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DEFENDAMOS NUESTRO GOLFO

La Legislatura de Rio Negro aprobó en primera vuelta con 42 votos a favor y solo 1 en contra, este jueves 25 de agosto el proyecto de ley presentado por el gobierno de Arabela Carreras y acompañado por todos los bloques que conforman la legislatura provincial, para modificar la Ley N° 3.308 (Ley de Hidrocarburos provincial) que data de 1999 con el objetivo de construir un oleoducto y una terminal desde la cual exportar petróleo de Vaca Muerta.

La ley denominada como “Ley Lasalle” debido al ex legislador radical Alfredo Lasalle en su Art 1 prohibe expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. El artículo 15 del proyecto de ley modifica el artículo 1º de la Ley Nº 3308, que impide la instalación de oleoductos o gasoductos y de terminales para carga y descarga de buques.

Es bueno aclarar que si bien se recuerda a la ley con el nombre del legislador, dicha norma surge de la movilización y accionar de los pueblos costeros hace 27 años quienes juntaron más de 12 mil firmas con la campaña “NO al oleoducto” para decirle que no en 1995 al proyecto de YPF que instaba construir un oleoducto desde Puesto Hernández provincia de Neuquén, hasta 15 km al sur de Las Grutas. La actividad turística y pesquera, históricas fuentes de trabajo genuino y perdurable, no podían ponerse en riesgo dentro de un ambiente valioso y sensible, que apenas hacía dos años había sido declarado Área Natural Protegida con el nombre de Bahía de San Antonio. La inmediata reacción de los habitantes fue contundente.

La pesca, el turismo y el desarrollo sustentable son incompatibles con el proyecto de construcción del oleoducto de YPF desde vaca muerta hasta Punta Colorada. Sin embargo la lógica del partido provincialista que gobierna Rio Negro es que las actividades siempre son compatibles. Así quedó demostrado con las habilitaciones para que YPF perfore en Allen desde el 2013 entre medio de la producción frutícola. Allen, productora de peras por excelencia, hoy es una zona de sacrificio.

Video. Luciano Cutrera

UNA SESIÓN PARA EL OLVIDO

El miembro informante sobre el proyecto de Ley en la sesión del jueves 25 de agosto, fue el legislador por JSRN (Juntos Somos Rio Negro) Sebastián Caldiero (circuito Alto Valle Oeste) quien hizo hincapié en fundamentar la modificación de la ley para “poder sentarse en la mesa de discusión” ya que con la ley existente Rio Negro se encuentra sin siquiera la posibilidad de analizar proyectos y propuestas. Que si bien como afirmó Caldiero “hay un interés nacional en todo esto”, la idea es modificar, para poder analizar y discutir, basándose en el debate como principio de todo, en función de mejorar las condiciones de vida de los rionegrinos y rionegrinas.

No debió pasar mucho tiempo para que Luis Noale, legislador por el FdT, expresara que el proyecto no se debatió, y salió en primera vuelta con mucha rapidez, aunque todos los bloques acompañaron sin chistar. Y aclaró que mucho menos se escuchó a organizaciones ambientalistas, vecinos y vecinas, o bien a quienes viven de la pesca o el turismo en el mismo Golfo de San Matías. Más allá de la contradicción bien planteada por Noale, el legislador circuital por la costa atlántica también dio su voto positivo a la modificación dando de este modo la espalda a sus representados . El único voto negativo fue del legislador Pablo Barreno del bloque del FdT por el cicuito Valle Inferior.

Y como suele pasar en política tampoco se demoró mucho en que quedaran expuestas las verdaderas intenciones políticas del proyecto que por supuesto pisaron el discurso informativo del cipoleño Caldiero, cuando otros legisladores de diversos bloques hincaron el ojo específicamente en el ducto que proyecta realizar YPF con una inversión millonaria ya anunciada. Se olvidaron del debate, y se expresaron abiertamente a favor del proyecto como si ya estuviese definido.

LA LUCHA SIEMPRE EN LA CALLE

Las asambleas del Currú Leufe, representante de las Asambleas socio-ambientales de la provincia de Río Negro se expresaron, “la gobernadora de Río Negro, legisladores provinciales y el intendente del Municipio de San Antonio Oeste desconociendo la legislación provincial y la voluntad popular, se expresaron públicamente a favor de la exportación de gas por el Puerto San Antonio Este. Incluso el intendente Casadei decretó esta intención de interés municipal (decreto N°1847/21).”

Agregaron también que “es un paso más en la profundización del extractivismo. La ciudadanía rionegrina ya ha dado sobradas cuentas de conocimiento de sus derechos, es clara al momento de posicionarse frente a proyectos que acuñan peligro de contaminación de nuestras zonas frágiles y productivas y suman “El modelo de desarrollo propuesto por el gobierno da continuidad a las políticas de saqueo que han sido ininterrumpidas y acordadas por todos los gobiernos, nacional y provinciales. Todo esto en connivencia con el empresariado y el poder judicial, quienes vienen trabajando para romper todas y cada una de las matrices productivas históricas de nuestra provincia y no cesan en promover proyectos que privilegian a los grandes empresarios del país, que sólo dejarán destrucción en nuestros territorios”.

Para finalizar “Estamos convencidxs que en su defensa seremos muchxs e incansables. Instamos a todos los vecinos y vecinas de nuestro territorio a construir un espacio que unifique la lucha ambiental con la social y la económica, a partir de otras formas de desarrollo”.

En el comunicado emitido por el colectivo Multisectorial Golfo San MatiasDefendamos nuestro golfo se informó que la modificación viola principios básicos de jurisprudencia ratificados por el país y asentados en el Acuerdo Regional de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe”, también aportaron que el principio de no regresión dice que la normativa ambiental no puede alterarse para vulnerar derechos ambientales ya adquiridos. También se violenta el principio de progresividad de la Ley General de Ambiente, la cual establece que se debe ir hacia una mayor protección ambiental, nunca retroceder”.

Hay tiempo hasta la segunda vuelta en la legislatura el 9 de septiembre para poder frenar la modificación de la ley 3.808. Habrá actividades durante la semana y el mismo día de la sesión frente a la legislatura provincial.

Defendamos el Golfo Azul.
NO a la modificación de la ley 3.808.

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    «Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos, la calificación jurídica y se postergó el dictado de la pena. Entendemos que la audiencia de control de acusación a Mizzau ha devenido abstracta», dijo el fiscal Iglesias. Lo hizo porque ahora, tras la admisión de su conducta, lo único que resta para Mizzau es que le fijen el monto de la condena.

    Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei

    El contador público Mizzau era quien firmaba los estados contables de Logística Santino, empresa de Alvarado. Según fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) también fue él quien gestionó el pedido de habilitación municipal para el instituto geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, una empresa integrada por Viviana Alvarado y Daniel Martín. Según los fiscales provinciales, y para los jueces que condenaron, este geriátrico era una firma de Esteban Alvarado, quien figuraba como empleado para simular ingresos legales.

    El hijo de este contador que certificó balances o gestionó permisos comerciales para el grupo de Alvarado se llama Sebastián Mizzau y es empleado de la Justicia Federal de Rosario. Mizzau hijo entró en 2017 como empleado del juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque sin rendir concurso, como una buena cantidad de empleados, en base a la relación de amistad que su padre mantiene con el magistrado federal. Trabajó en ese juzgado hasta 2024, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.

    Fernando Whpei

    Mizzau era también, como lo reconoció el mismo juez, quien llevaba las cuentas personales de Bailaque, quien dijo jamás haber sabido de la relación de su contador y amigo con el grupo de Alvarado. La intervención de Mizzau como asistente profesional de Alvarado aparecía en anexos que estaban en la causa que el mismo Bailaque llevaba contra el narcotraficante que está condenado a perpetua por comercio de droga y como ideólogo de homicidio.

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    Los fiscales que investigan una trama de corrupción que incluye actores institucionales pidieron diez años de prisión

    para Bailaque por acciones que le atribuyen y que implican extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de dinero. También solicitaron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el de las dádivas.

     

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  • El fiscal del caso Adorni está decidido a ir a fondo: «Está lleno de inconsistencias»

     

    El fiscal Gerardo Pollicita aguarda la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni para cotejar esos datos con los requerimientos de justificación patrimonial que ya solicitó a través de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

    Fuentes al tanto de la investigación comentaron a LPO que el fiscal «buscó hasta lo que Adorni gasta para el seguro del auto». La frase marca el grado de precisión que habría alcanzado en la pesquisa que le delegó el juez Ariel Lijo.

    El magistrado se prepara por estas horas para viajar a París, a un encuentro organizado por el GAFI, junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El viaje en el que ambos van a coincidir alimentó la sospecha en tribunales acerca de un nuevo intento de acercamiento por parte del gobierno para frenar la investigación contra el jefe de Gabinete.

    De hecho, LPO reveló que Karina Milei experimentaba un creciente malestar con el viceministro Santiago Viola, quien se quedó con el cargo de Sebastián Amerio con la promesa de aliviar las causas judiciales que atormentaban a la secretaria general de la Presidencia y su hermano, Javier Milei.

    Cumbre de Karina y Menem tras la explosiva revelación del contratista de Adorni

    En ese contexto, Lijo aceptó hablar con Mahiques pero le pidió que corran a Viola, a quien ya le dicen «Pitufo» en los pasillos judiciales. «Perfecto que nos vamos a juntar en París y que no viene Viola», habría dicho el magistrado.

    Sin embargo, las especulaciones sobre una eventual pleitesía del juez con la Rosada por el caso Adorni parece improbable por la acumulación de documentación reunida por el fiscal. «Pollicita ya tramitó el requerimiento de justificación patrimonial y parece que Adorni está lleno de inconsistencias», graficaron a LPO.

    Pollicita ya pidió requerimiento de justificación patrimonial y parece que Adorni está lleno de inconsistencias.

    En rigor, la tarea del fiscal será determinar la sospecha sobre el delito de enriquecimiento ilícito y cuál es su magnitud comparando la información aportada como elemento de prueba por la DAFI y la declaración jurada del funcionario. La conclusión no es una interpretación del fiscal sino una ecuación de suma y resta para clarificar si existía un nivel de ingresos acorde a los gastos verificados.

    Quienes conocen a Pollicita advierten que «está dispuesto a ir a fondo». LPO había publicado que Adorni había querido llegar a él a través de los oficios de Mahiques pero que, cuando el ministro lo contactó por teléfono para cumplirle ese favor al jefe de Gabinete, el fiscal cortó la comunicación abruptamente. «No le importa el gobierno ni Milei, Karina o Adorni», aseguran.

     

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    Destituir a Adorni: el regalo político que la oposición podría hacerle a Milei

     

    Mientras crecen las denuncias, los pedidos de renuncia y las iniciativas parlamentarias contra Manuel Adorni, una pregunta empieza a recorrer los pasillos del Congreso: ¿conviene impulsar su destitución o es el propio Gobierno el que necesita que alguien le resuelva un problema que no sabe cómo enfrentar? La paradoja es que una victoria opositora podría terminar siendo un salvavidas para Milei.

    Por Roque Pérez para NLI

    El oficialismo quedó atrapado en una contradicción de difícil salida. Durante meses construyó un discurso basado en la superioridad moral y en la supuesta diferencia ética respecto de la «casta». Sin embargo, las revelaciones sobre el patrimonio, las declaraciones contradictorias y la admisión de fondos no declarados por parte de Manuel Adorni convirtieron a quien debía ser uno de los principales defensores del Gobierno en su mayor dolor de cabeza.

    Milei decidió sostenerlo públicamente, incluso cuando el costo político comenzó a crecer dentro y fuera del Congreso. La estrategia parece clara: mostrar fortaleza, denunciar una persecución política y evitar que una renuncia sea leída como una admisión de culpa. Pero esa misma decisión lo deja atado a un funcionario cuya permanencia desgasta todos los días un poco más el discurso anticorrupción libertario.

    Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política

    Una salida que el Gobierno no puede ejecutar

    En política muchas veces el problema no es saber qué hacer sino quién paga el costo.

    Si Milei le pide la renuncia a Adorni, reconocerá implícitamente que la oposición tenía razón al denunciar irregularidades y que el relato de la transparencia absoluta era mucho más frágil de lo que prometía. Además, quedaría expuesto frente a su propia base electoral, después de haber defendido al funcionario en reiteradas oportunidades.

    Pero existe otro escenario mucho más conveniente para la Casa Rosada: que sea el Congreso el que resuelva el problema.

    Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política, denunciar un supuesto intento de desestabilización y, al mismo tiempo, desprenderse de un funcionario cuya continuidad complica cada negociación legislativa y cada aparición pública.

    Paradójicamente, aquello que hoy aparece como una derrota institucional podría convertirse en una oportunidad para relanzar la gestión con un nuevo jefe de Gabinete y sin asumir el costo directo de haber desplazado a uno de sus hombres de confianza.

    El riesgo de una victoria táctica

    No sería la primera vez que una oposición consigue un triunfo parlamentario que termina fortaleciendo al oficialismo.

    Si la salida de Adorni se produce por presión del Congreso, Milei podría reconstruir el relato afirmando que respetó las instituciones mientras denuncia que los sectores tradicionales impidieron que su funcionario continuara en funciones. La discusión dejaría de concentrarse en las inconsistencias patrimoniales y pasaría a girar alrededor de una presunta persecución política.

    El foco se desplazaría del escándalo hacia el conflicto institucional, un terreno donde el oficialismo ha demostrado capacidad para movilizar a su electorado.

    Por eso algunos sectores opositores empiezan a preguntarse si una destitución inmediata es la mejor estrategia o si resulta más conveniente mantener abierto el caso, impulsar investigaciones, exigir explicaciones y dejar que el desgaste siga acumulándose sobre el Gobierno.

    El dilema de la oposición

    La discusión ya no pasa solamente por la responsabilidad política de Adorni sino por las consecuencias de cada movimiento.

    Destituirlo significaría obtener una victoria simbólica importante contra un funcionario cuestionado, pero también podría liberar a Milei de una carga que hoy consume buena parte de su capital político.

    Mantenerlo en el cargo, en cambio, obliga al Presidente a seguir justificando contradicciones, responder nuevas denuncias y sostener un discurso anticorrupción cada vez más difícil de defender.

    En ese contexto, la oposición enfrenta una decisión compleja: castigar a un funcionario o dejar que el propio Gobierno continúe pagando el costo de sostenerlo. Porque a veces, en política, el golpe más efectivo no es derribar una pieza sino obligar al adversario a seguir cargándola.

     

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