Cristina Fernández de Kirchner condenada: la Corte Suprema confirmó la pena de 6 años

Cristina Fernández de Kirchner condenada: la Corte Suprema confirmó la pena de 6 años

 

En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. El fallo deja a la exmandataria definitivamente fuera de cualquier carrera electoral.

La información fue confirmada esta mañana y sacudió al sistema político nacional. Cristina Kirchner, actual presidenta del Partido Justicialista, se convierte así en la primera expresidenta del país con una condena firme por corrupción. Su objetivo inmediato era competir por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre, lo cual ahora queda descartado.

El fallo fue unánime, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En su resolución, el máximo tribunal rechazó todos los planteos de la defensa de la expresidenta y dejó firme la condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2. La pena se basa en su responsabilidad por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el contexto de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz otorgadas a Lázaro Báez.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los tres integrantes de la Corte Suprema. Foto: la nación.

Por su edad (72 años), Cristina Kirchner puede solicitar cumplir la condena bajo arresto domiciliario. El fallo también dejó firme su absolución por el delito de asociación ilícita, al considerar inadmisible el recurso del fiscal Mario Villar, quien había pedido una condena más severa.

Los jueces argumentaron que las sentencias anteriores se basaron en “profusa prueba producida” y sostuvieron que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que la defensa no logró demostrar la invalidez del fallo. Afirmaron que las penas impuestas “tutelan el sistema republicano y democrático según las leyes dictadas por el Congreso”.

La causa judicial fue iniciada por Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, y apuntaba a determinar si el empresario Lázaro Báez fue beneficiado de manera indebida con fondos públicos. De las 51 obras adjudicadas, solo se terminaron 27. El decreto 54/2009 fue una de las pruebas clave: modificó un fideicomiso para permitir pagos más ágiles desde Vialidad, lo que, según los jueces, generó un “contexto de opacidad” que facilitó las maniobras delictivas.

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