Una de las leyes que se puso sobre la mesa en el debate por la Despenalización del Aborto es la LEY 26150/06 o Ley ESI «Educación Sexual Integral. Quienes se opusieron a la despenalización durante todo el debate recurrieron al E.S.I como herramienta educativa fundamental para prevenir embarazos no deseados que podían finaliza en abortos clandestinos. Argumentando que dicha ley, ya vigente, era una posible solución a la problemática.
Una vez desaprobada la ley de despenalización, los grupos opositores que enarbolaban la Ley ESI para rechazar la legalización, hoy dirigen la atención a la modificación de la misma.Lo que ayer curaba, hoy enferma. La ley se sancionó hace 12 años, el Estado Nacional le viene recortando su presupuesto durante los últimos tres, y ahora entró en revisión al darle ingreso en la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la cámara de Diputados de la Nación. .
La ley en vigencia debe garantizar la Educación Sexual Integral. Los cuadernillos destinados a los niveles inicial, primario y secundariofueron elaborados por equipos interdisciplinarios y se basan en la pedagogía acorde a las distintas edades para educar en materia de sexualidad para su aplicación. Es expuesta frente al alumnado por profesionales acompañados de sujetos que han vivenciado experiencias relacionadas con la temática trabajada en esa jornada y en determinadas ocasiones las familias son invitadas a participar.
La campaña que se está desarrollando a nivel nacional contra la ESI tiene tres piezas fundamentales: La Iglesia y sus centros de educación, la filiación entre el estado y la Iglesia, y parte de la comunidad de padres que tiene hijos en centros de educación laica.
No debería llamarle la atención a los padres que se interesan en la educación de sus hijos encontrarse con una convocatoria pública para asistir o ser parte de ésta campaña nacional pre-configurada y trasladada a cada ciudad de la mano de organizaciones con fuertes vínculos con entidades religiosas que puedan pagar espacios privados para reuniones en nombre del movimiento «Padres auto convocados» que simula una falsa naturalidad, y sería otra pata más de la red interesada en esta modificación.
La Red Federal de Familias lanzó la campaña «No autorizo». Y elaboraron una «carta modelo» para que los padres envíen a las autoridades de los colegios donde estudian sus hijos para prohibirles tener ESI. «Entendemos que la formación moral de nuestra familia y la educación que pretendemos para nuestros hijos, no puede ser contradicha con contenidos informativos de cuya elaboración no participamos», expusieron desde la red.
Si nos toma desprevenidos podemos creer en cierta espontaneidad en la actividad, pero en realidad nos encontramos con una red que tiene un alto nivel de organización y de financiamiento a lo largo y a lo ancho de todo el país.
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«Mi mamá entró caminando al Hospital Italiano Centro de Rosario. Salió a los 36 días en un féretro. En el medio sufrimos incertidumbre, falta de explicaciones y un indecible destrato de parte de la institución donde estuvo», dice Ivana Esteban. Su madre, Rosa Campos, es una de las 25 personas que en Rosario, quedó acreditado, murió por la administración de una ampolla de fentanilo contaminado en el laboratorio Ramallo de HLB Pharma.
Con enorme emotividad y al mismo tiempo gran carga política, testimonios como éste se repitieron durante tres horas este lunes desde mediodía, cuando se reunió la comisión investigadora de las muertes por fentanilo de la Cámara de Diputados en Rosario, la ciudad que con 49 víctimas fatales registra la mayor cantidad de muertes en el país por la contaminación de dos partidas del laboratorio, que tiene a sus principales directivos presos, el principal el dueño de la compañía, Ariel García Furfaro. En todo el país hasta ahora hay contabilizadas 124 muertes por esta crisis sanitaria.
Muchos familiares lograron correrse de la afectación personal para pedir respuestas institucionales. Lo hizo Ivana Esteban al cerrar su intervención. «Hablamos de muertes pero no estamos usando la terminología correcta. Esto fue una masacre. Si el fentanilo hubiera sido controlado no habría pasado esto. Han destruido jefes de hogar. Necesitamos al Estado ayudando a las familias como cuando hay una inundación.
La gente damnificada no sabe a quien contactar. Esto es una emergencia sanitaria y estamos hablando como si fueran hechos aislados», dijo. «Cambiemos la historia. Seamos un país serio. La salud es lo más importante y el valor supremo. Agradezco que estemos acá. Pero no esperen que los salgamos a buscar. Vengan ustedes a nosotros», les dijo a los diputados presentes.
La sesión fue un muestrario de personas quebrantadas no solo por la desaparición física de sus seres queridos, sino por la lejanía o el maltrato que casi sin excepción atribuyeron a los centros de salud privados donde las víctimas estuvieron internadas, en más del 90 por ciento de los casos a partir de cuadros no graves.
Desde la comisión que preside la socialista Mónica Fein, ex intendente de Rosario, dijeron que todavía está pendiente identificar lotes de las partidas contaminadas. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) repasó que el fentanilo adulterado fue adquirido por 51 efectores sanitarios públicos o privados en cinco distritos: Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Formosa y ciudad de Buenos Aires.
Poder completar el mapa de víctimas de Rosario, dijo Tolosa, va a llevar un tiempo tal como señaló en su resolución el juez federal Ernesto Kreplak a cargo de la causa. Reseñó que en Santa Fe compraron partidas contaminadas 22 centros de salud. Los que tuvieron víctimas fatales en Rosario fueron el Hospital Italiano sede sur con cinco, el Hospital Italiano sede centro con 14, el Sanatorio Parque con once, el Sanatorio de Niños con dos, el Instituto Cardiovascular Rosario (ICR) con cuatro, el Sanatorio Laprida con cinco, el Hospital Municipal Clemente Alvarez (HECA) con ocho.
Familiares y legisladores subrayaron que lo que se busca es generar mecanismos de trazabilidad y control de medicamentos inyectables, frente a las omisiones de Anmat y de otros organismos de regulación en niveles nacionales y provinciales.
Los diputados nacionales Mayoraz, Ansaloni y Carignano.
Los testimonios de quienes tienen víctimas fueron muy concretos en cuanto a la soledad y el desconcierto por el que pasaron cuando sus familiares pasaban por cuadros súbitamente graves frente a la sintomatología de poca complejidad que había motivado las consultas. Fue muy marcada la crítica para el trato desdeñoso o agraviante del personal médico del Hospital Italiano y del Grupo Oroño (que nuclea a los sanatorios Parque, de Niños e ICR). También dijeron que era marcado el menosprecio cuando al Italiano llegaban pacientes derivados por PAMI e imploraron a los legisladores que se ocuparan de modo especial ante esto.
Ivana Esteban contó que llevó al Italiano a su madre, que tenía un cuadro controlado de diabetes y tenía una enfermedad cardíaca, el 1º de marzo. «Mi mamá era afiliada a Pami. Supuestamente estaba unas horas y nos íbamos porque ella estaba bien. La intubaron supuestamente por una bacteria». Dijo que la impresionó a lo largo de los días la cantidad de decesos en la terapia intensiva.
«Veíamos todo el tiempo que salía gente muerta. Supuestamente lo causaba una bacteria que no tenía nombre. Decíamos revisen algo porque se está mueriendo gente. Tuvimos un enorme destrato. Los partes médicos eran muy hostiles con los médicos poniéndose a salvo. Nos trataban como una mercancía. Como si estuviéramos ahí pidiendo limosna», dijo.
En un momento la diputada Vilma Ripoll intervino cuando se reiteraban las objeciones al trato inhumano que los familiares, decían estos, recibieron en el Hospital Italiano que tiene 19 muertos contabilizados hasta ahora en Rosario.
«Quiero decirles a los familiares que el dueño del Italiano de Rosario es el Grupo Tita de Rafaela. Y el dueño del Grupo es Carlos Tita que es un peso pesado muy vinculado a (Ricardo) Lorenzetti de la Corte Suprema. Así que no va a ser una pelea fácil porque esto tiene cobertura», sostuvo la legisladora del MST.
Los testimonios fueron duros y movilizantes. Lo que sigue es una síntesis. Los damnificados pidieron acompañamiento a los legisladores y remarcaron que se sentían conformes con el trabajo del juez Kreplak y la cercanía que mantuvo con ellos.
Claudia Alejandra Pérez: «Gracias por venir a escucharnos. No vengo a hacer sentir cómodo a nadie. Ahora escuchamos que son todos víctimas. Las víctimas son los que están bajo tres metros de tierra. Abuelos, padres, niños. Nosotros también somos víctimas porque nos destruyeron. El 31 de marzo lo llevé a mi esposo al Centro de Emergencias Rosario por una emergencia intestinal. Para el cirujano fue una urgencia. Salió delicado e intubado. A los días se decidió una segunda operación. Ahí comenzó el desmejoramiento de mi marido. Le cambiaron la medicación y las sondas. La terapia del Sanatorio Parque tiene lo último y parece una nave espacial. ¿Pero se puede tener la última tecnología y no investigar esta bacteria? A mi marido me lo dieron envuelto en una sábana. El 90 por ciento tendría que haber vuelto a casa porque no entraban por enfermedades graves. Pero no volvieron. Sigo esperando que el señor Villavicencio (apellido del fundador del Grupo Oroño) me explique qué pasó porque se le moría gente en sus tres sanatorios. ¿Por qué compraron medicamentos a mitad de precio a un laboratorio que tenía más de cien denuncias? Los testimonios de terapia en las víctimas eran calcados. Personas que estaban bien y de golpe se morían. Cuando sigan los allanamientos en sanatorios van a ver que 124 muertes no es nada. Quiero repudiar la falta de humanidad y de empatía que tuvieron con nosotros. Los empleados del laboratorio trabajaron con desidia. Los diálogos que están en la causa no se pueden creer. Hay mamás que no van a ver nunca graduarse a sus chiquitos. Mi esposo no va a saber nunca que le digan abuelo o llevarla al altar algún día. Nos destrozaron. No tienen idea lo solos que nos dejaron. En mi caso el dueño del Sanatorio Parque. En otros el del Hospital Italiano».
Mario Lugones, el ministro de Salud.
Ana María Carranza: «Mi nena Ana Belén fue internada porque tenía neumonía en un solo pulmón. Estuvo mal atendida en la guardia. Me dijeron que se despertaba «si la ves bien te la llevas». Pero la llevaron después a terapia. Convulsiones febriles, no le paraba la fiebre, hasta siete antibióticos juntos. Desde el 2 de abril estuvo 40 días en terapia. Todos los días moría gente como moscas. Pregunté qué iba a pasar con mi hija. Me dijo «esto es terapia, la gente que está acá se muere». La iban a pasar a piso. La misma médica me informó que tuvo un paro cardiorrespiratorio y había fallecido. Los enfermeros hacen lo que pueden. A nivel médico todo pésimo. Una nena sana. Una persona que estaba bien. Me la entregaron muerta».
Estefanía Ferrari: El factor común a todos los familiares es la falta de humanidad en el Hospital Italiano Centro de Rosario. No deben pasar estas cosas en la sociedad. Esto fue una masacre. Y encima la falta de humanidad que tuvieron los profesionales. Yo entré con mi papá caminando para una cirugía programada y me lo devolvieron con un acta de defunción. Tenemos que recibir un trato digno. Además del maltrato hubo problemas de infraestructura serio. Olor nauseabundo en la sala UTI y hormigas coloradas en la cama de pacientes intubados. Mi papá, Luis Ferrari, muere el 1º de junio y pedimos la historia clínica. Se broncoaspiró mientras yo le daba de comer. A esos ojos pidiéndome auxilio no los voy a olvidar más. La falta de ayuda fue dolorosa e indignante. No puede pasar nunca más esto».
En la audiencia estuvieron los diputados nacionales Pablo Yedlin, Germán Martínez, Cristian Castillo, Carlos Castagneto, Eduardo Toniolli, Nicolás Mayoraz, Eduardo Valdez, Florencia Carignano, Esteban Paulon y las mencionadas Fein y Ripoll. Se acercaron también diputados provinciales santafesinos y concejales de Rosario.
«Esto fue un hecho delictivo. Hubo un grupo de personas que se organizaron para envenenar. Una droga que debían fabricar que vulnerando todos los controles llegó a los familiares de ustedes. Descubrimos que la ley de trazabilidad opioides e inyectables no tenía la obligación de identificar la ampolla que se le aplicaba a cada paciente. Esto es lo que tenemos que cambiar», dijo Silvina Giudice, del PRO.
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