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EL CANNABIS ES EFECTIVO PARA LOS PACIENTES CON EPILEPSIA

La investigación se realizó sobre 158 personas durante un año.

Los resultados de un reciente estudio de un laboratorio privado confirmaron las alentadoras investigaciones previas relacionadas con el uso de cannabis medicinal sobre pacientes con epilepsia refractaria, lo cual abre la posibilidad de aplicarla a otras patologías. Las conclusiones fueron rotundas. Quedó comprobado que el 81 % de los participantes que cumplieron con el seguimiento anual disminuyó el número de convulsiones y la mayoría de ellos en un porcentaje igual o mayor al 50 %.

El relevamiento fue realizado por el laboratorio Alef Medical, desarrollador de Convupidiol, el primer medicamento aprobado por ANMAT para el tratamiento de pacientes que presentan epilepsia refractaria, y único en el mercado en utilizar CBD farmacéutico y no fitoterapéutico, con trazabilidad y buenas prácticas de manufactura. Además, del estudio participó IPRAT, empresa dedicada al asesoramiento del desarrollo del negocio, el registro y la farmacovigilancia de productos farmacéuticos.

La idea del estudio fue obtener un registro de los efectos adversos y la frecuencia de las convulsiones bajo la administración de este medicamento. Para ello, se hizo un riguroso seguimiento durante un año por parte de 19 médicos especialistas de 158 pacientes de distintas edades con diagnóstico de epilepsia refractaria que estaban siendo tratados con Convupidiol como terapia coadyuvante.

El trabajo fortaleció la evidencia científica que ya había en este sentido. Por eso ahora se cree que los beneficios de estos tratamientos para la epilepsia refractaria, pueden extenderse para la aplicación en otras patologías o tipos de epilepsia. 

“Por el rigor, la cantidad de especialistas implicados y el tiempo de seguimiento, es el estudio más completo sobre cannabis farmacéutico y epilepsia hecho en Argentina. Además, brindó hallazgos representativos del escenario real de pacientes y profesionales”, resumió el doctor Diego Sarasola (MN 88.266), psiquiatra especialista en neuropsiquiatría y neurociencias y director médico del Alef.

“La certeza de que la reducción de las convulsiones se haya mantenido durante un período de un año es un dato sumamente alentador, ya que algunos antiepilépticos reducen su eficacia a lo largo del tiempo”, sintetizó Sarasola.

También existe un impacto con algunos medicamentos conocido como “luna de miel”. Consiste en una mejora en una primera instancia que luego se revierte. Ante esto, para asegurar la eficacia de una terapia, resulta muy necesario contar con testeos durante ciclos prolongados

Tampoco hay que pasar por alto que “la epilepsia es una condición crónica y muchas veces los estudios tienen una extensión escasa que puede no ser representativa del mundo real de nuestros pacientes”, resalta Sarasola. 

Dentro de la franja que no notó mejoras, el 7 % mantuvo la misma cantidad de convulsiones y otro 7 % suspendió el tratamiento. Solo en un 3 % se registró un aumento en sus episodios.

Únicamente en nueve personas se detectaron reacciones adversas. En todos los casos, los síntomas fueron leves y de fácil abordaje. Tales como insomnio, disminución del apetito, somnolencia, diarrea, entre otros.

Con estos datos, puede reafirmarse que “en este estudio el cannabis farmacéutico tuvo respuestas no deseadas más leves y menos frecuentes que algunos otros antiepilépticos”, completa Sarasola.

El CBD y la epilepsia refractaria

Convupidiol es el primer medicamento con cannabidiol aprobado por la Anmat. Al no contar con contaminación cruzada de THC, quedan descartadas las alteraciones psicotrópicas. Tiene 100 miligramos por mililitro de CBD de máxima pureza, obtenido a partir de partes aéreas de Cannabis Sativa L, que es la parte de la planta con mayores propiedades terapéuticas. Por sus características, es el único equivalente a Epidiolex, medicamento aprobado en los Estados Unidos por la FDA para el tratamiento de la epilepsia refractaria, con resultados comparables, luego de 4 años de estudios con pacientes.

Además, está realizado bajo las normas de buenas prácticas de manufactura internacionales y tiene un certificado de calidad farmacéutica emitido por la autoridad europea competente. “Estas cualidades brindan la seguridad sobre la homogeneidad y la estabilidad del fármaco frasco a frasco”, agrega Sarasola.

Vale decir que el producto está autorizado por la Anmat para tratar las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet y en convulsiones refractarias secundarias asociadas a esclerosis tuberosas.

“Hoy puede decirse que el cannabis farmacéutico brinda un avance importante en el tratamiento de la epilepsia y logra mejoras en pacientes que no respondían a otras alternativas terapéuticas. Este estudio, por otra parte, revalida la eficacia y seguridad que brinda Convupidiol”, concluye el especialista.

Fuente
tiempoar.com.ar

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  • Nuestra tierra

     

    Tres novedades en la política argentina cobraron fuerza en las últimas horas. Primero: el activismo organizado y manifestado masivamente en redes logró hacer retroceder al gobierno en su ímpetu legislativo arrasador. Después de decenas de marchas y movilizaciones multitudinarias que no parecían surtir los efectos deseados, por fin estamos ante un efecto político potente, resultado de la respuesta colectiva y organizada. Y que —aquí lo nuevo— impacta antes de llegar a la movilización en la calle. Segundo: una sensibilidad nacional transversal, distinta de otras formas de nacionalismo o el patriotismo a secas, que parece tener una raíz en el vínculo afectivo con la tierra misma, con el paisaje y el lugar común que habitamos, vivimos y somos capaces de defender. Un sentimiento nacional que se ha expresado de manera transversal a los partidos y las ideologías, incluso y especialmente entre sectores que se autoperciben apolíticos o despolitizados. Y ese sentimiento común —con lo que cuesta encontrar lo común en nuestra Argentina agrietada, atomizada y de a ratos sumida en el sálvese quien pueda— parece haberse configurado como un límite concreto para el proyecto libertario de destrucción del Estado y entrega de los bienes públicos en beneficio de los negocios del capital extranjero. Tercero: una fuerza pop que empuja y aglutina de manera masiva a públicos difíciles de imaginar políticamente movilizados. Si fue Lali una de las primeras grandes figuras que convocó a marchar, después se sumaron María Becerra, Emilia Mernes, Trueno, Tini, Nicki Nicole, y la Joaqui. Ocupando el lugar que el rock simbolizó por décadas, la vanguardia ante la embestida de la ultraderecha la encarnan hoy nuestras reinas del pop. 

    Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei, que se jacta de no levantar el pie del acelerador ni siquiera en las curvas —en línea con el postulado explícito de Santiago Caputo en X: attack, attack, attack, never defend—, tuvo que retroceder ante la masiva campaña digital por la defensa de la Ley de Tierras. Una campaña que también fue empujando al rechazo clave de gobernadores y aliados circunstanciales del oficialismo. La Libertad Avanza cedió y extirpó el capítulo vinculado a la extranjerización de la tierra del temario de este 6 de agosto para salvar el resto del proyecto. 

    Una sensibilidad nacional transversal configura un límite al proyecto libertario de destrucción del Estado y entrega de los bienes públicos al capital extranjero.

    La campaña ganó una batalla clave en la esfera digital y hoy marcha por la caída del proyecto entero, que amenaza con reformar, entre otros frentes, la Ley de Manejo del Fuego del que depende, por ejemplo, la protección de los bosques patagónicos constantemente incendiados. Al calor de la manifestación, ¿cómo podemos pensar la dimensión del costo político que se sintió en las bases de sectores tan diversos sin que siquiera pisemos las calles? ¿Qué despertó esa sensibilidad popular en los aliados del oficialismo? ¿Qué voces y narrativas fueron fundamentales para que el reclamo atravesara las fronteras de los ámbitos tradicionales de resistencia? 

    Diferentes coaliciones políticas, organizaciones ecosociales, territoriales, de derechos humanos, obispos, artistas de todos los campos y personalidades diversas se manifestaron bajo el eslogan #LaPatriaNoSeVende. Es difícil encontrar antecedentes. Las multitudinarias movilizaciones en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario lograron presionar para algunos acuerdos parciales. O aquella movilización de 2017 contra el dos por uno a los represores de la última dictadura cívico-militar. En ambos casos, con centenas de miles en la calle. En este caso, la amenaza de una masividad igual o mayor, aún inmaterial, doblegó anticipadamente la voluntad del partido del 1% a través de su fantasma: el aislamiento. Porque esta respuesta además de masiva fue, ante todo, transversal. La rotura de silos ideológicos y el atravesamiento de una historia que, aún en la diferencia, podemos percibir común.

     Una fuerza pop empuja y aglutina de manera masiva a públicos difíciles de imaginar políticamente movilizados.

    La escritora Selva Almada esbozó un ejercicio en las redes donde podría estar la clave de lo que ha significado esta masiva interpelación que produjo el intento de derogación de la Ley de Tierras. En su cuenta de Instagram, la autora publicó textos ilustrados que contaban los vínculos con sus ancestros y las tierras que habitaron —el abuelo peón de la estancia de “Los Castro”, a su abuela y su madre que se inclinaban sobre el suelo para hacer surcos donde tiraban semillas; los sitios donde enterró a sus seres queridos, humanos o no-humanos—. Son las historias que unen a nuestra memoria con este suelo las que nos hacen querer defenderlo. Así narrada, la patria deja de ser un ente abstracto de frase nacionalista y pasa a inscribirse en el terreno de la experiencia afectiva, territorial y biográfica. 

    * * *

    Esa reafirmación de un nosotros argentino también tiene algo de impulso malvinero en el último mundial. Cuando el 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Giovanni Lo Celso desplegó la bandera que había recibido desde la tribuna, difícilmente pudo dimensionar el alcance que tendría su gesto. Quizás era consciente de la potencia del reclamo de soberanía por nuestras Islas Malvinas, a segundos de remontar una semifinal épica contra Inglaterra en la semifinal de una Copa del Mundo. Lo que no podía imaginar era que esa imagen circularía horas antes de que el gobierno argentino presentara una ley para desregular la venta de tierras a extranjeros, y que ese ícono terminaría convirtiéndose en la chispa de una renovada defensa del territorio.

    Malvinas sigue siendo un reclamo diplomático vigente, pero también un símbolo cultural que reaparece en canciones mundialistas, en banderas de todos los clubes y en una memoria compartida. Esa sábana blanca pintada con marcador en uno de los eventos más vistos del planeta inspiró remeras, intervenciones y hasta la inédita creación de Malvinas Sans, una tipografía opensource diseñada por Juan Manuel Pelillo para que cualquiera pudiera apropiarse de ese símbolo y multiplicarlo. 

    Cuando la rebeldía parece haberse vuelto de derecha, el glitter de la resistencia se amplifica y parece dar bríos a nuevas formas más comunitarias, inclusivas y amorosas de pensarnos, enunciarnos y defendernos.

    Contrariamente al lema del personaje humorístico filonazi Micky Vainilla, creado por Diego Capusotto y Pedro Saborido, que dice sólo hacer “pop para divertirse”, en este caso podemos pensar en un “pop para resistir”. 

    En primer lugar, porque hay pocos artefactos más pop que un símbolo simple, universal y replicable. Más allá de sus infinitas versiones y apropiaciones, la imagen volvió a poner en primer plano una herida compartida: la persistencia de un enclave colonial británico en pleno siglo XXI. Y desde allí renació, una vez más, la posibilidad de reconocernos en un nosotros. En tiempos de individualismos liberales y progresismos identitarios, cuando las pertenencias parecen fragmentarse, ese ícono recordó que existen causas capaces de reunir sensibilidades muy distintas. La coincidencia entre esa ofensiva extranjerizante y la épica performance mundialista hizo visible, quizás como pocas veces, que todavía hay símbolos capaces de recordarnos que tenemos mucho más en común de lo que solemos creer.

    Además, porque fue la primera línea de la música pop local la que tuvo un rol fundamental en el trasvasamiento generacional, cultural y hasta de género de esta efervescencia nacionalista que se constituyó como un límite posible al gobierno libertario. Nuestra bestia pop viene haciéndolo hace rato. No sólo respondió las bravuconadas del Presidente  con el arte que desplegó en su canción Fanático, sino que en cada show de Lali se canta “el que no salta votó a Milei”. Y seguro que hay gente que lo votó —y por eso es incluso más importante para interpelarnos mutuamente—. 

    Esta semana, Lali fue una de las principales convocantes a la marcha del 6A, y lo hizo desde la ola de atención de haber anunciado su tercer River del año sólo un día antes. Sorprendieron también otras artistas de la talla, como Nicki Nicole, que no sólo difundió la nota de Florencia Gómez en Revista Anfibia, sino también los puntos de convocatoria en todo el país. Incluso Emilia Mernes, otra mujer artista exitosa cuestionada por si se posiciona o no políticamente, compartió la publicación de Amnistía Internacional que, con música e imágenes épicas de distintas geografías nacionales, clamaba: “Defender la tierra es defender los derechos humanos”. 

    Cuando la rebeldía parece haberse vuelto de derecha, el glitter de la resistencia se amplifica y parece dar bríos a nuevas formas más comunitarias, inclusivas y amorosas de pensarnos, enunciarnos y defendernos.

    Por fin estamos ante un efecto político potente, resultado de la respuesta colectiva y organizada. Lo nuevo: impacta antes de llegar a la movilización en la calle.

    El martes, Martín Vidal Ramos, un maestro jujeño de escuela pública que vive en Buenos Aires, sacó su pancarta amarilla en el Movistar Arena que decía “La Patria No Se Vende”. Las 15 mil personas que estaban viendo a Rosalía siguieron la consigna y corearon el agite patriótico. Ramos se adjudica, mediante imágenes en Instagram, haber “desatado esa locura”. En el escenario, la joven de 33 años, graduada de la Escuela Superior de Música de Cataluña y artista total, desplegó uno de los gestos más argentinos de la felicidad: revolear un cacho’e tela. La Rosalía, absurdamente cuestionada de anti-argentina (aunque como mujer, artista y exitosa, podría haber sido acusada de cualquier otra cosa), unía sensibilidades de lo más diversas en torno a la defensa común de una patria que no se vende. 

    Tantas veces confrontados en la falsa dicotomía “desarrollo o proteccionismo”, los bienes naturales de este suelo lograron, por una vez, unirnos. Los glaciares, los bosques, la cordillera o los humedales quedaron, por fin, de “este lado” del nosotros. El antropocentrismo perdió una batalla. Pudimos considerar la relacionalidad de nuestra especie con lo que nos alberga y rodea. ¿Lo entendemos así? Ojalá. Lo que entendimos es que es nuestro: entendimos la soberanía, aún herida en las islas de nuestros mares del sur, valientemente recordadas en un campo de juego. Porque apelando a la construcción de una narrativa cercana a lo común que tenemos, nos movemos de la confrontación al imaginario de nuestras historias compartidas, y así da lugar a la resonancia. Primero conocemos, después amamos; entonces defendemos.

    La entrada Nuestra tierra se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    Paro docente: la Nación busca entrar a las escuelas provinciales y Buenos Aires denuncia una intromisión en sus competencias

     

    El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.

    Por Redacción de NLI

    El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.

    La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.

    Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.

    El conflicto educativo detrás del operativo nacional

    El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.

    La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.

    La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.

    Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales

    La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.

    La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.

    El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.

    Una pelea que excede al paro docente

    El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.

    En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.

    La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.

     

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