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Durante el año, se entregaron insumos a 23 instituciones educativas

A lo largo del ciclo lectivo, 23 instituciones educativas recibieron insumos de distinto tipo a partir del convenio que la Municipalidad de Villa Regina firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.

En este sentido, los establecimientos beneficiados fueron las Escuelas 265, 257, 143, 85, 105, 196, 83, 52, 28, 220, 91, 279, Jardín 45, Instituto de Formación Docente, Supervisión y el Consejo Escolar Alto Valle Este.

Los insumos fueron diversos, entre ellos se puede mencionar PCs más accesorios, teléfonos inalámbricos, impresoras, kits rapsberry, motoguadaña, heladera, Smart TV, termómetros y alcohol etílico que fueron entregados de acuerdo a la necesidad cada institución.

El Intendente Marcelo Orazi destacó la posibilidad que brinda la firma de este tipo de convenios con la cartera educativa ya que permite llegar con respuestas y soluciones de una manera más ágil a las demandas educativas.

Por su parte, desde el Consejo Escolar se valoró el acompañamiento de la Municipalidad en todos los aspectos durante el presente año lectivo.

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    Pérez Teruel es un incondicional de Kicillof y forma parte del escaso grupo de funcionarios considerados «puros». Conoció a Kicillof en 2010 y unos años más tarde cuando fue subdirector general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía y después ascendió a director.

    En 2015, tras el triunfo de Mauricio Macri, una parte importante del grupo chico del ahora gobernador se refugió en cátedras de la recién creada Universidad de José C. Paz. Pérez Teruel fue uno de ellos.

    En 2019, cuando Kicillof llegó a la provincia lo designó al frente de la Asesoría de Gobierno. Allí coordina todo el asesoramiento jurídico de la administración pública bonaerense y lidera un equipo de 300 personas que analizan las juridicidad de cada uno de los actos que hace el gobernador. Son unos 70.000 expedientes por año.

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    En los últimos meses estuvo al frente del convenio que el gobierno provincial firmó con la AFA para que la selección de fútbol pueda utilizar el Estadio Único de La Plata.

    También trabajó en el reordenamiento de la feria La Salada donde coordinó con la Justicia Federal el fin de la intervención. Teruel coordinó el despliegue de las fuerzas provinciales para asegurar la seguridad en el predio de Lomas, como también avanzar en un censo a los feriantes y sumar Cuenta DNI en cada uno de los puestos.

    Santiago Pérez Teruel.

    «La Suprema Corte es un tribunal político que garantizan el cumplimiento de la legalidad», dijo Pérez Teruel en septiembre en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco. «Es muy importante que los candidatos sean idóneos, pero también que lleguen con un fuerte consenso político», agregó.

    En esa entrevista fue consultado sobre si podría ser uno de los candidatos. «Yo formo parte de un espacio y me siento útil donde estoy. No me desvela (ser candidato a la Corte) y creo que hay compañeros muy preparados para esos cargos», dijo en respuesta con formalidad extrema.

    Pérez Teruel es especialista en Abogacía del Estado y no cuenta con una carrera judicial. Pero ya él mismo lo dejó claro: la Suprema Corte bonaerense es un tribunal político.

    De confirmarse su designación será el segundo funcionario de Kicillof que quedará en la provincia con un cargo de por vida. El primero fue Federico Thea -otro joven funcionario del grupo chico del gobernador- que pasó a presidir el Tribunal de Cuentas.

    Aunque meses atrás desde Casa de Gobierno sostenían que la candidata iba a ser una mujer, una eventual designación de Pérez Teruel tendría como objetivo dejar a incondicionales del gobernador en los resortes más importantes del Estado bonaerense durante años.

    Federico Thea.

    LPO adelantó la semana pasada que Kicillof dio la orden de iniciar una demorada negociación para ocupar los cuatro asientos vacantes de la Corte. El Máximo Tribunal bonaerense funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.

    Hasta ahora el gobernador se negaba a abrir esa negociación, pero en los últimos días trascendió que la jueza Hilda Kogan habría adelantado al gobierno sus intenciones de tramitar su jubilación.

    A Kogan le tocó estar al frente de la elección desdoblada de septiembre. Ocurre que la presidencia de la Suprema Corte es anual y rotativa, y quien ostenta la presidencia de la Corte queda como presidente de la Junta Electoral bonaerense. Allí estaba Kogan cuando Kicillof desdobló la elección provincial y por tanto fue la principal responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo días después.

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    Poletti expuso que estará la posibilidad de vender la deuda en lotes «para evitar que una empresa pueda quedarse con todos los juicios».

    El grueso de la deuda de la empresa del Grupo Techint data de marzo. El conflicto tiene que ver con la Tasa de Seguridad e Higiene que establece que cada industria debe tributar de acuerdo con su nivel de facturación y la cantidad de trabajadores.

    En Ramallo señalan que Siderar, con cerca de 4 mil trabajadores, debería pagar alrededor de 1.200 millones pero que viene pagando menos de la mitad.

    En la comuna advierten que ese ingreso que dejan de recibir impacta en la operatividad del municipio que, como la mayoría de las comunas, viene percibiendo una reducción significativa de recursos por coparticipación a partir de la fuerte recesión y la baja en la recaudación de impuestos como el IVA.

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    En el caso de Ramallo, el proyecto de venta de la deuda de Siderar y otras empresas se presentará junto con la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa del municipio.

    En la comuna sostienen que la deuda de Siderar es «una buena oportunidad de inversión» ya que se compra a un monto menor y -aseguran- tiene un alto porcentaje de cobrabilidad, ya que cuenta con dos fallos a favor.

    Eso, además de marcar que la deuda sigue corriendo y, con la proyección de la fiscal-impositiva de 2026, se incrementará exponencialmente.

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    En ese sentido, el intendente negó que exista un fallo de la Corte que le haya dado la razón a Techint sobre la cuestión de fondo y que lo único que surgió esta semana fue

    la presentación de una cautelar que hizo en la Justicia Federal la empresa para que la comuna le dé la habilitación.

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