El arancel cero que impuso Javier Milei para la importación de celulares amenaza con dejar en la calle a 2500 trabajadores de la industria de Tierra del Fuego.
En la provincia austral aseguran que el decreto 333 que se publicó este jueves en el Boletín Oficial tiene un impacto directo y concreto sobre el empleo y la estructura productiva de Tierra del Fuego.
Según datos de noviembre pasado, la industria fueguina emplea 7.569 trabajadores directos. De ese total, el 83% corresponde a la industria electrónica, el sector más afectado por la apertura de importaciones.
En Tierra del Fuego estiman que entre 2.000 y 2.500 trabajadores vinculados específicamente a las líneas de producción de celulares podrían verse afectados de manera directa por esta medida.
El impacto será aún mayor ya que golpea sobre el empleo indirecto en la provincia. Por cada puesto industrial que se pone en riesgo, también se ve afectado el empleo indirecto en toda la provincia, tanto en los comercio minoristas y mayoristas, como en el transporte privado, los servicios logísticos y de mantenimiento y la gastronomía.
En Tierra del Fuego aseguraron a LPO que la industria electrónica sostiene en buena parte el consumo y la actividad económica de las ciudades fueguinas. Cuando cae la producción, cae el poder adquisitivo y se resiente toda la economía local.
Martín Pérez, intendente de Río Grande.
«Nos dicen desde Buenos Aires que esto es para bajar precios. Ese argumento ya lo escuchamos y ya fracasó. Cuando se abrieron las importaciones de notebooks durante el gobierno de Macri, los trabajadores perdieron su empleo y los precios no bajaron. Se destruyó producción local y el beneficio nunca llegó a la gente», dijo a LPO Martín Pérez, el intendente de Río Grande, la ciudad más poblada de la provincia.
«No se trata de privilegios. Se trata de defender producción nacional, empleo argentino y el trabajo de miles de familias fueguinas», dijo Pérez.
El impacto en la industria electrónica ya fue acusado por el gobernador Gustavo Melella, que semanas atrás cambió a todo su equipo económico. Alejandro Barrozo asumió como nuevo Ministro de Economía en reemplazo de Francisco Devita, que dejó el gabinete fueguino luego de seis años.
Hoy jueves 04 de junio a las 11:30 hs la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Regina realizará un toque de sirena durante un minuto, así como otros cuarteles en todo el país en memoria de los camaradas bomberos de la Policía Federal, caídos en acto de servicio el pasado 02 de junio cuando combatían…
El presidente sigue jugando con el patrimonio histórico nacional.
Por Alcides Blanco para NLI
La trascendida decisión del gobierno de Milei de retirar el sable corvo del General José de San Martín del Museo Histórico Nacional para devolver su custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo no es un simple gesto administrativo ni un acto de reparación histórica inocente. Es, ante todo, una operación política sobre los símbolos, una disputa por el sentido de la historia nacional y por quién tiene derecho a representarla.
El sable corvo no es un objeto neutro. Nunca lo fue. Desde que San Martín lo empuñó en las guerras de independencia hasta hoy, su recorrido estuvo atravesado por conflictos, disputas ideológicas y lecturas políticas que reflejan las tensiones profundas de la Argentina.
San Martín, el sable y la soberanía
San Martín adquirió su sable en Londres, en 1811, antes de regresar al Río de la Plata. No era un arma ceremonial, sino un instrumento de guerra: sobrio, eficaz, sin ornamentos. Lo acompañó en el cruce de los Andes, en Chacabuco, Maipú y en la liberación de Chile y Perú. Pero su mayor carga simbólica llegó después de su muerte.
En su testamento, San Martín decidió legar el sable a Juan Manuel de Rosas, agradeciéndole explícitamente la defensa de la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras. Ese gesto no fue casual ni anecdótico: expresa una concepción política clara del Libertador, que entendía la independencia no como un hecho cerrado sino como una lucha permanente contra el imperialismo.
Ese solo dato alcanza para desmontar cualquier intento de convertir a San Martín en una figura vacía, despojada de contenido político.
Tras décadas en manos privadas, el sable fue donado al Estado argentino y, en 1897, pasó al Museo Histórico Nacional, donde se consolidó como patrimonio público, accesible a toda la ciudadanía y contextualizado dentro de un relato histórico integral.
Un objeto siempre disputado
A lo largo del siglo XX, el sable corvo fue desplazado, ocultado, robado y recuperado. Durante la proscripción del peronismo fue sustraído por la Resistencia Peronista como símbolo de soberanía popular; durante la dictadura de Onganía fue retirado del museo y entregado a los Granaderos por decreto; y recién volvió a una lógica plenamente museística en democracia.
Cada traslado respondió a una concepción distinta del pasado: militarización del símbolo, apropiación política, o restitución al ámbito civil. No hay neutralidad posible cuando se trata del principal emblema material del Libertador.
Por qué Cristina llevó el sable al museo en 2015
En 2015, el gobierno de Cristina Kirchner dispuso el traslado del sable corvo nuevamente al Museo Histórico Nacional. La decisión estuvo acompañada de fundamentos claros y explícitos.
El argumento central fue que San Martín pertenece al pueblo argentino, no a una institución en particular. El sable debía estar en un museo público, bajo criterios profesionales de conservación, investigación y exhibición, y no en un ámbito castrense de acceso restringido. La idea fue desmilitarizar el símbolo, sin negar la dimensión militar de San Martín, pero incorporándolo a una lectura más amplia: la de un líder político, americanista y profundamente comprometido con la soberanía.
Cristina también inscribió la decisión en una política de memoria coherente con su gobierno: los símbolos nacionales deben ser civiles, públicos y democráticos, no herramientas de construcción de autoridad ni objetos sacralizados fuera del debate histórico. El Museo Histórico Nacional permitía explicar el sable junto a documentos, contextos y contradicciones, evitando convertirlo en un fetiche.
Fue, además, una definición política clara: la historia como patrimonio colectivo, no como recurso de legitimación del poder de turno.
Milei, los granaderos y la apropiación emocional
La decisión de Milei de revertir ese traslado no puede leerse aisladamente. Forma parte de una estrategia sostenida de construcción simbólica, en la que el presidente busca asociarse personalmente con figuras y cuerpos históricos de alta carga emocional.
No es un dato menor que Milei haya cultivado una relación especial con el Regimiento de Granaderos a Caballo, incluyendo el episodio ampliamente difundido en el que los granaderos le entregaron un regalo por su cumpleaños, provocando una escena de llanto y exaltación emocional cuidadosamente registrada por las cámaras.
Esa escena no fue espontánea ni inocente: construyó una imagen de investidura emocional, de validación histórica, de conexión directa con la épica sanmartiniana. La restitución del sable a los Granaderos profundiza esa narrativa: Milei se coloca simbólicamente bajo la sombra de San Martín, como si la autoridad del Libertador pudiera transferirse por proximidad, por escenografía o por decreto.
Un cierre que incomoda
San Martín nunca buscó el culto personal. Rechazó honores, se exilió, evitó la política facciosa y legó su sable no a un ejército, sino a un dirigente que —según su propio criterio— defendía la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras.
Usar su figura hoy para construir legitimidad personal, mientras se desmantelan políticas públicas, se ajusta al pueblo y se subordina la economía a intereses externos, no es un homenaje: es una contradicción histórica.
El sable corvo no necesita ser “devuelto” a nadie. Pertenece a la historia del pueblo argentino. Cada vez que se lo mueve para reforzar una narrativa de poder, se lo aleja un poco más del sentido profundo que San Martín le dio en vida.
Y la historia, tarde o temprano, suele pasar factura.
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Once años después de la muerte de Alberto Nisman, el expediente judicial sigue sin una sola prueba concreta que permita sostener la hipótesis de homicidio. Sin embargo, el caso fue utilizado como una herramienta política decisiva para erosionar al kirchnerismo, legitimar operaciones mediáticas y construir un relato funcional al avance de la derecha en la Argentina. Lejos de la verdad judicial, lo que se consolidó fue una ficción útil al poder real.
Por Roque Pérez para NLI
Un expediente sin pruebas, pero con relato
Desde la madrugada del 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero, la causa estuvo atravesada por una anomalía central: no existe prueba material directa que indique la participación de terceros en su muerte. No hay registros de ingreso forzado, no hay signos de lucha, no hay rastros de otra persona en la escena y no hay evidencia científica concluyente que demuestre un asesinato.
A lo largo de los años, peritajes oficiales y de parte confirmaron datos incómodos para el relato instalado: la puerta estaba cerrada desde adentro, el arma pertenecía a un colaborador cercano y no se detectaron huellas de terceros en el departamento. Incluso el análisis de las comunicaciones, movimientos y contexto personal de Nisman mostró un cuadro de aislamiento, presión política, desgaste profesional y un fracaso procesal inminente.
La denuncia que el fiscal había presentado días antes contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán carecía de sustento jurídico y no había sido acompañada por pruebas nuevas ni consistentes. En términos judiciales, se trataba de una acusación endeble, destinada a naufragar en los tribunales.
La operación: cuando la política reemplazó a la justicia
Lo que siguió fue una construcción perfectamente sincronizada. Antes de que avanzara la investigación, el sistema mediático concentrado decretó el veredicto: “lo mataron”. Editoriales, tapas, móviles en vivo y opinadores seriales instalaron una certeza sin respaldo probatorio, mientras sectores del Poder Judicial se alineaban para sostener esa hipótesis contra toda evidencia.
La llamada “marcha del silencio” fue el punto de inflexión simbólico: jueces, fiscales y dirigentes opositores marchando bajo consignas ambiguas, no para exigir verdad, sino para consolidar un clima destituyente. El expediente pasó a segundo plano; lo central era el impacto político.
Con el tiempo, la causa fue desplazada de los fueros ordinarios a Comodoro Py, se forzaron cambios de carátula y se promovieron pericias orientadas a confirmar una hipótesis previa. La investigación dejó de buscar qué pasó y pasó a buscar cómo justificar un asesinato sin pruebas.
El trampolín de la derecha y el silencio posterior
El “caso Nisman” funcionó como un dispositivo de legitimación política. Sirvió para criminalizar al kirchnerismo, para presentar a la dirigencia popular como capaz de cualquier cosa y para justificar un clima de persecución judicial que luego se profundizó con el lawfare. No es casual que muchos de los protagonistas mediáticos y judiciales de aquella operación terminaran alineados con el macrismo primero y con el actual experimento ultraderechista después.
Once años después, el contraste es brutal: no hay responsables condenados, no hay pruebas nuevas, no hay avances reales, pero el relato sigue siendo repetido como dogma por los mismos sectores que se beneficiaron políticamente de su instalación. Cuando el expediente no sirve para condenar, se lo usa para estigmatizar.
La muerte de Nisman fue una tragedia personal y familiar. La utilización política de esa muerte fue una tragedia institucional. Convertir un suicidio en una épica conspirativa no fue un error: fue una decisión consciente del entramado político-mediático-judicial que necesitaba un mártir para empujar a la Argentina hacia la derecha.
Once años después, la verdad judicial sigue siendo clara, aunque incómoda: no hay pruebas de asesinato. Lo que sí hubo —y sigue habiendo— es una operación de poder que convirtió una muerte en una herramienta política.
