Despidos masivos y paro por tiempo indeterminado en Molinos Río de la Plata

Despidos masivos y paro por tiempo indeterminado en Molinos Río de la Plata

 

Lo definieron la Comisión Interna y la filial bonaerense del Sindicato de Alimentación. Hasta ahora Molinos Río de La Plata notificó 10 nuevos despidos y, según los trabajadores, se enmarcan en un plan de cesantías y precarización laboral. La medida se sostendrá por tiempo indeterminado. «No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalización», denuncian. Por Infogremiales.


Los trabajadores de Molinos Río de la Plata, junto a la Comisión Interna y la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación filial Buenos Aires, iniciaron anoche un paro por tiempo indeterminado ante el despido de cinco trabajadores y una trabajadora. Esta mañana, la empresa despidió a otros cuatro trabajadores.

«Se trata, como lo denunciamos ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de un plan de cesantías y precarización laboral de la empresa que ahora se termina concretando con estos ilegales despidos», explicaron.

Y añadieron: «Todo comenzó anoche cuando cuatro trabajadores estaban entrando a cumplir el turno noche y dos se preparaban para volver a su casa luego de terminar su jornada en el turno de la tarde. Los seis fueron citados a la oficina de Recursos Humanos y allí, frente a una escribana, les notificaron que estaban despedidos».

La Comisión Interna, junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires, realizó una asamblea en la que se aprobó el paro convocado por el gremio a partir del turno noche. El paro que se ratificó en la asamblea del turno mañana. La medida de fuerza es reclamando la inmediata reincorporación de los despedidos, cese de más despidos, y por condiciones dignas y seguras de trabajo ante la ilegal reducción de dotación de personal ejecutada por la empresa.

«Los despidos se dan pocas horas antes de la cuarta audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ante la denuncia que realizamos junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires de que había en marcha un proceso de despidos planificado. Ese proceso, que comenzó el 26 de mayo, fue dejando a la planta con dotaciones de trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la cantidad mínima en cada una de las máquinas, lo que genera situaciones de riesgo para la salud de las y los operarios», remarcaron.

Y añadieron: «No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalizacion, imponiendo la precarización laboral para producir, afectando la salud y la seguridad del resto de las y los trabajadores, ignorando deliberadamente las intimaciones de los representantes de los trabajadores en el Comité Mixto de Seguridad e Higiene que está constituido en la planta».

Vale recordar que el 23 de mayo pasado, la comisión interna ya había denunciado públicamente que la empresa de los Pérez Companc -una de las 4 familias más ricas del país, según la revista Forbes- estaba realizando reuniones de forma irregular con los y las trabajadoras en la que les planteaba que si no aceptaban rebajas salariales y trabajar con dotaciones por debajo de las recomendadas por el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, iban a haber despidos.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/despidos-masivos-y-paro-por-tiempo-indeterminado-en-molinos-rio-de-la-plata-no-solo-estan-despidiendo-ilegalmente-estan-ejecutando-un-proceso-de-desindicalizacion/

 

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  • “Un nuevo intento de proscribir al Suteba Tigre”

     

    El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias. 


    “En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

    En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

    Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

    A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

    “Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

    Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

    Redes sociales

    https://www.facebook.com/sutebadetigreconduccionmulticolor

    https://www.instagram.com/suteba_de_tigre/?hl=es

     

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  • El Gobierno entregó 160 viviendas a fuerzas federales que ya habían sido adjudicadas

     

    Los inmuebles a estrenar se encuentran en Avellaneda y ya habían sido sorteados y adjudicados a otras familias por el programa Procrear, que fue disuelto este lunes mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía. La Resolución del Ministerio, que encabeza Luis Caputo, reglamentó la disolución del fideicomiso que administraba los créditos del programa Procrear, incluida en el Decreto 1018/2024 publicado en noviembre pasado. Las 160 viviendas entregadas a fuerzas federales en el marco de un acto realizado este martes con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y protestas de vecinos y vecinas, se encuentran en el edificio Sagol. Por Red Eco Alternativo.


    Al respecto, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, repudió la medida del Gobierno: “Con gran indignación denunciamos que las viviendas del plan ProCreAr en Avellaneda, que pertenecen a sus vecinas y vecinos, han sido entregadas de manera arbitraria a los militares (…). Esta medida fue tomada en un acto que vulnera el espíritu del programa, creado para garantizar el derecho constitucional a un techo digno para las familias de los trabajadores».

    Cabe recordar que el Programa Procrear se había creado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y funcionaba como una política de estímulo al crédito hipotecario y al acceso a la vivienda. Funcionaba con un fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario, el cual también gestionaba los créditos y las tierras fiscales urbanizadas por el Estado.

    Fuente: Nota al Pie

    Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/vivienda/41800

     

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  • Decenas de locales de la Libertad Avanza escrachados ante la proscripción a CFK

     

    Más de una decena de locales de La Libertad Avanza fueron pintados contra la proscripción a Cristina en la provincia de Buenos Aires durante la noche del 70 aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo. «Con la democracia no se jode», «Milei Botón», etc. las pintadas aparecieron en Lomas de Zamora, Avellaneda, Tigre, Alte. Brown, Merlo, Gral. Rodriguez entre otras localidades. Mientras se organizan los últimos detalles para la movilización del miercoles por la mañana en apoyo a CFK, hoy el juez Jorge Gorini notificó que la ex presidenta deberá cumplir su condena por la causa denominada “Vialidad” en su domicilio de Constitución. El magistrado le impuso la utilización de tobillera electrónica y la presentación de una lista de personas que podrán ingresar al departamento. También el fallo incluye el deber de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Por Claudio Lozas para ANRed.


     

     

    Frases como «CFK es pueblo», «corte corrupta» y «con la democracia no se jode» no dejan lugar a dudas sobre el motivo de las acciones. Si bien no se conoce la identidad de quienes lo llevaron a cabo, en el interior y las veredas de los locales se encontró impreso el siguiente mensaje:

    «Una mañana cualquiera, por fin, de las entrañas del conurbano sepultado, yacerá el fuego grande de la verdadera libertad. Y los vengaremos con aquello que más les duele: la felicidad de los humildes.

    Y ustedes, sufrirán cuando vean al pueblo que vive.

    Nosotros, como ahora, obraremos incansables por la alegría de cada humilde que pise esta Patria. Hasta el día en que nos honre con amor la muerte.

    Ustedes, ahora sí, pagarán sus deudas, llorarán su soledad y sufrirán el hondo vacío de no tener patria. Hasta que, también, los encuentre la muerte. Solos y cagando. Brindemos por eso.

    A todo el pueblo, buen día y una consigna sencilla: defendamos lo que es nuestro».

     

     

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  • Esquel: condenan a un padre por pegarle con un cinturón a su hijo

     

    En menos de treinta días, la fiscal chubutense Rafaella Riccono logró cerrar un acuerdo de juicio abreviado que terminó con la condena de un hombre por violencia infantil. El acusado fue declarado culpable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia contra las infancias, en perjuicio de su hijo de 10 años.

    Los hechos ocurrieron en la localidad de Esquel el 1 y el 4 de octubre, en la vivienda familiar, cuando el hombre golpeó al niño con un cinturón, provocándole lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

    La situación fue detectada en la escuela por la maestra del menor, quien al notar las marcas dio aviso a la dirección y acompañó la denuncia ante la comisaría. Paralelamente, la madre del niño también denunció los episodios de violencia.

    Tras la intervención del Servicio de Protección de Derechos, se consultó al menor sobre con quién se sentía más seguro, y el niño eligió vivir con su abuela paterna, donde permanece actualmente. Días después, fue escuchado en Cámara Gesell, cumpliendo con los principios del Interés Superior del Niño establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

    La jueza interviniente homologó el acuerdo de juicio abreviado, impuso al agresor reglas de conducta y ordenó remitir el fallo al Juzgado de Familia, que deberá implementar medidas de acompañamiento psicológico para la familia.

    El Ministerio Público destacó que este caso representa un mensaje claro contra la violencia en la crianza, recordando que el Código Civil y Comercial prohíbe expresamente los castigos físicos desde 2015.

    La Fiscalía subrayó que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, sino un delito, y reafirmó el compromiso del Estado en proteger los derechos de las infancias, garantizando su derecho a crecer en un entorno de respeto, diálogo y afecto.

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  • El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones

     

    Imagen ilustrativa

    El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 


    La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

    Salud y educación

    Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

    En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

    Cambios en residencia y ciudadanía

    La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

    El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

    Ingreso, permanencia y expulsiones

    También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

    Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

    El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

    Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

    En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

    Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

     

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  • Garrahan: el Gobierno y la dirección del hospital no se presentaron a la paritaria

     

    Como en la última reunión, no hubo propuesta de recomposición salarial para los trabajadores y profesionales del centro pediátrico nacional. ATE y APyT anunciaron movilizaciones para esta tarde y la continuidad del plan de lucha. Por Canal Abierto.


    El Gobierno nacional y el Consejo de Administración del Hospital Garrahan se ausentaron de la audiencia de negociación convocada en la Secretaría de Trabajo para discutir aumentos salariales con los trabajadores. Así, el conflicto en el centro de salud especializado en enfermedades oncológicas en niños, sube de nivel.

    Durante la última audiencia realizada el miércoles 4 de junio, ningún funcionario del Poder Ejecutivo concurrió al encuentro con los delegados gremiales, incumpliendo con la Conciliación Obligatoria vigente.

    Alejandro Lipcovich, delegado General de la Junta Interna de ATE, informé: “Como si esto fuera poco, anunció su retiro la presidenta del Consejo de Administración (Soraya El Kik). El Gobierno insiste en no hacer propuesta alguna de recomposición salarial para destrabar el grave conflicto. Mientras tanto, se agrava la crisis de sus funcionarios, repudiados por el conjunto del hospital. Deberían irse también Menehem, Dalmazzo y Pérez que están llevando al Garrahan al abismo de la mano de Milei y Lugones. ¿Cómo podría sostenerse el principal hospital pediátrico del país con enfermeras ganando salarios inferiores a la línea de pobreza?”.

    Gerardo Oroz, Adjunto, comentó: “Están a la defensiva, porque la rebelión interna se profundiza y porque el apoyo popular es enorme. Por eso, iremos a la Plaza de Mayo a las 16 horas, a defender el salario y la salud pública. Mañana a las 13 realizaremos asamblea para definir continuidad de nuestro plan de lucha”.

    Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional, denunció: “Nadie cree el verso de que no hay plata. Plata hay. Con todo lo que le aumentaron a la SIDE en el último año y medio se podría costear fácilmente el incremento en el Garrahan. Queremos un Gobierno que priorice curar y no espiar”.

    El sindicato exige elevar el piso salarial de los trabajadores del hospital infantil a $1.819.121, que es el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) para cubrir los costos de una Canasta Alimentaria Mínima y acceder a otros bienes y servicios básicos. Esta cifra surge del relevamiento hecho por el sindicato utilizando como base los datos oficiales del INDEC.

    La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan también realizará hoy una nueva movilización a Plaza de Mayo en el marco de la denuncia de ajuste y falta de presupuesto por parte del Gobierno.

    Fuente: https://canalabierto.com.ar/2025/06/11/garrahan-el-gobierno-y-la-direccion-del-hospital-no-se-presentaron-a-la-paritaria/

     

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