El documental «Cuellos blancos, el caso Vicentin», dirigido por el reconocido periodista y cineasta Andrés Cedrón, ya está disponible de forma gratuita en YouTube. Este filme, que en 2024 se convirtió en un éxito absoluto en los cines de todo el país, llega ahora a una audiencia más amplia a través de la plataforma de videos, permitiendo que más personas accedan a esta obra clave que desentraña uno de los casos de corrupción más resonantes de la Argentina.
El documental, que combina investigación periodística y narrativa cinematográfica, aborda el escándalo de la empresa Vicentin, un caso que sacudió al país y puso en evidencia las complejas redes de poder, corrupción y evasión fiscal en el sector agroexportador. Con un enfoque crítico y revelador, Cedrón logra exponer las conexiones entre el poder económico, político y judicial, ofreciendo un retrato crudo de la realidad argentina.
Sin embargo, el camino de «Cuellos blancos» no estuvo exento de obstáculos. Durante su estreno en 2024, el documental fue censurado por el gobierno en los espacios del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y en la plataforma CineAr, lo que generó un intenso debate sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en el país. A pesar de estos intentos por silenciar la obra, el documental logró trascender y consolidarse como un material imprescindible para entender los mecanismos del poder en Argentina.
Ahora, con su disponibilidad en YouTube, «Cuellos blancos, el caso Vicentin» llega a un público aún más amplio, democratizando el acceso a esta producción que ya es considerada un hito en el cine documental argentino. No te pierdas la oportunidad de verlo y reflexionar sobre uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente del país.
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El exministro de Economía y ex titular del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, cuestionó la falta de rumbo del programa económico y se desmarcó fuerte de dos funcionarios que lo acompañaron durante el macrismo: Toto Caputo y Santiago Bausili.
«No hay ningún programa económico que enamore si no genera empleo, más producción y exportación», afirmó en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires y agregó: «Falta esto en el vocabulario de los que están a cargo de la gestión del Gobierno».
Las críticas de Prat-Gay no parecen casuales. Coinciden con una profunda molestia de buena parte del establishment con Milei y el rumbo económico que motivo que numerosos economistas salgan a advertir que el dólar está atrasado, lo que desequilibró emocionalmente al ministro Caputo.
Prat-Gay también apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus escándalos de corrupción. «Es obvio que estamos en una transición en la que murieron prácticas viejas, como financiar planes sociales sin presupuesto. Lo que no sabemos es si nació lo nuevo. El Gobierno vino a terminar con la casta y lo prebendario, pero el jefe de Gabinete quedó enfrascado en lo que decía que venía a cambiar. Para llevarnos a lo nuevo, los que nos conducen realmente tienen que ser probos y absolutamente éticos», sostuvo.
En relación con la economía, marcó una tensión entre los indicadores macro y la situación cotidiana. «No puede estar bien la macro si la micro está mal. Si el resultado del programa económico es que la micro está mal, entonces está mal el programa», afirmó. También advirtió que el clima social tiende a deteriorarse, con sectores que mejoran y otros que enfrentan un cuadro más complejo.
El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó.
Sobre la sostenibilidad del esquema, identificó dos puntos críticos. El primero es la imposibilidad de acceder al financiamiento externo. «Es paradójico que un gobierno libertario que cumplió todo lo que le pidió Wall Street no logró acceder al mercado internacional de deuda», señaló.
En ese contexto, remarcó que el país enfrenta compromisos en moneda extranjera por unos USD 20.000 millones anuales, sin acceso al refinanciamiento y con reservas internacionales netas negativas.
Frente a ese escenario, fue categórico: «No es sostenible», y aclaró que el superávit comercial de bienes no compensa el resultado negativo cuando se incluyen servicios en la balanza de pagos.
El segundo eje que destacó es la falta de confianza en la moneda local. «La gente no quiere pesos», sintetizó. A partir de allí, describió un mecanismo que se retroalimenta: sin demanda de dinero no hay crédito, sin crédito no hay reactivación, y sin reactivación no se acumulan reservas. «Es el perro que se come la cola», graficó.
En ese marco, planteó una duda central sobre el programa económico: «¿Qué pasa que los argentinos no terminan de confiar en el peso y qué pasa que los acreedores externos no terminan de confiar en el programa? Mientras no se resuelva esto, vamos a estar en una situación muy frágil».
También cuestionó la dinámica inflacionaria. Señaló que, a casi 30 meses de gestión, la inflación mensual se ubica en torno al 3%, por encima de otras experiencias comparables. «El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó», afirmó.
A su vez, observó una falta de coordinación en la estrategia económica. «Los programas tienen que ir sincronizados. Si es shock en lo fiscal, debería ser shock en lo monetario, y viceversa», indicó.
En defensa de su propia gestión, explicó: «No había ningún margen para hacer un shock fiscal cuando yo era ministro. Teníamos a la expresidente [Cristina Kirchner] vivita y coleando, compitiendo por una banca, no estaba presa. Además, lo que pedía el soberano en ese momento es distinto a lo que pide ahora. La audacia de Milei fue leer bien lo que pedían y avanzar rápido en lo fiscal».
Finalmente, si bien no descartó que el programa pueda consolidarse, advirtió que hoy faltan condiciones clave para lograrlo, como crecimiento sostenido y una mejora en la distribución territorial del desarrollo. Cerró con una advertencia: «Que Dios no permita que resucite lo viejo, pero en primer lugar el Gobierno tiene que lograr que no pase.»
Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.
El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.
Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.
La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria
En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.
El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».
Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.
El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:
«No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.
No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo
El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.
En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.
Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.
En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.
A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.
En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.
En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo.
