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Descuento en el pago de Tasas Municipales Anuales

Se informa a los ciudadanos de Villa Regina que los descuentos vigentes para el pago anual las Tasas Municipales son los siguientes: pagando hasta el 30 de enero será de un 22 %, mientras que quienes decidan hacerlo en el mes de febrero, tienen tiempo hasta el 28 y el porcentaje de descuento aplicado será del 20 %.

Además de beneficiarse con los importantes descuentos que se aplican durante estos dos meses, también podrán acceder al sorteo de una moto de 110 cc en el mes de marzo.

Queremos recordar que esto corresponde a Tasas Municipales, lo que nada tiene que ver con la bonificación del 40 % en el pago de impuestos provinciales que se anunció desde la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.

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  • Martilleros acusan que el proyecto de desregulación inmobiliaria «retrocede más de medio siglo»

     

    El Colegio de Martilleros bonaerense salió al cruce este martes de la iniciativa en la que trabajan diputados libertarios de la provincia para desregular el mercado inmobiliario, en línea con lo que proyecta Federico Sturzenegger a escala nacional.

    «Roza con lo ignaro y lo obsoleto, además de que, a prima facie, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia», dijo el titular del colegio profesional, Luis Eusebio Colao.

    Y agregó que la iniciativa «busca equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta en la materia, bajo una supuesta premisa desregulatoria».

    El proyecto al que se alude es promovido por los nueve diputados provinciales alineados a Sebastián Pareja y, entre los puntos más salientes, plantea que «la intermediación, corretaje y conclusión de contratos de compraventa de inmuebles podrá ser ejercida libremente por personas humanas y jurídicas no matriculadas».

    También, establece el «libre pacto entre partes». Así, en ese bosquejo los libertarios detallaron que la ley tiene por objeto «desregular el mercado inmobiliario en la provincia mediante la eliminación de restricciones al ejercicio de la intermediación».

    Desregulación inmobiliaria: Quién es el principal impulsor cercano a Sturzenegger

    Como contó LPO, a escala nacional el principal impulsor de la desregulación inmobiliaria es Jorge Amoreo Casotti, un empresario oriundo de La Plata muy cercano a cercano a Sturzenegger y los Benegas Lynch.

    El tema ya desata una discusión de alto voltaje en el plano político bonaerense. Semanas atrás, Sergio Massa visitó el Colegio de Martilleros provincial para expresar su apoyo a la entidad ante una eventual embestida desregulatoria inminente.

    Ahí, el líder del Frente Renovador defendió la «necesidad e importancia del rol de los Colegios Profesionales como protección y contención frente a las múltiples modalidades de estafas inmobiliarias que podrían proliferar sin el control de la matricula existente».

    Sergio Massa apoyó al Colegio de Martilleros de PBA en su rechazo al intento libertario por desregular la actividad.

    Poco después de esa visita de Massa, se filtró el texto de los diputados de Pareja en la Cámara baja bonaerense que proyecta la eliminación de sanciones para quienes participen en operaciones inmobiliarias sin título habilitante. Hoy, la legislación vigente estipula multas que pueden llegar al doble de los honorarios.

    «La tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada», dijo Colao.

    Los martilleros pusieron de relieve el dato político de los firmantes de la iniciativa que, por lo pronto, solo tendría el impulso de los diputados que integran el núcleo duro del karinismo en la Legislatura, con el platense Juan Esteban Osaba a la cabeza.

     La tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada 

    «Con inusitado desparpajo modifican el Art. 80 de las infracciones con el siguiente texto: ‘Queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público’. Dicha modificación no solo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza», advirtió Colao.

    Al acusar que ese proyecto «legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas», el titular de Martilleros PBA acusó un intento de «vulnerar, caprichosamente, la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan con cursos y talleres para brindar un mejor servicio».

    Así, sostuvo que la iniciativa «precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia».

     

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  • La desocupación crece en el conurbano y ya supera los dos dígitos en regiones de la provincia

     

    La desocupación sigue en ascenso en el conurbano y varios centros urbanos del interior de la provincia, superando la media nacional del 7,8% que marcó el Indec para el primer trimestre de 2026.

    Según el reciente informe del mercado de trabajo, en los municipios del Gran Buenos Aires (GBA) la tasa de desempleo escaló al 9,7%, mientras que en regiones de la provincia ya supera la barrera de los 10 puntos.

    El impacto de la recesión y la apertura de importaciones representan un golpe directo en los grandes centros industriales. Por caso, solo en el Parque Industrial de Pilar se registraron 7 mil despidos en los últimos meses.

    Cada vez más cerca de los dos dígitos, la tasa de desempleo en el GBA fue más del doble que la registrada en la Ciudad. A la vez, la subocupación alcanzó el 11,3%.

    Hay conglomerados que ya exponen tasas de desocupación de dos dígitos. Eso sucede en el cordón de Bahía Blanca-Cerri (10,1%) y en el de San Nicolás-Villa Constitución (10,4%), éste último donde la crisis metalúrgica juega fuerte. 

    En Mar del Plata, en tanto, la desocupación tuvo una suba exponencial con respecto al primer trimestre de 2025, pasando del 6 al 9,3%.

    No es un dato menor, considerando que se trata del periodo que toma la temporada alta, confirmando así los números que expusieron el peor verano para la ciudad balnearia desde la pandemia, con 130 mil visitantes menos que en 2025 y con una fuerte merma en el consumo per cápita.

    Eso, sumado a la crisis del sector pesquero que impacta en el entramado portuario local y al desplome de la industria textil que gravita en firmas marplatenses como Mauro Sergio, que vienen ejecutando despidos.

    El caso FATE expone los límites de la reconversión de los capitanes de la industria en la Argentina de Milei

    Por otro lado, hay conglomerados que ya exponen tasas de desocupación de dos dígitos. Eso sucede en el cordón de Bahía Blanca-Cerri (10,1%) y en el de San Nicolás-Villa Constitución (10,4%), éste último donde la crisis metalúrgica juega fuerte.

    En el Gran La Plata, el desempleo fue el mismo que el promedio nacional, 7,8%, pero con una subocupación del 18,2%, muy superior a la media nacional (11,1%).

     

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    Adorni y el cuento del pendrive

     

    La declaración jurada de Manuel Adorni abrió una caja de Pandora que el propio funcionario terminó agrandando con una explicación difícil de creer: aseguró que mantuvo durante años un pendrive con criptomonedas valuadas en alrededor de 500 mil dólares porque representaba un «trofeo». La justificación llegó en pleno debate por el régimen de «Inocencia Fiscal», el nuevo blanqueo impulsado por el gobierno que ya comenzó a ser utilizado por integrantes del gabinete y que pone en crisis el discurso moralista con el que La Libertad Avanza llegó al poder.

    Por Roque Pérez para NLI

    El gobierno que prometió terminar con «la casta» y que hizo de la transparencia una de sus principales banderas atraviesa una semana incómoda. Después de conocerse que varios funcionarios recurrieron al nuevo régimen de regularización patrimonial impulsado por el propio oficialismo, fue Manuel Adorni quien quedó en el centro de la escena por una declaración que rápidamente generó polémica.

    La presentación patrimonial del vocero presidencial reveló la existencia de una importante tenencia de criptoactivos que, según distintas estimaciones periodísticas, ronda el equivalente a medio millón de dólares. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el monto sino la explicación pública que ofreció cuando comenzaron las preguntas.

    Un «trofeo» de casi medio millón de dólares

    Adorni sostuvo que esos activos digitales permanecieron durante años almacenados en un pendrive porque los consideraba un «trofeo». La definición buscó transmitir la idea de una inversión temprana realizada cuando las criptomonedas todavía eran un mercado desconocido y de alto riesgo.

    La versión, lejos de despejar dudas, abrió nuevos interrogantes.

    ¿Por qué alguien mantendría inmovilizado durante años un patrimonio de semejante magnitud solamente por un valor simbólico? ¿Cómo evolucionó ese activo durante ese período? ¿Fue declarado oportunamente? ¿Cuál fue el criterio utilizado para su valuación?

    Las preguntas no son menores porque el propio gobierno viene impulsando un régimen excepcional para exteriorizar bienes y activos con escasas exigencias de justificación sobre su origen, una herramienta presentada oficialmente como «Inocencia Fiscal» y promocionada como un mecanismo para dejar atrás los controles que, según Milei, perseguían a los contribuyentes.

    Del discurso anticasta al perdón fiscal

    El episodio expone una contradicción política cada vez más evidente.

    Durante la campaña electoral y los primeros meses de gestión, La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad sobre una superioridad moral frente a la política tradicional. La consigna era sencilla: terminar con los privilegios, exigir transparencia absoluta y denunciar cualquier irregularidad patrimonial.

    Sin embargo, los últimos días mostraron un panorama muy diferente.

    La explicación sobre cuáles fueron “esos años” también resultó sospechosa: según Adorni, invirtió 200 mil dólares en 2013 en criptomonedas y ganó unos 300 mil un año más tarde. Si se sigue el hilo lógico de la explicación, el ahora jefe de gabinete tuvo ese dinero en bitcoins durante más de una década y no fue declarado ni gastado o invertido en viajes y propiedades sino hasta que llegó a la función pública.

    O sea que, en resumen, dijo haber juntado, eventualmente, unos 500 mil dólares doce años atrás; y recién al asumir como funcionario libertario decidió gastarlos a un ritmo descomunal.

    Sumado además a que el mismo gobierno que promovió el blanqueo es el que comienza a utilizarlo para beneficio de sus propios funcionarios.

    Mucho humo, pocas respuestas

    Especialistas consultados por distintos medios remarcaron que las criptomonedas son activos perfectamente declarables y registrables, por lo que el debate no pasa por su existencia sino por la consistencia del relato oficial y por la trazabilidad de las operaciones.

    La explicación del «trofeo» tampoco ayuda a disipar las dudas.

    Un activo valuado en aproximadamente 500 mil dólares no es un simple recuerdo tecnológico ni un objeto de colección. Se trata de un patrimonio significativo que, en cualquier análisis financiero, representa una parte importante de la riqueza personal de quien lo posee.

    En ese contexto, la respuesta de Adorni fue interpretada por sectores de la oposición como un intento de minimizar una situación que merece precisiones mucho más detalladas.

    La moralidad selectiva del gobierno

    El caso también reabre un debate más amplio sobre el doble estándar del oficialismo.

    Mientras Milei y sus funcionarios repiten que quienes tienen dólares «debajo del colchón» son héroes que deben ser liberados del Estado, el ajuste fiscal continúa descargándose sobre jubilaciones, salarios públicos, universidades, hospitales y programas sociales.

    El contraste resulta inevitable: para millones de argentinos la discusión cotidiana es cómo llegar a fin de mes; para algunos de los principales funcionarios del gobierno, el debate pasa por explicar por qué conservaron durante años un pendrive con activos equivalentes a cientos de miles de dólares.

    La historia del «pendrive trofeo» probablemente quede como una de las explicaciones más llamativas de la política reciente. Pero detrás de la anécdota hay una discusión mucho más profunda: si el gobierno que prometía terminar con los privilegios y construir una nueva ética pública no terminó creando un sistema que permite regularizar fortunas mientras exige sacrificios permanentes al resto de la sociedad.

     

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