El ex jugador y director técnico de Los Pumas, Santiago Phelan, junto a su socio en la textil Will Der, Armando Anasal, tuvieron que anunciarles este viernes a los 120 trabajadores de la fábrica el cierre de la empresa frente al descalabro económico.
Will Der producía indumentaria deportiva para marcas como Adidas, Puma, Fila y New Balance pero no se pudo sostener ante la apertura indiscriminada de importaciones que afectan a todo el rubro textil. La decisión de los dueños fue bajar las persianas de las plantas que tienen en Las Flores y en General Pacheco.
Phelan y Anasal decidieron comunicarle al personal la decisión y cargaron contra las decisiones del gobierno de Javier Milei. «Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan», dijo el rugbier.
Ante el llanto de sus empleados, en su mayoría mujeres, explicó: «No había opción de seguir. Seguir iba a ser peor. No es que nosotros colgamos, aflojamos. No somos de esa característica. No hay trabajo en la calle». Además, Phelan afirmó que «el panorama que viene es peor».
Anasal, por su parte, se quebró. «Son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada. Porque tengo que dar la cara diciendo que soy una mierda. Que la política nos hundió», dijo sollozando.
También aprovechó para interpelar a quienes votaron a Javier Milei. «Los que pudieron votar a este gobierno, ¿a dónde nos llevó?», preguntó, y argumentó: «con otros gobiernos todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo».
Los que pudieron votar a este gobierno, ¿a dónde nos llevó? Con otros gobiernos todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo.
El socio de Phelan fue categórico: «Seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron. Solo les pido que piensen la próxima vez que votan.¿Porque saben qué? La vida es política. Miren lo que es esto. Está vacío».
El cierre de Will Der forma parte del derrumbe de sector. La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) estima que, desde que asumió Milei en 2023, la pérdida de puestos de trabajo escaló a 25.683 empleos. El uso de la capacidad instalada ronda el 42 por ciento: más de la mitad de las máquinas están apagadas.
Indiferente al estrago, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, llegó a decir en febrero que nunca compra ropa en Argentina «porque es un robo».
«Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque es un robo, los que teníamos posibilidades de viajar o algo… comprábamos afuera», afirmó Caputo en una entrevista.
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Javier Milei dijo que él tiene su futuro asegurado dando conferencias y que si los argentinos no lo votan el año que viene se estarán «suicidando» como sociedad.
El presidente lanzó esa mirada apocalíptica en el cierre del evento «Vientos de cambio», organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro.
«No puede ser que nos traguemos todas las mentiras de este conjunto de delincuentes», dijo en otro ataque a los periodistas. «Digo, no porque afecten a mi persona, miren, yo les digo algo: yo voy a seguir haciendo lo que me comprometí, yo ya tengo mi futuro asegurado, es decir, yo haciendo lo que corresponde, estoy asegurando mi futuro. Voy a vivir de dar conferencias, ya no es un problema mío, lo estoy diciendo por los propios argentinos», dijo el presidente.
«Esta vez, ustedes van a tener las ideas de la libertad, las ideas del progreso, las ideas de la prosperidad. Del otro lado, van a tener el modelo decadente. Y esta vez no solo les vamos a tirar las ideas por la cabeza, sino que además les vamos a tirar los datos. Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos. Ahora, todo lo que estaba a mi alcance y de mi equipo lo estamos haciendo», dijo Milei.
«Si nosotros no mostramos resultados se hace difícil acompañar», dijo el jefe de Estado, en otro tramo de la conferencia en la que se contradijo de manera atroz.
En esa línea, Milei remarcó que la ciudadanía necesita constatar mejoras reales para volver a acompañarlo en las urnas, y pidió dar la «batalla cultural».
«Se necesita la batalla cultural, se necesita el músculo político y la gestión al momento de llegar al poder, porque si no tenemos resultados, también estamos en problemas», dijo.
YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA por US$780 millones. La operación implica la salida de la petrolera de mayoría estatal del control de una de las principales distribuidoras de gas del país y consolida al grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti como un actor cada vez más poderoso del mapa energético argentino.
Por Roque Pérez para NLI
Hay operaciones empresariales que pueden leerse como una simple transacción financiera y otras que, detrás de los números, cuentan una historia mucho más profunda sobre el rumbo de un país. La venta del 70% de MetroGAS por US$780 millones que YPF acordó con Edenor pertenece claramente a la segunda categoría. La petrolera de mayoría estatal decidió desprenderse de su participación controlante en una de las principales distribuidoras de gas de la Argentina, en una operación que todavía debe atravesar las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, pero que ya marca una definición estratégica: YPF abandona el control de MetroGAS y el negocio queda en manos de un conglomerado privado encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.
El Gobierno y la conducción de YPF presentan la decisión como parte de una reorganización del portafolio de la compañía, orientada a concentrar capital y esfuerzos en la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta. Desde esa mirada, la distribución de gas no forma parte del núcleo estratégico que la petrolera quiere conservar y la venta permite obtener US$780 millones para destinarlos a otras inversiones. El argumento puede tener una lógica empresarial, pero la pregunta política que inevitablemente aparece es otra: ¿qué significa para la Argentina que una empresa de mayoría estatal abandone el control de una infraestructura energética que llega a millones de hogares y que el Estado había recuperado indirectamente en 2012?
De Gas del Estado a YPF y otra vez al sector privado
Para entender qué está ocurriendo hay que retroceder varias décadas. MetroGAS nació durante el proceso de privatización y fragmentación de Gas del Estado, llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella transformación significó el desmantelamiento de la empresa estatal que había concentrado durante décadas buena parte de la actividad gasífera argentina y la transferencia de segmentos del negocio a compañías privadas. MetroGAS quedó como una de las grandes distribuidoras del área metropolitana.
La historia tuvo un giro significativo en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. YPF, que acababa de volver al control estatal tras la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, decidió ejercer una opción de compra sobre el 54,67% de Gas Argentino que pertenecía a British Gas. De ese modo, YPF pasó a controlar indirectamente el 70% de MetroGAS, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la principal distribuidora de gas del país. La propia documentación de YPF de aquel año señalaba que el objetivo era hacer de MetroGAS una empresa más eficiente y rentable y recuperar su valor estratégico dentro de la matriz energética nacional.
El contraste con la situación actual es difícil de ignorar. Catorce años después, el camino se invierte: aquello que el Estado había recuperado a través de YPF vuelve a quedar bajo control privado. Por eso, aunque técnicamente no sea correcto decir que el gobierno de Javier Milei “privatizó MetroGAS” —la empresa ya había sido privatizada décadas atrás—, sí es correcto afirmar que el Estado vuelve a retirarse del control de un activo energético estratégico que había recuperado.
Y la diferencia no es menor. La venta tampoco significa que el Estado desaparezca del negocio energético: YPF continúa siendo una pieza central del sistema y conserva activos de enorme importancia. Pero sí expresa una determinada concepción acerca de cuál debe ser el papel estatal: concentrarse en producir hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y desprenderse de otras posiciones dentro de la cadena energética.
El comprador no es un actor cualquiera
La otra mitad de la historia está en quién se queda con MetroGAS. La compradora es Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La oferta de US$780 millones fue seleccionada luego de un proceso competitivo en el que participaron distintos interesados por la distribuidora.
El movimiento tiene una importancia que excede ampliamente a MetroGAS. El grupo que controla Edenor amplía ahora su posición dentro del mercado energético y suma el control de una de las principales distribuidoras de gas a su presencia en el negocio eléctrico. En otras palabras, un mismo entramado empresario pasa a tener una posición mucho más relevante en dos servicios esenciales: electricidad y gas.
Además, Manzano no llega desde afuera de MetroGAS. El empresario ya tenía participación accionaria en la compañía a través de Integra Capital, lo que vuelve todavía más significativa la operación: no se trata simplemente de la llegada de un nuevo competidor, sino de la consolidación del control en manos de un grupo que ya tenía presencia en la distribuidora. Durante el proceso de venta, el grupo encabezado por Manzano, Vila y Filiberti fue identificado como uno de los principales interesados en quedarse con el paquete accionario de YPF.
Aquí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la operación. El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo combatir la concentración del poder económico y terminar con supuestos privilegios de la “casta”. Sin embargo, en el sector energético se observa una dinámica en la que activos estratégicos van pasando de manos estatales o de grandes empresas a otros grupos privados con enorme capacidad de concentración.
La discusión, por supuesto, no debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué estructura energética está construyendo la Argentina y quiénes tendrán capacidad para decidir sobre ella en los próximos años.
Vaca Muerta como argumento y la concentración como consecuencia
La justificación de YPF tiene un elemento difícil de discutir: la compañía necesita concentrar recursos para desarrollar Vaca Muerta, aumentar la producción de petróleo y gas y transformar ese recurso en una fuente creciente de exportaciones y divisas. En esa estrategia, desprenderse de activos considerados secundarios puede liberar capital para invertir en exploración y producción.
Pero una cosa es reconocer esa lógica y otra muy distinta aceptar que la distribución energética sea un asunto menor. Producir gas es estratégico; distribuirlo también. Las redes que llevan el combustible hasta los hogares, comercios e industrias constituyen una infraestructura esencial de la economía argentina. MetroGAS tiene millones de usuarios y una posición central dentro del sistema de distribución del área metropolitana.
Por eso la operación abre un debate que va mucho más allá de los US$780 millones. ¿Cuánto vale para el país que YPF controle una distribuidora de esta magnitud? ¿Es correcto medir su conveniencia exclusivamente por la rentabilidad financiera que puede obtener la petrolera? ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona posiciones dentro de la cadena y esas posiciones son acumuladas por grandes conglomerados privados?
No se trata de sostener que toda empresa energética debe ser necesariamente estatal. El problema es otro: la privatización y la concentración no son sinónimos de eficiencia por sí mismas. El funcionamiento de estos servicios depende también de regulación, tarifas, inversiones, calidad, mantenimiento de las redes y capacidad del Estado para controlar a empresas que operan en mercados donde los usuarios no pueden simplemente elegir otra red de gas o de electricidad.
La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para tratar estos procesos como si comenzaran hoy. La privatización de los servicios públicos durante los años 90 mostró que la transferencia de activos estatales al sector privado no elimina la necesidad de regulación pública. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.
Ahora, bajo el gobierno de Milei, el péndulo vuelve a desplazarse con fuerza en la otra dirección. YPF vende MetroGAS, Edenor avanza sobre el negocio gasífero y el Estado concentra su apuesta en la explotación de Vaca Muerta.
La operación puede terminar siendo un buen negocio financiero para YPF. Puede incluso formar parte de una estrategia razonable para convertir a la petrolera en una compañía más enfocada y competitiva. Pero hay una dimensión que el balance contable no puede resolver: quién controla los recursos, las redes y los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.
En 2012, YPF había recuperado MetroGAS bajo la premisa de que se trataba de una pieza importante de la matriz energética nacional. En 2026, la misma compañía decide que es un activo del que puede desprenderse por US$780 millones. Entre una decisión y otra pasaron apenas catorce años, pero también cambió profundamente la concepción sobre el papel del Estado en la economía.
Y quizás allí esté la verdadera noticia.
Mientras el Gobierno de Milei habla de convertir a la Argentina en una potencia energética a partir de Vaca Muerta, el Estado se retira de una parte cada vez mayor de la cadena que conecta esa energía con los usuarios. Y en ese proceso, los grandes grupos privados no sólo compran empresas: también acumulan poder sobre sectores estratégicos de la economía.
La venta de MetroGAS es, entonces, mucho más que una operación de US$780 millones. Es otra pieza del nuevo mapa energético argentino. Y esta vez, el Estado vuelve a estar del lado de afuera.
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