A lo largo del ciclo lectivo, 23 instituciones educativas recibieron insumos de distinto tipo a partir del convenio que la Municipalidad de Villa Regina firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.
En este sentido, los establecimientos beneficiados fueron las Escuelas 265, 257, 143, 85, 105, 196, 83, 52, 28, 220, 91, 279, Jardín 45, Instituto de Formación Docente, Supervisión y el Consejo Escolar Alto Valle Este.
Los insumos fueron diversos, entre ellos se puede mencionar PCs más accesorios, teléfonos inalámbricos, impresoras, kits rapsberry, motoguadaña, heladera, Smart TV, termómetros y alcohol etílico que fueron entregados de acuerdo a la necesidad cada institución.
El Intendente Marcelo Orazi destacó la posibilidad que brinda la firma de este tipo de convenios con la cartera educativa ya que permite llegar con respuestas y soluciones de una manera más ágil a las demandas educativas.
Por su parte, desde el Consejo Escolar se valoró el acompañamiento de la Municipalidad en todos los aspectos durante el presente año lectivo.
El Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa se refirió a los controles que ha realizado el área a su cargo para evitar que se circule fuera del horario permitido a partir de las medidas vigentes desde el último lunes en la ciudad. “Junto con la Policía de…
A veces creo que la gente piensa que el pensamiento crítico es un pensamiento inteligente pero en general veo que es un ejercicio intelectual que se alimenta de sus propias debilidades. No estarán leyendo una suerte de horóscopo político que replican solapando un supuesto pensamiento propio? Se replica o se piensa? Criticar no es un…
Son 8 los finalistas de los PREMIOS ETAPAS 2023. Las disciplinas representadas en esta final son: arquería, karate, fútbol, basquet, gimnasia, patín, telas y tenis. Fueron más de 11.000 votos los que se realizaron en la primera instancia. Juan Martín Amado, Agustina García, Agustina Castro, Caterine Pino, Nara Gonzalez, Sofía Palacios, Sofía Fernetich Tulli y Josefina Lira son…
Los trabajos que llevarán el servicio de gas al Complejo Fitosanitario Aduanero avanzan a buen ritmo. Cabe destacar que también se verán beneficiados otros frentistas del sector rural donde está emplazado el Complejo. La obra es ejecutada en cumplimiento del contrato de concesión por parte de la empresa Logística Internacional Patagónica SRL por la explotación…
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
