A lo largo del ciclo lectivo, 23 instituciones educativas recibieron insumos de distinto tipo a partir del convenio que la Municipalidad de Villa Regina firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.
En este sentido, los establecimientos beneficiados fueron las Escuelas 265, 257, 143, 85, 105, 196, 83, 52, 28, 220, 91, 279, Jardín 45, Instituto de Formación Docente, Supervisión y el Consejo Escolar Alto Valle Este.
Los insumos fueron diversos, entre ellos se puede mencionar PCs más accesorios, teléfonos inalámbricos, impresoras, kits rapsberry, motoguadaña, heladera, Smart TV, termómetros y alcohol etílico que fueron entregados de acuerdo a la necesidad cada institución.
El Intendente Marcelo Orazi destacó la posibilidad que brinda la firma de este tipo de convenios con la cartera educativa ya que permite llegar con respuestas y soluciones de una manera más ágil a las demandas educativas.
Por su parte, desde el Consejo Escolar se valoró el acompañamiento de la Municipalidad en todos los aspectos durante el presente año lectivo.
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José Antonio Kast presentó a los 25 ministros que lo acompañarán a partir del próximo 11 de marzo, entre los que se destacan dos exabogados del dictador Augusto Pinochet.
Uno de ellos es Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es académico de la Universidad del Desarrollo, quien integró el equipo que defendió a Pinochet en distintas causas, entre ellas el denominado «Caso Riggs», vinculado a sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.
El otro funcionario pinochetista es Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes de Chile, que también colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998 y será ministro de Defensa.
Kast conformó un gabinete poco político, integrado por 13 hombres y 11 mujeres, en su mayoría sin militancia partidaria y provenientes del sector académico o empresarial.
«Chile necesita decisión, carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia, un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile», aseguró Kast en la presentación.
La elección de los ministros generó ruido interno porque no hay muchos representantes del Partido Republicano ni de partidos como UDI, Renovación Nacional o Evópoli que lo apoyaron de cara a la segunda vuelta.
Uno de ellos es Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es académico de la Universidad del Desarrollo, quien integró el equipo que defendió a Pinochet en distintas causas, entre ellas el denominado «Caso Riggs», vinculado a sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos
Entre los cargos partidarios figura el Ministerio del Interior y la jefatura de gabinete, que estará a cargo del exdiputado de la UDI Claudio Alvarado. Además, había gran expectativa por las definiciones en Seguridad y Hacienda, áreas clave tras las promesas de campaña de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, y un fuerte ajuste fiscal.
Fernando Rabat.
En Seguridad fue designada Trinidad Steinert, hasta ahora fiscal de la región fronteriza de Tarapacá, mientras que en Hacienda asumirá Jorge Quiroz, economista ultraliberal que coordinó las propuestas económicas de Kast y que fue mencionado años atrás en una causa por colusión de precios en el sector avícola.
El otro funcionario pinochetista es Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes de Chile, que también colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998 y será ministro de Defensa.
Para Relaciones Exteriores, el mandatario electo eligió a Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, una de las empresas del grupo Andrónico Luksic, marcando un perfil empresarial también en Economía y Minería, carteras que estarán bajo la conducción de Daniel Mas.
La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encargada del vínculo con el Parlamento, quedará en manos del exsenador de Renovación Nacional José García.
El resto del gabinete lo completan la presentadora Mara Sedini (Vocería), la socióloga María Jesús Wulf (Desarrollo Social), el arquitecto Iván Poduje (Vivienda), el economista Tomás Rau (Trabajo y Previsión Social), la economista María Paz Arzola (Educación), la médica May Chomalí (Salud), el exintendente Martín Arrau (Obras Públicas) y la exministra Catalina Parot (Bienes Nacionales).
También integran la nómina la profesora evangélica Judith Marín (Mujer y Equidad de Género), el exministro y exdiputado Jaime Campos (Agricultura), la exministra y exdiputada Ximena Rincón (Energía), el exdirector del Metro Luis de Grange (Transporte y Telecomunicaciones), la exasesora presidencial Francisca Toledo (Medioambiente), la exatleta Natalia Duco (Deporte), el exdiputado Francisco Undurraga (Cultura) y la emprendedora tecnológica Ximena Lincolao (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).
Las luces amarillas que vienen encendiéndose en distintas empresas ligadas al agro ahora alcanzaron a Metalfor, una de las fábricas de maquinaria agrícola más emblemáticas del interior productivo, que dejó un tendal de cheques rechazados por 120 millones.
El presidente de la empresa, Eduardo Borri, admitió que sufrieron episodios de «estrés financiero», pero en diálogo con LPO dijo que «el problema está resuelto». Lo curioso es que los problemas financieron coincidieron con el anuncio de un crédito por USD 50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).
Como sea, Borri atribuyó los cheques impagos a «una combinación de factores», entre los que mencionó el encarecimiento abrupto del crédito, el cierre del mercado de capitales y un efecto contagio provocado por la crisis de otras firmas del sector.
Borri es un entusiasta de la administración de Milei y suele retuitear a los ministros, incluso a Federico Sturzenegger, uno de los más enfáticos en afirmar que la industria argentina debe desaparecer, si no logra ser competitiva.
Metalfor no es una empresa menor. Con más de 50 años de trayectoria, especializada en pulverización y fertilización, construyó un modelo de negocios poco habitual en la industria: integra toda la cadena comercial, con locales propios en lugar de concesionarios, toma máquinas usadas como parte de pago, las reacondiciona y las vuelve a colocar en el mercado entre pequeños productores y contratistas.
La empresa tiene dos plantas en Marcos Juárez, una en Noetinger y una unidad industrial en Ponta Grossa, en el estado brasileño de Paraná. En total emplea a unas 1.100 personas, muchas de ellas en localidades de menos de 10 mil habitantes. «Nuestro impacto se multiplica por cuatro en los lugares donde estamos», subrayan en la compañía, conscientes del peso político y social que tiene cualquier ruido financiero en el interior profundo.
Borri es un entusiasta de la administración de Milei y suele retuitear a los ministros, incluso a Federico Sturzenegger, uno de los más enfáticos en afirmar que la industria argentina debe desaparecer, si no logra ser competitiva.
Según Borri, el punto de quiebre llegó a fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando varias empresas ligadas al agro empezaron a mostrar dificultades para refinanciarse. «Fue una especie de efecto puerta 12. Una estampida que nos terminó arrastrando», explicó. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, Metalfor canceló cerca de 20 millones de dólares en obligaciones negociables y recibió una capitalización adicional de 10 millones de dólares por parte de sus accionistas.
En paralelo, la empresa gestionaba un crédito clave con la Development Finance Corporation (DFC), el banco de desarrollo del Tesoro de Estados Unidos. El financiamiento, por unos 50 millones de dólares, terminó llegando más tarde de lo previsto, luego de completar su aprobación en el Senado norteamericano. «Fuimos la única empresa argentina aprobada en 2025», remarcan en Metalfor. Esos fondos se destinaron a cubrir el financiamiento que la firma tiene colocado en clientes y a ordenar su exposición en el mercado de capitales.
Una de las plantas de Metalfor.
El episodio de los cheques rechazados, que volvió a instalar el ruido en los últimos días, se dio en medio de un clima general de desconfianza y dificultades en la cadena de pago. La semana pasada, el presidente de Adeba advirtió públicamente sobre el fuerte aumento de cheques rechazados en el sistema, un dato que golpea de lleno a las empresas que dependen del financiamiento comercial para sostener ventas.
El punto de quiebre llegó a fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando varias empresas ligadas al agro empezaron a mostrar dificultades para refinanciarse. Fue una especie de efecto puerta 12. Una estampida que nos terminó arrastrando.
Además, en el complejo industrial apuntan contra el funcionamiento del pagaré bursátil, un instrumento que se expandió con fuerza en los últimos años. «Cuando emitís una obligación negociable sabés a quién le debés. Con el pagaré bursátil no, y hubo una exageración en el uso de ese producto», contó a LPO un empresario de Santa Fe.
El tema se complicó aún más luego de la sequía histórica de 2023 que agregaron malas calificaciones crediticias y el escenario se terminó de entorpecer con reacomodamiento posterior a la devaluación del cambio de gobierno.
El caso Metalfor vuelve a exponer una tensión de fondo que recorre al agro y a la industria: empresas con facturación relevante -en este caso, unos 125 millones de dólares anuales- que dependen cada vez más de un mercado de capitales chico, caro y volátil, y que quedan expuestas a cualquier sacudón sistémico. «Si se eliminan las retenciones, el gringo compra de todo», resumen en la firma, como síntesis brutal de un problema estructural que va mucho más allá de un cheque rechazado.
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