Una de las leyes que se puso sobre la mesa en el debate por la Despenalización del Aborto es la LEY 26150/06 o Ley ESI «Educación Sexual Integral. Quienes se opusieron a la despenalización durante todo el debate recurrieron al E.S.I como herramienta educativa fundamental para prevenir embarazos no deseados que podían finaliza en abortos clandestinos. Argumentando que dicha ley, ya vigente, era una posible solución a la problemática.
Una vez desaprobada la ley de despenalización, los grupos opositores que enarbolaban la Ley ESI para rechazar la legalización, hoy dirigen la atención a la modificación de la misma.Lo que ayer curaba, hoy enferma. La ley se sancionó hace 12 años, el Estado Nacional le viene recortando su presupuesto durante los últimos tres, y ahora entró en revisión al darle ingreso en la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la cámara de Diputados de la Nación. .
La ley en vigencia debe garantizar la Educación Sexual Integral. Los cuadernillos destinados a los niveles inicial, primario y secundariofueron elaborados por equipos interdisciplinarios y se basan en la pedagogía acorde a las distintas edades para educar en materia de sexualidad para su aplicación. Es expuesta frente al alumnado por profesionales acompañados de sujetos que han vivenciado experiencias relacionadas con la temática trabajada en esa jornada y en determinadas ocasiones las familias son invitadas a participar.
La campaña que se está desarrollando a nivel nacional contra la ESI tiene tres piezas fundamentales: La Iglesia y sus centros de educación, la filiación entre el estado y la Iglesia, y parte de la comunidad de padres que tiene hijos en centros de educación laica.
No debería llamarle la atención a los padres que se interesan en la educación de sus hijos encontrarse con una convocatoria pública para asistir o ser parte de ésta campaña nacional pre-configurada y trasladada a cada ciudad de la mano de organizaciones con fuertes vínculos con entidades religiosas que puedan pagar espacios privados para reuniones en nombre del movimiento «Padres auto convocados» que simula una falsa naturalidad, y sería otra pata más de la red interesada en esta modificación.
La Red Federal de Familias lanzó la campaña «No autorizo». Y elaboraron una «carta modelo» para que los padres envíen a las autoridades de los colegios donde estudian sus hijos para prohibirles tener ESI. «Entendemos que la formación moral de nuestra familia y la educación que pretendemos para nuestros hijos, no puede ser contradicha con contenidos informativos de cuya elaboración no participamos», expusieron desde la red.
Si nos toma desprevenidos podemos creer en cierta espontaneidad en la actividad, pero en realidad nos encontramos con una red que tiene un alto nivel de organización y de financiamiento a lo largo y a lo ancho de todo el país.
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Paolo Rocca aprovechó un viaje de Sandra Pettovello a Dubai para forzar al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a presentar un proyecto sobre «Libertad Educativa» este lunes, en una reunión de asesores del Consejo de Mayo, el ámbito creado por Javier Milei para darle forma al insustancial Pacto de Mayo.
La iniciativa de Rocca y Torrendell, a la que accedió LPO en exclusiva, es un mamotreto de 34 páginas y 136 artículos que barre brutalmente con la Ley Nacional de Educación, sancionada en 2006, y transfiere a las familias el poder de decisión para definir la oferta educativa para sus hijos.
El dueño de Techint se da el lujo de impulsar el proyecto gracias a los hombres de su cantera que metió en el gobierno libertario. Así como logró colar a Julio Cordero como secretario de Trabajo, también impuso al ex director de la Escuela Técnica Rocca, Ludovico Grillo, como director del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).
Con un secretario de Estado y un director nacional, le sobran bíceps para tomarle a Pettovelo el ministerio de Capital Humano. Pero la jugada de Rocca con Torrendell acaso avance sobre terreno firme por la bronca de Karina Milei contra Pettovello, tal como reveló LPO después del escándalo de las coimas de la Andis, cuando la secretaria general de la Presidencia sospechó de la ministra y quiso correrla para poner al secretario de Educación.
El borrador del proyecto fue circulado por Torrendell y cuenta con anotaciones formuladas al margen del archivo por el director nacional de Gestión Universitaria, Matías Zubiría, un funcionario ubicado bajo el paraguas del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro «Galleguito» Álvarez. Zubiría apunta, sobre todo, contra dos artículos que tocan la ley de Educación Superior y pondrían en pie de guerra, otra vez, a las universidades.
El proyecto Techint modifica a través del artículo 126° el artículo 6° de la ley de Educación Superior, atacando la autonomía universitaria con definiciones de actividades formativas «sincrónicas» y «asincrónicas». «Hablar de qué es cada cosa es limitar lo creativo que podría venir del propio sistema», avisó.
Pettovello.
También modifica los parámetros para pautar el presupuesto, un tema explosivo. «El aporte estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo, la actividad científica y tecnológica y otros criterios que defina el Consejo Interuniversitario Nacional, aplicando estos criterios para asignar montos incrementales», dice el artículo 128°.
El dueño de Techint se da el lujo de impulsar el proyecto gracias a los hombres de su cantera que metió en el gobierno libertario. Así como metió a Julio Cordero en Trabajo, impuso a Ludovico Grillo en el INET.
Zubiría advierte que ese tópico se cambió en el artículo 58° de la ley vigente, fijando que «el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional».
Como sea, fuentes del Consejo de Mayo reconocieron ante LPO que también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger, tenía prevista una reunión con algunos de sus miembros, para explicar la importancia del proyecto que debería pasar por el Congreso. «Torrendel aprovecha que Pettovello está en Dubai de vacaciones para presentar el proyecto, en tándem con Sturzenneger», comentaron.
LPO consultó tanto al entorno de Torrendel como de Pettovello. Cerca del secretario de Educación no brindaron explicación alguna mientras que en el equipo de la ministra alegaron desconocimiento sobre la agenda del Consejo de Mayo. Nada respondieron sobre las vacaciones en Dubai.
Rocca viene de lanzar duras críticas al gobierno de Milei en el encuentro de empresarios de la semana pasada. «Con la política monetaria no alcanza», dijo, y reclamó la intervención del Estado para el desarrollo: «Argentina necesita una estructura industrial fuerte. No puede irse solo con recursos naturales».
En efecto, Rocca mencionó las falencias del sistema educativo la semana pasada en la convención de la UIA, tal como informó LPO. «El sistema educativo debe volver a la esfera nacional», planteó el dueño de Techint, y criticó la provincialización de los 90′ que fragmentó el sistema: «Hay algo que no está funcionando como debería», dijo.
Torrendel aprovecha que Pettovello está en Dubai de vacaciones para presentar el proyecto, en tándem con Sturzenneger.
Sin embargo, el título III del proyecto se mete con criterios de financiamiento previstos en la Ley de Financiamiento Educativo promulgada en 2005 y vuelve a desmontar la responsabilidad del Estado nacional en el sostenimiento de las escuelas y el salario de los docentes. Si bien el expediente Techint establece una responsabilidad compartida entre el gobierno central y las provincias en su artículo 67°, también fija la «complementariedad» entre las jurisdicciones para que «el Estado apoye a las instituciones educativas y actores sociales cuando éstos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación, sin reemplazar su iniciativa ni limitar su autonomía».
El rumor de la existencia de este proyecto puso en alerta a los sindicatos docentes, porque propondría un retorno a etapas de fin del siglo pasado. De hecho, la desregulación de los 90′ atendía a desligar al Estado nacional de la responsabilidad para sostener a las escuelas en las provincias, con los salarios de los docentes y sus auxiliares.
