A lo largo del ciclo lectivo, 23 instituciones educativas recibieron insumos de distinto tipo a partir del convenio que la Municipalidad de Villa Regina firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.
En este sentido, los establecimientos beneficiados fueron las Escuelas 265, 257, 143, 85, 105, 196, 83, 52, 28, 220, 91, 279, Jardín 45, Instituto de Formación Docente, Supervisión y el Consejo Escolar Alto Valle Este.
Los insumos fueron diversos, entre ellos se puede mencionar PCs más accesorios, teléfonos inalámbricos, impresoras, kits rapsberry, motoguadaña, heladera, Smart TV, termómetros y alcohol etílico que fueron entregados de acuerdo a la necesidad cada institución.
El Intendente Marcelo Orazi destacó la posibilidad que brinda la firma de este tipo de convenios con la cartera educativa ya que permite llegar con respuestas y soluciones de una manera más ágil a las demandas educativas.
Por su parte, desde el Consejo Escolar se valoró el acompañamiento de la Municipalidad en todos los aspectos durante el presente año lectivo.
La crisis económica comenzó a impactar de lleno en el empleo formal cordobés. La Secretaría de Trabajo de la Provincia reveló que actualmente 7.247 trabajadores registrados se encuentran alcanzados por Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), mecanismo que habilita suspensiones, reducción de jornadas y rebajas salariales para evitar despidos masivos.
El dato muestra un deterioro acelerado. Apenas semanas atrás el mismo relevamiento contabilizaba 6.302 trabajadores afectados. Ahora la cifra se acerca a los 7.250, por lo que el aumento de afectados es del 15%. La situación coincide con las advertencias que viene realizando el ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López.
El funcionario reconoció públicamente que «el proceso de crisis laboral se agudiza» y atribuyó el fenómeno a la caída del consumo y a la retracción de la actividad industrial. Según explicó, los procedimientos preventivos se multiplicaron especialmente en comercio, metalurgia, construcción, alimentos y servicios.
Los números del informe trazan una radiografía de la crisis del empleo formal. De los 7.247 trabajadores afectados, 5.882 corresponden a Córdoba Capital y 1.365 al interior provincial. La modalidad predominante son las suspensiones con pago parcial del salario. En total existen 46 expedientes en la Capital y 27 en el interior, es decir 73 empresas.
En numerosos acuerdos los trabajadores cobran entre el 50% y el 75% de sus ingresos mediante sumas no remunerativas. También aparecen reducciones de jornada, eliminación de premios por asistencia, disminución de horas de trabajo y suspensiones temporarias de distinta intensidad.
La zona de Río Segundo encabeza el interior con siete empresas afectadas. Allí predominan las reducciones de jornada, suspensiones semanales y recortes de adicionales salariales.
San Francisco, la ciudad de donde vive Martín Llaryora, registra cinco empresas involucradas. La mayoría pertenece al entramado industrial y autopartista. Villa María suma cuatro empresas, mientras que Jesús María, bastión de La Libertad Avanza, acumula cinco casos. También aparecen expedientes en Alta Gracia, La Falda, Río Tercero y Río Cuarto.
El ministro Julián López
En la Capital, la Secretaría de Trabajo identifica cuatro focos principales: transporte y logística, seguridad privada, industria metalmecánica y comercio. Son los sectores que concentran la mayor cantidad de trabajadores bajo esquemas de crisis.
Las declaraciones del ministro López reflejan la preocupación del Gobierno provincial. El titular de la cartera que administra los procedimientos preventivos de crisis remarcó: «No estamos ante un shock puntual sino ante un deterioro sostenido del mercado laboral». Y advirtió que «el proceso de crisis se agudiza, hay una caída del consumo y un proceso de desindustrialización que afecta a sectores enteros».
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