El gobierno entró en deliberación sobre las consecuencias de la derogación de los artículos de la Ley de Manejo del Fuego que penan a los propietarios de campos donde se produzcan incendios intencionales, en medio del estrago que se produce desde diciembre en las provincias patagónicas. «La derogación está en evaluación», dijo este martes una fuente libertaria ante la consulta de LPO.
La asunción de la duda contrasta con las definiciones del Consejo de Mayo, que postulaba la derogación de los artículos 22 bis, ter y quater, introducidos en las modificaciones impulsadas por Máximo Kirchner en 2020, para restituir el articulado original. Aquellos cambios establecían un plazo de 60 años sin que los propietarios de un terreno incendiado por quemas de pastos puedan darle a su tierra un uso o destino diferente al que le daban antes del siniestro.
Frente al descontrol de la situación en la Patagonia, el oficialismo en el Congreso espera indicaciones de Casa Rosada.
Como informó LPO, los gobernadores Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Claudio Vidal organizaron una cumbre para definir una postura ante la Casa Rosada y reclamar la declaración de la emergencia ígnea.
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El bloque de diputados peronista, por su parte, ya había presentado un proyecto con ese objetivo el pasado 9 de enero. La iniciativa lleva la firma de legisladores patagónicos como el neuquino Pablo Todero, el chubutense José Glinsky, los rionegrinos Marcelo Mango y Adriana Serquis, los santacruceños Ana María Ianni y Juan Carlos Molina y el pampeano Ariel Rauschenberger pero también las de la bonaerense Sabrina Selva y el entrerriano Guillermo Michel.
El proyecto de ley consta de 11 artículos y, además de declarar la «emergencia ígnea y ambiental» por 180 días, dispone el giro inmediato de ATN para las provincias afectadas por el fuego. Según el articulado, esos fondos deberían destinarse a la población damnificada, la reconstrucción de infraestructura pública crítica, acciones de reparación ambiental y asistencia a los productores.
El proyecto de ley consta de 11 artículos y, además de declarar la ‘emergencia ígnea y ambiental’ por 180 días, dispone el giro inmediato de ATN para las provincias afectadas por el fuego.
También proponen la implementación de aumentos a las asignaciones a través de ANSES, como la AUH y prestaciones por desempleo, distribución de agua y alivio fiscal para personas físicas y jurídicas emplazadas en municipios castigados por los incendios.
Llamativamente, la bancada peronista no había divulgado con intensidad el proyecto, acaso atravesada por las discusiones sobre la suerte del PJ bonaerense. Pero fuentes parlamentarias argumentaron ante LPO que la conducción del bloque seguía este martes con atención la cumbre de gobernadores, más allá de que el temario de la reunión a la que habían convocado fuera el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. «Lo estamos siguiendo porque los proyectos de declaración de emergencia son de nuestros diputados y ellos han pedido por nota que el tema sea tratado en extraordinarias».
En tanto, los gobernadores pretenden lo mismo para que la discusión sobre herramientas paliativas frente al estrago comience el próximo 2 de febrero, fecha de inicio de las sesiones extraordinarias.
