Se informa a los ciudadanos de Villa Regina que los descuentos vigentes para el pago anual las Tasas Municipales son los siguientes: pagando hasta el 30 de enero será de un 22 %, mientras que quienes decidan hacerlo en el mes de febrero, tienen tiempo hasta el 28 y el porcentaje de descuento aplicado será del 20 %.
Además de beneficiarse con los importantes descuentos que se aplican durante estos dos meses, también podrán acceder al sorteo de una moto de 110 cc en el mes de marzo.
Queremos recordar que esto corresponde a Tasas Municipales, lo que nada tiene que ver con la bonificación del 40 % en el pago de impuestos provinciales que se anunció desde la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.
Los libertarios de Tucumán están indignados con la justicia por la liberación del puntero peronista Marcelo «Pichón» Segura, que estaba preso por darle un cabezazo al diputado nacional Federico Pelli.
Tras dos meses y medio detenido, Pichón Segura llegó a un acuerdo con la Fiscalía para un condena condicional de tres años más una serie de reglas de conducta, como no acercarse a Pelli a menos de 300 metros y hacer un tratamiento de manejo de ira.
El juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, rechazó los planteos de la querella de Pelli y aceptó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa de Segura, que incluía el cese inmediato de la prisión preventiva de «Pichón».
En marzo pasado, el diputado Pelli quiso repartir colchones a los afectados por las inundaciones en Lamadrid, pero tuvo un encontronazo con un grupo de personas encabezadas por Segura que aparentemente no permitían la circulación por la zona. En la provincia dicen que Segura cumplía órdenes del ministro del Interior, Darío Monteros.
Tras una breve discusión, «Pichón» le propinó un feroz cabezazo (o «ancazo» como se lo conoce en Tucumán en una referencia al zapallo anco) a Pelli, que terminó internado y lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente.
El acuerdo judicial que terminó con la liberación de Pichón Segura indignó a los libertarios. «Me siento defraudado con el sistema de justicia en Tucumán», declaró Pelli, que habló de una «coordinación» entre la fiscalía y la defensa del agresor.
«Cuando yo digo ‘justicia selectiva’, digo que si le hubiese pasado a alguien del oficialismo ser la víctima, quizás había más rigor por parte de la Justicia para con el agresor. Es un pésimo mensaje para la sociedad», dijo en LG Play.
Por su parte, el exministro y referente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, se expresó en redes sociales. «Esto es Tucumán hoy: impunidad, decadencia, desidia entre otras muchas cosas. Pichón Segura, un puntero político vinculado al poder ejecutivo provincial queda libre después de haberle partido la nariz cobardemente a un diputado nacional. No fue un hecho aislado. Es la forma en la que opera un sistema político decadente que cree que está por encima de la ley. Contra esto es lo que peleamos», escribió.
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tensar la relación con Milei y abrió un nuevo frente de conflicto dentro del oficialismo. Esta vez apuntó directamente contra el Ministerio de Defensa por la compra de un avión “en mal estado” para la Fuerza Aérea y lanzó una frase demoledora: “Años atrás renunciaban todos los implicados”. La declaración no sólo dejó expuesta la gravedad de la denuncia, sino también el nivel de ruptura política dentro del propio gobierno libertario.
La frase cayó como una bomba en un contexto donde la interna entre Milei y Villarruel ya dejó de ser un rumor de pasillos para convertirse en una guerra pública y permanente. Desde hace meses, la vicepresidenta viene marcando diferencias con el rumbo del gobierno, cuestionando decisiones presupuestarias, políticas de Defensa y hasta el funcionamiento del Senado bajo presión de la Casa Rosada.
Según trascendió, el eje del nuevo conflicto es la adquisición de una aeronave para la Fuerza Aérea que habría presentado severos problemas técnicos. Villarruel no sólo cuestionó la operación sino también el silencio oficial frente al escándalo. En sus declaraciones dejó entrever que existe un nivel de irresponsabilidad institucional incompatible con la gravedad del hecho.
La guerra interna ya es inocultable
El vínculo entre Milei y Villarruel atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumieron. La vicepresidenta pasó de ser una figura central del armado libertario a convertirse en una dirigente cada vez más aislada por el núcleo duro del oficialismo. En distintos episodios recientes, funcionarios cercanos a Milei la acusaron de “desalinearse” del Gobierno e incluso deslizaron operaciones para empujar su salida política.
Villarruel, sin embargo, eligió responder públicamente y endurecer su postura. La crítica por el avión militar no fue un hecho aislado: también cuestionó la situación salarial de las Fuerzas Armadas y denunció el deterioro de la obra social militar. En otras palabras, expuso una crisis estructural en el área de Defensa mientras el Gobierno insiste con el ajuste sobre el Estado y los trabajadores.
La escena es políticamente incómoda para Milei. Porque la crítica no proviene de la oposición ni de sectores sindicales o universitarios, sino de su propia vicepresidenta. Y porque Villarruel toca un tema especialmente sensible para el universo ideológico libertario: las Fuerzas Armadas y el aparato de Defensa.
Un gobierno atravesado por las disputas de poder
Detrás del episodio aparece también la pelea por el control político del oficialismo. Desde comienzos de 2026 la relación entre la Casa Rosada y Villarruel se degradó aceleradamente. Hubo cruces por el presupuesto del Senado, acusaciones cruzadas de “traición”, diferencias por proyectos legislativos y una creciente campaña de desgaste impulsada desde sectores cercanos al Presidente.
La vicepresidenta intenta construir un perfil propio y diferenciarse de algunas decisiones de Milei, especialmente aquellas vinculadas al ajuste extremo y a la gestión interna del Estado. En paralelo, el mileísmo duro busca disciplinarla y reducir su margen de autonomía.
La consecuencia es un oficialismo cada vez más fracturado, con ministros enfrentados, operaciones mediáticas cruzadas y funcionarios que se desautorizan públicamente. En cualquier otro gobierno, una denuncia de este tenor sobre equipamiento militar habría derivado en investigaciones internas inmediatas. Pero en la administración libertaria parece imponerse otra lógica: negar, minimizar o desplazar el foco hacia la pelea política.
Mientras tanto, Villarruel eligió dejar una frase que resonó fuerte dentro y fuera del Gobierno: “Por mucho menos renunciaban todos los implicados”. Una definición que no sólo cuestiona una compra puntual, sino que instala la idea de un Estado manejado con improvisación, internas permanentes y ausencia total de responsabilidad política.
En paralelo a la movida que se realiza este martes frente a la sede de la UOM en rechazo a la intervención del gremio y en apoyo a Abel Furlán, desde la oposición al líder metalúrgico salieron al cruce y lo acusaron de no explicar «años de desmanejos» en el sindicato.
«Furlan se victimiza, pero los metalúrgicos conocemos la verdad», señalaron desde la lista Naranja que enfrentó en la seccional Campana a Furlán y que llevó como candidato a Ángel Derosso.
Como contó LPO, la Justicia dictaminó anular las elecciones nacionales del gremio realizadas en marzo en las que fue ungido Furlán, al advertir que la conducción metalúrgica avanzó con esos comicios a pesar de existir un fallo que las suspendía a partir de la denuncia de la lista opositora en Campana.
La agrupación que lidera Derosso acusa fraude y aprietes con barras durante la elección seccional en la que se impuso Furlán como delegado, paso imprescindible para que pudiera ser electo secretario General nacional más tarde.
«¿Va a culpar a Milei o a Techint de haber armado USEM con su «compañera» Soledad Calle y cobrarle a la UOM por manejar nuestra propia plata? Son cientos de millones de pesos de los metalúrgicos que hasta hoy no tienen rendición de cuentas», señalaron en la oposición
«Existen denuncias de fraude y se llenó Campana de barras bravas y policías para condicionar el voto. ¿Quién va a dar explicaciones?», señalaron en la lista naranja, que cruzaron a los gremios que apoyan a Furlán: «No es solidaridad. Es bancar a un tipo que usa la UOM para sus negocios personales».
Este martes, la CTA y sindicatos alejados de la conducción cegetista estuvieron en la sede central del gremio metalúrgico para denunciar «persecución política» del gobierno libertario. Cerca de Furlán también apuntan contra Techint.
«Los afiliados de base sabemos que no hay persecución. Hay años de desmanejos con la plata de los metalúrgicos que Furlan intenta tapar buscando apoyo en otros sindicatos y en la política», cruzaron en la agrupación opositora.
Así, advirtieron que Furlan «no explica» una serie de temas, entre los que pusieron de relieve la causa que lo investiga por posible defraudación y asociación ilícita a partir del contrato celebrado con la firma USEM S.A., que dirige la ex concejal camporista de Zárate Soledad Calle, cercana al líder metalúrgico y con un rol muy activo en la UOM.
Por ese contrato -que trascendió que es por más de $100 millones por mes- semanas atrás se allanó la sede central del gremio metalúrgico.
«¿Va a culpar a Milei o a Techint de haber armado USEM con su «compañera» Soledad Calle y cobrarle a la UOM por manejar nuestra propia plata? Son cientos de millones de pesos de los metalúrgicos que hasta hoy no tienen rendición de cuentas», señalaron en la oposición, que también apuntó contra «el desastre de la obra social».
«Mientras los ascensores del Sanatorio no funcionan, sobraron más de mil millones de pesos para una sede sindical nueva», apuntaron, a la vez que acusaron a Furlán de negociar «salarios miserables mientras su entorno se enriquecía», cuando «los siderúrgicos llevan dos años sin recomposición salarial».
El diputado libertario Santiago Santurio manejaba un Uber hasta que asumió Javier Milei y, pese a que no tenía los fondos para pagar el anticipo de un crédito hipotecario, el Banco Nación le prestó 239 mil dólares.
Perteneciente a Las Fuerzas del Cielo, Santurio fue otro de los beneficiados con los créditos multimillonarios que el Nación, que depende de Luis «Toto» Caputo, les otorgó de manera privilegiada a los dirigentes leales a Milei.
El diputado oriundo de San Miguel se suma a la lista encabezada por los funcionarios de Economía Felipe Núñez y Federico Furiase, que obtuvieron más de 800 millones de pesos de la banca pública. La lista la integran otros personajes como el tuitero y funcionario de Presidencia, Juan Doe y los diputados Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.
La diputada Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra Santurio en el que sostiene que el préstamo disparó su deuda bancaria de unos $6,7 millones a más de $303 millones en apenas un mes, en julio de 2025.
De acuerdo a la denuncia, Santurio manejaba un Uber para complementar sus ingresos como docente hasta diciembre de 2023, cuando Milei llegó a la Rosada.
«Su perfil económico era el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar», dice la denuncia a la que accedió LPO.
Pagano denunció que en menos de dos años desde el inicio del mandato legislativo Santuroi pasó de ser undocente que conducía Uber e inquilino en barrios de clase media trabajadora, a ser propietario de una casa en un barrio cerrado de Villa Ballester, valuada en aproximadamente 300 mil dólares, con superficie suficiente «para albergar quincho y eventos sociales de envergadura».
La denuncia agrega que la cuota que debe pagar mensualmente Santurio por el crédito del Nación representaría cerca del 48% de sus ingresos netos de su grupo familiar, casi el doble del límite del 25% que suele aplicar el propio banco. De acuerdo a la denuncia, María Celina Aguilar Bugeau, la cónyuge de Santurio, con quien acaba de tener su quinto hijo, «no posee inscripción activa ante ARCA y no exterioriza ante la administración tributaria ingreso formal alguno».
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