La Legislatura de Rio Negro aprobó en primera vuelta con 42 votos a favor y solo 1 en contra, este jueves 25 de agosto el proyecto de ley presentado por el gobierno de Arabela Carreras y acompañado por todos los bloques que conforman la legislatura provincial, para modificar la Ley N° 3.308 (Ley de Hidrocarburos provincial) que data de 1999 con el objetivo de construir un oleoducto y una terminal desde la cual exportar petróleo de Vaca Muerta.
La ley denominada como “Ley Lasalle” debido al ex legislador radical Alfredo Lasalle en su Art 1 prohibe expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. El artículo 15 del proyecto de ley modifica el artículo 1º de la Ley Nº 3308, que impide la instalación de oleoductos o gasoductos y de terminales para carga y descarga de buques.
Es bueno aclarar que si bien se recuerda a la ley con el nombre del legislador, dicha norma surge de la movilización y accionar de los pueblos costeros hace 27 años quienes juntaron más de 12 mil firmas con la campaña “NO al oleoducto” para decirle que no en 1995 al proyecto de YPF que instaba construir un oleoducto desde Puesto Hernández provincia de Neuquén, hasta 15 km al sur de Las Grutas. La actividad turística y pesquera, históricas fuentes de trabajo genuino y perdurable, no podían ponerse en riesgo dentro de un ambiente valioso y sensible, que apenas hacía dos años había sido declarado Área Natural Protegida con el nombre de Bahía de San Antonio. La inmediata reacción de los habitantes fue contundente.
La pesca, el turismo y el desarrollo sustentable son incompatibles con el proyecto de construcción del oleoducto de YPF desde vaca muerta hasta Punta Colorada. Sin embargo la lógica del partido provincialista que gobierna Rio Negro es que las actividades siempre son compatibles. Así quedó demostrado con las habilitaciones para que YPF perfore en Allen desde el 2013 entre medio de la producción frutícola. Allen, productora de peras por excelencia, hoy es una zona de sacrificio.
Video. Luciano Cutrera
UNA SESIÓN PARA EL OLVIDO
El miembro informante sobre el proyecto de Ley en la sesión del jueves 25 de agosto, fue el legislador por JSRN (Juntos Somos Rio Negro) Sebastián Caldiero (circuito Alto Valle Oeste) quien hizo hincapié en fundamentar la modificación de la ley para “poder sentarse en la mesa de discusión” ya que con la ley existente Rio Negro se encuentra sin siquiera la posibilidad de analizar proyectos y propuestas. Que si bien como afirmó Caldiero “hay un interés nacional en todo esto”, la idea es modificar, para poder analizar y discutir, basándose en el debate como principio de todo, en función de mejorar las condiciones de vida de los rionegrinos y rionegrinas.
No debió pasar mucho tiempo para que Luis Noale, legislador por el FdT, expresara que el proyecto no se debatió, y salió en primera vuelta con mucha rapidez, aunque todos los bloques acompañaron sin chistar. Y aclaró que mucho menos se escuchó a organizaciones ambientalistas, vecinos y vecinas, o bien a quienes viven de la pesca o el turismo en el mismo Golfo de San Matías. Más allá de la contradicción bien planteada por Noale, el legislador circuital por la costa atlántica también dio su voto positivo a la modificación dando de este modo la espalda a sus representados . El único voto negativo fue del legislador Pablo Barreno del bloque del FdT por el cicuito Valle Inferior.
Y como suele pasar en política tampoco se demoró mucho en que quedaran expuestas las verdaderas intenciones políticas del proyecto que por supuesto pisaron el discurso informativo del cipoleño Caldiero, cuando otros legisladores de diversos bloques hincaron el ojo específicamente en el ducto que proyecta realizar YPF con una inversión millonaria ya anunciada. Se olvidaron del debate, y se expresaron abiertamente a favor del proyecto como si ya estuviese definido.
Las asambleas del Currú Leufe, representante de las Asambleas socio-ambientales de la provincia de Río Negro se expresaron, “la gobernadora de Río Negro, legisladores provinciales y el intendente del Municipio de San Antonio Oeste desconociendo la legislación provincial y la voluntad popular, se expresaron públicamente a favor de la exportación de gas por el Puerto San Antonio Este. Incluso el intendente Casadei decretó esta intención de interés municipal (decreto N°1847/21).”
Agregaron también que “es un paso más en la profundización del extractivismo. La ciudadanía rionegrina ya ha dado sobradas cuentas de conocimiento de sus derechos, es clara al momento de posicionarse frente a proyectos que acuñan peligro de contaminación de nuestras zonas frágiles y productivas” y suman “El modelo de desarrollo propuesto por el gobierno da continuidad a las políticas de saqueo que han sido ininterrumpidas y acordadas por todos los gobiernos, nacional y provinciales. Todo esto en connivencia con el empresariado y el poder judicial, quienes vienen trabajando para romper todas y cada una de las matrices productivas históricas de nuestra provincia y no cesan en promover proyectos que privilegian a los grandes empresarios del país, que sólo dejarán destrucción en nuestros territorios”.
Para finalizar “Estamos convencidxs que en su defensa seremos muchxs e incansables. Instamos a todos los vecinos y vecinas de nuestro territorio a construir un espacio que unifique la lucha ambiental con la social y la económica, a partir de otras formas de desarrollo”.
En el comunicado emitido por el colectivo Multisectorial Golfo San Matias–Defendamos nuestro golfo se informó que “la modificación viola principios básicos de jurisprudencia ratificados por el país y asentados en el Acuerdo Regional de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe”, también aportaron que “el principio de no regresión dice que la normativa ambiental no puede alterarse para vulnerar derechos ambientales ya adquiridos. También se violenta el principio de progresividad de la Ley General de Ambiente, la cual establece que se debe ir hacia una mayor protección ambiental, nunca retroceder”.
Hay tiempo hasta la segunda vuelta en la legislatura el 9 de septiembre para poder frenar la modificación de la ley 3.808. Habrá actividades durante la semana y el mismo día de la sesión frente a la legislatura provincial.
Defendamos el Golfo Azul. NO a la modificación de la ley 3.808.
La puerta del chalet se llena de policías. Son casi las once de la noche del sábado 9 de junio de 1956 y el jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el teniente coronel (R.) Desiderio Fernández Suárez –47 años, alto, moreno, de bigote corto, pantalones claros y chaquetilla color verde oliva–, grita ante el 4519 de Hipólito Yrigoyen, localidad de Florida, partido de Vicente López:
–¡¿Dónde está Tanco?!
Fernández Suárez lleva seis meses como jefe policial y es la segunda vez que participa de un operativo. El 23 de febrero, cuando una explosión en la sede de Fabricaciones Militares de Villa Martelli puso en alerta a toda su fuerza, salió en auto desde su casa en Núñez 2546, en Belgrano, y llegó solo a la zona de la explosión. Al bajar vio a una pareja, los detuvo y acusó de “sabotaje peronista”. Ellos dijeron que sólo estaban ahí para “hacer el amor”. Masticando bronca, los dejó ir.
Pero esta noche confía en que será diferente: se está gestando un levantamiento militar peronista, liderado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Los sublevados buscan derrocar a Aramburu y garantizar el regreso de Perón, exiliado en Panamá desde el golpe de la Revolución Libertadora. Ya hay enfrentamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela, Santa Rosa.
–¡¿Dónde está Tanco?! –vuelve a gritar.
Fernández Suárez fuerza la puerta y sorprende al dueño de casa. Un pelotón de oficiales se abre detrás suyo. Horacio di Chiano, un electricista de 50 años, los recibe con una bolsa de agua caliente en la mano que había preparado para su mujer, ya acostada. Con él está su vecino, Miguel Ángel Giunta, un zapatero de 29. No hay señales de Tanco ni de ningún levantamiento militar.
Desiderio saca su revólver calibre 45 y lo apoya en la garganta de Giunta.
–No te hagas el piola y levantá las manos.
Los oficiales suben a di Chiano y Giunta a un móvil de la comisaría de Florida. Afuera también hay un colectivo rojo de la línea 19 de Vicente López que la policía secuestró en el camino. Fernández Suárez no entiende. La información de un encuentro de militantes peronistas en esta dirección le llegó a través del Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense (SIPBA), creado cinco meses atrás para desplegar agentes de información encubiertos en fábricas, talleres y sindicatos. “Son los ojos y oídos de la jefatura en la provincia en lo que respecta al movimiento gremial y la actividad subversiva”, había explicado el jefe policial en una entrevista. Y los resultados eran buenos: el 17 de abril habían detenido a dos militantes comunistas en Trenque Lauquen por repartir folletos.
Un levantamiento militar como el de esta noche no se le podía escapar. Hasta que hay señales claras: del pasillo al costado derecho del chalet dos personas salen corriendo. Desiderio y sus policías entran, mientras otros policías persiguen a los fugitivos. Agazapados, mezclados entre un grupo más numeroso de hombres que se había juntado a escuchar por radio una pelea de box en el Luna Park, algunos militantes esperaban novedades sobre el levantamiento. El jefe policial irrumpe y los detiene a todos. Los sube al colectivo. Cuando ve a Juan Carlos Livraga, de 24 años, Fernández Suárez lo golpea en el estómago con la culata de su pistola.
–¿Así que vos ibas a hacer la revolución? ¿Con esa facha?
Otros dos hombres son apresados más tarde cuando llegan al mismo PH. En total son doce. Los trasladan a la Unidad Regional de San Martín, a cargo del inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno. Desiderio viaja a La Plata, donde lo espera el general e interventor de la provincia, Emilio Augusto Bonnecarrére. A las 0.30 –ya es 10 de junio– la radio oficial transmite la Ley Marcial. A las 4.47 el vicepresidente Isaac Rojas comunica que el alzamiento peronista fue neutralizado.
Fernández Suárez llama a Rodríguez Moreno.
–A esos detenidos de San Martín ¡que los lleven a un descampado y los fusilen!
Esa misma madrugada, en un basural de la localidad de José León Suarez, en el cruce de lo que hoy es la calle 9 de julio y avenida Márquez, la policía asesina a cinco de los detenidos: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. El resto –Livraga, Di Chiano, Giunta, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Julio Troxler y Reinaldo Benavídez–, se salvan porque escaparon o porque sólo fueron malheridos.
Fernández Suárez sale fortalecido del operativo. Comparte un acto con Aramburu y declara en una revista: “El buen policía tiene a mano todos los recursos legales necesarios para esclarecer un hecho o descubrir un delito sin acudir a la violencia”.
Cinco meses después, el 18 de diciembre de 1956, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, frente a un vaso de cerveza en un bar de La Plata, escucha en voz de un amigo:
–Hay un fusilado que vive.
***
El Círculo Militar de avenida Santa Fe 750 hierve esta media mañana del viernes 12 de octubre de 1945. Más de trescientos oficiales del Ejército y la Marina gritan. Sus voces se superponen, los rangos que no se respetan. El capitán Fernández Suárez –con 37 años– lanza una temeraria propuesta ante el presidente de la mutual de oficiales, el almirante Héctor Vernengo Lima.
–¡Hay que matar a Perón!
Nacido en 1908 en Villa Mercedes, San Luis, Desiderio se convirtió en antiperonista hacia 1940, tras conocer a Perón como profesor en la Escuela de Guerra y en la de Alta Montaña. Lo veía “como un peligro para el país”, según lo recuerda el diario La Nación.
Y con apenas 22 años, Fernández Suárez ya había rechazado a otro líder popular. Siendo cadete, el 6 de septiembre de 1930 se sumó a la columna de unos 600 estudiantes y 900 soldados que marcharon hacia Plaza de Mayo contra Hipólito Yrigoyen. Partieron desde el Colegio Militar de San Martín, a 4 kilómetros del basural de José León Suárez, el de los fusilamientos del 56. La protesta la encabezó José Félix Uriburu, quien derrocaría al líder de la Unión Cívica Radical.
El pedido de Fernández Suárez por la cabeza de Perón se conjugaba con un clima de rechazo generalizado. Flotaba en el aire “la sensación de que el país se había salido de cauce y que la institución armada tenía que decidir qué hacer con eso”, describe Jorge Abelardo Ramos en La Era del Peronismo.
Los militares antiperonistas lograron finalmente que el 9 de octubre de 1945 Perón renunciara y fuera detenido en la isla Martín García. No esperaban, sin embargo, la movilización popular del 17 en la Plaza de Mayo. Entonces Fernández Suárez tuvo el primer traspié en su vida militar.
Haber pedido la cabeza de Perón le costó caro: el 9 de mayo de 1946 lo arrestaron por seis meses y pasó a retiro obligatorio. En ese mismo año, Walsh traducía su primera novela policial, de Irish William, con un título sugestivo para lo que vendría después: Lo que la noche nos revela.
***
Traje gris, camisa blanca y corbata negra, bigote prolijo y peinado engominado, Fernández Suárez se sienta en su oficina en el Departamento Central de la Policía frente a un periodista del Noticiario Bonaerense. Acaba de asumir como jefe –el 20 de diciembre de 1955– y ya purgó a 1445 oficiales subalternos y personal de tropa. Faltan seis meses para la Operación Masacre. Ante la cámara que lo filma en blanco y negro dice:
–Queremos hacer una policía humana, una policía que esté dedicada exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, que tenga un profundo respeto por los derechos individuales. La policía está en franco tren de transformación. Doce años de dictadura no se pueden cambiar en tres meses.
La Libertadora le permitió a Fernández Suárez salir del ostracismo que vivió durante el peronismo, donde se refugió en la actividad privada. Según aparece su apellido en los diarios de la época, vendió ganado en Florida: ofrecía, por ejemplo, “3 novillos prom. 243 kgs. a 240 mls.”. O también, “15 vacas prom. 308 kgs. a 205 mls”.
Con su pareja tuvo tres hijos: Carlos, Mario y Oscar Alberto. Uno de ellos seguirá la carrera militar y será detenido siendo subteniente en 1959 por Arturo Frondizi. Luego llegarán nietos y bisnietos.
La suerte le empezó a cambiar el 16 de junio de 1955, cuando la Aviación Naval bombardeó la Plaza de Mayo y dejó 300 muertos y 1.200 heridos. Un hilo invisible conecta a Fernández Suárez con Walsh: compartían un sentimiento nacionalista y antiperonista y el escritor había soñado con ser aviador, aunque volcó su pasión al papel: el 21 de diciembre del 55 publicó la crónica 2-02-no vuelve, donde describe la audacia de los pilotos bombarderos. Años después llegó a escribir un borrador de cuento titulado El aviador y la bomba, contado desde la perspectiva de uno de los pilotos golpistas.
Con Aramburu en el poder, el 17 de octubre de 1955, Fernández Suárez es designado jefe de personal en el Ministerio de Educación. Su primera medida fue alentar a los empleados a denunciar irregularidades de la anterior gestión. Pero el 13 de noviembre ya es nombrado subjefe de la Policía. Y un mes después asume la jefatura. Un decreto del 13 de enero del 56 lo reincorpora al Ejército, lo asciende «al grado inmediato» y lo vuelve a pasar a retiro como teniente coronel. Aramburu y Rojas destacan que había sido sancionado «por razones políticas» durante la “dictadura imperante”. En el 58 –ya después de los fusilamientos– lo reincorporan al servicio activo con fecha retroactiva al 19 de enero de 1949 y lo promueven a coronel.
***
–¡Encontré al hombre que mordió al perro!
El 20 de diciembre de 1956, dos días después de escuchar que hay un “fusilado que vive”, Walsh consiguió la denuncia de Livraga y la llevó con excitación a la editorial Hachette, donde trabajaba su compañera Enriqueta Muñiz, una periodista de 22 años. Con ella empezaría a investigar la Operación Masacre: lo que descubren los periodistas es que la Ley Marcial comenzó a regir un día después de las detenciones, o sea que fueron fusilados ilegales.
Walsh tenía un “topo” en la policía de Fernández Suárez. El contacto era Jorge Doglia, jefe de la División Judicial. Le permitirá revelar los fusilamientos, pero también torturas en las comisarías a cargo del jefe de la Policía.
Walsh y Enriqueta trabajan juntos y rápido. El 23 de diciembre, en el semanario Propósitos publican la primicia de la denuncia de Livraga. No la firman, pero es un ataque a Fernández Súarez: el “fusilado que vive” confiesa allí que la policía intentó asesinarlo en un descampado antes de la Ley Marcial. El dato es contundente: días después, una Junta Consultiva provincial de legisladores convoca al jefe de la Policía. Lo arrinconan con preguntas sobre varios hechos del 9 y 10 de junio en distintas comisarías: fusilamientos, torturas con picanas, palizas de sus oficiales.
–Aquí hay cargos –se defiende Desiderio–. Pero no hay pruebas.
La pareja de periodistas continúa investigando. Suman sobrevivientes y expedientes. Walsh empieza a firmar con sus iniciales: RJW. Dos notas en el diario Revolución Nacional, ocho en la revista Mayoría, otrastres en el semanario Azul y Blanco. El coronel tiene quien le escriba: las crónicas apuntan directamente a su responsabilidad en la masacre. El nombre de Walsh circula rápido en la jefatura de policía. Sus notas quedan archivadas en el SIPBA.
–¿Quién carajo es? –pregunta Fernández Suárez.
Manda a sus oficiales a detenerlo, pero terminan levantando a un reportero con las mismas iniciales. También van a su casa en La Plata, pero no lo encuentran: Walsh vive en otro lado y con identidad falsa –Francisco Freyre–, aunque firma las notas con su nombre para que Fernández Suárez sepa que no va a parar.
El último cruce entre ambos –del que se tenga registro– fue el 13 de enero de 1965, nueve años después de la primera nota en Propósitos y ocho de la publicación de Operación Masacre como libro. Desiderio manda una carta al diario Crónica para –otra vez– desligarse de la responsabilidad de la masacre. Walsh le contesta en el mismo diario:
–Los descargos de Fernández Suárez son los mismos que pulvericé hace ocho años y que lo llevaron al completo silencio.
***
A partir de los 60, con la Libertadora fuera del poder, Fernández Suárez cambia de piel. Funda una empresa inmobiliaria y financiera junto a militares y ex funcionarios. Durante el gobierno de J. M. Guido es detenido acusado de una supuesta “conspiración” y “rebeldía”.
En 1964 aparece como proveedor del Estado en servicios de seguridad. El 17 de septiembre del mismo año participa con Aramburu y Rojas de una celebración por el aniversario del golpe a Perón. Según la crónica del evento, apenas llenaron la Plaza Libertad del barrio de Recoleta.
En 1970, el mismo año en que secuestran a Aramburu, funda otra compañía de seguridad e investigaciones: POL-PAR, con sedes en Capital Federal y La Plata. En el ‘76 crea otra empresa: S.P.
Entrada la última dictadura, su rastro se pierde.
***
No la encuentra. Después de cebar unos mates dulces, Berta Josefa Carranza –72 años, petisa, pullover de lana celeste, la cara redonda, el pelo corto, lacio, con algunas canas– se para con dificultad de la silla y camina despacio hacia un sillón mullido para buscar algo. Es un jueves de mayo de 2026 y en la casa de los Carranza, en el barrio obrero de Boulogne, la luz entra limpia por la ventana. Berta busca detrás de un mueble, dentro de una carpeta. Pero no. La hoja amarillenta escrita a máquina que dice que su padre, Nicolás Carranza, uno de los cinco fusilados por Fernández Suarez, fundó una sociedad de fomento para su barrio en 1954, no aparece.
–Le dije varias veces que tiene que ser más organizada con esos papeles –se queja Majo Carranza, hija de Berta y nieta de Nicolás, mientras la ayuda a buscar.
–Acá está –dice Berta y saca la hojita de una bolsa. –Tiene su firma.
Es de las pocas cosas que le quedan de su papá. Tenía 2 años cuando el 11 de junio de 1956 –dos días después de los fusilamientos– su madre recibió a Fernández Suárez en esta misma casa, en la esquina de Guayaquil y –ahora– pasaje Carranza. El jefe policial había llegado para buscar la libreta de enrolamiento de Carranza “por un trámite en La Plata”. Le dijo que desconocía su paradero y apuró a la mujer a buscar el documento de su esposo.
Mientras esperaba, Fernández Suárez se cruzó en el pequeño comedor a Elena, de entonces 12 años, la hija mayor de la familia. Parado frente a un retrato del recién fusilado, el jefe de la bonaerense le preguntó: “¿Ese era tu papá?”.
–Nunca nadie fue preso. Nunca alguien pagó por esto –retoma Berta en 2026–. Porque hubiéramos podido hacer algunas cosas, cuando había otros compañeros vivos.
El 24 de abril de 1957 la Corte Suprema de Justicia –tras un largo derrotero de la denuncia del “fusilado que vive”– falló que el expediente debía pasar a la justicia militar. Los responsables fueron absueltos. “Dejó para siempre impune la masacre de José León Suárez”, escribió Walsh.
El 17 de junio de 2026, 70 años después, el Juzgado Federal N°2 de San Martín a cargo de Alicia Vence comenzará un juicio de recuperación histórica. Berta y su hija Majo, junto al resto de los familiares de los asesinados, acusan al Estado por delitos de lesa humanidad. Mencionan el rol de Aramburu, Rojas y Fernández Suárez. Es probable que en el proceso de su testimonio el sobreviviente Livraga, que vive en Estados Unidos.
Según una fuente con acceso a la causa, un familiar de Aramburu llamó al juzgado para averiguar el estado del expediente.
–En los noventa aún estaba vivo el sorete de Desiderio –recuerda Berta–. Queríamos iniciarle un juicio en la provincia. Recién nos armábamos como comisión de familiares de los fusilados, pero no salió.
Sobre la mesa hay ejemplares de Operación Masacre e Historia de una investigación, el diario personal que escribió Enriqueta Muñiz, mientras colaboraba con Walsh. En una pared verde cuelga una enorme bandera de Boca Juniors. En otra, un cuadro del Che Guevara. En un rincón hay cuatro tanques de oxígeno. Son de Berta.
–Desde que soy bebé, vi toda la lucha de mi vieja y el resto de los familiares por mantener viva la memoria de lo que pasó –dice Majo, de 40 años–. Y también cómo muchos se fueron yendo de a poco. Como nieta, siempre hablo con los más jóvenes. En escuelas, universidades. Pero es tarea de la militancia mantener vivo ese legado. Para que la historia no se repita.
Berta asiente y mira su celular. Le llega un mensaje. Alguien encontró el aviso necrológico de Fernández Súarez que se publicó en el diario La Nación el 10 abril de 2001.
Hace zoom en la imagen.
FERNANDEZ SUAREZ, Desiderio Argentino, Cnl. (R), q.e.p.d., falleció el 9-4-2001. – Sus hijos Carlos, Mario y Oscar, sus hijas políticas, sus nietos, bisnietos, su sobrino Marcelo Fernández y Sra. Hilda Rodríguez participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
–Esto está buenísimo –dice Berta. La sonrisa socarrona.
–¿Qué está buenísimo? –le pregunta Majo.
–Saber que este hijo de puta está muerto.
***
El 10 de febrero de este año, vía decreto 97, el presidente Javier Milei designó en un importante cargo a un familiar directo del cerebro de Operación Masacre.
Leandro Fernández Suárez, nieto del teniente coronel de la Libertadora, hijo de su hijo Oscar Alberto, es hoy embajador en México.
Diplomático de carrera –ingresó al servicio exterior en 1993– fue ascendido por Alberto Fernández. Pero en los últimos años se ganó la confianza de Karina Milei por su rol diplomático en Miami.
El embajador aparece en fotos recientes sosteniéndole un paraguas a Milei en un día de lluvia.
No aceptó hacer declaraciones para esta nota.
***
Abajo. Más abajo. En el tercer subsuelo del Cementerio de la Chacarita, dentro del Mausoleo de las Fuerzas Armadas, los nichos de generales y militares se amuran en la pared gris.
Los pasillos son anchos, la luz de algunas lamparitas rebota en el mármol frío.
La placa 1117 sólo dice “Cnel. Desiderio Fernández Suárez”.
Una bandera argentina envuelve su cajón marrón, junto a un florero vacío.
–No lo vienen a ver mucho –dice un encargado de overol azul.
Nadie fuera de su familia lo despidió cuando murió a los 92 años el 9 de abril de 2001. Ni los Aramburu, ni los Rojas, ni otros apellidos mandaron condolencias. Sólo el diario La Nación sacó aquel recuadro recordando su muerte, cuatro días después. Un familiar del exjefe de la policía comentó allí que Fernández Suárez “nunca se arrepintió de nada”.
–Acá hay mucha historia enterrada –retoma el encargado –Tenés desde coroneles que lucharon por la independencia hasta soldados de Malvinas.
Pero el nicho de Fernández Suárez no tiene flores, ni una descripción que lo recuerde. Apenas una chapa dorada con su nombre y rango. A dos metros, los restos de los exdictadores Juan Carlos Onganía y Roberto Viola.
Fernandez Suárez descansa en un osario de lesa humanidad. Desde el 2016 nadie paga los costos de mantención de su nicho. La deuda es de 460 mil pesos.
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