El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
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A pocos meses de asumir la conducción de YPF, la administración libertaria anunció el Proyecto Andes – Oportunidad de inversión en gas y petróleo convencional. Se trata de uno de los pilares de una estrategia más amplia denominada Plan 4×4, que propone cuadruplicar el valor de la empresa en un periodo de 4 años y alcanzar exportaciones por 30.000 millones de dólares para 2031. Así, la nueva gestión anunció lo que sería el inicio de un proceso de profundas transformaciones hacia adentro de la empresa energética de bandera nacional, sin preguntarse a qué costo o qué implicancias tiene esta gran estrategia para los territorios que viven por y para el petróleo. Esos efectos están empezando a verse ahora.
La columna vertebral del plan es maximizar los recursos financieros destinados a exploración y extracción de hidrocarburos, y concentrarlos en los yacimientos más productivos de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. El plan de racionalización y optimización de sus activos (Proyecto Andes) representa el primer paso; es decir, el abandono masivo de campos “maduros” de baja productividad ubicados en la región patagónica y Mendoza. El principal argumento de la empresa para llevar calma a los territorios afectados era que operadoras más pequeñas iban a apostar a nuevas tecnologías y ser más eficientes en procesos (con menor intensidad de mano de obra), para alcanzar niveles de productividad y rentabilidad acordes.
Este cambio abrupto dentro del sector petrolero tuvo una baja repercusión mediática. Sin embargo, para la zona de la Cuenca del Golfo San Jorge – que se extiende sobre 70.000 kilómetros cuadrados entre el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz – fue como un baldazo de agua fría, en invierno. Nadie intuía que del día a la noche le estuvieran poniendo la tapa al cajón de la que fuera durante más de cien años la principal cuenca petrolífera del país y la segunda cuenca convencional más importante en la actualidad.
Este territorio semidesértico se caracteriza por un clima árido y ventoso, lo cual históricamente ha representado una barrera para el arraigo de las personas que migraron a estas zonas, atraídas por las oportunidades laborales en torno a la actividad hidrocarburífera.
El clima de incertidumbre y angustia generalizada que atraviesa la cuenca desde la retirada de YPF recuerda a los años de la privatización de la YPF estatal durante la década de los noventa.
A pesar de ser una de las zonas con menor densidad poblacional del país, en este amplio territorio habitan aproximadamente 375.764 habitantes. Cerca del 90% de la población se concentra en los dos principales aglomerados urbanos: Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Chubut (57%) y Caleta Olivia, Santa Cruz (33%). En estas ciudades, que están a menos de 70 kilómetros de distancia entre sí, se localizan los principales parques industriales y el entramado de empresas del sector hidrocarburífero. Son ciudades que viven por, para y del petróleo.
El clima de incertidumbre y angustia generalizada que atraviesa la cuenca desde la retirada de YPF recuerda a los años de la privatización de la YPF estatal durante la década de los noventa. Aquella vez no sólo se entregaron capacidades estatales estratégicas para regular, gestionar y planificar la explotación del principal recurso energético a manos extranjeras (de los pocos casos en el mundo); también se le quitó cualquier tipo de condicionamiento sobre los planes de acción de los nuevos propietarios o previsión sobre las consecuencias del impacto económico y social.
La reestructuración interna de la empresa significó en aquellos años la pérdida de miles de puestos de trabajo y un fuerte deterioro de la economía local en Comodoro Rivadavia, al igual que otras ciudades de la cuenca. La transformación del sector en dicho momento también se llevó gran parte de la identidad ypfeana, el conjunto de símbolos y valores que unían a los empleados de la empresa estatal y los distinguía. Tal como sostiene un informe reciente de FUNDAR, esto se explica en buena medida porque YPF además de empleo estable y bien remunerado, ofrecía a las “familias ypfeanas” protección social, servicios y un fuerte sentido de identidad compartida.
Mosconi, Repsol, y la recuperación
El descubrimiento de petróleo el 13 de diciembre de 1907 en la ciudad Comodoro Rivadavia marcó un quiebre significativo para este territorio, así como también para la historia política y económica del país. Argentina era el segundo país de América del Sur en superficie y dependía casi enteramente del combustible importado.
La futura “capital nacional del petróleo” también sería testigo de la creación de la primera empresa petrolera estatal de Latinoamérica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), luego de arduas disputas entre legisladores y funcionarios del Estado que propugnaban por una política nacionalista y aquellos (en gran parte de las provincias) que apoyaban el desarrollo de la industria en manos de capitales privados y extranjeros.
Durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, se impulsó una política petrolera extremadamente agresiva, restringiendo la operación de las compañías petroleras extranjeras. Al mismo tiempo, se delegó el mando de la compañía al coronel Enrique Mosconi, consagrado oficial que consideraba que el desarrollo de la industria petrolera estatal era un asunto que merecía la más alta prioridad nacional. El coronel Mosconi implementó un ambicioso plan para incrementar la producción de la empresa estatal, hacerla crecer aguas abajo, a partir de la compra de las estaciones de servicios, la construcción de refinerías, y la mejora en las condiciones de vida de los obreros petroleros en el territorio. Además, Mosconi sentó las bases para convertir YPF en un símbolo, al transmitir tanto a los empleados de la empresa, como al conjunto de la sociedad y diferentes países de la región, la importancia de una empresa petrolera estatal para alcanzar la soberanía energética y el desarrollo nacional.
La empresa supliría la presencia del Estado, que cubría pocas demandas en Comodoro Rivadavia. En este sentido, la identidad ypefiana también actuaba como un factor de diferenciación social importante, respecto del resto de los comodorenses (no-ypefeanos) que no gozaban de esa vasta red de instituciones prestadoras de beneficios sociales que sostenía la petrolera estatal.
Hasta fines de la década de 1980, la explotación petrolera en el país se expandió impulsada principalmente por la empresa nacional, como parte de una política estatal de autoabastecimiento del mercado interno y desarrollo de las economías regionales. En este marco, la estructura productiva de Comodoro Rivadavia y otras localidades de la Cuenca del Golfo San Jorge (Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras) se conformaron con un papel muy específico: proveedor de los recursos energéticos necesarios para el desarrollo industrial de los grandes centros urbanos del país. En Comodoro Rivadavia se gestó un denso entramado de empresas industriales, principalmente metalmecánicas, vinculadas al sector hidrocarburífero, el ferroviario y portuario.
Las necesidades de la industria favorecieron el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas, en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (privada y de origen confesional), que luego se fusionaría con la Universidad Nacional de la Patagonia (de carácter nacional y estatal) en 1980. Esta se orientó a la formación y capacitación de los recursos humanos demandados, como geólogos, biólogos e ingenieros. A su vez, se fue equipando y creando laboratorios para la provisión de servicios específicos para la industria. En este sentido, la historia de YPF, estuvo fuertemente asociada a ideales de autodeterminación e industrialización y sirvió de ejemplo para el modelo que adoptaron otras petroleras estatales en Sudamérica.
La privatización de los 90 generó cambios profundos en el territorio a partir de la desaparición de las economías regionales, pymes y minifundios, ligados a la empresa estatal. Cabe recordar que aquellos territorios petroleros serían la cuna de los primeros movimientos piqueteros de trabajadores excluidos.
Tras la privatización de YPF en los 90 menemistas, la empresa dejó de ser un actor central en la organización y planificación del desarrollo económico y social del territorio. Redujo sus capacidades técnicas y productivas a la mínima expresión, y su mandato se limitó a la coordinación de la producción petrolífera y las decisiones de inversión, con la premisa de maximizar la rentabilidad de corto plazo (en función de los intereses de los accionistas). Contrariamente, a través de contratos de explotación y de servicios creció la participación de empresas nacionales e internacionales en la explotación de los yacimientos mayoritariamente descubiertos por la inversión estatal. Emergieron nuevas empresas operadoras: concesionarias de los yacimientos, siendo su actividad núcleo la extracción de petróleo. Estas empresas, con la capacidad técnica para desarrollar los proyectos y actividades de explotación, eran mayormente empresas petroleras internacionalizadas (con control total o parcial de capitales extranjeros) y pasaron a regular el ritmo de explotación petrolera en la cuenca en función de variables de mercado (principalmente, el precio del barril de petróleo). Al mismo tiempo, aplicaron mecanismos de governance a la relación con los proveedores locales, bajo la lógica de una cadena de valor de tipo cautiva. Es decir, relaciones asimétricas entre pequeños y medianos proveedores con unos pocos compradores que detentaban gran poder para establecer las condiciones contractuales (tarifas, tareas, responsabilidades, etc.) y trasladar los riesgos económicos.
Esta transformación estructural dentro de la cadena de valor generó cambios profundos en el territorio a partir de la desaparición de las economías regionales, pymes y minifundios, ligados a la empresa estatal. Es bueno recordar también, que los territorios petroleros (destacándose la Cuenca Neuquina) serán la cuna de los primeros movimientos piqueteros de trabajadores excluidos.
Históricamente la cuenca se ha concentrado en las actividades de exploración y explotación (extracción y primer tratamiento) de petróleo y gas, que representan el primer anillo dentro de la cadena de valor del petróleo y gas, denominado Upstream. El siguiente anillo, Midstream, es el almacenamiento y transporte del petróleo como el gas extraído (por buques o gasoductos, respectivamente) hacia Buenos Aires o mercados de exportación. El último anillo es el Downstream, que corresponde a la refinación, comercialización y distribución de distintos productos finales, como naftas, gasoil, entre otros.
La YPF estatal contribuyó al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y actividades intensivas en conocimiento arraigadas en el territorio, como la prospección geológica, talleres mecánicos y otras. . Sin embargo, la cuenca no logró superar su perfil primario-exportador, es decir, los eslabones de mayor valor agregado se completan por fuera de la región, lo que la configura como un enclave energético y limita su articulación productiva interna.
En este sentido, a pesar de haber sido la principal cuenca productora de petróleo del país por más de 100 años, YPF no asentó allí destilerías como en otras localidades (Neuquén, Salta y Mendoza ), aún con niveles de producción significativamente menores.
La YPF estatal contribuyó al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y actividades intensivas en conocimiento arraigadas en el territorio, como la prospección geológica, talleres mecánicos y otras. Sin embargo, la cuenca no logró superar su perfil primario-exportador.
Ante la sostenida inacción de Repsol-YPF en términos de inversión y producción, en mayo de 2012 el Gobierno Nacional tomó la decisión, retomando el espíritu de Mosconi, de impulsar la sanción de la ley de Soberanía Hidrocarburífera, y expropiar el 51% del paquete accionario de la empresa Repsol. A partir de ese momento, el desarrollo masivo de los recursos no convencionales para convertir a Argentina en exportador neto de energía pasó a ser prácticamente una política de Estado para las sucesivas administraciones nacionales. Luego de la sanción de la Ley Nº 27.007, de fines de 2014, que regula las formas de operar los hidrocarburos no convencionales, YPF comenzó a buscar asociaciones con grandes firmas nacionales e internacionales (Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Dow Chemical, Petronas, entre otras) para adquirir más rápidamente las tecnologías necesarias, disminuir los plazos de aprendizaje y conseguir el capital del que no disponía el país.
En una primera etapa, YPF se enfocó en los recursos no convencionales de la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta y Los Molles) y los del Golfo San Jorge (D-129 y Aguada Bandera), en donde el conocimiento del subsuelo y la infraestructura instalada permitirían acelerar la puesta de la producción en el mercado. Sin embargo, con menores niveles de reservas potenciales y luego de algunas pruebas piloto fallidas, la Cuenca del GSJ perdería centralidad a medida que Vaca Muerta se transformaba en la promesa de la salvación nacional.
Crónica de una crisis anunciada
Las nuevas operadoras, aquellas que suceden a YPF en la cuenca del Golfo San Jorge, mantienen cierto hermetismo sobre sus planes de inversión y producción, y hasta el momento sólo han avanzado en un proceso de restructuración de contratos con los distintos anillos de proveedores, integrados por prestadoras de servicios internacionales, grandes empresas nacionales y un gran número de PYMES locales.
Entre las empresas locales resuena la consigna de que hay que tratar de reducir costos como sea, porque la capacidad financiera de las operadoras es significativamente menor que la de YPF. Sin embargo, todos son conscientes de que el boom productivo que atraviesa la Cuenca Neuquina, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, es el espejo invertido de lo que sucede en la Cuenca del Golfo San Jorge.
Según el estudio de FUNDAR, el auge productivo y de inversión sin precedentes que experimenta la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta) y la crisis estructural de desinversión y pérdida de empleo que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) “son las dos caras de una misma moneda: un proceso de reasignación de capital y reconversión productiva que está redibujando el mapa socioeconómico de la Patagonia, con ganadores y perdedores claramente definidos”.
La magnitud de la transformación sectorial se verifica a través del aumento en la participación de los recursos no convencionales que se extraen en Vaca Muerta. En 2017, los recursos no convencionales representaban el 9% de la producción de petróleo y el 24% de la de gas natural; para los primeros nueve meses de 2025, su participación se había elevado al 61% y 64%, respectivamente. Tal como sostienen los autores del reciente estudio, “si bien la caída porcentual más pronunciada corresponde a la cuenca Noroeste, es la reducción del Golfo San Jorge la que representa el mayor impacto en términos absolutos, dado su rol como segunda cuenca más importante del país”.
Las reservas de Vaca Muerta posicionan al país como un player global y, sin dudas, tiene el potencial para contribuir al autoabastecimiento energético y la generación de un flujo de miles de millones de divisas genuinas que contribuyan a relajar la tan mentada restricción externa (aunque el gobierno liberal no comulgue con este concepto). Sin embargo, la forma de aprovechar esta ventana de oportunidad en el marco de la transición energética no es trivial, más aún sí queremos impulsar un bloque de desarrollo, con capacidad para generar una transformación estructural de la economía nacional. En términos del desarrollo económico, el riesgo pasa por quedar estancados en la producción de un bien commodity de tipo enclave, mientras contribuimos al desarrollo económico de otros países, que dispondrán de un insumo estratégico a bajo costo para ser competitivos en actividades de mayor agregado de valor.
La decisión de reorganizar de forma drástica el Upstream petrolero siguiendo exclusivamente metas financieras y señales de precios (o “de mercado”), puede ser contraproducente. En este sentido, la necesidad de generar recursos líquidos para maximizar las inversiones en Vaca Muerta condujo a YPF a desprenderse de yacimientos convencionales históricamente productivos, e incluso de otras unidades de negocios muy redituables como, por ejemplo, la venta de su participación accionaria en Profertil en diciembre de 2025. Esta empresa es de los productores de urea y amoníaco más eficientes del mundo, y cubre cerca del 60% del consumo de urea de Argentina. Un activo estratégico para un país productor de alimentos y, más aún, en un contexto global en el que la guerra disparó el precio de los fertilizantes a la par que generó restricciones de suministro.
La retirada de YPF de la Cuenca del GSJ fue acompañada por otras operadoras, como Tecpetrol (de Techint), que también habían empezado a redireccionar sus inversiones hacia Vaca Muerta unos años atrás. El panorama de una fuerte contracción del mercado local a corto plazo, desencadenó un efecto dominó sobre el resto de la cadena de valor local.
Además del impacto directo sobre las economías de cada hogar, la destrucción de estos puestos de trabajo formal con altos ingresos representa la pérdida de un motor importante de la demanda de consumo de bienes y servicios en los circuitos económicos provinciales.
Las empresas que componen el primer anillo de proveedores, mayoritariamente de capital extranjero, fueron de las primeras que impulsaron retiros voluntarios masivos, achicando drásticamente su nómina de empleados o, directamente, levantaron campamento (para concentrarse en Vaca Muerta). Estas empresas brindan servicios específicos fundamentalmente de perforación y puesta en producción de pozos a las empresas operadoras, como: perforación, cementación, construcción de las instalaciones de superficie, terminación, work over (intervención de pozos para repararlos o aumentar su producción), pulling (operaciones en el fondo del pozo) y mantenimiento. La retirada de estas compañías no sólo implica la pérdida de empleos, sino también de tecnología y conocimiento especializado, lo cual encarece las operaciones y obstruye las posibilidad de recuperar la producción.
La contracción del primer anillo de proveedores naturalmente impactó sobre el segundo anillo de proveedores, compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas (y algunas grandes) de capitales locales, que debieron reducir personal y ajustar estructuras de gastos, a costa de sobreendeudarse, para adaptarse a nuevas tarifas. Muchas de estas empresas son familiares, conducidas por las segundas o terceras generaciones, que durante décadas han hundido capital en tecnología y capacidades productivas locales. Contribuyendo a la formación de trabajadores calificados, con saberes específicos, y a la generación de nuevo conocimiento y soluciones tecnológicas exportables.
Hasta el momento el saldo de la salida de YPF de la Cuenca del GSJ se tradujo en una drástica destrucción de miles de puestos de trabajo, que incluso superan el boom de empleo en Vaca Muerta. Según estimaciones del municipio comodorense, sólo en la provincia de Chubut, entre diciembre de 2023 y el tercer trimestre de 2025, se destruyeron más de 6.700 empleos privados registrados, sin incluir otros sectores de la economía. Esta tendencia se profundizó en los últimos meses, aunque todavía no se dispone de estadísticas oficiales que cierren los números precisos.
Además del impacto directo sobre las economías de cada hogar, la destrucción de estos puestos de trabajo formal con altos ingresos representa la pérdida de un motor importante de la demanda de consumo de bienes y servicios en los circuitos económicos provinciales. Por otra parte, la contracción del nivel de actividad en la industria del petróleo y gas tiene un impacto relevante en los ingresos provinciales y de los municipios de la Cuenca del GSJ, provenientes de las regalías petroleras que tributan las operadoras. Este cuadro de situación se ve agravado en un contexto de fuerte contracción del gasto público nacional, que está reduciendo la masa de ingresos reales disponibles de los empleados públicos nacionales y, efecto multiplicador mediante, el nivel de actividad de la ciudad. Así, este encadenamiento de golpes pone en jaque la viabilidad económica de una provincia entera.
Visiones de futuro
El proceso de transición y traspaso de las áreas de la Cuenca del Golfo San Jorge deja al descubierto problemáticas institucionales estructurales, propias de un territorio periférico que históricamente se desarrolló a partir de una integración subordinada al sistema capitalista nacional. Esto ha generado sentimientos encontrados en la población comodorense. Algunos responsabilizan a las instituciones y actores locales (sindicatos, funcionarios y otros) por las ineficiencias y falta de competitividad sistémica del territorio. Otros, más optimistas, tienen esperanzas de que las nuevas operadoras puedan recuperar la producción (tras años de desinversión de YPF en la Cuenca), logrando reducir costos y mejorando la productividad media. Sin embargo, para una gran mayoría representa la estocada final desde las heridas abiertas por la privatización de YPF en la década de los noventa.
La transformación estructural dentro del sector de petróleo y gas (azuzada por la transición energética global) y la absoluta desconexión y retirada del gobierno nacional, desataron una crisis sin precedentes para la estructura socioeconómica de este territorio extractivista. Al mismo tiempo, cristalizó las debilidades y limitaciones institucionales y productivas de un territorio periférico que, tras años de bonanza, deberá aprender a navegar contra el viento. Esto implica un desafío enorme para Comodoro Rivadavia y cuenca del GSJ en general.
En la región existen otras actividades extractivas (minería) y/o energéticas (energía eólica, hidrógeno de bajas emisiones y derivados) que hace tiempo están en la agenda pública, por su potencialidad para movilizar capital e inversiones millonarias que logren compensar la caída de la inversión en el sector hidrocarburífero. Estos proyectos pueden tener un rol estructurante para el desarrollo local a mediano/largo plazo, en la medida que se desarrollen estrategias y hojas de ruta que realmente discutan dos aspectos centrales: 1) marcos regulatorios y de gobernanza que promuevan la agregación de valor local, dentro de las cadenas energéticos y/o otras industriales asociadas, y 2) férreos mecanismos de control y saneamiento socio-ambiental, consensuados políticamente y con licencia social. Un primer paso necesario, es migrar de la mirada de los recursos naturales como meros commodities (mercancías), a la de recursos naturales estratégicos y, al mismo tiempo, como bienes comunes, es decir recursos compartidos por una comunidad. Tal como sostiene el documento de FUNDAR, los reclamos por exigencias de “reparación” social, infraestructura y abordaje de pasivos ambientales tras la privatización de YPF y retirada del estado del territorio, “son antecedentes que muestran que la ausencia de planificación en contextos de declive extractivo suele traducirse en crisis multidimensionales difíciles de revertir”.
Sin embargo, el territorio tiene otras ventajas naturales y geográficas y capacidades creadas (productivas, científicas y tecnológicas), para recuperarse y comenzar a transitar nuevas trayectorias tecno-productivas que contribuyan a un proceso de diversificación productiva en base a la innovación y la agregación de valor. A corto plazo, existen oportunidades concretas en productos de alto valor agregado y con potencial exportador (olivos, vid, cerezas, productos biotecnológicos, acuicultura y economía circular en torno a los desechos de la pesca) así como servicios turísticos. La mayoría de estos productos y servicios, conforman líneas de investigación prolíficas en instituciones científicas locales, como el Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP) y son impulsadas desde la agencia municipal Comodoro Conocimiento, a partir de la articulación público-privada. Transformar estas experiencias “piloto” en proyectos de escala comercial y crear nuevos polos, clusters o distritos industriales, es un camino largo y sinuoso que no puede transitar el municipio sólo, sin una política industrial y científico-tecnológica coherente y federal detrás.
Como respuesta al abandono por parte de YPF, el municipio y, en particular, la Agencia Comodoro Conocimiento, están conduciendo un estudio de base para fortalecer el sistema regional de innovación (SRI), que incluye talleres participativos y espacios de intercambio con las fuerzas vivas locales. El objetivo de acercar los subsistemas responsables de la generación de conocimiento (universidades e instituciones de ciencia y técnica), de explotar ese conocimiento (fundamentalmente, las empresas), de apoyo a la innovación (centros tecnológicos y empresas de bienes de equipo y servicios avanzados) y de financiamiento de las actividades de innovación, es fundamental en un territorio aislado geográficamente y periférico en términos económicos y políticos. La planificación articulada y coordinada entre los actores institucionales que participan del SRI ya no es opcional. El conocimiento tácito acumulado localmente, las redes de conocimiento y aprendizaje colectivo y las capacidades específicas son bienes comunes indivisibles del territorio, claves para la transición y el desarrollo local.
En siete días dos avionetas que salieron de Bolivia reventando de cocaína aterrizaron en pistas improvisadas en la zona central de Santa Fe. A la primera, que traía 400 kilos, la estaban esperando en la ciudad de Vera gracias a información de la DEA norteamericana. La segunda supuso una intervención menos planificada: los fiscales que seguían a dos miembros locales del grupo narco supieron de golpe que una Cessna iba a posar en un campo a 90 kilómetros de Rosario.
La detección del aterrizaje inminente hizo que se ordenara a un grupo de Gendarmes en la zona apostarse en el lugar del destino. Allí ya estaba la avioneta posada con 321 kilos de cocaína. Los que la habían esperado, sorprendidos, treparon a dos vehículos. Con uno de ellos le pasaron por encima a un uniformado que intentaba frenarlos, que está internado en terapia intensiva en Rosario, con fractura de cráneo y pronóstico reservado.
Este viernes al menos cuatro personas conectadas con este último vuelo serán imputadas en la Justicia Federal por contrabando de cocaína. Dos son los hermanos Juan Cruz y Santiago Emanuel Borras, considerados por la Procuración de Narcotráfico (Procunar) los encargados de la logística de la operación: la definición del lugar de llegada y el traslado de la carga de cocaína. Los otros dos detenidos son el piloto y el copiloto de la avioneta, ambos bolivianos.
En el origen de este caso también hay un seguimiento y una avioneta. El 11 de noviembre del año pasado en un campo en Arequito, también Santa Fe, se encontró abandonada una Cessna 210 con una avería aparente por un aterrizaje obligado. Adentro del habitáculo se encontró un teléfono celular. La extracción de su contenido disparó una pesquisa que se centró en algunos contactos de agenda. Entre ellos los hermanos Borras, uno de los cuales tiene domicilio en las afueras de Rosario, en la ciudad de Roldán, y tuvo una condena por drogas en 2014, por la que debía estar en prisión domiciliaria. Ninguno de los dos hermanos tiene antecedentes por actos violentos.
Siguiendo ese teléfono este martes un equipo liderado por el fiscal federal Matías Scilabra de Procunar Rosario recibió la información de un súbito aterrizaje y las coordenadas de la zona. Allí los que recibían a la avioneta fueron sorprendidos en mitad del campo, cerca del límite con Córdoba, y en la huida los hermanos Borras atropellaron a uno de los gendarmes, que está internado grave en el sanatorio Laprida de Rosario. Fueron detenidos cerca de Melincué, en el sur santafesino, y este viernes serán imputados de contrabando de estupefacientes y, se analizaba, el que manejaba de tentativa de homicidio. Los dos pilotos bolivianos también intentaron huir pero fueron apresados. Al costado de la avioneta quedó la carga que no alcanzaron a movilizar.
En la investigación sobre este grupo hay varias cosas en definición y una certera. Esta última es que esta línea de droga boliviana no tiene que ver con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo detenido hace dos meses en Santa Cruz de la Sierra y extraditado a Estados Unidos, que tiene fuertes conexiones con Paraguay y presuntamente socio del diputado Lalo Gomes de ese país, asesinado en su casa en 2024. Se está definiendo si uno de los hermanos Borrás tiene conexiones con Alejandro Zamudio, un hombre detenido en 2024 sospechado de estar en la trama de la organización del homicidio de Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central asesinato a tiros en noviembre de ese año. También llamó la atención que uno de los hermanos trabaja en una terminal portuaria del Gran Rosario, en tanto aparece ligado a la logística del narcotráfico, dado que la movilidad de los cargamentos hacia ultramar se define en ocasiones probadas a través de la hidrovía del río Paraná.
«Los Borrás como la inmensa mayoría de los logísticos no son los dueños de la droga. Lo que hacen es lo que caracteriza a muchos operadores de esta zona. Que tienen, ya no hablando de estos hermanos, como función la unión del comprador con el vendedor: bajan la mercadería, la ponen en un puerto y la sacan a despachos de Europa u otros destinos continentales», le dijo a LPO uno de los que trabajó en esta investigación.
Un punto notorio que tienen estas dos detecciones de avionetas con cocaína boliviana y que aparece como una novedad es el hecho de que los traslados aéreos ya no necesitan la etapa de una escala previa para la que en general se utilizaba suelo paraguayo, en especial el área del Chaco. La autonomía del Cessna 210 como los ahora localizados en estas pistas santafesinas, que son caminos rurales, es de unos dos mil kilómetros que se reduce por el peso de la carga. No obstante fuentes de Gendarmería Nacional contaron a este medio que los transportadores, para evitarse la escala, están reabasteciendo en vuelo las avionetas. No mediante el método de los aviones militares sino de modo más casero: Utilizan bidones de importante porte con una manguera conectada al tanque y por eso es necesario un segundo ocupante que se suma al piloto: para que realice esta tarea.
El pasado 5 de mayo, con datos de la agencia norteamericana DEA, la Procunar había esperado con agentes federales la llegada de una avioneta a un campo llamado Don Julio en adyacencias de la ciudad de Vera, 440 kilómetros al noroeste de Rosario, que se posó allí con 442 kilos de cocaína. La avioneta era una Cessna 210. Seguían esta operación desde septiembre del año pasado.
El dueño de ese cargamento, por las interceptaciones de teléfonos, era el boliviano José Pedro Rojas Velazco, conocido como «Pepa», quien era un miembro comprobado de la red de Marset. El tráfico se organizó con Pepa en vida, quien no se enteró de la detención de sus pilotos en Santa Fe: lo mataron a tiros hace veinte días, el pasado 26 de abril, mientras disputaba una carrera de rally. Pero Pepa tenía entre sus interlocutores a un abonado argentino que fue crucial para detectar los pasos de la banda narco sobre la preparación del arribo del vuelo.
Hace diez días los detenidos en Vera por este cargamento fueron llevados a audiencia de imputación en la Justicia Federal de Rosario, donde el juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz les impuso 180 días de prisión preventiva.
Rojas Velasco mantenía contacto con Brian Bilbao, un narcotraficante de Rosario que en noviembre pasado fue detenido en Pavón, en el sur santafesino, en un operativo en el que le secuestraron 956 kilos de cocaína en su vehículo, también procedente de Bolivia.
La extradición de Marset además tiene impacto en la reconfiguración del mapa narco en la parte sur de Sudamérica. El uruguayo Marset no era un simple capo: controlaba importantes segmentos del tráfico por la hidrovía y operaba como el gerente de una multinacional con sede en Bolivia. Su deportación a Estados Unidos en marzo de 2026 rompió la unidad de mando y fragmentó su estructura.
