Es la tasa de degradación de materiales plásticos más veloz que se conoce en el mundo sobre materiales plásticos.
Científicos de la Universidad de Sydney reportaron una posible solución para el gran problema mundial de la contaminación por residuos plásticos. Los investigadores descubrieron hongos de jardín que son capaces de descomponer completamente el plástico en 140 días.
Al menos dos formas comunes de hongos de jardín fueron capaces de descomponer por completo el Polipropileno, uno de los tipos de plástico no biodegradable más comunes, en un periodo de cuatro meses. Este descubrimiento, destacan los científicos podría ofrecer una posible solución para reducir la cantidad de residuos plásticos acumulados en todo el mundo.
En un estudio publicado en NPJ Materials Degradation, los investigadores detallaron los resultados del uso de Aspergillus terreus y Engyodontium album en plástico de Polipropileno. Las dos especies de hongos son formas comunes de moho. El equipo seleccionó muestras que se calentaron y trataron con radiación ultravioleta y el producto químico de Fenton (un reactivo).
A continuación, los plásticos se «alimentaron» a los hongos y se dejaron incubar durante 90 días. Después de 90 días, el plástico se degradó en un 27 %. Después de 140 días, estaba completamente degradado.
El profesor Ali Abbas, autor del artículo, señaló a ABC Net Australia: «Es la tasa de degradación más alta reportada en la literatura que conocemos en el mundo». Dentro de cinco años, el equipo espera que los hongos puedan descomponer los vertederos de todo el país. “Se está escalando, lo que es muy similar a cualquier tipo de proceso de fermentación”, dijo Abbas. “Esa tecnología ya existe para esos procesos y ahora podemos tomar prestado ese aprendizaje de la ingeniería de procesos químicos y traerlo a este proceso particular aquí”.
Las aplicaciones comerciales podrían ser aún más rápidas con fondos y voluntad política. La solución del moho podría ser fundamental para áreas aisladas que producen desechos pero que carecen de infraestructura o espacio para albergar los desechos.
Esta solución potencial se suma a otras como gusanos que comen plástico para atacar los desechos. Sin embargo, el mundo también necesita reducir su uso de plástico, incluso si la degradación total se generaliza. La producción de plástico, así como el reciclaje, producen carbono en grandes cantidades. La degradación a través del moho también liberará carbono.
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
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Que no engañe el nombre de personaje de historieta. El Súper RIGI no es un héroe musculoso y de capa roja, pero en él tienen cifradas sus esperanzas el gobierno mileísta y sus asociados: la ley para atraer inversiones en “nuevas industrias”, aquellas que desarrollan infraestructura digital y tecnológica, empieza a discutirse en el Congreso y augura cambios fuertes para el futuro inmediato. El proyecto promete integrar a la Argentina en las cadenas globales de valor de la inteligencia artificial y la biotecnología. Viene con más dudas que claridades. Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció el año pasado una inversión de veinticinco mil millones de dólares para instalar un data center en la Patagonia, que aún no se concretó. Ahora Elon Musk acaba de anunciar el desembarco de Tesla y un megacentro de datos en Argentina. ¿Finalmente van a venir los dólares? ¿Con qué condiciones y a riesgo de qué?
La preocupación por la IA siempre estuvo en el discurso oficial, pero empezó a traducirse en inciciativas concretas y en una dirección muy clara cuando Peter Thiel pasó por Casa Rosada y se instaló en Buenos Aires. Y empezaron los avances. Primero, con el Gemelo Social Digital. Después, con el proyecto de Federico Sturzenegger para reformar la Ley de Sociedades que crea la figura jurídica de “sociedades no humanas”, empresas que funcionan exclusivamente con algoritmos. Y ahora llegó el turno del Súper RIGI, que otorga reducciones impositivas, incentivos cambiarios y garantías en tribunales extranjeros a los capitales tecnológicos. Para los héroes de la civilización occidental, una ley con beneficios superpoderosos. Aún más que los del primer RIGI.
El Súper RIGI se sitúa en una encrucijada decisiva. La IA involucra dos viejos problemas que marchan juntos en el capitalismo: el reparto imperialista del mundo y la división internacional del trabajo. Este proyecto de ley coloca a la Argentina en una posición dependiente en ambos tableros.
La Argentina que pretende el capital tecnológico
El 4 de junio pasado, Javier Milei y el ministro Sturzenegger firmaron una nota en Financial Times que promueve a Buenos Aires como la capital de la IA en el siglo XXI. Para que los inversores confíen, se mencionan la estabilidad geopolítica de la región, los beneficios fiscales y los presuntos logros del RIGI original: un flujo sostenido de inversiones hacia recursos energéticos y mineros.
¿La apuesta del gobierno por la IA será una mera operación publicitaria? La coyuntura ofrece indicios para pensar que se trata de algo más serio. Así lo indica el comunicado de YPF sobre la asociación estratégica con Tesla, que llegó este martes 16 de junio, justo un día antes del debate del Súper RIGI en comisiones en el Congreso. El proyecto ya tiene un nombre y apellido: Elon Musk.
El gobierno libertario construye un proyecto de país subordinado a Estados Unidos y con una matriz productiva que se orienta a la provisión de energía y materias primas. El Súper RIGI amplía este modelo hacia el sector digital a partir de un doble diagnóstico: el carácter estratégico de la IA en términos geopolíticos y la necesidad de que Argentina se suba a la nueva “revolución industrial” con base en las tecnologías digitales.
El proyecto de ley ofrece 30 años de estabilidad normativa para los proyectos de inversión. Casi ocho mandatos presidenciales. Milei le abre la puerta a los centros de datos, a la maquinaria bruta, en un gesto de pleitesía: brinda tierras, energía, protección jurídica y ahorro fiscal a las empresas tecnológicas del norte. A cambio, recibirá las inversiones y otras contribuciones para mantener el sueño de la reelección presidencial. Pero este es el elemento pintoresco de una transformación en la estructura productiva que responde a los intereses del capital tecnológico, esa fracción de la clase dominante con pretensiones de conducir los destinos del capitalismo y de las democracias.
Milei pasa, los data centers quedan: de esa infraestructura crítica depende el sostenimiento de un nuevo espacio que complejiza el funcionamiento histórico del imperialismo en todo el globo.
El nuevo espacio imperial
Como explica el filósofo Éttiene Balibar, las fronteras de los imperios se desplazan con el fin de crear espacio para el comercio, la legislación y la cultura. El imperialismo estadounidense se basa en las inversiones y el endeudamiento, además de la amenaza latente de una intervención directa. Su interés consiste en apropiarse de recursos estratégicos para controlar los territorios como mercados en lugar de como colonias, salvo excepciones. El Súper RIGI se inscribe en esta trayectoria: ofrece el territorio nacional para que los capitales tecnológicos se enclaven sin ninguna contraprestación. El RIGI original realiza este mismo movimiento con el petróleo y la minería.
Las geometrías del imperialismo se complejizan en el siglo XXI. El reparto del mundo se dirime también en la lucha por otro tipo de espacios, ya no terrestres, sino virtuales. El territorio digital se consolidó en las últimas dos décadas, pero muy pronto encontró sus conquistadores. Ganaron las plataformas, con Google, Amazon, Meta y Microsoft a la cabeza, y ahora la disputa se traslada a la IA: Palantir, Anthropic, OpenAI y Deepseek son algunos de los nuevos combatientes. Las relaciones de dependencia centro-periferia entre Estados se superponen con la competencia capitalista entre los “imperios de la comunicación” —así los bautiza Balibar— que se disputan las poblaciones de usuarios en las que se asienta su poderío.
El registro de los datos de la ciudadanía y su análisis algorítmico es un botín de mercado con valor geopolítico. Quién posee los datos, dónde se alojan y bajo qué legislación son preguntas determinantes en el reparto imperialista del territorio digital. Trump y Xi Jinping lo saben. El presidente de Estados Unidos obligó a TikTok a vender la filial yanqui, que quedó en manos de un consorcio comandado por Oracle. China, por su parte, lidera el Índice de Soberanía Digital del Foro Tecnológico BRICS+: es decir que controla el hardware -infraestructura de comunicaciones, redes 5G, data centers-, cuenta con sus propias empresas de plataformas -HuaweiCloud, Tencent, WeChat, entre otras-, impulsa estrategias nacionales de IA a largo plazo y dispone de capacidad regulatoria para controlar los flujos de datos.
En Occidente, el poder de las corporaciones informáticas es transversal. El espacio digital que les pertenece funciona como una intermediación necesaria para la mayoría de las actividades económicas y sociales. El Súper RIGI implica una cesión de soberanía en favor de estas corporaciones, que requieren energía y tierras frías para sostener el almacenamiento de datos y la capacidad de cómputo. La competencia capitalista y el desarrollo de IA con fines militares no hará más que incrementar la demanda de las infraestructuras digitales.
Durante el gobierno de Macri, el regreso del FMI marcó un hito en el refuerzo de la dependencia argentina. Ahora, el Súper RIGI coloca la imaginación jurídica del Estado al servicio del imperialismo digital. Las plataformas y la IA, de modo análogo al poder financiero global, operan como una instancia de soberanía no estatal. En vez de disputar el territorio digital, se favorece a los empresarios más ricos del planeta, que se arrogan el privilegio de indicarles a los Estados la dirección que debe tomar el mundo. Así lo hizo Palantir, la empresa de Thiel, con el manifiesto que defiende los valores occidentales y advierte que no hay vuelta atrás en la carrera armamentística: “La cuestión no es si se fabricarán armas basadas en la IA, sino quién las fabricará y con qué fin”.
Desde el furgón de cola, Milei viaja contento. Se suma a una batalla que lo excede y funde el destino de la Argentina con el de los dueños de los fierros digitales.
¿La IA nos hará ricos?
El Súper RIGI debe analizarse junto a la reforma de la Ley de Sociedades. Las “Sociedades Automatizadas” son sistemas algorítmicos autónomos que funcionan legalmente como empresas, pero sin requerir recursos humanos para su operatoria. En la Expo EFI de fines de abril, Sturzenegger promovió esta figura con el argumento de que “en los próximos diez años, el 90% del PBI mundial lo van a producir agentes de IA”. Invitó, también, a imaginarse un país con 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de IA que producen para todo el mundo. El gobierno se subordina a Silicon Valley con la esperanza de que la revolución tecnológica se derrame como crecimiento en la Argentina.
La grandilocuencia de Sturzenegger abre una discusión sobre la influencia de las fuerzas productivas algorítmicas en la acumulación capitalista. Está claro que el despliegue de estas tecnologías es la condición de posibilidad del imperialismo digital. ¿Pero cómo hicieron las corporaciones digitales para concentrar una porción cada vez mayor de la riqueza global? ¿Los algoritmos producen valor? ¿Nos haremos millonarios con los agentes de IA que vengan a territorio argentino?
El ministro de Desregulación sugiere que sí. Pero Marx indica que solo el trabajo humano, en tanto tiempo de trabajo abstracto, puede crear el valor que sostiene la acumulación de capital. La distinción no es menor. Las plataformas y la IA se asientan en procesos de automatización sin precedentes. Estas nuevas industrias explotan relativamente pocos trabajadores. ¿Cómo hacen, entonces, para quedarse con ganancias? Se inmiscuyen en los procesos de producción y circulación de las demás industrias y de ese modo se apropian de la plusvalía producida por ellas. Sus ganancias dependen de que otros asuman la explotación de la fuerza de trabajo.
Los monopolios informáticos y la plusvalía transferida
George Caffentzis, en su libro En letras de sangre y fuego, denomina plusvalía transferida a este mecanismo de apropiación. McDonald’s, por ejemplo, produce hamburguesas. Para hacerlo, explota cocineros, cajeros, etcétera. Puede vender sus mercancías en el local, pero también lo hace a través de la infraestructura digital de Rappi y PedidosYa. Cada vez que una de estas plataformas concreta una venta para McDonald’s, se queda con una comisión. A través de ese precio, Rappi y PedidosYa se apropian del valor que produjeron los trabajadores de McDonalds, que son explotados dos veces: por el dueño de la franquicia y, de forma indirecta, por estas plataformas.
Rappi y PedidosYa explotan a los repartidores. Pero el grueso de su ganancia proviene de la intermediación que les permite succionar el valor producido por otros. Si se amplía el esquema a las plataformas publicitarias -Google, Facebook, TikTok- y las de comercio electrónico -MercadoLibre-, se vislumbra una tendencia a la monopolización de la publicidad, la logística y el comercio. El costo del clic en Google, el espacio publicitario de Meta y la comisión de Galperín se sustentan en operaciones automáticas con una intervención mínima de trabajo humano. Las plataformas picotean las ganancias de otras industrias cuando cobran estos precios, pero también de los cuentapropistas que dependen de ellas.
El esquema de la plusvalía transferida aplica para la IA, aunque todavía se desconoce cómo se sostendrá la rentabilidad, por ejemplo, de una empresa como OpenAI, que proyecta pérdidas por 115 mil millones de dólares hasta 2029. No parece alcanzar con las suscripciones de los usuarios ni con el cobro por el uso de tokens -los componentes básicos de texto que procesan los modelos- a los clientes más intensivos. A modo de prueba, ChatGPT empezó a mostrar publicidad en Estados Unidos y contrató a un ex Meta para liderar este desarrollo incipiente. ¿La IA generativa competirá con las plataformas publicitarias para sobrevivir?
Las corporaciones informáticas persiguen el mismo objetivo que cualquier otra: ganancias. Aunque el mecanismo de la plusvalía transferida resulte abstracto, sus efectos se sienten en el bolsillo. Las ganancias que se apropian las plataformas son ingresos que les faltan a los trabajadores y a otros sectores del capital. La apuesta de Milei por la IA localiza una problemática de alcance global en torno al futuro del trabajo por la generalización de las tecnologías digitales.
Scrollear no es trabajar, pero te van a explotar más
Las plataformas y la IA cargan con una contradicción: en tanto arrojan ganancias, conducen a una crisis sistémica. La maquinaria algorítmica expande la automatización del trabajo administrativo y disminuye la necesidad de trabajo humano. Como resultado, se produce menos valor.
Cuando esto ocurre, según Caffentzis, la explotación aumenta en la base del sistema: disminuyen los salarios, los trabajos se vuelven más precarios y se agudizan formas arcaicas de explotación, sobre todo en las periferias. La caída en la tasa de ganancia debe ser contrarrestada para que el capitalismo sobreviva. Los algoritmos, a diferencia de lo que sostiene Sturzenegger, no producen valor. Desatan, por el contrario, un recrudecimiento generalizado de la explotación. El salto tecnológico se monta sobre las espaldas de los trabajadores, que verán empeoradas sus condiciones materiales de existencia, aún más en una economía periférica como la argentina.
Esto no significa que la fuerza de trabajo sea explotada directamente por TikTok, OpenAI o MercadoLibre. En Teoría de la dependencia digital, Cecilia Rikap desliza la hipótesis de que los usuarios producen datos con valor económico cuando interactúan en las redes. Pero si así fuera, el capitalismo seguiría su curso: no habría límites para el trabajo, los usuarios producirían datos todo el tiempo que quisieran y las plataformas podrían pagarles. Los usuarios consumen, dialogan, suben fotos, etcétera, pero no trabajan. Quien sí lo hace es la maquinaria algorítmica que necesita esa actividad social para producir datos.
Las teorías del “tecnofeudalismo” tampoco aciertan. Las empresas digitales no son dueñas de recursos naturales escasos, como el suelo, ni parasitan a otros sectores a través de diezmos ni rentas. Poseen una maquinaria que produce un espacio social y mercantil que se ha vuelto indispensable para el resto. En ese espacio se generan datos de forma ilimitada mientras haya cantidades crecientes de energía y de agua para sostener esa producción. Esto es lo que el Súper RIGI le ofrece a los capitales tecnológicos a cambio de nada para la Argentina.
¿Tech New Deal?
La disputa por el futuro está abierta y la élite de Silicon Valley lo sabe. Las corporaciones se arrogan una cualidad propia de la política: la construcción del tiempo por venir, incluso para anticiparse a los escenarios de desempleo que produciría la automatización en ciernes y el advenimiento de la Inteligencia Artificial General. Es el caso de Elon Musk, partidario de un ingreso básico universal financiado por el Estado, y de OpenAI, que propone la creación de un Fondo de Riqueza Pública para distribuir entre la ciudadanía los beneficios generados por la IA.
Juan Grabois, que sostuvo una reunión de tres horas con Peter Thiel en su flamante casa de Barrio Parque, identifica en estas iniciativas el llamado a un nuevo pacto social, un Tech New Deal entre las clases dominantes y las subalternas. Pero esta paritaria compra demasiado pronto el futuro que proyectan las corporaciones: un horizonte de abundancia por el incremento de la productividad y el comando digital del conjunto de la economía. Una idea con la que concuerda Sturzenegger.
¿La acumulación de riqueza con la que sueñan los capitales tecnológicos será de tal magnitud como para que al resto de la humanidad no le quede otra alternativa que conformarse con las migajas? ¿Desde cuándo los millonarios son tan generosos con las clases dominadas? La competencia entre las corporaciones, la crisis del trabajo y el desarrollo bélico de la IA desmienten los escenarios optimistas.
Hay que sentarse con el enemigo. Pero la política consiste, ante todo, en la posibilidad de patear el tablero y empezar la discusión bajo otras condiciones. El campo popular necesita entender qué capitalismo es este para construir una alternativa política a la altura de este tiempo histórico.
Hacia dónde vamos
El Súper RIGI, que empieza a discutirse en el Congreso, es el camino a una rendición total, ¿pero existen otros caminos? Quizás. Brasil sancionó el régimen Redata, que otorga beneficios fiscales para la instalación de data centers, pero exige a cambio la utilización de energías renovables, controles de eficiencia hídrica, inversiones en I+D y que un mínimo del 10% de la capacidad de almacenamiento se destine al mercado interno.
El desarrollo de infraestructura digital en el propio territorio constituye una oportunidad para incidir en la industria y ejercer soberanía sobre los flujos de datos. La confrontación con las corporaciones debe partir de una postura política clara en relación con las nuevas dinámicas del imperialismo y los mecanismos de apropiación de la riqueza. Argentina favoreció, por ejemplo, el crecimiento de MercadoLibre, un imperio regional que se ha expandido por el continente americano. La riqueza de Galperín no proviene de los algoritmos, sino de los beneficios que le dio el Estado y del trabajo argentino. Su plataforma es un monopolio que le permite transferirse el valor que producen otros.
Milei celebra a Galperín y viceversa. Mientras tanto, ambos admiran a los nenes con superpoderes del norte. Musk, Thiel y compañía hacen política para luego extinguirla: ese es el sueño húmedo de los tecnócratas, un mundo en el que los fierros digitales pesan más que la voluntad de las mayorías. Argentina, en la imaginación libertaria y de Silicon Valley, se condena a la especialidad de la periferia: la economía extractiva y la exportación de materias primas situadas en el extremo inferior de la cadena de valor. La maquinaria, el conocimiento producido a partir de los datos y los desarrollos de software se quedan en el norte.
Para construir un proyecto emancipatorio, tal vez haya que juntar todas las contradicciones. Un hilo no tan delgado une la valoración bursátil de las corporaciones tecnológicas con cierto malestar en la cultura, que se expresa, por ejemplo, en los debates sobre los efectos de las redes en las nuevas generaciones. De fondo está el tiempo que se vive en el espacio digital. La disputa por quién pone las reglas para ese tiempo y ese espacio que estalla en conflictos cotidianos, pero que también incide en que las mayorías trabajen cada vez más para ganar cada vez menos.
No hay razón para demorar: las derechas y las élites tecnológicas deciden sobre el mundo mientras lo construyen. El Súper RIGI brinda el armazón normativo para que Thiel y Musk sean más libres que los argentinos y las argentinas de a pie.
El sector de Axel Kicillof salió al cruce de los dichos de Máximo Kirchner en el banderazo por la libertad de Cristina y sostuvo que el candidato presidencial del peronismo debe definirse en una primaria.
El ministro de gobierno bonaerense y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, se refirió a los dichos del líder de La Cámpora que rechazó que haya «candidatos por default», en lo que pareció un dardo al gobernador.
«Respecto de las candidaturas del PJ, lo hemos dicho múltiples veces, este no es el año de las candidaturas, es el año de las construcciones políticas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo», dijo Bianco en conferencia de prensa.
«Eventualmente, el año próximo va a ser el año en que se definan las candidaturas y después se lleve adelante la campaña que corresponda al candidato que elija el peronismo. Se verá cuál es la forma concreta, la forma particular en que se definan las candidaturas. Está vigente el sistema de las PASO», remarcó el armador kicillofista.
«A mí me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo o del campo popular en su conjunto», dijo Bianco sobre las PASO. «Los compañeros y compañeras que quieran representar a a nuestra fuerza política tendrán la posibilidad de presentarse y después la gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha», agregó Bianco.
Como contó LPO, en el kirchnerismo están trabajando en una estrategia de poner a Cristina como candidata a presidenta y obligar a la justicia electoral a impugnarla. La jugada sería que el candidato a vice quede al frente de la fórmula, lo que en el kirchnerismo creen que generaría un alineamiento con Cristina.
«Quieren vaciarle a Kicillof el armado nacional», afirmó a LPO un dirigente que conoce de primera mano las conversaciones. Creen que con una candidatura aunque sea testimonial de Cristina, todo el peronismo buscaría estar en su lista y no en una de Kicillof.
Bianco también cruzó las críticas de Máximo contra Kicillof por no haber ido a visitar a la expresidenta a su prisión domiciliaria. «Hablan de la unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está y si necesita algo», dijo el diputado.
Bianco argumentó que «el gobernador le pidió a nuestro sector, que es el Movimiento Derecho al Futuro, que convoque y participe» de la movilización del sábado pasado, aunque en los hechos se vio poco kicillofismo en el Parque Lezama.
«Nuestra posición siempre fue muy clara respecto de la injusta condena a Cristina Kirchner, que se llevó a cabo en el marco de un juicio donde no se respetó el proceso y con cuestionamientos a una obra pública que no tuvo ejecución nacional. Además, la autorización para llevar a cabo esas obras fue aprobada por unanimidad en el Congreso, lo que nos vuelve a llevar a que no existe ninguna prueba de que la expresidenta haya estado involucrada en el proceso de la licitación», reiteró Bianco, que eludió decir algo sobre la decisión de Axel de no visitar a Cristina.
