Una de las leyes que se puso sobre la mesa en el debate por la Despenalización del Aborto es la LEY 26150/06 o Ley ESI «Educación Sexual Integral. Quienes se opusieron a la despenalización durante todo el debate recurrieron al E.S.I como herramienta educativa fundamental para prevenir embarazos no deseados que podían finaliza en abortos clandestinos. Argumentando que dicha ley, ya vigente, era una posible solución a la problemática.
Una vez desaprobada la ley de despenalización, los grupos opositores que enarbolaban la Ley ESI para rechazar la legalización, hoy dirigen la atención a la modificación de la misma.Lo que ayer curaba, hoy enferma. La ley se sancionó hace 12 años, el Estado Nacional le viene recortando su presupuesto durante los últimos tres, y ahora entró en revisión al darle ingreso en la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la cámara de Diputados de la Nación. .
La ley en vigencia debe garantizar la Educación Sexual Integral. Los cuadernillos destinados a los niveles inicial, primario y secundariofueron elaborados por equipos interdisciplinarios y se basan en la pedagogía acorde a las distintas edades para educar en materia de sexualidad para su aplicación. Es expuesta frente al alumnado por profesionales acompañados de sujetos que han vivenciado experiencias relacionadas con la temática trabajada en esa jornada y en determinadas ocasiones las familias son invitadas a participar.
La campaña que se está desarrollando a nivel nacional contra la ESI tiene tres piezas fundamentales: La Iglesia y sus centros de educación, la filiación entre el estado y la Iglesia, y parte de la comunidad de padres que tiene hijos en centros de educación laica.
No debería llamarle la atención a los padres que se interesan en la educación de sus hijos encontrarse con una convocatoria pública para asistir o ser parte de ésta campaña nacional pre-configurada y trasladada a cada ciudad de la mano de organizaciones con fuertes vínculos con entidades religiosas que puedan pagar espacios privados para reuniones en nombre del movimiento «Padres auto convocados» que simula una falsa naturalidad, y sería otra pata más de la red interesada en esta modificación.
La Red Federal de Familias lanzó la campaña «No autorizo». Y elaboraron una «carta modelo» para que los padres envíen a las autoridades de los colegios donde estudian sus hijos para prohibirles tener ESI. «Entendemos que la formación moral de nuestra familia y la educación que pretendemos para nuestros hijos, no puede ser contradicha con contenidos informativos de cuya elaboración no participamos», expusieron desde la red.
Si nos toma desprevenidos podemos creer en cierta espontaneidad en la actividad, pero en realidad nos encontramos con una red que tiene un alto nivel de organización y de financiamiento a lo largo y a lo ancho de todo el país.
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Dina Migani dirige la Secretaría de medio ambiente del gobierno de Rio Negro, además es dueña de Quinpe SRL una empresa que vende químicos a empresas de fracking. Quinpe fue denunciada por un ex empleado por contaminar con químicos peligrosos en las acequias que se usan para riego en Fernández Oro y que terminan en el Rio Negro.
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública Nº 01/2021 para la adquisición de 192.000 litros de hipoclorito de sodio que se destinarán a las plantas potabilizadoras de la ciudad y la ubicada en General Enrique Godoy. El presupuesto oficial es de $6,4 millones y el valor del pliego es de $23.000….
El juego está por comenzar. Las participantes han sido modificadas genéticamente y tienen una independencia como nunca antes. Nadie lo podría creer con certeza, pero ellas están listas para el desafío. No hay que dar tantos rodeos y, por eso, pasamos a presentarlas: Once manos moviéndose por sí mismas: manos de tenistas, ajedrecistas, golfistas, futbolistas,…
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En la imputación del lobista de la Justicia Federal de la Nación Santiago Busaniche, señalado por participar en una trama extorsiva donde está implicado el ex juez federal rosarino Marcelo Bailaque, se abrió un pasadizo imprevisto y explosivo que roza a otro magistrado. En plena audiencia los defensores dijeron que el ex director de ARCA en Santa Fe, Carlos Vaudagna, involucrado en este mismo chantaje, mantenía un vínculo oscuro por dinero con el secretario privado del juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros.
Los defensores Débora Lichtmann y Diego Pirotta afirmaron que Vaudagna, que está implicado por corrupción institucional en al menos siete causas federales, mantiene diálogos con Jorge Abboud, secretario privado del juez federal Carlos Vera Barros, donde hacen referencia a dinero.
Vera Barros es precisamente el juez que firmó órdenes de allanamiento concretadas el pasado 16 de octubre contra Santiago Busaniche, un escribano santafesino señalado como un hombre vital en las designaciones de la Justicia Federal en CABA, Santa Fe y Rosario y en el tráfico de favores internos, muy vinculado también al campo de los servicios de inteligencia.
La mención adquiere sentido porque Vaudagna está imputado de haber organizado junto al ex juez federal Bailaque, que estuvo en funciones hasta el 1º de julio, una extorsión donde un agente de Bolsa al que le abrieron una causa, Claudio Iglesias, aseguró haber pagado 160 mil dólares de 200 mil solicitados para que le cerraran una causa penal.
Esta referencia es importante porque desde hace meses en Rosario hay una fuerte crisis institucional donde altos funcionarios con posiciones relevantes en el Estado aparecen envueltos en cobros de sobornos o retornos en el ejercicio de sus funciones. Pasó con el ex juez federal Bailaque, con el juez federal civil y comercial Gastón Salmain y ahora se deslizaron sospechas hacia el juzgado de Vera Barros.
La audiencia fue fijada para imputar a Busaniche por acordar con Vaudagna aspectos que terminarían en la extorsión al agente de Bolsa de Rosario Claudio Iglesias. Pero eso ni se llegó a tratar porque los defensores pidieron el apartamiento en bloque de todos los fiscales por una supuesta falta de ecuanimidad al investigar.
Los defensores Débora Licthmann y Diego Pirotta
Los defensores mencionaron entonces lo que para ellos es una omisión hacia Vera Barros y Abboud como uno de los motivos por los cuales recusaban a los cinco fiscales federales que estaban para imputar a Busaniche. Lo que señalaron es un supuesto proceder selectivo y omisivo del contenido del teléfono secuestrado a Vaudagna de donde surgen múltiples delitos. Decían que los fiscales eligen cargar las tintas contra Busaniche pero no contra otras personas que tienen funciones institucionales relevantes que aparecen en ese celular.
Allí mencionaron como ejemplo de discrecionalidad de los fiscales hacia Abboud y Vera Barros porque, dijeron, sobre estos funcionarios judiciales no impulsaron actuaciones. Lo leyó en público, ante un mínimo de 25 personas conectadas por zoom a la audiencia, la defensora Lichtmann. Dijo que Vaudagna le dice al secretario de Vera Barros.
–«Querido tenemos que reunirnos porque se vienen las vacaciones, para hablar respecto de lo nuestro, lo necesito para las vacaciones», leyó Lichtmann indicando que eso dice Vaudagna.
–«Si, yo estoy camino a Baires por algo que me mandó Carlos y tenemos que hablar algo en la Corte», responde Abboud según la abogada.
«Vaudagna le dice al secretario privado de Vera Barros que necesita algo para irse de vacaciones. Presumiblemente algún dinero que se le debía», subrayó la abogada. «No analizaron estas conversaciones con un funcionario del juzgado que ordenó los allanamientos de Busaniche», sostuvo. «Lo que se nota es la relación de Vaudagna con Vera Barros era a través de su secretario privado. Los mensajes son mucho más extensos. Para mencionar lo que los fiscales no quisieron ver», enfatizó.
«Había una relación poco clara entre el secretario del juez y Vaudagna que vamos a denunciar. No aparece en ese diálogo que se trata de una deuda personal. En ningún momento se hace alusión a que el dinero que se le adeuda es personal. Es algo que el doctor Velasco debería atender», sostuvo Lichtmann en relación al fiscal jefe de la Procuración de Lavado de Activos Diego Velasco, uno de los miembros del plantel acusador.
Este medio consultó al juez Vera Barros por un eventual descargo ante lo volcado en audiencia. «La confrontación de la defensa de Busaniche parece ser con los fiscales. Yo intervine en una causa en la que ordené el aprovechamiento de lo que se secuestrara en el allanamiento de Busaniche por una investigación que lo relaciona con el juez federal civil Gastón Salmain. No estoy en la audiencia, pero esto me parece una postura defensista. Es una estrategia de la defensa y no me parece apropiado decir más por ahora», le dijo a este medio.
También sostuvo la defensora en su arremetida crítica contra los fiscales que Vaudagna habla con muchas otras personas, en actitudes que sugieren prácticas ilícitas, como el empresario periodístico de Santa Fe Nahuel Caputto. «Aquí va nuestro planteo. ¿Vieron esto los fiscales o no lo vieron? Creo que lo vieron pero no quisieron mencionarlo».
En realidad hay actuaciones fiscales precisamente contra Vaudagna en curso en la fiscalía federal de Santa Fe contra Caputto, que tiene además expedientes anteriores, aunque no se formalizó imputación. Esto por una derivación del fiscal de Reconquista Roberto Salum que fue quien primero accedió a los contenidos de Vaudagna y los distribuyó a colegas según la jurisdicción de competencia.
«La confrontación de la defensa de Busaniche parece ser con los fiscales. Yo intervine en una causa en la que ordené el aprovechamiento de lo que se secuestrara en el allanamiento de Busaniche por una investigación que lo relaciona con el juez federal civil Gastón Salmain. No estoy en la audiencia, pero esto me parece una postura defensista. Es una estrategia de la defensa y no me parece apropiado decir más por ahora».
«Vaudagna tiene siete causas alrededor de la provincia de Santa Fe por este teléfono. Se dividieron las causas en Reconquista Santa Fe y Rosario. Se avanza con lo que se avanza. Pero está en el teléfono. Se avanzó con lo que teníamos elementos. Tan simple como eso», dijo el fiscal Velasco al responder el pedido de recusación. «En el teléfono de Vaudagna hay muchísima información. La tienen todas las partes desde que exhibimos las pruebas. Todas las defensas las tienen. Y también estaba a disposición de la defensa desde mucho antes. El teléfono de Vaudagna está a disposición de las partes desde que el señor juez autorizó a entregar todo su contenido antes de la audiencia de formalización», replicó.
Lichtmann rezongó amargamente porque LPO publicó detalles sobre lo que compromete a su cliente Busaniche antes de que se formalizara la imputación. «La Política Online publica lo que las partes no saben. Este medio de comunicación tiene las conversaciones de la investigación que entiendo usted señoría no debería conocer. Pero si quiere puede leer para enterarse porque LPO las tiene antes que las tenga el expediente. Aparentemente LPO tiene novedades más apresuradas de lo que tiene esta parte defensiva», sostuvo la abogada.
«Ustedes tenían la prueba contra ese juez (Vera Barros) y a ese juez le pidieron medidas para allanar a nuestro cliente. No estamos hablando de un acto de corrupción. Si tienen pruebas de cargo contra un juez las tienen que usar. No pueden elegir. Es un juez de la jurisdicción. Se nota que hablaban de plata. ¿Hicieron algo con eso? Era vox populi en la jurisdicción que existía esto y que ustedes lo conocían y no hicieron nada», dijo el defensor Diego Pirotta.
Busaniche fue señalado reiteradamente a este medio como un enlace inorgánico y relevante de servicios de inteligencia. El defensor Pirotta actúan para el estudio de Darío Richarte, que fue subjefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el mandato presidencial de Fernando de la Rúa. El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz rechazó el pedido de recusación contra los fiscales.
