A lo largo del ciclo lectivo, 23 instituciones educativas recibieron insumos de distinto tipo a partir del convenio que la Municipalidad de Villa Regina firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.
En este sentido, los establecimientos beneficiados fueron las Escuelas 265, 257, 143, 85, 105, 196, 83, 52, 28, 220, 91, 279, Jardín 45, Instituto de Formación Docente, Supervisión y el Consejo Escolar Alto Valle Este.
Los insumos fueron diversos, entre ellos se puede mencionar PCs más accesorios, teléfonos inalámbricos, impresoras, kits rapsberry, motoguadaña, heladera, Smart TV, termómetros y alcohol etílico que fueron entregados de acuerdo a la necesidad cada institución.
El Intendente Marcelo Orazi destacó la posibilidad que brinda la firma de este tipo de convenios con la cartera educativa ya que permite llegar con respuestas y soluciones de una manera más ágil a las demandas educativas.
Por su parte, desde el Consejo Escolar se valoró el acompañamiento de la Municipalidad en todos los aspectos durante el presente año lectivo.
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Este miércoles, los mercados internacionales comenzaron a experimentar los impactos de los nuevos aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Los futuros del Dow Jones cayeron un 2,7%, los del S&P 500 un 3,9% y los del NASDAQ 100 un 4,7%. Las grandes empresas tecnológicas también se vieron afectadas. Apple, que obtiene gran…
Mientras rechaza aranceles para proteger a la industria nacional en nombre de la “libertad”, el Gobierno acaba de aplicar una bonificación selectiva y retroactiva en un peaje clave de la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, beneficia a grandes operadores del comercio exterior y expone una intervención estatal quirúrgica, lejos del discurso oficial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó este lunes, mediante la Resolución 65/2025, una bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La decisión no solo es temporal, sino también retroactiva: se aplica desde el 5 de diciembre y rige por 30 días corridos.
El texto firmado por Iñaki Miguel Arreseygor repite, casi sin cambios, una bonificación idéntica dispuesta en noviembre, lo que deja en evidencia que no se trata de un hecho excepcional sino de una política de parche reiterada, aplicada en plena transición del esquema de concesiones.
Una bonificación selectiva, no una política general
El primer dato político es claro: no hay una rebaja general de peajes, ni un alivio para todo el sistema portuario. El beneficio es puntual y direccionado: solo alcanza a los buques que eligen el Canal Martín García, una traza que en los últimos años perdió competitividad frente a otras rutas por mayores costos de mantenimiento y dragado.
En los hechos, el Estado absorbe parte del costo operativo para que ese canal siga siendo utilizado. El porcentaje elegido —16,7%— no es caprichoso: equivale a compensar el diferencial que hoy empuja a muchos operadores a evitar esa vía. Sin la bonificación, el tráfico tendería a desviarse.
La retroactividad agrega un elemento sensible: no incentiva conductas futuras, sino que premia operaciones ya realizadas, reduciendo ingresos que el Estado ya había devengado.
Quiénes ganan y quiénes pierden
Los principales beneficiados por la medida son actores altamente concentrados del comercio exterior:
Navieras internacionales de ultramar, como MSC, Maersk y CMA CGM, para quienes una baja de peaje impacta directamente en el costo por viaje y en la planificación de rutas.
El complejo agroexportador, principal usuario estructural de la Vía Navegable Troncal, que ve reducido un costo logístico sin que eso se traduzca en mejores precios internos ni en estímulos a la producción nacional.
El tráfico fluvial internacional proveniente de Paraguay y Bolivia, que utiliza el canal para barcazas de granos, minerales y combustibles.
Del otro lado quedan los perjudicados:
El Estado, que resigna recaudación sin debate público ni una estrategia de largo plazo.
El principio de neutralidad tarifaria, ya que se favorece una traza específica frente a otras.
La industria nacional y las pymes, que no reciben ningún alivio comparable cuando compiten con importaciones.
La contradicción: liberalismo para algunos, intervención para otros
Aquí aparece el núcleo político de la resolución. El mismo Gobierno que se niega a aplicar aranceles o medidas de protección para sectores industriales golpeados por importaciones —porque eso “distorsiona el mercado”— interviene sin pudor cuando se trata de sostener la rentabilidad y el flujo del comercio exterior concentrado.
No es ausencia de Estado: es intervención selectiva. No es libertad económica: es priorización de intereses.
La bonificación al Canal Martín García no responde a una política industrial ni a un plan de desarrollo. Es una herramienta transitoria para llegar sin sobresaltos al nuevo esquema concesionario, aun a costa de resignar recursos públicos y de profundizar asimetrías.
Un Estado presente, pero para los de siempre
La Resolución 65/2025 muestra que el problema no es si el Estado interviene o no. La pregunta real es para quién interviene. Mientras la industria nacional queda librada a la “libre competencia” con productos importados, los grandes jugadores del comercio exterior reciben alivios tarifarios hechos a medida, discretos y retroactivos.
Una vez más, el discurso va por un carril y las decisiones reales por otro. Y el peaje, como casi siempre, lo termina pagando el mismo de siempre.
China salió en defensa del régimen de Nicolás Maduro luego de una nueva incautación de un buque petrolero venezolano en el mar caribe.
El gigante asiático dijo que «Venezuela tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países» y la incautación de sus petroleros cerca a sus aguas constituye una «grave violación al derecho internacional».
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China , Lin Jian, destacó que Beijing «se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».
El sábado, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, se trató del petrolero ‘The Centuries’, cargado en Venezuela, con «bandera falsa», bajo el nombre de «Crag» y parte de «la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista» del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Sin embargo, el diario The New York Times reveló que el barco retenido no figura en la lista de petroleros sancionados por EEUU que mantiene públicamente el Departamento del Tesoro.
El buque transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, indicaron documentos de las autoridades estadounidenses, citados por la agencia de noticias Reuters. Beijing es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.
El pasado 10 de diciembre, la Guardia Costera, con la asistencia de la Armada, incautó otro petrolero, llamado Skipper, miembro de la flota fantasma de navíos que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para transportar carga sancionada.
NY Times: the tanker the US seized today, called «the Centuries, is not on a list of tankers under U.S. sanctions that is publicly maintained by the Treasury Department. The people inside Venezuela%u2019s oil industry said the cargo belongs to an established China-based oil trader%u2026 pic.twitter.com/UXNkKBKgUq
Estas incautaciones se registran tras meses de tensiones por el despliegue naval que Washington inició el pasado agosto en el Caribe, que ha estado seguido de ataques contra supuestas narcolanchas en esa zona y en el Pacífico oriental, mientras alega una lucha contra el narcotráfico. Pero ahora, además de embarcaciones presuntamente cargadas con drogas, EEUU apunta a los petroleros que, asegura, están sancionados por su país.
Pese a las tensiones, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram el zarpe del buque Canopus Voyager «con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos», en «estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos» por la industria petrolera de su nación.
A pesar de las fricciones entre Washington y Caracas, Chevron opera en Venezuela asociada con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano y, como adelantó LPO, logra eludir el bloque de Trump.
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