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Durante el año, se entregaron insumos a 23 instituciones educativas

A lo largo del ciclo lectivo, 23 instituciones educativas recibieron insumos de distinto tipo a partir del convenio que la Municipalidad de Villa Regina firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.

En este sentido, los establecimientos beneficiados fueron las Escuelas 265, 257, 143, 85, 105, 196, 83, 52, 28, 220, 91, 279, Jardín 45, Instituto de Formación Docente, Supervisión y el Consejo Escolar Alto Valle Este.

Los insumos fueron diversos, entre ellos se puede mencionar PCs más accesorios, teléfonos inalámbricos, impresoras, kits rapsberry, motoguadaña, heladera, Smart TV, termómetros y alcohol etílico que fueron entregados de acuerdo a la necesidad cada institución.

El Intendente Marcelo Orazi destacó la posibilidad que brinda la firma de este tipo de convenios con la cartera educativa ya que permite llegar con respuestas y soluciones de una manera más ágil a las demandas educativas.

Por su parte, desde el Consejo Escolar se valoró el acompañamiento de la Municipalidad en todos los aspectos durante el presente año lectivo.

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    Javier Milei dispuso una nueva restricción sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado en 2002 para regular la actividad. A través del Decreto 812, firmado por el Presidente, se modificó el marco vigente y establece que el organismo no podrá adoptar medidas que afecten precios, competencia u oferta y demanda.

    De este modo, el gobierno le quita de manera completa al sector yerbatero su facultad de intervenir y fijar precios. El decreto lleva la firma de Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y del ministro de Economía, Luis Caputo.

    La nueva normativa reescribe gran parte del decreto 1240/02 que reglamenta las funciones y atribuciones del organismo y lo deja sin la capacidad de fijar precios de referencia por la materia prima que se le pagaba a los productores de manera definitiva, entre otros puntos.

    «El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados», indica el decreto.

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    Asimismo, se intruyó al organismo nacional para que «en el plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la presente medida, releve y adecue toda normativa dictada por el citado Instituto Nacional que contradiga lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 1240 del 12 de julio de 2002».

    En diciembre de 2023, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 introdujo modificaciones sustanciales en el INYM, donde confluyen gobiernos de las provincias productoras, los yerbateros y las empresas. Entre otras, le quitó la potestad de fijar precios para la materia prima.

    En paralelo, un informe reciente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, señaló que desde el inicio del proceso de desregulación, en diciembre de 2023, el precio real de la yerba mate cayó 44,3%, mientras que el valor nominal se mantiene estable desde julio de 2024. El documento agrega que la producción y las exportaciones crecieron 29% y 16,6%, respectivamente, entre 2023 y 2024.

    El Instituto informó además que las exportaciones alcanzaron 42 millones de kilos a septiembre, superando los volúmenes de 2021, 2022 y 2023, y casi igualando el récord de 2024, cuando se enviaron 43,8 millones de kilos. Las proyecciones oficiales apuntan a que 2025 cerrará con más de 50 millones de kilos vendidos al exterior. 

     

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     Una empresa vinculada a Fred Machado se presentó a la licitación por las centrales hidroeléctricas del Comahue. IPS Renewal es una sociedad integrada por empresarios guatemaltecos.

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    El Chocón actualmente operada por la italiana Enel, junto con Arroyito. Piedra del Águila, bajo el manejo de la argentina Central Puerto, del empresario Nicky Caputo. Alicurá, operada hasta ahora por la estadounidense AES Argentina. Planicie Banderita, que era administrada por Aconcagua Energía, rebautizada luego como Tango Energy, rescatada de la quiebra por Miguel Galuccio. Y Pichi Picún Leufú, operada por Orazul Energy.

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    Entre las compañías que participaron hay algunas que ya son contratistas del Estado con antigüedad en el rubro y que hicieron grandes negocios durante el macrismo. Enel Argentina, Genneia/Aluar/Futaleufú, AES Argentina, Pampa Energía y Central Puerto entre otras.

    También hay dos desconocidas: Versora SAU, creada especialmente para participar de la compulsa e IPS Renewal, de la que no se conoce actividad en la Argentina.

    Sin embargo, algunos de sus socios tomaron relevancia en las últimas semanas por su vinculación con el presunto narco Fred Machado.

    Iker Echeverría Lucchese, Catarina Pinula y Francisco Quiñonez Midence son los socios de IPS Renewal y Juan Manuel Quintana y María Laura Barbosa la pata local, según informó IProfesional.

    Francisco Quiñonez Midence aparece en el caso se South Aviation, parte del expediente que llevó a la extradición de Machado. Se lo describe como un abogado cuyo estudio aparece dentro del mapa de sociedades que forman parte de la red del financista de José Luis Espert.

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