamente desde la base, lo que hoy algunos llamarían desde la red, se ha alzado un movimiento de protesta difícil de clasificar con las categorías clásicas. Es interesante constatar cómo Francia ha sido atravesada en los últimos años por movimientos sociales opuestos a las élites económicas y políticas del país. El caso de “bloqueamos a todos” es solo el más reciente en orden de tiempo y sucede a otros movimientos populares, desde Nuit Debout hasta los chalecos amarillos.
El rugido de las asambleas obreras se apaga en la Francia del siglo XXI. Los sindicatos, antaño columna vertebral de la lucha laboral, navegan por un declive inexorable. La desindustrialización y un mercado laboral fracturado por la precariedad y el trabajo autónomo han mermado sus bases. La reforma de los órganos de representación del personal (CSE) diluyó su influencia, en un contexto donde las relaciones laborales se individualizan. Sus estrategias, percibidas como ancladas en el pasado, ya no resuenan en los nuevos talleres de la economía, alejándolos de los trabajadores a los que dicen representar. Un eco cada vez más tenue.
El germen de la convocatoria para bloquear Francia el pasado 10 de septiembre se remonta a mayo, cuando la pequeña asociación soberanista «Les Essentiels», dirigida por Julien Marissiaux (extraño teórico de la conspiración de ultraderecha), lanzó las primeras consignas en un canal confidencial de Telegram. Su mensaje, que abogaba por la salida de la UE y la defensa de los autónomos y las raíces cristianas, no obtuvo inicialmente una respuesta significativa.
El punto de inflexión llegó en julio con el anuncio de impopulares medidas económicas del gobierno: la eliminación de dos días festivos, recortes en servicios públicos y en franquicias médicas. Este malestar social encontró un altavoz perfecto el 24 de julio, cuando un video de TikTok de «Les Essentiels» que empleaba la retórica de los confinamientos sanitarios se viralizó bajo la etiqueta #bloquonstout.
La movilización trascendió entonces a sus creadores, adquiriendo una dimensión imprevista. El canal de Telegram «Indignémonos» se convirtió en epicentro organizativo, atrayendo a miles de usuarios. En un fenómeno político inusual, el movimiento aglutinó desde agosto a figuras de la extrema derecha e izquierda, a colectivos de la crisis COVID y antiguos chalecos amarillos. Esta coalición heterogénea y desestructurada, según los servicios de inteligencia, compartía el descontento social pero divergía en sus métodos, que iban desde el boicot económico hasta la ocupación de rotondas o la demanda de un referéndum de iniciativa ciudadana.
El surgimiento de “Bloquons tout” es una respuesta al retroceso del movimiento sindical y a la emergencia de nuevas organizaciones que reclaman derechos amenazados. Sin embargo, esta nueva forma de protesta encierra una fragilidad inherente.
Frente a la acción directa y a la indignación viral en redes, el sindicato perdura como un mecanismo institucional. Su fortaleza no reside en la efervescencia momentánea, sino en la continuidad estructural para la defensa de derechos y la negociación permanente. Mientras que la bronca puede diluirse, la institución sindical garantiza que las demandas no se abandonen, ofreciendo una protección duradera que la mera viralidad no puede sustituir. Así, el movimiento evidencia un malestar, pero su desafío es superar la fugacidad.
El debate público sobre la ‘derechización’ de la política y la sociedad francesa está abierto. Si desde un punto de vista electoral y político este desplazamiento hacia la derecha parece claro, a nivel de las demandas sociales esta situación es menos evidente, como lo demuestra el interesante análisis del sociólogo francés Vincent Tiberj en su libro La droitisation de la societe francaise? Mythe et realité (literalmente, El desplazamiento a la derecha de la sociedad francesa: ¿mito o realidad?). Si bien la generación de los baby boomers ofrece un importante apoyo a las ideas conservadoras a nivel social y económico, este no parece ser el rumbo de las generaciones posteriores. El fuerte conflicto social que está emergiendo en el país podría explicarse en parte por estas diferentes orientaciones. Con una política que, desde arriba, continúa imponiendo medidas económicas y sociales conservadoras y neoliberales, mientras que la sociedad también plantea otro tipo de demandas que quedan sin respuesta.
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El presidente Javier Milei sostiene, con su impronta impulsiva y dogmática, que no hay alternativa al ajuste económico porque heredó un Estado en quiebra, con reservas negativas y una inflación galopante. Su gobierno debe implementar un shock fiscal —reducción del Estado, corte de subsidios y despidos públicos— como una «quimioterapia» necesaria para sanar la economía.
Argumenta que, sin este dolor transitorio, la crisis empeoraría. La meta es eliminar el déficit, bajar la inflación y generar confianza para la inversión privada. Milei insiste en que es una medida de urgencia, no ideológica, ante la falta de fondos. Sus críticos, sin embargo, señalan el alto costo social y existen posturas económicas que proponen caminos alternativos.
Casi dos años después, el escenario es otro, pero el mensaje, el mismo, pulido por el tiempo y temperado en la hoguera de la realidad. Milei, ahora con saco oscuro y corbata azul, habla con tono de médico que anuncia un diagnóstico crudo pero necesario en un mensaje grabado, insistió en que “el orden fiscal y el superávit” constituyen “el único camino” hacia la prosperidad de Argentina y “la solución definitiva” a los problemas que aquejan al país: se lo vota para avanzar o la Argentina retrocede.
Antes de la seguidilla de desatinos políticos y de la derrota electoral frente a Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, marcó un punto de inflexión. El mensaje llegó a todos los hogares por cadena nacional: “Aumentar el gasto público es destructivo. Cuando un Estado gasta más de lo que gana, genera emisión, y eso produce inflación: un fenómeno monetario que reduce el poder adquisitivo”.
La contundencia de la afirmación era tan seductora como engañosa. En su simplicidad, escondía una visión reduccionista de la economía, una narrativa construida sobre un solo eje causal – la emisión monetaria –, ignorando deliberadamente la complejidad que caracteriza los procesos inflacionarios. No había lugar para la inflación de costos, impulsada por alzas en los precios internacionales o cuellos de botella productivos; tampoco para la inflación de demanda, ni mucho menos para el papel de las expectativas.
Y es ahí, en ese espacio de lo no dicho, donde la teoría se quiebra. Porque la inflación también es –sobre todo– un fenómeno social y psicológico. Cuando la gente espera que los precios sigan subiendo, actúa en consecuencia: negociando salarios, ajustando precios, protegiéndose con dólares. Se crea así un círculo que se autoalimenta, independientemente de la cantidad de dinero en circulación.
Reducir todo a la masa monetaria no es solo un error técnico: es una simplificación que ignora lecciones dolorosas de la historia económica de América Latina. La multicausalidad no es solo una vaga teoría: es un cálculo de hipótesis.
Bajo la lógica implacable de una ortodoxia que se proclama incuestionable, el gobierno de Javier Milei navega entre escándalos que empañan su relato de pureza La difusión nacional del Caso Libra –con sus acusaciones de un presunto sistema de coimas del 3% que involucraría a su hermana y mano derecha, Karina Milei– parecen chocar contra un muro de convicción inquebrantable.
Fiel a un rumbo fijado sin espacio para el pluralismo ni el pragmatismo, la administración insistió en impulsar el veto a los fondos recortados a universidades públicas y las asignaciones para personas con discapacidad, aún después del contundente rechazo en las urnas del 7 de septiembre, y luego negarles presupuesto aunque la búsqueda de dinero para solventar el descalabro económico no tuviera límites como el nuevo salvataje de la administración Trump. La decisión –analizada por La Nación como un paso más en el “pantano de la Provincia de Buenos Aires”– refleja una resistencia casi dogmática a revisar estrategias, incluso ante la evidencia política de un desgaste creciente.
Frente a esto, resurgen con ironía dos frases que interpelan directamente la terquedad en el poder: aquella que advierte que “solo las bestias no cambian de opinión”, y la sentencia atribuida a Francis Bacon: “Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, un idiota; quien no osa pensar, un cobarde”.
Ambas funcionan como espejos incómodos para un discurso que –atrapado en su propio enjambre de certezas– parece haber opacado su capacidad para escuchar, rectificar o, simplemente, pensar. La lengua áspera y confrontativa que lo llevó al poder ahora se enreda en sus propias contradicciones, mientras la sociedad espera señales de que la rigidez no haya eclipsado por completo la razón.
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En Argentina y en Francia resuena el mismo discurso: la promesa de un futuro próspero a cambio de un presente austero, como lo han demostrado los autores en sus investigaciones en la red INCASI financiada por la Unión Europea. Se presenta como un sacrificio necesario, un camino doloroso pero único hacia la redención económica. Sin embargo, el precio de esta apuesta recae una vez más sobre los mismos de siempre: los históricamente olvidados, aquellos condenados a nadar contra la corriente de un sistema que exige cada vez más formación para no quedar atrapados en la exclusión. Para ellos, el “santuario del progreso” parece llamado San Jamás –un lugar del que solo se oye hablar, pero al que nunca se llega–. La promesa se convierte así en un espejismo que perpetúa la brecha que dice querer cerrar.
La derrota electoral aceleró los tiempos y los intendentes que se jugaron por Axel Kicillof le piden ahora que demuestre su liderazgo y avance en una ruptura definitiva con Máximo Kirchner y La Cámpora.
En el axelismo creen que no hay margen para seguir dilatando las definiciones. El planteo que hacen es muy llano: o encara su candidatura a la presidencia de la mano de Cristina, como lo hicieron Daniel Scioli y Alberto Fernández, o lo hace con quienes lo acompañaron en la elección de septiembre.
Kicillof se niega a romper con La Cámpora, pese a que los vínculos con muchos de los funcionarios cristinistas están destrozados. El gobernador se niega a pagar el costo de pedir una renuncia por motivos políticos.
Algunos intendentes que trabajaron muy cerca del gobernador en los últimos meses salieron a hablar después de la elección del domingo. «Yo quiero que Kicillof sea presidente, pero teniéndolo a Máximo Kirchner, a La Cámpora y a Grabois al lado, no creo que sea potable», dijo el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, un axelista de la primera hora.
Yo quiero que Kicillof sea presidente, pero teniéndolo a Máximo Kirchner, a La Cámpora y a Grabois al lado, no creo que sea potable.
«Por supuesto que le atribuyo la derrota al kirchnerismo. Porque Kicillof se sigue rodeando de La Cámpora. No tengo ninguna duda de que es la derrota del kirchnerismo. Fijate la lista que pusieron, una lista lamentable», siguió.
Dalessandro es quien caminaba abrazado a Gabriel Katopodis en un video que irritó a Máximo sobre el cierre de listas. Ocurrió en una recorrida con Kicillof en zonas inundadas del norte de la provincia donde el ministro de Infraestructura le dice al intendente: «vamos a salir de esta y vamos a ganarle a La Cámpora».
Mario Secco, otro intendente del axelismo más duro, también salió a defender a Kicillof de los embates de La Cámpora. «Me da bronca cuando quieren gastar al gobernador y nos toman de punto a nosotros. Fuimos las mulas mucho tiempo. Cuando ganábamos por 40 puntos, el que ganaba era otro», cuestionó.
«Se quieren limpiar el culo con nosotros. ¿A dónde estuviste vos mientras recorríamos nuestras calles? No quieren reconocer que a veces las estrategias no dan resultado», dijo Secco a Radio 10. La frase pareció estar dirigida a Máximo.
La relación entre el jefe de La Cámpora y los intendentes que orbitan alrededor de Kicillof también está terminada. Los gestos de malestar de Máximo el domingo cuando sobre el escenario Kicillof agradecía a los intendentes eran elocuentes. El video circuló en las redes.
El gobernador reunirá el viernes en La Plata a sus intendentes. Este martes por la tarde se cursaron las invitaciones a los más de 40 jefes municipales que forman parte de su armado político.
Máximo Kirchner.
Probablemente Kicillof escuche en Casa de Gobierno algunos planteos respecto de la necesidad de romper con La Cámpora. Es que buena parte de la estructura del su armado -el Movimiento Derecho al Futuro- fue relegado de las listas y el quiebre definitivo con el kirchnerismo abrirá espacios en el gabinete.
En la primera línea de ministros camporistas están Juan Martín Mena (Justicia), Florencia Saintout (Cultura), Daniela Vilar (Ambiente), Nicolás Kreplak (Salud), Marina Moretti (IPS) y Homero Giles (IOMA).
Sin embargo, por debajo de esos nombres le siguen decenas y decenas de cargos importantes. Y más abajo aún, hay militantes, estructura y caja. Hay quienes aseguran que la cantidad de cargos de La Cámpora en el gobierno de la provincia supera con creces los 500. Es una estructura que los intendentes de Kicillof reclaman y están dispuestos a pelear.
Saintout es quien mantiene la peor relación con el gobernador. La ministra de Cultura hizo planteos críticos hacia el interior del espacio. En agosto, se despachó con un posteo en contra de Victoria Tolosa Paz por una foto de la diputada albertista junto a Chiche Duhalde.
«Algunos la esconden a Cristina y se sacan fotos con Chiche Duhalde que fue negacionista», escribió la ministra de Cultura en las redes. Chiche estaba sentada al lado de Julio Alak, uno de los intendentes más cercanos a Kicillof, en un acto en el Palacio Municipal.
La frontera es un teatro inmunológico en el que cada cuerpo es percibido como un enemigo potencial, y él y yo estamos a los dos lados en ese umbral para jugar el juego de la identidad y de la diferencia. Paul B. Preciado Paul B. Preciado nos conduce hasta los rincones menos pensados de la…
El blooper de una ministra que da más bronca que risa.
Por Celina Fraticiangi par Noticias La Insuperable
La candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a demostrar este domingo que los sistemas electorales —sean electrónicos o de papel— representan para ella un desafío digno de un escape room. En plena jornada de las Elecciones 2025, la ministra de Seguridad protagonizó un momento incómodo (y ya casi costumbrista) al intentar emitir su voto con la Boleta Única de Papel.
Según los testigos, Bullrich ingresó al box de votación, salió, volvió a entrar, y volvió a salir. Como si el acto electoral fuera una coreografía experimental. Luego de varios intentos, logró colocar su voto en la urna, aunque no sin antes casi desplegar la boleta completa frente a la mesa, poniendo en riesgo el secreto que tanto resguarda nuestra democracia.
Al ser consultada por la prensa, la funcionaria explicó con desparpajo: “Voté rápido, la boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres”. Una frase que, de no venir de quien hoy custodia la seguridad interior del país, podría pasar como humor involuntario.
«VOTO IMPUGNADO»
Porque Bullrich fue a votar completamente ebria y mostró la boleta adelante de todo el mundo, conduciendo a la impugnación de su sufragio. pic.twitter.com/MwnGczPIqI
Pero lo cierto es que no es la primera vez que Bullrich pelea contra la tecnología electoral, ni contra el papel, ni contra las leyes de la física. En las elecciones porteñas de 2023, había protagonizado un blooper similar con la Boleta Única Electrónica, cuando la máquina —quizás agotada de tanto intento— debió ser revisada durante quince minutos por un técnico. “Tuve que votar ocho veces, apretaba una lista y me mostraba otra que no era la que quería votar”, se justificó entonces, dejando entrever que la tecnología también tenía sus preferencias.
En aquel momento, desde su entorno aseguraron que se trató de una “falla técnica”. Pero con la boleta de papel entre manos, esta vez no había software al cual culpar. Ni inteligencia artificial, ni interferencias rusas, ni conspiraciones del “pacto de casta”.
La ministra que no supo cómo doblar una boleta se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los usuarios ironizaron sobre la paradoja de una funcionaria encargada de velar por la seguridad nacional, pero que necesita asistencia para completar un voto sin romper el sobre o invadir la mesa con el pliegue equivocado.
Mientras tanto, el oficialismo libertario intentó bajarle el tono al incidente. Voceros del espacio sostuvieron que “lo importante es que votó”, aunque más de uno en su propio partido se preguntó si ese voto habrá ido donde realmente quería.
La escena deja una metáfora perfecta de los tiempos que corren: un gobierno que no logra entender el mecanismo más básico de la democracia, y una ministra que ni siquiera logra meter el voto en la urna sin desarmar el sistema.
