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DEFENDAMOS NUESTRO GOLFO

La Legislatura de Rio Negro aprobó en primera vuelta con 42 votos a favor y solo 1 en contra, este jueves 25 de agosto el proyecto de ley presentado por el gobierno de Arabela Carreras y acompañado por todos los bloques que conforman la legislatura provincial, para modificar la Ley N° 3.308 (Ley de Hidrocarburos provincial) que data de 1999 con el objetivo de construir un oleoducto y una terminal desde la cual exportar petróleo de Vaca Muerta.

La ley denominada como “Ley Lasalle” debido al ex legislador radical Alfredo Lasalle en su Art 1 prohibe expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. El artículo 15 del proyecto de ley modifica el artículo 1º de la Ley Nº 3308, que impide la instalación de oleoductos o gasoductos y de terminales para carga y descarga de buques.

Es bueno aclarar que si bien se recuerda a la ley con el nombre del legislador, dicha norma surge de la movilización y accionar de los pueblos costeros hace 27 años quienes juntaron más de 12 mil firmas con la campaña “NO al oleoducto” para decirle que no en 1995 al proyecto de YPF que instaba construir un oleoducto desde Puesto Hernández provincia de Neuquén, hasta 15 km al sur de Las Grutas. La actividad turística y pesquera, históricas fuentes de trabajo genuino y perdurable, no podían ponerse en riesgo dentro de un ambiente valioso y sensible, que apenas hacía dos años había sido declarado Área Natural Protegida con el nombre de Bahía de San Antonio. La inmediata reacción de los habitantes fue contundente.

La pesca, el turismo y el desarrollo sustentable son incompatibles con el proyecto de construcción del oleoducto de YPF desde vaca muerta hasta Punta Colorada. Sin embargo la lógica del partido provincialista que gobierna Rio Negro es que las actividades siempre son compatibles. Así quedó demostrado con las habilitaciones para que YPF perfore en Allen desde el 2013 entre medio de la producción frutícola. Allen, productora de peras por excelencia, hoy es una zona de sacrificio.

Video. Luciano Cutrera

UNA SESIÓN PARA EL OLVIDO

El miembro informante sobre el proyecto de Ley en la sesión del jueves 25 de agosto, fue el legislador por JSRN (Juntos Somos Rio Negro) Sebastián Caldiero (circuito Alto Valle Oeste) quien hizo hincapié en fundamentar la modificación de la ley para “poder sentarse en la mesa de discusión” ya que con la ley existente Rio Negro se encuentra sin siquiera la posibilidad de analizar proyectos y propuestas. Que si bien como afirmó Caldiero “hay un interés nacional en todo esto”, la idea es modificar, para poder analizar y discutir, basándose en el debate como principio de todo, en función de mejorar las condiciones de vida de los rionegrinos y rionegrinas.

No debió pasar mucho tiempo para que Luis Noale, legislador por el FdT, expresara que el proyecto no se debatió, y salió en primera vuelta con mucha rapidez, aunque todos los bloques acompañaron sin chistar. Y aclaró que mucho menos se escuchó a organizaciones ambientalistas, vecinos y vecinas, o bien a quienes viven de la pesca o el turismo en el mismo Golfo de San Matías. Más allá de la contradicción bien planteada por Noale, el legislador circuital por la costa atlántica también dio su voto positivo a la modificación dando de este modo la espalda a sus representados . El único voto negativo fue del legislador Pablo Barreno del bloque del FdT por el cicuito Valle Inferior.

Y como suele pasar en política tampoco se demoró mucho en que quedaran expuestas las verdaderas intenciones políticas del proyecto que por supuesto pisaron el discurso informativo del cipoleño Caldiero, cuando otros legisladores de diversos bloques hincaron el ojo específicamente en el ducto que proyecta realizar YPF con una inversión millonaria ya anunciada. Se olvidaron del debate, y se expresaron abiertamente a favor del proyecto como si ya estuviese definido.

LA LUCHA SIEMPRE EN LA CALLE

Las asambleas del Currú Leufe, representante de las Asambleas socio-ambientales de la provincia de Río Negro se expresaron, “la gobernadora de Río Negro, legisladores provinciales y el intendente del Municipio de San Antonio Oeste desconociendo la legislación provincial y la voluntad popular, se expresaron públicamente a favor de la exportación de gas por el Puerto San Antonio Este. Incluso el intendente Casadei decretó esta intención de interés municipal (decreto N°1847/21).”

Agregaron también que “es un paso más en la profundización del extractivismo. La ciudadanía rionegrina ya ha dado sobradas cuentas de conocimiento de sus derechos, es clara al momento de posicionarse frente a proyectos que acuñan peligro de contaminación de nuestras zonas frágiles y productivas y suman “El modelo de desarrollo propuesto por el gobierno da continuidad a las políticas de saqueo que han sido ininterrumpidas y acordadas por todos los gobiernos, nacional y provinciales. Todo esto en connivencia con el empresariado y el poder judicial, quienes vienen trabajando para romper todas y cada una de las matrices productivas históricas de nuestra provincia y no cesan en promover proyectos que privilegian a los grandes empresarios del país, que sólo dejarán destrucción en nuestros territorios”.

Para finalizar “Estamos convencidxs que en su defensa seremos muchxs e incansables. Instamos a todos los vecinos y vecinas de nuestro territorio a construir un espacio que unifique la lucha ambiental con la social y la económica, a partir de otras formas de desarrollo”.

En el comunicado emitido por el colectivo Multisectorial Golfo San MatiasDefendamos nuestro golfo se informó que la modificación viola principios básicos de jurisprudencia ratificados por el país y asentados en el Acuerdo Regional de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe”, también aportaron que el principio de no regresión dice que la normativa ambiental no puede alterarse para vulnerar derechos ambientales ya adquiridos. También se violenta el principio de progresividad de la Ley General de Ambiente, la cual establece que se debe ir hacia una mayor protección ambiental, nunca retroceder”.

Hay tiempo hasta la segunda vuelta en la legislatura el 9 de septiembre para poder frenar la modificación de la ley 3.808. Habrá actividades durante la semana y el mismo día de la sesión frente a la legislatura provincial.

Defendamos el Golfo Azul.
NO a la modificación de la ley 3.808.

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  • El gobierno aprobó el pago a los buitres y el Super RIGI con el apoyo de los gobernadores aliados

     

    La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el pago de USD 171 millones a los holdouts Attestor y Brainbridge, los fondos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, y le dio media sanción al Super RIGI, una versión recargada del régimen de inversiones votado en la Ley Bases de 2024.

    El oficialismo juntó una mayoría aplastante para el acuerdo con los buitres, superando a la oposición por 40 votos, con 138 por la afirmativa y 98 por la negativa. El respaldo provino del PRO, la UCR, el MID, los legisladores de Innovación Federal que responden a Gustavo Sáenz y Rubén Passalacqua, los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los cordobeses de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, el santacruceño José Garrido y la bonaerense Karina Banfi.

    En contra, se agruparon los peronistas, la izquierda, Miguel Pichetto, Natalia De la Sota, Marcela Pagano y el catamarqueño Fernando Monguillot.

    Durante el debate, se trenzaron con fervor los libertarios y los kirchneristas. Bertie Benegas Lynch, miembro informante del proyecto de acuerdo con los holdouts, tildó de «irresponsables y sinvergüenzas» a los que empujaron al país a la cesación de pagos, y admitió que «la urgencia» por aprobarlo se debía a que la prórroga se vence el próximo 30 de junio.

    Menem tuvo que demorar la renuncia de Ravier para conseguir el quórum y tratar el súper RIGI

    Según el diputado oficialista, «se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente, se nos exime de pagar honorarios legales y los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales». Antes de cerrar su discurso, descontó que los opositores darían «discursos corrosivos porque son los apóstoles del default».

    El encargado de contestarle fue Itai Hagman, quien explicó que «hoy gobierna en Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó al país y lo llevó a sucesivas crisis». «El término holdouts suena mejor, parece más inofensivo, pero no tengan miedo de decir que lo que quieren es pagarle a los fondos buitre, como hace 10 años», planteó, y deslizó que el objetivo del gobierno es «bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina».

    Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni.

    Miguel Pichetto, por su parte, le contestó a Benegas Lynch que «esto es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios». Además, advirtió que la ley «carece de la asignación presupuestaria» que exige la Ley de Administración Financiera.

    La peronista Graciela de la Rosa, ex auditora, señaló que el proyecto consistía en dos «acuerdos transaccionales con dos sociedades constituidas en las Islas Caimán y en Bahamas». Después de aclarar que «el peronismo no tuvo nada que ver con la crisis del 2001», la formoseña precisó que «así como el gobierno de Macri incrementó la deuda externa en más de USD 100 mil millones, el de Milei ya lo hizo antes de terminar y ha endeudado en más de USD 100 mil millones nuevamente a todos los argentinos».

    (El Super RIGI) es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios.

    Por otra parte, el Súper RIGI obtuvo media sanción con 130 votos a favor, 105 en contra y siete abstenciones. La iniciativa, según el gobierno, es atraer «grandes inversiones», que deberán ejecutarse en un 20% durante los primeros dos años desde la puesta en marcha del proyecto.

    Las críticas de la oposición se centraron en los beneficios impositivos que van desde alícuotas especiales en contribuciones patronales hasta exenciones en los derechos de exportación. También apuntaron a las modificaciones introducidas durante el trabajo en comisiones, donde se incorporó el incentivo al «desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina».

    El diputado Maximiliano Ferraro señaló que la ley sería «un régimen de excepción quizás nunca visto». «Claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica», consideró.

     

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