La primer compe del año se va a llevar a cabo en el «Play-On» ubicado en un predio dentro de la Isla 58 de Villa Regina. Este domingo a partir de las 17:30hs.
Nos tomamos enero para poder reactivar un espacio al aire libre en uno de los lugares más naturales y dados para la recreación que hay en Regina, y febrero lo arrancamos con todo. Lo que llamamos el «Play-On», es una canchita de basquet al aire libre emplazada en la Isla 58, a pocos metros del río Negro.
Activación del Pay-On en la Isla 58
El playón está ubicado dentro de un predio que queda pasando lo que sería el «Avistaje de aves», cuenta con proveeduría y es un hermoso espacio al aire libre para pasar la tarde. Reacondicionamos y limpiamos el espacio que no contaba con las líneas reglamentarias, y el aro no se encontraba en condiciones y estaba en total desuso.
Lo pusimos a punto y lo dejamos listo. Mañana promete ser una linda compe para ir a ver y una linda tarde para disfrutar en familia. Traete el mate y la reposera.
Mañana domingo a partir de las 1700hs comienza el primer 3×3 del año, la «Copa JM Estudio Jurídico» que cuenta con 6 equipos: The LeñaKingos (unificación de dos equipos que siempre participán: Leñadors y Vikingos), Doble Ipa, The Wall, Onfair, Peppers (en su 2da participación) y cierra MiGachi.
En la 4ta competencia que organiza @3x3basquetregina, el formato de disputa será de dos zonas de 3 equipos, en las cuales los 3ros jugarán ente sí para definir 5to y 6to lugar, y los primeros cruzarán con los segundos para jugar semifinales.
Más contenidos sobre los eventos 3×3 de @basquetregina los encontrás en este enlace: https://latapa.com.ar/?s=3×3
El pinot noir vinificado en rosado de Bodega Aniello proviene de viñedos ubicados en Mainqué a orillas del Río Negro y está implantado en suelos muy heterogéneos de arcilla, arena y grava. La enología actualmente es responsabilidad de la Lic. María Eugenia Herrera. La cosecha se realiza en cajas de 15 kg con posterior selección de…
Todos los contenidos de HISTORIA publicados en #LaTapa disponibles en el siguiente Link: https://latapa.com.ar/category/sociedad/historia/ En la semana del inmigrante compartimos relatos de nuestra historia narrados por protagonistas. En este fragmento «La Mujer». Antonia Marcó de Liberatti Juan Basilio Benedetti Francisco Galetta Entrevistas: Magalí Catriquir (Museóloga)Realización: Alencastre-Saldaña Producción realizada para el 90° aniversario de Villa Regina….
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
Luis Caputo presentó el programa financiero con un objetivo claro: convencer a los mercados de que la Argentina podrá atravesar 2026 y 2027 sin sobresaltos y pagar todos sus vencimientos en dólares sin volver a emitir deuda en Wall Street.
Caputo buscó despejar las dudas del mercado. Aseguró que los pagos en moneda extranjera están garantizados y que podrán afrontarse sin necesidad de volver a los mercados internacionales. El esquema descansa sobre desembolsos de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, deuda local, compras al BCRA y privatizaciones.
Ahí aparece una advertencia que varios economistas consideran decisiva. El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, afirmó que el verdadero interrogante no son los desembolsos brutos que anuncian el FMI, el Banco Mundial, el BID o la CAF, sino los flujos netos. Es decir, cuánto dinero nuevo ingresa después de descontar los pagos de capital e intereses que la Argentina debe devolver. Para que el programa financiero cierre, esos organismos deberían aportar más recursos de los que reciben.
Carrera recordó en un posteo en sus redes que la experiencia de los últimos treinta años muestra que en los años electorales, los organismos multilaterales suelen reducir el financiamiento neto. Aun cuando existan programas vigentes, ralentizan los desembolsos para preservar capacidad de negociación con el próximo gobierno y evitar quedar excesivamente expuestos ante un eventual cambio político. Es una conducta burocrática, pero también una forma de administrar riesgos.
Si Trump pierde poder en las elecciones legislativas de noviembre y el Departamento del Tesoro queda sujeto a un mayor escrutinio del Congreso, tanto la ampliación del swap como la presión sobre los organismos multilaterales serán mucho más difíciles de sostener.
El economista sumó otro elemento clave al análisis. Buena parte de la elevada exposición actual de esos organismos con la Argentina fue producto de la presión ejercida por la administración Trump. Si el presidente estadounidense pierde las elecciones legislativas de noviembre, al Departamento del Tesoro le resultará mucho más difícil impulsar una nueva ampliación del apoyo financiero o presionar para que los organismos vuelvan a incrementar su exposición con la Argentina en pleno año electoral.
El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera.
«Si un organismo considera que su exposición máxima con un país es 100 y ya se encuentra cerca de ese límite, durante el último año del gobierno necesita que las cancelaciones superen a los nuevos desembolsos. De ese modo genera un margen para negociar con la administración entrante» advirtió Carrera.
«Por lo tanto, más allá de las promesas incluidas en los programas activos, el gobierno de Trump deberá redoblar los esfuerzos para que los organismos multilaterales aumenten nuevamente su exposición neta hacia la Argentina en un año electoral, rompiendo un comportamiento que ha sido la regla durante décadas. Si, además, Trump pierde poder en las elecciones legislativas de noviembre y el Departamento del Tesoro queda sujeto a un mayor escrutinio del Congreso, tanto la ampliación del swap como la presión sobre los organismos multilaterales serán mucho más difíciles de sostener», concluyó.
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