Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue y de Mar del Plata publicaron un estudio piloto donde demuestran la existencia de plaguicidas prohibidos y de uso actual en las placentas de mujeres de Río Negro y Neuquén. Afecta a los recién nacidos.
El estudio, publicado a fines de 2022 en la Revista de Salud Ambiental de España, se basó en el estudio de 20 placentas de mujeres saludables entre 18 y 42 años, de las cuales 10 de ellas pertenecen a poblaciones urbanas como Neuquén capital y los poblados rurales de Plottier, Centenario de la provincia neuquina y los centros rurales rionegrinos de Cinco Saltos y Contra Almirante Cordero.
En la investigación se contextualiza la producción de la región en la que está localizada la investigación. Se trata de un sector donde se cultivan frutales como la pera, donde Argentina es el principal exportador del hemisferio sur y de manzana, que ocupa el quinto puesto mundial en exportación. Argentina está ubicada entre los diez principales países consumidores de plaguicidas del mundo.
Las y los autores señalan que en la región del Alto Valle existe una larga historia de uso intensivo de insecticidas, que han determinado la presencia de plaguicidas prohibidos (POCs ) así como también pesticidas de uso actual (PUA), en distintos ambientes. La preocupación de la investigación es sobre la exposición humana a sustancias químicas en los primeros años de vida, y cómo las mismas pueden asociarse a se asocian a enfermedades en la adultez. Dicho esto, se dedicaron al análisis del ambiente intrauterino, considerado como el primer escenario de exposición a xenobióticos en la vida, ya que algunas sustancias químicas pueden ser transferidas a través de la placenta hacia el feto en desarrollo.
En el estudio publicado detallan el método de investigación y sus resultado, así como también una sucinta información socio-demográfica de las mujeres así como distintos parámetros morfométricos de los recién nacidos, para así poder determinar un Indice Ponderal el cual califica el bienestar fetal al momento de nacer.
Entre los resultados se determinó que de las 20 placentas investigadas, todas las muestras presentaron al menos seis residuos de plaguicidas, con un máximo de once de los quince detectados. A su vez sugieren que la exposición prenatal a algunos plaguicidas prohibidos (POCs) estaría negativamente asociada con algunos parámetros de los recién nacidos determinados por el análisis del Indice Ponderal. Esto indica que las mujeres expuestas a una mezcla de diferentes plaguicidas neurotóxicos y potencialmente peligrosos afectan a los recién nacidos por la previa transferencia placentaria.
El estudio fue realizado por los siguientes investigadores e investigadoras: Pique M. Rodriguez1, Berta Vera2, Karina S.B. Miglioranza3, Celeste Muntaner2, Paola M. Ondarza3, Natalia Guiñazú1
1 Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), Universidad Nacional del Comahue-CONICET. Argentina. 2 Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Comahue. Río Negro, Argentina. 3 Laboratorio de Ecotoxicología y Contaminación Ambiental, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET. Argentina.
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La organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país se manifestó fuertemente contra los cuestionamientos que desde el gobierno de Milei hicieron a la jueza Karina Andrade, que el miércoles pasado ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existía ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito.
Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantías de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados, que reprimieron de manera desbordada. La magistrada, de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.
Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pediría su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron políticamente al tratarla de “jueza de la Cámpora”, algo que algunos medios periodísticos recogieron y difundieron.
“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.
Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal.
Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial.
El jueves pasado Bullrich había escrito en su cuenta de X: “Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”.
“Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso”, dicen los representantes de todas las Cortes de la Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Es un pronunciamiento categórico de los jueces de mayor jerarquía contra el gobierno. Allí interpretan que la insinuación de un juicio político contra la magistrada porteña es un acto de amedrentamiento.
La cartera a cargo de Bullrich presentó este viernes un recurso para pedir la incompetencia de Andrade para intervenir en este caso y adelantó que está “evaluando la presentación de una denuncia penal penal por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos” ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también declaró al conocerse el fallo que se analizaría la actuación de la jueza ante el Consejo de la Magistratura “por posible incumplimiento de sus funciones”.
Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso.
El legislador porteño Yamil Santoro, de La Libertad Avanza, también presentó una denuncia contra Andrade, a la que acusó de desempeño inadecuado, maltrato sistemático a su personal y decisiones judiciales que comprometen la seguridad pública.
Los jueces superiores de la Argentina tuvieron en cuenta este contexto para pronunciarse. “La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales. Se enfatiza que en la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional”, plantearon.
La jueza contravencional porteña, Karina Andrade.
Este sábado Andrade defendió su criterio para desvincular a los detenidos. “Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó al hablar con Radio 10. Dijo también que nada impide que se pueda perseguir a esas personas si surgen elementos que así lo permitan, que ella, remarcó, no tuvo a disposición la noche del miércoles.
Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.
La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”.
Mediante un encuentro virtual con Nación, la provincia de Río Negro adhirió al convenio marco del plan de obras, vivienda e infraestructura de emergencia “Argentina Construye“. La gobernadora Arabela Carreras, en comunicación con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, acordó suscribir al plan de contingencia presentado, el cual inyectará 28.000 millones…
