Delcy anunció el cierre de la prisión principal de Venezuela y la liberación de todos los presos políticos

Delcy anunció el cierre de la prisión principal de Venezuela y la liberación de todos los presos políticos

 

 Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la fecha, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia.

La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la AN, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

The Guardian dice que Delcy y su hermano negociaron con EEUU antes de la captura de Maduro

Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos

A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Cárcel del Helicoide, en Caracas.

Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».

Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.

La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez  perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.

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En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.

En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.

 

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    Marcelo Mindlin pinchó uno de los globos recurrentes de la industria del gas. Mientras el Gobierno festeja la exportación de gas a Brasil como un hito histórico, el dueño de Pampa Energía dijo en público lo que en privado muchos repiten: el negocio no cierra. 

    Mindlin puso en duda que tenga sentido invertir miles de millones de dólares en gasoductos, como la reversión del gasoducto norte, para vender gas apenas unos meses al año. 

    En una entrevista con El Cronista, Mindlin explicó que Brasil tiene una matriz dominada por la hidroelectricidad, que en años normales cubre gran parte de su demanda al menor costo. El gas aparece sólo para cubrir picos muy puntuales, de dos o tres meses, y aun así durante pocas horas de pocos días. Con ese patrón de consumo, explicó, no hay racionalidad económica posible en la construcción de una red de gasoductos que vaya desde Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, hasta el litoral paulista. 

    Mindlin incluso reveló que del lado brasileño no aparece ningún comprador dispuesto a firmar contratos en firme por nueve meses al año, que es lo mínimo necesario para justificar la inversión.  

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    El contraste es incómodo porque el Gobierno celebró la reversión del Gasoducto Norte como una obra emblemática. La presentó como la llave para reemplazar el gas boliviano, transportar hasta 15 millones de metros cúbicos diarios desde Vaca Muerta y abrir la puerta a las exportaciones regionales. 

    Mindlin explicó que Brasil tiene una matriz dominada por la hidroelectricidad, que cubre gran parte de su demanda al menor costo. El gas aparece sólo para cubrir picos muy puntuales, de dos o tres meses. Con ese patrón de consumo, explicó, no hay racionalidad económica posible en la construcción de una red de gasoductos que vaya desde Vaca Muerta hasta el litoral paulista. 

    Hubo actos, fotos y comunicados que hablaron de un «antes y un después». Ese relato se reforzó cuando se anunciaron las primeras exportaciones a Brasil, vía Bolivia, en operaciones calificadas como «históricas». En los hechos, fueron envíos interrumpibles, de prueba, atados a ventanas de oportunidad y a que el mercado interno no demande ese gas. 

    Lo más llamativo es que el propio gasoducto que se exhibió como logro sigue en obra. Fue la única gran obra pública que inauguró el gobierno libertario, pero se cortó la cinta sin que estuviera terminada. Faltan completar y poner plenamente en funcionamiento las plantas compresoras clave para que el sistema opere a capacidad. Todavía hay cuadrillas trabajando en el trazado. 

    Daniel González, responsable de la política energética del gobierno de Milei.

    Las demoras no son menores. Las empresas contratistas reclamaron pagos atrasados y advirtieron que sin financiamiento regular es imposible cumplir los plazos. Sin compresoras funcionando a pleno, la promesa exportadora queda condicionada. 

    La obra del Gasoducto Norte quedó abandonada porque no le pagaron a la contratista

     El escepticismo de Mindlin adquiere otra densidad cuando se mira su estructura empresaria. No es solo productor de gas. Controla Pampa Energía, es dueño de TGS, participa en generación térmica y maneja Transener, la columna vertebral del sistema eléctrico. 

    Para un empresario integrado, quedarse con ese paquete completo sería un negocio redondo. Tan redondo que la ley lo prohíbe: el marco regulatorio impide que quien genera energía controle también el transporte eléctrico. 

    En un sector donde la integración vertical suele ser el gran premio, Mindlin se esfuerza en negar que sus piezas encajen entre sí. Pero el mapa muestra otra cosa: gas, transporte, generación, construcción y ahora cemento. Un entramado que, lejos de la épica de la integración regional, pone el foco en otra integración, más silenciosa y doméstica.

    En ese contexto, no parece casual otra respuesta de Mindlin. Cuando le preguntaron por la reciente compra de Loma Negra, descartó cualquier sinergia. Dijo que no sumaba valor para Pampa, que era «todo lo contrario» de lo que necesita la empresa, porque la cementera puede parar sus plantas en invierno, justo cuando el gas es más caro, y operar los nueve meses en que es más barato. 

    La negación fue todavía más tajante cuando le mencionaron a Sacde, la constructora del grupo, habitual jugadora en grandes obras de infraestructura. «Cero sinergias», insistió. Ni con la cementera, ni con la constructora, ni con el resto de los activos. 

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