DEFENDAMOS NUESTRO GOLFO
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DEFENDAMOS NUESTRO GOLFO

La Legislatura de Rio Negro aprobó en primera vuelta con 42 votos a favor y solo 1 en contra, este jueves 25 de agosto el proyecto de ley presentado por el gobierno de Arabela Carreras y acompañado por todos los bloques que conforman la legislatura provincial, para modificar la Ley N° 3.308 (Ley de Hidrocarburos provincial) que data de 1999 con el objetivo de construir un oleoducto y una terminal desde la cual exportar petróleo de Vaca Muerta.

La ley denominada como “Ley Lasalle” debido al ex legislador radical Alfredo Lasalle en su Art 1 prohibe expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. El artículo 15 del proyecto de ley modifica el artículo 1º de la Ley Nº 3308, que impide la instalación de oleoductos o gasoductos y de terminales para carga y descarga de buques.

Es bueno aclarar que si bien se recuerda a la ley con el nombre del legislador, dicha norma surge de la movilización y accionar de los pueblos costeros hace 27 años quienes juntaron más de 12 mil firmas con la campaña “NO al oleoducto” para decirle que no en 1995 al proyecto de YPF que instaba construir un oleoducto desde Puesto Hernández provincia de Neuquén, hasta 15 km al sur de Las Grutas. La actividad turística y pesquera, históricas fuentes de trabajo genuino y perdurable, no podían ponerse en riesgo dentro de un ambiente valioso y sensible, que apenas hacía dos años había sido declarado Área Natural Protegida con el nombre de Bahía de San Antonio. La inmediata reacción de los habitantes fue contundente.

La pesca, el turismo y el desarrollo sustentable son incompatibles con el proyecto de construcción del oleoducto de YPF desde vaca muerta hasta Punta Colorada. Sin embargo la lógica del partido provincialista que gobierna Rio Negro es que las actividades siempre son compatibles. Así quedó demostrado con las habilitaciones para que YPF perfore en Allen desde el 2013 entre medio de la producción frutícola. Allen, productora de peras por excelencia, hoy es una zona de sacrificio.

Video. Luciano Cutrera

UNA SESIÓN PARA EL OLVIDO

El miembro informante sobre el proyecto de Ley en la sesión del jueves 25 de agosto, fue el legislador por JSRN (Juntos Somos Rio Negro) Sebastián Caldiero (circuito Alto Valle Oeste) quien hizo hincapié en fundamentar la modificación de la ley para “poder sentarse en la mesa de discusión” ya que con la ley existente Rio Negro se encuentra sin siquiera la posibilidad de analizar proyectos y propuestas. Que si bien como afirmó Caldiero “hay un interés nacional en todo esto”, la idea es modificar, para poder analizar y discutir, basándose en el debate como principio de todo, en función de mejorar las condiciones de vida de los rionegrinos y rionegrinas.

No debió pasar mucho tiempo para que Luis Noale, legislador por el FdT, expresara que el proyecto no se debatió, y salió en primera vuelta con mucha rapidez, aunque todos los bloques acompañaron sin chistar. Y aclaró que mucho menos se escuchó a organizaciones ambientalistas, vecinos y vecinas, o bien a quienes viven de la pesca o el turismo en el mismo Golfo de San Matías. Más allá de la contradicción bien planteada por Noale, el legislador circuital por la costa atlántica también dio su voto positivo a la modificación dando de este modo la espalda a sus representados . El único voto negativo fue del legislador Pablo Barreno del bloque del FdT por el cicuito Valle Inferior.

Y como suele pasar en política tampoco se demoró mucho en que quedaran expuestas las verdaderas intenciones políticas del proyecto que por supuesto pisaron el discurso informativo del cipoleño Caldiero, cuando otros legisladores de diversos bloques hincaron el ojo específicamente en el ducto que proyecta realizar YPF con una inversión millonaria ya anunciada. Se olvidaron del debate, y se expresaron abiertamente a favor del proyecto como si ya estuviese definido.

LA LUCHA SIEMPRE EN LA CALLE

Las asambleas del Currú Leufe, representante de las Asambleas socio-ambientales de la provincia de Río Negro se expresaron, “la gobernadora de Río Negro, legisladores provinciales y el intendente del Municipio de San Antonio Oeste desconociendo la legislación provincial y la voluntad popular, se expresaron públicamente a favor de la exportación de gas por el Puerto San Antonio Este. Incluso el intendente Casadei decretó esta intención de interés municipal (decreto N°1847/21).”

Agregaron también que “es un paso más en la profundización del extractivismo. La ciudadanía rionegrina ya ha dado sobradas cuentas de conocimiento de sus derechos, es clara al momento de posicionarse frente a proyectos que acuñan peligro de contaminación de nuestras zonas frágiles y productivas” y suman “El modelo de desarrollo propuesto por el gobierno da continuidad a las políticas de saqueo que han sido ininterrumpidas y acordadas por todos los gobiernos, nacional y provinciales. Todo esto en connivencia con el empresariado y el poder judicial, quienes vienen trabajando para romper todas y cada una de las matrices productivas históricas de nuestra provincia y no cesan en promover proyectos que privilegian a los grandes empresarios del país, que sólo dejarán destrucción en nuestros territorios”.

Para finalizar “Estamos convencidxs que en su defensa seremos muchxs e incansables. Instamos a todos los vecinos y vecinas de nuestro territorio a construir un espacio que unifique la lucha ambiental con la social y la económica, a partir de otras formas de desarrollo”.

En el comunicado emitido por el colectivo Multisectorial Golfo San Matias–Defendamos nuestro golfo se informó que “la modificación viola principios básicos de jurisprudencia ratificados por el país y asentados en el Acuerdo Regional de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe”, también aportaron que “el principio de no regresión dice que la normativa ambiental no puede alterarse para vulnerar derechos ambientales ya adquiridos. También se violenta el principio de progresividad de la Ley General de Ambiente, la cual establece que se debe ir hacia una mayor protección ambiental, nunca retroceder”.

Hay tiempo hasta la segunda vuelta en la legislatura el 9 de septiembre para poder frenar la modificación de la ley 3.808. Habrá actividades durante la semana y el mismo día de la sesión frente a la legislatura provincial.

Defendamos el Golfo Azul.
NO a la modificación de la ley 3.808.

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    Belgrano y el gesto de 1813 que anticipó la educación pública argentina

     

    En 1813 Manuel Belgrano destinó los 40.000 pesos de su premio militar a dotar cuatro escuelas públicas. La historia de ese legado y su vigencia dos siglos después.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Cada 11 de septiembre, cuando la Argentina recuerda a los maestros y vuelve sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento, existe una tentación comprensible pero históricamente incompleta: pensar que la educación pública argentina comenzó con el gran proyecto escolar de la segunda mitad del siglo XIX. Sarmiento tuvo, sin dudas, un papel decisivo en la expansión de la enseñanza primaria, la formación profesional de los docentes y la construcción de instituciones educativas. Pero mucho antes de aquella etapa, cuando las Provincias Unidas todavía estaban atravesadas por la guerra de la Independencia y ni siquiera existía el Estado nacional argentino tal como lo conocemos, Manuel Belgrano ya había pensado la educación como una responsabilidad pública y como una herramienta indispensable para construir la nueva sociedad. En 1813, después de recibir una importante recompensa por sus victorias militares, tomó una decisión que todavía sorprende por su dimensión: resolvió destinar los 40.000 pesos del premio a la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras.

    No se trata de una tradición transmitida únicamente por los manuales escolares. El Archivo General de la Nación conserva el documento mediante el cual el Gobierno aprobó el destino de esos fondos, y la documentación oficial identifica expresamente las cuatro ciudades: Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El 27 de abril de 1813 quedó formalizada la decisión. Belgrano había recibido aquel premio por sus servicios a la causa revolucionaria y decidió que el dinero no se incorporara a su patrimonio personal, sino que se transformara en un fondo destinado a la educación.

    La diferencia no es menor. El documento original del reglamento redactado por Belgrano el 25 de mayo de 1813 comienza señalando que había resuelto dotar las cuatro escuelas con los cuarenta mil pesos que le había concedido la Asamblea. El artículo primero establece que el capital debía distribuirse en 10.000 pesos para cada escuela, de manera que sus réditos permitieran sostenerlas. El reglamento incluso fija el destino de esos recursos: una parte debía utilizarse para el sueldo del maestro y otra para los gastos necesarios de funcionamiento. No estamos, entonces, frente a una declaración abstracta sobre la importancia de educar: Belgrano estaba diseñando un mecanismo concreto para financiar escuelas públicas.

    Un reglamento para formar ciudadanos

    El valor histórico del documento aumenta cuando se lo lee completo. Belgrano no se limitó a entregar dinero y dejar que otros decidieran qué hacer con él. Escribió personalmente el reglamento que debía organizar las cuatro escuelas, estableciendo criterios para la elección de los maestros, sus obligaciones, la enseñanza, la disciplina y hasta determinados gastos cotidianos.

    Uno de los aspectos más significativos aparece en el artículo 18. Allí Belgrano sostiene que el maestro debía procurar con su conducta inspirar en sus alumnos “amor al orden”, respeto, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, inclinación al trabajo y desapego del interés particular. También debía fomentar un espíritu que llevara a los alumnos a preferir el bien público al privado.

    La formulación resulta extraordinariamente significativa para 1813. La escuela que imaginaba Belgrano no debía limitarse a enseñar a leer y escribir: debía formar ciudadanos. Y el maestro tenía que ser, por su propia conducta, parte de esa formación. El reglamento establecía además que el acceso al cargo docente debía realizarse mediante oposición, una forma temprana de pensar la selección y profesionalización de quienes estaban al frente de la enseñanza.

    Belgrano también contemplaba a los sectores más pobres. El proyecto incluía recursos para materiales escolares y establecía previsiones para que los niños que no pudieran afrontarlos no quedaran excluidos. Esa concepción encaja con otras expresiones del propio Belgrano sobre la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos. En una de las formulaciones que el Estado argentino ha recuperado de su pensamiento sostuvo: “Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado”.

    Hay allí una concepción política de la educación que merece ser recuperada: la libertad conquistada por las armas necesitaba ser sostenida por ciudadanos capaces de ejercerla.

    Las cuatro escuelas y una deuda que atravesó dos siglos

    El destino posterior de aquellas cuatro escuelas fue mucho más complejo que lo que suele contar la efeméride.

    La documentación del Instituto Nacional Belgraniano señala que las escuelas funcionaron de manera discontinua debido a las guerras de Independencia y a los enfrentamientos internos posteriores. También registra problemas con el envío del dinero y con las rentas destinadas a sostenerlas. Es decir, el proyecto educativo de Belgrano quedó atrapado en las mismas dificultades políticas y financieras que atravesaron a las Provincias Unidas durante aquellos años.

    La primera en abrir fue la de Santiago del Estero. Según el Instituto Nacional Belgraniano, comenzó a funcionar en 1822, por iniciativa del gobernador Felipe Ibarra, y se estima que permaneció abierta hasta 1826. Belgrano ya había muerto cuando aquella escuela comenzó sus actividades, pero la apertura representaba el cumplimiento, aunque fuera parcial y tardío, de la voluntad expresada nueve años antes.

    En Jujuy, la situación fue diferente. El Instituto Belgraniano registra la inauguración de la escuela en 1825, con funcionamiento hasta aproximadamente 1828. La historia posterior de aquel legado terminó dando lugar, casi dos siglos más tarde, a la Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano”, inaugurada en San Salvador de Jujuy en 2004, después de una obra que había comenzado en 1999. La institución existe actualmente y continúa llevando ese nombre, aunque su edificio es, naturalmente, contemporáneo y no el establecimiento de 1813.

    El caso de Tarija es todavía más extraordinario porque la ciudad pasó a formar parte de Bolivia después de la independencia. La escuela prevista por Belgrano no se concretó en el siglo XIX. Según los Anales del Instituto Nacional Belgraniano, el Poder Ejecutivo argentino creó formalmente la escuela mediante un decreto de abril de 1967 y Argentina financió el proyecto, la construcción y el equipamiento. El establecimiento fue entregado al Gobierno boliviano el 27 de agosto de 1974, bajo el nombre de Escuela Argentina Manuel Belgrano, es decir, 161 años después de la donación original.

    Tucumán tuvo la historia más prolongada y problemática. El propio Estado argentino reconoció décadas después que allí quedaba una deuda pendiente. En 2022, el Ministerio de Educación de la Nación anunció la construcción de una nueva Escuela de la Patria Manuel Belgrano y habló explícitamente de la necesidad de “saldar definitivamente” esa deuda histórica. En mayo de 2023 comenzaron obras de ampliación y refacción del establecimiento, destinadas a los niveles inicial y primario, con nuevas aulas y espacios deportivos para una comunidad educativa de alrededor de 1.300 estudiantes.

    Y la historia no terminó allí. La Escuela de la Patria Manuel Belgrano continúa funcionando en Tucumán: en julio de 2025 el Ministerio de Educación provincial informó que el establecimiento funcionaba normalmente y en 2026 alumnos de esa escuela participaron en los actos oficiales por el aniversario de la Independencia.

    El recorrido de las cuatro escuelas permite comprender algo que suele perderse cuando se reduce la historia a una fecha y una estatua: el proyecto de Belgrano fue inmediato en su concepción, pero extraordinariamente lento en su concreción. Santiago del Estero y Jujuy tuvieron experiencias escolares tempranas pero discontinuas; Tarija necesitó 161 años para materializarse en la forma que conocemos; y Tucumán atravesó una larga historia institucional que todavía obligó al Estado argentino a realizar obras en el siglo XXI.

    Belgrano murió pobre, pero dejó una idea de riqueza pública

    El gesto adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa qué ocurrió con el propio Belgrano.

    No convirtió aquella recompensa militar en una fortuna personal. Y tampoco terminó su vida disfrutando de una posición económica acorde con el reconocimiento que había recibido. Murió el 20 de junio de 1820 en una situación de extrema precariedad económica, después de años de servicio, enfermedades, dificultades financieras y salarios que el Estado le adeudaba.

    El contraste es poderoso, aunque debe ser contado sin convertirlo en una leyenda sentimental. No sería correcto afirmar que Belgrano quedó pobre exclusivamente porque donó los 40.000 pesos: su situación económica tuvo múltiples causas. Pero sí es un hecho que cuando tuvo la posibilidad de disponer de una importante recompensa personal decidió transformarla en un fondo destinado a escuelas.

    En su respuesta al reconocimiento de la Asamblea aparece con claridad el principio que guiaba aquella decisión. Belgrano sostuvo que “ni la virtud ni los talentos tienen precio” y que resultaba despreciable para un hombre de bien convertir el servicio público en una búsqueda de riqueza. Por eso decidió destinar los 40.000 pesos a las cuatro escuelas.

    No hace falta idealizarlo para reconocer la magnitud de esa elección.

    Belgrano tuvo la oportunidad de convertir una recompensa por sus victorias en patrimonio propio y decidió convertirla en patrimonio educativo.

    Antes de Sarmiento ya existía una idea de educación pública

    Reconocer esto no significa quitarle importancia a Sarmiento. Todo lo contrario: permite ubicarlo correctamente.

    Cuando Sarmiento impulsó décadas después la expansión de la enseñanza primaria, la formación de maestros y la creación de escuelas normales, trabajó sobre un problema mucho más amplio y con instrumentos estatales que Belgrano no tenía a su disposición. La posterior Ley 1420 de 1884 tampoco fue obra de Belgrano ni de Sarmiento en forma individual. La educación pública argentina fue el resultado de un proceso prolongado en el que participaron gobiernos, provincias, legisladores, maestros, educadores y comunidades.

    Pero Belgrano fue uno de sus antecedentes fundamentales.

    En 1813 ya había pensado en escuelas públicas de primeras letras; había previsto recursos para sostenerlas; había reglamentado su funcionamiento; había establecido criterios para seleccionar a los maestros; había definido obligaciones pedagógicas y morales para ellos y había pensado en la provisión de materiales para los alumnos.

    Todo eso ocurrió antes de la independencia definitiva, antes de la Constitución de 1853 y más de setenta años antes de la Ley 1420.

    Por eso el documento conservado por el Archivo General de la Nación merece ser leído no como una curiosidad de museo, sino como una pieza de la historia política argentina. El manuscrito de 1813 muestra a un dirigente revolucionario pensando que una patria nueva no podía sostenerse solamente con ejércitos, armas y declaraciones políticas. Necesitaba escuelas.

    Y esa idea sobrevivió a las guerras, a la anarquía, a los incumplimientos administrativos y a los cambios territoriales.

    Dos siglos después, algunas de aquellas escuelas siguen existiendo y otras fueron reconstruidas o refundadas bajo el nombre de Belgrano. La de Tarija quedó como una expresión concreta de un compromiso argentino que finalmente se materializó en Bolivia; la de Jujuy convirtió en edificio escolar contemporáneo una deuda histórica que había atravesado 191 años; la de Tucumán continúa funcionando y conserva el nombre de Escuela de la Patria; y Santiago del Estero fue la primera en poner en marcha, en 1822, una experiencia que duraría algunos años.

    No todas las escuelas que Belgrano imaginó sobrevivieron. No todas se construyeron cuando él quiso. No todo el dinero llegó a cumplir el destino previsto. Pero la idea sobrevivió.

    Y quizás allí esté el verdadero legado.

    Manuel Belgrano no solamente dejó una bandera. Dejó una concepción de patria en la que el conocimiento debía ser un bien público y la educación una herramienta para que la libertad pudiera ser ejercida por el conjunto de la sociedad.

    En 1813, en medio de una guerra y cuando la Argentina todavía estaba naciendo, recibió dinero por haber ganado batallas.

    Eligió convertirlo en escuelas.

    Ese gesto, más de dos siglos después, sigue siendo una de las mejores definiciones de lo que significa pensar la patria como algo que pertenece a las generaciones que vienen.

     

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