A lo largo del ciclo lectivo, 23 instituciones educativas recibieron insumos de distinto tipo a partir del convenio que la Municipalidad de Villa Regina firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.
En este sentido, los establecimientos beneficiados fueron las Escuelas 265, 257, 143, 85, 105, 196, 83, 52, 28, 220, 91, 279, Jardín 45, Instituto de Formación Docente, Supervisión y el Consejo Escolar Alto Valle Este.
Los insumos fueron diversos, entre ellos se puede mencionar PCs más accesorios, teléfonos inalámbricos, impresoras, kits rapsberry, motoguadaña, heladera, Smart TV, termómetros y alcohol etílico que fueron entregados de acuerdo a la necesidad cada institución.
El Intendente Marcelo Orazi destacó la posibilidad que brinda la firma de este tipo de convenios con la cartera educativa ya que permite llegar con respuestas y soluciones de una manera más ágil a las demandas educativas.
Por su parte, desde el Consejo Escolar se valoró el acompañamiento de la Municipalidad en todos los aspectos durante el presente año lectivo.
Rotaract club Villa Regina:En esta oportunidad estaremos realizando una COLECTA SOLIDARIA para equipar las salitas de la localidad. Para ello pedimos nuevamente la colaboración por parte de la gente de: -alcohol-lavandina-desinfectante de ambiente-productos de limpieza y sanitización *Además estaremos recolectando LIBROS de todo tipo y para todas las edades que serán destinados a las bibliotecas…
El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Una excepción que amenaza con convertirse en regla
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
Mientras los peones rurales y los hacheros de principios del siglo XX eran obligados a comprar en las proveedurías de las empresas que los empleaban mediante vales y fichas, miles de repartidores argentinos del siglo XXI terminan endeudados con las propias plataformas para las que trabajan. Separados por un siglo de historia, ambos modelos revelan una misma lógica: trabajadores cada vez más dependientes de empresas extranjeras que convierten el salario en un mecanismo de control.
Por Alcides Blanco para NLI
Cuando el salario dejó de ser libertad
Hay escenas de la historia argentina que parecen haber quedado definitivamente enterradas en los libros escolares. La Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1922, y las huelgas de La Forestal, entre 1919 y 1922, suelen recordarse por la brutal represión que sufrieron los trabajadores. Sin embargo, detrás de aquella violencia existía un sistema económico cuya esencia resulta sorprendentemente familiar para la Argentina de 2026.
Los peones rurales patagónicos trabajaban jornadas que podían extenderse entre 10 y 16 horas, mientras que los hacheros que desmontaban los quebrachales para la compañía británica The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, conocida simplemente como La Forestal, sobrevivían con salarios miserables y condiciones de vida extremadamente precarias. En ambos casos, la dependencia respecto del empleador iba mucho más allá del trabajo cotidiano.
En numerosos establecimientos, especialmente en La Forestal, una parte importante del salario no se entregaba en dinero sino mediante vales, bonos o fichas emitidos por la propia empresa. Aquellos papeles solamente podían utilizarse en las proveedurías de la compañía, donde los productos solían venderse a precios superiores a los del mercado o donde los vales eran reconocidos por un valor inferior al nominal. El trabajador cobraba de su patrón y, casi inmediatamente, ese mismo dinero regresaba al patrón.
Aquella práctica no solo reducía el poder adquisitivo de los obreros. También impedía que pudieran ahorrar, elegir dónde comprar o abandonar fácilmente el empleo. El salario dejaba de representar independencia para convertirse en un instrumento de subordinación.
La tecnología cambió, pero la lógica permanece
Un siglo después, la Argentina vuelve a exhibir un fenómeno que, aunque adopta formas digitales, reproduce mecanismos sorprendentemente similares.
Miles de repartidores que trabajan para plataformas de delivery comenzaron a recurrir masivamente a préstamos ofrecidos por las propias aplicaciones o por empresas financieras asociadas, en un contexto de caída del poder adquisitivo, precarización laboral y escasez de crédito tradicional.
Según un informe difundido en los últimos días, la deuda promedio ya ronda el millón de pesos, mientras que algunos créditos alcanzan costos financieros equivalentes a tasas cercanas al 700% anual, cifras que transforman el préstamo en una pesada carga para trabajadores cuyos ingresos dependen de jornadas cada vez más extensas.
El mecanismo presenta diferencias formales respecto del sistema de fichas de hace cien años, pero comparte un rasgo fundamental: el trabajador vuelve a quedar económicamente atado a la empresa para la que presta servicios.
Ya no recibe un vale de papel para comprar alimentos en la proveeduría. Ahora obtiene un préstamo digital cuyo cobro suele descontarse directamente de los ingresos que genera trabajando para esa misma plataforma. La dependencia deja de materializarse en una ficha de cartón y pasa a expresarse mediante algoritmos, aplicaciones móviles y débito automático.
En ambos casos, el empleador no solamente organiza el trabajo. También condiciona el modo en que el trabajador administra su economía personal.
Truck System
En la historia del trabajo existe incluso un nombre específico para este tipo de mecanismos: eltruck system. Así se conocía al sistema mediante el cual los empleadores pagaban total o parcialmente los salarios no con dinero, sino con vales, fichas, mercancías o créditos que únicamente podían utilizarse en comercios pertenecientes a la propia empresa o vinculados a ella. Muy extendido durante la Revolución Industrial en Gran Bretaña y luego replicado en distintos países, este esquema permitía a los patrones recuperar buena parte de los salarios abonados mediante la venta de productos con sobreprecios, generando un círculo de dependencia económica que impedía a los trabajadores disponer libremente del fruto de su trabajo.
La gravedad de este mecanismo fue tal que numerosos países comenzaron a prohibirlo desde fines del siglo XIX mediante las denominadas Truck Acts británicas y otras legislaciones similares, que establecieron como principio básico que el salario debía abonarse en dinero y quedar bajo el control exclusivo del trabajador. Más de un siglo después, las plataformas digitales no pagan en fichas ni obligan a comprar en una proveeduría, pero cuando el trabajador termina financiándose con créditos otorgados por la propia empresa o por entidades asociadas, cuyos descuentos se realizan directamente sobre sus futuros ingresos, vuelve a aparecer una lógica muy parecida: el empleador deja de limitarse a organizar el trabajo y pasa también a controlar, en buena medida, la economía personal de quien trabaja para él. La tecnología cambió, pero el principio que el truck system buscaba imponer —mantener cautivo al trabajador mediante la dependencia económica— encuentra hoy nuevas formas de manifestarse.
De los capitales británicos a las plataformas globales
Existe otro elemento que vuelve especialmente sugestivo el paralelismo histórico.
La Forestal era una empresa de capitales británicos que llegó a controlar millones de hectáreas, ferrocarriles, pueblos enteros, puertos y hasta fuerzas parapoliciales propias para defender sus intereses económicos. Su poder excedía ampliamente la producción de tanino: construía un verdadero Estado dentro del Estado argentino.
Las principales plataformas de reparto que hoy dominan el mercado argentino también responden a grandes corporaciones internacionales, cuyos centros de decisión se encuentran fuera del país y cuyos modelos de negocios son diseñados para maximizar rentabilidad a escala global.
Naturalmente, las diferencias históricas son enormes y nadie podría equiparar mecánicamente las condiciones de violencia física que caracterizaron a La Forestal o a la Patagonia Rebelde con la realidad contemporánea. Sin embargo, la comparación permite observar una continuidad inquietante: la subordinación económica de trabajadores argentinos frente a grandes empresas extranjeras que concentran el poder de fijar condiciones laborales, ingresos y mecanismos de dependencia financiera.
El escenario tecnológico cambió radicalmente. Donde antes había obrajes, hoy existen aplicaciones. Donde antes había fichas impresas, hoy aparecen créditos digitales. Donde antes un capataz vigilaba el rendimiento, hoy lo hace un algoritmo que asigna pedidos, califica desempeños y determina ingresos.
Pero la concentración del poder económico conserva una estructura reconocible.
Las luchas obreras de comienzos del siglo XX surgieron precisamente para cuestionar un modelo que transformaba al trabajador en un engranaje completamente dependiente de la empresa. Cien años después, el desafío parece regresar bajo nuevas formas, impulsado por la economía de plataformas, la financiarización del trabajo y la pérdida progresiva de derechos laborales conquistados durante décadas.
Quizá la mayor diferencia entre ambas épocas sea que la explotación ya no necesita alambrados ni fichas de cartón. Ahora cabe en el bolsillo, dentro de un teléfono celular, y puede administrarse mediante una aplicación que promete flexibilidad mientras convierte el salario futuro en garantía de una deuda cada vez más difícil de cancelar.
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Mientras crecen las especulaciones y versiones en torno a la recepción que se le hará a la scaloneta y las actividades que hará el seleccionado una vez que aterrice su avión en el país, la AFA difundió un video que expone la alianza que mantiene con el gobierno de Axel Kicillof.
Se trata de los avances de las obras en el Estadio Único «Diego Armando Maradona» de La Plata, al que la AFA le agregó la denominación «Tricampeones del Mundo». «¡La nueva Casa de la Selección Argentina!», anunció la entidad comandada por Claudio «Chiqui» Tapia.
Como contó LPO, al calor de las gestiones para el regreso de Tapia a la Ceamse, a finales de 2024, la AFA avanzó en un acuerdo para manejar el Estadio Único a cargo del Estado bonaerense.
Siguen las obras y mejoras planificadas para la puesta en valor del Estadio Único de La Plata – Tricampeones del Mundo ¡La nueva Casa de la Selección Argentina! pic.twitter.com/bN5I2IKA8Q
El acuerdo se anunció la intención de transformar ese escenario como «La Casa del Fútbol Argentino» e implica llevar partidos de la Selección, de la Copa Argentina y copas internacionales.
Ahora, se agregó el rótulo «Tricampeones del Mundo», en una alusión directa a la scaloneta. El mensaje fue leído en el ámbito político como una señal de la AFA a Kicillof, de cara a los preparativos para recibir a la selección.
La puesta en valor y obras en proceso de ejecución que avanzaron en esta etapa tienen que ver con un estudio estructural de techo dele estadio para colocación de cubierta, obra de campo de juego, nuevo sistema de drenaje espina de pescado, obra de iluminación LED de campo de juego.
También, se comenzó con la puesta en valor de instalaciones en accesos, de baños y vestuarios, del sistema de presurización de agua potable. Además, un nuevo sistema de acción ante incendios, de riego automático, carros de iluminación para el campo de juego y césped natural big rolls.
La desocupación sigue en ascenso en el conurbano y varios centros urbanos del interior de la provincia, superando la media nacional del 7,8% que marcó el Indec para el primer trimestre de 2026.
Según el reciente informe del mercado de trabajo, en los municipios del Gran Buenos Aires (GBA) la tasa de desempleo escaló al 9,7%, mientras que en regiones de la provincia ya supera la barrera de los 10 puntos.
El impacto de la recesión y la apertura de importaciones representan un golpe directo en los grandes centros industriales. Por caso, solo en el Parque Industrial de Pilar se registraron 7 mil despidos en los últimos meses.
Cada vez más cerca de los dos dígitos, la tasa de desempleo en el GBA fue más del doble que la registrada en la Ciudad. A la vez, la subocupación alcanzó el 11,3%.
Hay conglomerados que ya exponen tasas de desocupación de dos dígitos. Eso sucede en el cordón de Bahía Blanca-Cerri (10,1%) y en el de San Nicolás-Villa Constitución (10,4%), éste último donde la crisis metalúrgica juega fuerte.
En Mar del Plata, en tanto, la desocupación tuvo una suba exponencial con respecto al primer trimestre de 2025, pasando del 6 al 9,3%.
No es un dato menor, considerando que se trata del periodo que toma la temporada alta, confirmando así los números que expusieron el peor verano para la ciudad balnearia desde la pandemia, con 130 mil visitantes menos que en 2025 y con una fuerte merma en el consumo per cápita.
Eso, sumado a la crisis del sector pesquero que impacta en el entramado portuario local y al desplome de la industria textil que gravita en firmas marplatenses como Mauro Sergio, que vienen ejecutando despidos.
Por otro lado, hay conglomerados que ya exponen tasas de desocupación de dos dígitos. Eso sucede en el cordón de Bahía Blanca-Cerri (10,1%) y en el de San Nicolás-Villa Constitución (10,4%), éste último donde la crisis metalúrgica juega fuerte.
En el Gran La Plata, el desempleo fue el mismo que el promedio nacional, 7,8%, pero con una subocupación del 18,2%, muy superior a la media nacional (11,1%).
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