Cumbre urgente la derecha boliviana en medio de la crisis del gobierno por el caso Cerimedo

Cumbre urgente la derecha boliviana en medio de la crisis del gobierno por el caso Cerimedo

 

La detención de Fernando Cerimedo por el presunto intento de homicidio a la abogada y ex pareja, Nadia Beller, de tres tiros en la puerta de un hotel en Santa Cruz. 

Beller dio un brutal testimonio en el que acusa al ex cerebro digital de Javier Milei de presuntos negocios ilegales con el presidente y su esposa y afirmó que Cerimedo tenía más poder que el propio Paz y que hacía negocios con la esposa del jefe de estado. 

Esto fue una bomba expansiva al gobierno que tuvo que salir de despegarse de la figura de su ahora ex asesor personal y garantizar todas las condiciones de seguridad para Beller y la investigación judicial. 

Rodrigo Paz publicó casi en la medianoche del martes un pateo en ex que «los hechos de violencia están llegando a extremos insospechados, con repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Como Presidente y Gobierno, estamos profundamente consternados por lo que está ocurriendo y estamos solicitando la colaboración de todos los niveles, tanto nacionales como internacionales, para enfrentar esta situación». 

El caso Cerimedo complica al gobierno de Paz en Bolivia 

El texto continuó: «Quiero expresar mi solidaridad con la Sra. Nadia Beller ante los hechos ocurridos. He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido». 

La Sra. Beller debe contar con toda la seguridad y las garantías necesarias, al igual que el proceso de investigación, que debe desarrollarse con absoluta transparencia e independencia. La verdad debe estar por encima de todo, para que la justicia prevalezca y se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia

«La Sra. Beller debe contar con toda la seguridad y las garantías necesarias, al igual que el proceso de investigación, que debe desarrollarse con absoluta transparencia e independencia. La verdad debe estar por encima de todo, para que la justicia prevalezca y se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia», concluyó.

Samuel Doria Medina.

Sin embargo, este tibio pronunciamiento no termina de explicar el grado de poder de Cerimedo en su gobierno. Pero, mientras el Ministerio Público de Bolivia imputó Cerimedo y solicitó 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, Paz enfrenta una enorme crisis política.  

De la cumbre participarán Jorge «Tuto» Quiroga del Partido Libre, Samuel Doria Medina de Unidad y Manfred Reyes Villa de APB cuyos bloques suman 70 de 130 diputados de la Asamblea Plurinacional y 20 de 36 senadores.

En ese marco, los principales bloques de derecha convocaron una reunión de urgencia para definir la posición frente al gobierno. 

De la cumbre participarán Jorge «Tuto» Quiroga del Partido Libre, Samuel Doria Medina de Unidad y Manfred Reyes Villa de APB cuyos bloques suman 70 de 130 diputados de la Asamblea Plurinacional y 20 de 36 senadores.

Una fuente de la política boliviana consultada por LPO afirmó que «van a discutir las condiciones del adelantamiento de elecciones en un contexto de extrema debilidad del gobierno. Lo van a bajar».  

La crisis política ya se expresó con el dos tercios de los votos de la Asamblea en favor de la censura al ministro de Economía por un caso de corrupción.

 

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  • Los socialistas le advierten a Pullaro que no aceptarán un acuerdo con Milei

     

    Los socialistas santafesinos les advirtieron a sus socios de la coalición que gobierna la provincia que se pondrán en una opción contraria a la de Javier Milei en el proceso electoral que viene. También hicieron una crítica clara al intendente de Rosario Pablo Javkin que está en el mismo espacio político. Y hablaron de recuperar espacio ante docentes y trabajadores estatales que están notoriamente enfrentados con el gobernador Maximiliano Pullaro.

    Estos planteos son una ratificación, con una tonalidad ahora más fuerte, de insinuaciones que se distancian de los sectores del radicalismo y del PRO que componen Unidos, la alianza multipartidaria que gobierna Santa Fe y de la que el Partido Socialista es parte.

    Fue durante un locro en Rosario donde se reunieron cinco mil militantes de toda la provincia frente a legisladores, intendentes y autoridades del socialismo santafesino, por los 130 años de vida partidaria. Allí el presidente del partido en Santa Fe y diputado provincial Joaquín Blanco se plantó de punta hacia sectores asociados en el oficialismo provincial. También dejó claro que el PS disputará protagonismo en 2027.

    Preocupados por las encuestas, Karina y Santilli retoman el diálogo con los gobernadores y le dan a Pullaro la ruta de los puertos

    Quedó en evidencia la fisura histórica que hay con el intendente Pablo Javkin, quien desde un espacio aliado hace seis años terminó desalojando al socialismo de treinta años de control de la Intedencia de Rosario, y con quien hay una indisimulada pica histórica. Blanco fue muy crítico del criterio político de la administración donde cuestionó «mediocridad», «improvisación» y también a los «especuladores de la política».

    Políticos que comentaban ese contenido en el acto deslizaron a LPO que el señalamiento no era solo para Javkin sino también para Juan Monteverde, dirigente de centroizquierda aliado al peronismo, que fue en las últimas elecciones el dirigente opositor más destacado.

    «Lo que se cuestiona es que desde el socialismo vemos una noción superficial de la política en las opciones de Javkin y Monteverde. El socialismo en 30 años perfiló una ciudad basada en grandes líneas de planificación cultural, con ejes muy fuertes que perduraron en descentralización, en proyectos de profunda transformación urbana, en bienestar social de los más postergados. Hoy lo que hay no supera la discusión por obras de nivel comunal y no se ven políticas que dejen una marca perdurable e histórica en la ciudad», le dijo a este medio un dirigente histórico del socialismo.

    Maxi Pullaro

    Desde el triunfo de Javkin y la muerte del ex gobernador Miguel Lifschitz el socialismo si bien tuvo presencia en la gestión provincial, en especial al ser el partido que mayor cantidad de diputados obtuvo en la última renovación legislativa, quedó lejos de alcanzar el protagonismo de otras épocas, cuando obtuvo tres gobernaciones consecutivas y cuatro intendentes en Rosario que revalidaron sus mandatos en la ciudad que tiene el 40 por ciento de la población provincial.

    Blanco, que fue el último orador, se perfila en un rol protagónico en el socialismo santafesino, y dentro del partido lo ubican como posible candidato a gobernador el año próximo. En referencia a Rosario, reconoció que la ciudad «respira otro aire después de años de violencia», pero en ese pespunte crítico sostuvo que «necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años».

    También tuvo un significado que el presidente provincial del partido le haya mentado a Pullaro un punto débil, el suyo con los trabajadores públicos, con los cuales la actual gestión mantuvo una disputa, en especial con el sector docente por la implementación de un programa de asistencia perfecta o presentismo y por una reforma previsional.

    «Sabemos que Milei es malo. No hace falta que lo repitamos. Pregunten a cualquier comerciante, pregúntenle a aquel trabajador precarizado, pregúntele a aquel empresario pyme que ve la máquina parada en su taller. Binner se le plantó a Menen en los noventa. El socialismo hoy está en la vereda de enfrente de Milei», dijo.

    Sabemos que Milei es malo. No hace falta que lo repitamos. El socialismo hoy está en la vereda de enfrente de Milei

    Esto significa una distinción a la vez que una ambigüedad. El socialismo critica a Milei pegado a un gobernador que dice de una manera enfática y sin desvíos que frente a una opción electoral próxima que enfrente a algún referente relacionado al kirchnerismo con uno libertario no dudará en respaldar a esta última. Los socialistas tendrán que tomar una opción más que ante Milei, ante Pullaro.

    Hasta ahora se defendieron señalando que una opción es el nivel nacional y otra el provincial donde el gobernador santafesino impulsa la obra pública, la infraestructura vial, el crédito productivo y que pese a las tensiones los escucha. Por ejemplo en muchos aspectos de la reciente Constitución reformada en 2025. «Si la nueva Constitución mantiene derechos de los que nos enorgullecemos es gracias a la participación de los convencionales socialistas», dijo Varinia Drisun, diputada socialista que también habló en el acto.

    Las menciones seductoras hacia los docentes y los trabajadores estatales, un espacio que confronta abiertamente con el gobierno radical, pudo haber sido algo que Pullaro supiera de antemano. En Santa Fe el oficialismo apuesta a armar una Paso provincial fuerte para elegir gobernador en abril próximo. El actual mandatario es el que cuenta con más chances de ser el candidato del espacio. Pero una competencia con otros postulantes como Blanco en la primaria pueden dejar al espacio fortalecido frente a los opositores, en especial al que pueda ser candidato libertario.

    En las últimas contiendas las disputas con LLA terminaron en escenarios de tercios y muy ajustadas. Por eso un socialismo que mantenga adhesiones de espacios como docentes, que el pullarismo de alguna manera dispersó, conviene al propio gobernador.

    En el acto de 130 años de vida del socialismo estuvieron los diputados provinciales Rubén Galassi, Lionella Cattalini, Mariano Cuvertino, Gisel Mahmud, Rossana Bellatti, Leonardo Calaianov, Fabián Cejas, Charo Mancini, Sergio Rojas y Sofía Masutti. También los intendentes de Villa Gobernador Gálvez Alberto Ricci, de Recreo Omar Colombo, de Sunchales Pablo Pinotti, de Alvear Carlos Pighin, de Las Toscas Iván Sánchez, de San José de la Esquina, Ezequiel Ruani y presidentes comunales, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia. Estuvieron el diputado nacional Esteban Paulón y la presidenta del partido Mónica Fein.

     

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    El trabajo que aparece en las estadísticas, pero cada vez alcanza para menos

     

    La discusión sobre el empleo argentino ya no puede reducirse a saber cuántas personas tienen trabajo. El desempleo convive con informalidad, subocupación, pluriempleo y nuevas formas de contratación, mientras la reforma laboral de 2026 modificó reglas centrales de la relación entre trabajadores y empleadores. Los números oficiales permiten dimensionar el fenómeno, pero la sociología ayuda a entender qué ocurre cuando la incertidumbre laboral deja de ser una excepción y empieza a convertirse en una experiencia cotidiana.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Hay una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia en la Argentina: una persona que trabaja, pero busca otro trabajo. Un empleado que conserva su puesto, aunque empezó a hacer repartos por la noche. Una profesional que se convirtió en monotributista para realizar tareas que antes hacía bajo relación de dependencia. Un trabajador que acepta una ocupación informal porque necesita ingresos inmediatos y otro que acumula varias actividades porque ninguna de ellas, por separado, alcanza para pagar el alquiler, los alimentos y los servicios. Todos están ocupados. Pero no necesariamente todos tienen un empleo que permita construir una vida alrededor del trabajo.

    Ese es uno de los principales problemas que aparecen cuando se mira el mercado laboral exclusivamente a través de la tasa de desempleo. El INDEC informó que en el primer trimestre de 2026 la desocupación alcanzó el 7,8%, mientras que la tasa de empleo fue del 44,8%, la de actividad del 48,6% y la subocupación llegó al 11,1%. Es decir, hay una porción significativa de personas que trabajan menos horas de las que desean y necesitan. La propia estadística oficial incorporó además, desde 2025, una medición específica de la informalidad laboral, reconociendo que el dato sobre cuántas personas tienen o no una ocupación no alcanza para describir la estructura del mercado.

    La fotografía se vuelve todavía más compleja cuando se incorpora la calidad de esos puestos. Según una medición elaborada por el investigador del CONICET Jorge Paz, utilizando una definición amplia que incluye tanto asalariados no registrados como trabajadores independientes de baja calificación, la informalidad alcanzaba aproximadamente al 49% de los trabajadores. La estimación no es idéntica a la medición estadística oficial —y es importante no mezclar metodologías—, pero permite comprender la magnitud del fenómeno desde otra perspectiva.

    La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué significa exactamente estar empleado en la Argentina de 2026?

    La sociología de un trabajador que nunca termina de llegar

    El sociólogo francés Robert Castel utilizó hace décadas una idea que resulta particularmente útil para pensar el presente: el trabajo no es solamente una fuente de ingresos, sino también uno de los principales mecanismos de integración social. El empleo estable permite construir vínculos, acceder a derechos, proyectar una familia, organizar el tiempo y establecer una relación relativamente previsible con el futuro. Cuando esa estabilidad se erosiona, no desaparece solamente una parte del salario: se debilita también una estructura social.

    La investigación argentina sobre mercado laboral viene señalando precisamente esa dimensión. Estudios del CONICET sobre informalidad, precariedad y segmentación laboral advierten que la inseguridad ocupacional no se distribuye al azar y que la calidad del empleo tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de caer o permanecer en la pobreza. Una investigación de Jésica Pla, Santiago Poy y Agustín Salvia encontró que la clase ocupacional y la calidad del empleo mantienen efectos persistentes sobre la probabilidad de experimentar pobreza, mientras que la inseguridad laboral atraviesa distintos grupos sociales.

    Esto permite comprender por qué la precarización tiene una dimensión sociológica que no aparece inmediatamente en una planilla de estadísticas. Cuando una persona no sabe cuánto va a ganar el mes próximo, cuándo terminará su contrato, si podrá mantener sus horas de trabajo o si deberá aceptar una segunda ocupación, cambia su relación con el futuro. La incertidumbre se incorpora a la vida cotidiana.

    Y cuando esa incertidumbre se vuelve colectiva, también modifica comportamientos sociales. Se posterga la compra de una vivienda, se demora la decisión de tener hijos, se reemplaza el consumo duradero por gastos inmediatos, se prolonga la convivencia con los padres, se abandona una actividad educativa para conseguir ingresos o se aceptan trabajos por debajo de la calificación profesional. No hace falta que todos esos fenómenos aparezcan juntos para que exista un cambio estructural: alcanza con que una parte creciente de la población deje de sentir que el trabajo constituye una plataforma segura para proyectarse.

    La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea precisamente que la informalidad no debe analizarse solamente como ausencia de registro, sino en relación con derechos, productividad, protección social y oportunidades de desarrollo. En su actualización conceptual publicada en 2025, la organización advierte que las formas contemporáneas de informalidad son diversas y requieren políticas de transición hacia la formalidad que garanticen trabajo decente.

    La cuestión, entonces, no es únicamente cuántos argentinos están «en negro». Es qué tipo de ciudadanía social produce una economía donde una parte importante de sus trabajadores carece de las protecciones asociadas al empleo formal.

    La reforma laboral y el nuevo mapa de derechos

    Aquí aparece el costado jurídico, que tampoco puede separarse de la discusión económica. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece que el trabajo «en sus diversas formas» debe gozar de protección legal y menciona expresamente condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, retribución justa y protección contra el despido arbitrario. No se trata de una declaración decorativa: constituye el marco constitucional dentro del cual deben interpretarse las leyes laborales.

    Pero en 2026 ese marco comenzó a convivir con una modificación importante de la legislación ordinaria. La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y publicada en marzo, introdujo cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en distintos regímenes laborales. Entre otras cuestiones, modificó el esquema de cálculo de la indemnización por despido, estableció nuevas reglas sobre determinados componentes remunerativos y habilitó que mediante convenios colectivos pueda sustituirse el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral financiado por el empleador.

    También creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a colaborar con el cumplimiento de determinadas obligaciones e indemnizaciones laborales. Y la reforma estableció un régimen específico para los prestadores independientes de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, definiéndolos jurídicamente como independientes y fijando determinados derechos sin que estos constituyan, por sí mismos, indicios de una relación de dependencia.

    Esto último resulta especialmente relevante desde una perspectiva sociológica. Una parte del nuevo mundo laboral se está construyendo alrededor de trabajadores que no encajan cómodamente en la vieja división entre empleado y trabajador autónomo. El repartidor que se conecta cuando quiere puede ser presentado como un emprendedor independiente; pero si su ingreso depende de una plataforma, de sus algoritmos, de las tarifas que esta determina y de una demanda que no controla, la discusión sobre dónde termina la autonomía y dónde comienza la subordinación seguirá abierta.

    Especialistas en derecho laboral que analizaron la nueva legislación han señalado precisamente que la reforma modifica cuestiones sensibles como el período de prueba, las jornadas y el llamado banco de horas, el cálculo indemnizatorio, los fondos de cese, las plataformas y la presunción de laboralidad.

    El Gobierno puede sostener que estas modificaciones buscan reducir la litigiosidad, facilitar contrataciones y generar mayor previsibilidad para las empresas. Esa es una hipótesis económica legítima que deberá contrastarse con los resultados. Pero también existe una pregunta jurídica y social diferente: ¿cuánto puede flexibilizarse una relación laboral antes de que la flexibilidad deje de funcionar como instrumento para generar empleo y empiece a trasladar sistemáticamente el riesgo económico hacia quien trabaja?

    No existe una respuesta automática. Y justamente por eso no alcanza con decir que una reforma es «pro trabajador» o «anti trabajador». Hay que mirar qué derechos cambia, qué obligaciones modifica, qué incentivos genera y, sobre todo, qué ocurre después con el empleo real.

    El dato que falta: no solamente cuánto empleo hay, sino qué empleo estamos construyendo

    Existe además una paradoja que atraviesa la historia argentina reciente. La informalidad no nació con Milei y sería incorrecto presentarla como una creación de su Gobierno. La Argentina arrastra desde hace décadas un mercado laboral profundamente segmentado. Investigaciones de la OIT ya habían documentado la coexistencia de empleo asalariado informal, trabajo independiente de subsistencia y modalidades atípicas incluso durante períodos en los que la ocupación y los salarios mejoraban.

    Pero reconocer ese problema estructural no significa que todos los gobiernos produzcan los mismos resultados. Las políticas económicas pueden favorecer determinados sectores, destruir otros, modificar los incentivos para contratar formalmente y cambiar la relación entre salarios, productividad y empleo. De acuerdo con datos recopilados recientemente, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 se habían perdido cerca de 400.000 puestos asalariados formales, según registros del Ministerio de Capital Humano citados por El País: alrededor de 250.000 correspondían al sector privado, 130.000 al público y 17.400 al régimen de casas particulares.

    Ese número tampoco puede interpretarse aisladamente como prueba de que cada puesto perdido se convirtió automáticamente en empleo informal. Una parte de las personas puede haber salido de la fuerza laboral, otra puede haber quedado desempleada y otra puede haberse desplazado hacia actividades independientes. Precisamente por eso las estadísticas laborales deben leerse como un conjunto y no como titulares separados.

    La cuestión central aparece cuando se cruzan todos esos indicadores: desocupación, subocupación, informalidad, empleo registrado, salarios y horas trabajadas. Allí comienza a verse una economía en la que tener trabajo no garantiza necesariamente estabilidad y en la que conseguir ingresos puede requerir acumular ocupaciones.

    La propia OIT insiste en que la transición hacia la formalidad requiere políticas integrales y no solamente cambios normativos. En Argentina, su trabajo reciente sobre sectores como construcción, textil y trabajo doméstico pone el foco justamente en las barreras concretas que impiden formalizar empleo y en la necesidad de combinar regulación, incentivos, productividad y protección social.

    Por eso la pregunta más importante para la Argentina de los próximos años no debería ser solamente cuántos puestos de trabajo crea la economía, sino qué clase de puestos está generando.

    Porque una sociedad puede mostrar una tasa de desempleo relativamente contenida y, al mismo tiempo, tener cientos de miles de personas que trabajan sin estabilidad, sin protección suficiente, con ingresos insuficientes o con la necesidad de sumar una segunda ocupación para completar el mes.

    El trabajo sigue estando. Lo que está cambiando es aquello que el trabajo permite construir.

    Y esa diferencia es mucho más profunda que una cifra de desempleo. Es una transformación en la relación entre economía y sociedad, entre trabajador y empresa, entre presente y futuro. También es una discusión sobre el sentido mismo del derecho laboral: si su función consiste simplemente en ordenar contratos entre partes formalmente iguales o si, como reconoce la Constitución, debe intervenir para equilibrar una relación en la que el poder económico de las partes nunca fue exactamente simétrico.

    La respuesta no se encuentra solamente en una ley ni en una estadística. Se va a ver en la vida concreta de quienes trabajan.

     

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