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DEFENDAMOS NUESTRO GOLFO

La Legislatura de Rio Negro aprobó en primera vuelta con 42 votos a favor y solo 1 en contra, este jueves 25 de agosto el proyecto de ley presentado por el gobierno de Arabela Carreras y acompañado por todos los bloques que conforman la legislatura provincial, para modificar la Ley N° 3.308 (Ley de Hidrocarburos provincial) que data de 1999 con el objetivo de construir un oleoducto y una terminal desde la cual exportar petróleo de Vaca Muerta.

La ley denominada como “Ley Lasalle” debido al ex legislador radical Alfredo Lasalle en su Art 1 prohibe expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. El artículo 15 del proyecto de ley modifica el artículo 1º de la Ley Nº 3308, que impide la instalación de oleoductos o gasoductos y de terminales para carga y descarga de buques.

Es bueno aclarar que si bien se recuerda a la ley con el nombre del legislador, dicha norma surge de la movilización y accionar de los pueblos costeros hace 27 años quienes juntaron más de 12 mil firmas con la campaña “NO al oleoducto” para decirle que no en 1995 al proyecto de YPF que instaba construir un oleoducto desde Puesto Hernández provincia de Neuquén, hasta 15 km al sur de Las Grutas. La actividad turística y pesquera, históricas fuentes de trabajo genuino y perdurable, no podían ponerse en riesgo dentro de un ambiente valioso y sensible, que apenas hacía dos años había sido declarado Área Natural Protegida con el nombre de Bahía de San Antonio. La inmediata reacción de los habitantes fue contundente.

La pesca, el turismo y el desarrollo sustentable son incompatibles con el proyecto de construcción del oleoducto de YPF desde vaca muerta hasta Punta Colorada. Sin embargo la lógica del partido provincialista que gobierna Rio Negro es que las actividades siempre son compatibles. Así quedó demostrado con las habilitaciones para que YPF perfore en Allen desde el 2013 entre medio de la producción frutícola. Allen, productora de peras por excelencia, hoy es una zona de sacrificio.

Video. Luciano Cutrera

UNA SESIÓN PARA EL OLVIDO

El miembro informante sobre el proyecto de Ley en la sesión del jueves 25 de agosto, fue el legislador por JSRN (Juntos Somos Rio Negro) Sebastián Caldiero (circuito Alto Valle Oeste) quien hizo hincapié en fundamentar la modificación de la ley para “poder sentarse en la mesa de discusión” ya que con la ley existente Rio Negro se encuentra sin siquiera la posibilidad de analizar proyectos y propuestas. Que si bien como afirmó Caldiero “hay un interés nacional en todo esto”, la idea es modificar, para poder analizar y discutir, basándose en el debate como principio de todo, en función de mejorar las condiciones de vida de los rionegrinos y rionegrinas.

No debió pasar mucho tiempo para que Luis Noale, legislador por el FdT, expresara que el proyecto no se debatió, y salió en primera vuelta con mucha rapidez, aunque todos los bloques acompañaron sin chistar. Y aclaró que mucho menos se escuchó a organizaciones ambientalistas, vecinos y vecinas, o bien a quienes viven de la pesca o el turismo en el mismo Golfo de San Matías. Más allá de la contradicción bien planteada por Noale, el legislador circuital por la costa atlántica también dio su voto positivo a la modificación dando de este modo la espalda a sus representados . El único voto negativo fue del legislador Pablo Barreno del bloque del FdT por el cicuito Valle Inferior.

Y como suele pasar en política tampoco se demoró mucho en que quedaran expuestas las verdaderas intenciones políticas del proyecto que por supuesto pisaron el discurso informativo del cipoleño Caldiero, cuando otros legisladores de diversos bloques hincaron el ojo específicamente en el ducto que proyecta realizar YPF con una inversión millonaria ya anunciada. Se olvidaron del debate, y se expresaron abiertamente a favor del proyecto como si ya estuviese definido.

LA LUCHA SIEMPRE EN LA CALLE

Las asambleas del Currú Leufe, representante de las Asambleas socio-ambientales de la provincia de Río Negro se expresaron, “la gobernadora de Río Negro, legisladores provinciales y el intendente del Municipio de San Antonio Oeste desconociendo la legislación provincial y la voluntad popular, se expresaron públicamente a favor de la exportación de gas por el Puerto San Antonio Este. Incluso el intendente Casadei decretó esta intención de interés municipal (decreto N°1847/21).”

Agregaron también que “es un paso más en la profundización del extractivismo. La ciudadanía rionegrina ya ha dado sobradas cuentas de conocimiento de sus derechos, es clara al momento de posicionarse frente a proyectos que acuñan peligro de contaminación de nuestras zonas frágiles y productivas y suman “El modelo de desarrollo propuesto por el gobierno da continuidad a las políticas de saqueo que han sido ininterrumpidas y acordadas por todos los gobiernos, nacional y provinciales. Todo esto en connivencia con el empresariado y el poder judicial, quienes vienen trabajando para romper todas y cada una de las matrices productivas históricas de nuestra provincia y no cesan en promover proyectos que privilegian a los grandes empresarios del país, que sólo dejarán destrucción en nuestros territorios”.

Para finalizar “Estamos convencidxs que en su defensa seremos muchxs e incansables. Instamos a todos los vecinos y vecinas de nuestro territorio a construir un espacio que unifique la lucha ambiental con la social y la económica, a partir de otras formas de desarrollo”.

En el comunicado emitido por el colectivo Multisectorial Golfo San MatiasDefendamos nuestro golfo se informó que la modificación viola principios básicos de jurisprudencia ratificados por el país y asentados en el Acuerdo Regional de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe”, también aportaron que el principio de no regresión dice que la normativa ambiental no puede alterarse para vulnerar derechos ambientales ya adquiridos. También se violenta el principio de progresividad de la Ley General de Ambiente, la cual establece que se debe ir hacia una mayor protección ambiental, nunca retroceder”.

Hay tiempo hasta la segunda vuelta en la legislatura el 9 de septiembre para poder frenar la modificación de la ley 3.808. Habrá actividades durante la semana y el mismo día de la sesión frente a la legislatura provincial.

Defendamos el Golfo Azul.
NO a la modificación de la ley 3.808.

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  • El gobierno le quiere perdonar USD 1.842 millones de deuda con Cammesa a las eléctricas

     

    La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.

    El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.

    La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.

    El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».

    Los Neuss se quedaron con Transener tras una sospechosa falla del sistema

    La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.

    El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.

    Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.

    En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.

    La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».

    El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

    El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.

    La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.

    Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado. 

    Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final. 

     

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