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DE E.S.I. SE HABLA

Una de las leyes que se puso sobre la mesa en el debate por la Despenalización del  Aborto es la LEY 26150/06 o Ley ESI «Educación Sexual Integral. Quienes se opusieron a la despenalización durante todo el debate recurrieron al E.S.I como herramienta educativa fundamental para prevenir embarazos no deseados que podían finaliza en abortos clandestinos. Argumentando que dicha ley, ya vigente, era una posible solución a la problemática.

Una vez desaprobada la ley de despenalización, los grupos opositores que enarbolaban la Ley ESI para rechazar la legalización, hoy dirigen la atención a la modificación de la misma. Lo que ayer curaba, hoy enferma. La ley se sancionó hace 12 años, el Estado Nacional le viene recortando su presupuesto durante los últimos tres, y ahora entró en revisión al darle ingreso en la comisión de  Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la cámara de Diputados de la Nación. .

La ley en vigencia debe garantizar la Educación Sexual Integral. Los cuadernillos destinados a los niveles inicial, primario y secundario fueron elaborados por equipos interdisciplinarios y se basan en la pedagogía acorde a las distintas edades para educar en materia de sexualidad para su aplicación. Es expuesta frente al alumnado por profesionales acompañados de sujetos que han vivenciado experiencias relacionadas con la temática trabajada en esa jornada y en determinadas ocasiones las familias son invitadas a participar.

La campaña que se está desarrollando a nivel nacional contra la ESI tiene tres piezas fundamentales: La Iglesia y sus centros de educación, la filiación entre el estado y la Iglesia, y parte de la comunidad de padres que tiene hijos en centros de educación laica.

No debería llamarle la atención a los padres que se interesan en la educación de sus hijos encontrarse con una convocatoria pública para asistir o ser parte de ésta campaña nacional pre-configurada y trasladada a cada ciudad de la mano de organizaciones con fuertes vínculos con entidades religiosas que puedan pagar espacios privados para reuniones en nombre del movimiento «Padres auto convocados» que simula una falsa naturalidad, y sería otra pata más de la red interesada en esta modificación.

La Red Federal de Familias lanzó la campaña «No autorizo». Y elaboraron una «carta modelo» para que los padres envíen a las autoridades de los colegios donde estudian sus hijos para prohibirles tener ESI. «Entendemos que la formación moral de nuestra familia y la educación que pretendemos para nuestros hijos, no puede ser contradicha con contenidos informativos de cuya elaboración no participamos», expusieron desde la red.

Si nos toma desprevenidos podemos creer en cierta espontaneidad en la actividad, pero en realidad nos encontramos con una red que tiene un  alto nivel de organización y de financiamiento a lo largo y a lo ancho de todo el país.

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    Operativo cobardía frente al departamento de Adorni: blindaje policial ante el anuncio de una clase pública

     

    Un impresionante despliegue policial con decenas de efectivos y más de 20 móviles rodeó el departamento no declarado de Manuel Adorni en Caballito, en simultáneo con el anuncio de una protesta inédita: docentes universitarios que decidieron llevar el aula a la calle para denunciar el ajuste. La escena expone una postal brutal de prioridades del gobierno.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El contraste fue imposible de ignorar. De un lado, cientos de efectivos, móviles policiales y un operativo de seguridad desproporcionado desplegado en un barrio porteño. Del otro, docentes universitarios dando clases públicas en la vereda, con pizarrones improvisados y consignas contra el ajuste educativo. Todo se dará frente al departamento en Caballito que el propio Manuel Adorni admitió haber comprado y que no figuraba en su declaración jurada.

    Un operativo que generó más preguntas que respuestas

    Según distintas crónicas y registros que circularon durante la jornada, el gobierno montó un fuerte operativo policial con más de 20 móviles y una presencia masiva de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del edificio. La magnitud del despliegue no pasó desapercibida: vecinos, estudiantes y docentes lo interpretaron como un intento de blindar políticamente a un funcionario en medio de un escándalo patrimonial.

    El dato no es menor. El departamento en cuestión había salido a la luz recientemente, en medio de cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. El propio Adorni reconoció la propiedad en una conferencia, luego de que trascendiera su existencia.

    Clases públicas frente al poder

    En paralelo, docentes y estudiantes universitarios llevarán adelante una medida tan simbólica como contundente: clases públicas frente al domicilio del funcionario. La iniciativa fue impulsada como forma de visibilizar el impacto del ajuste sobre la educación superior.

    La protesta no surgió de la nada. Según datos difundidos por organizaciones docentes, el sector perdió cerca de un 36% del poder adquisitivo, en un contexto de congelamiento salarial y crisis presupuestaria.

    La consigna fue clara: exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el vaciamiento del sistema. En ese marco, la elección del lugar —la casa de uno de los principales voceros del gobierno— no fue casual.

    La postal del ajuste

    La escena que se vive en Caballito sintetiza una tensión que atraviesa toda la coyuntura: recursos estatales destinados a la seguridad de funcionarios, mientras la educación pública se moviliza para sobrevivir.

    Mientras los docentes daban clases abiertas —en muchos casos con contenidos sobre economía, política y derechos sociales—, detrás se desplegaba un cordón policial que recordaba más a un operativo de alto riesgo que a una manifestación pacífica.

    Un conflicto que escala

    La protesta frente al domicilio de Adorni no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio de conflictividad en el ámbito universitario, que incluye paros, movilizaciones y renuncias masivas en distintas instituciones.

    En ese contexto, la decisión de responder con un operativo de gran escala agrega un nuevo elemento: la securitización del conflicto social, incluso cuando se trata de manifestaciones docentes.

     

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