El Departamento de Bromatología de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los comerciantes reforzar las medidas de prevención establecidas en los protocolos respectivos en el marco de la pandemia COVID-19.
Al respecto, recuerda la importancia de respetar en los diferentes locales el uso obligatorio de tapabocas, el distanciamiento social de 2 metros y la capacidad máxima permitida de clientes de acuerdo a los metros cuadrados de superficie.
La colaboración de todos es fundamental para la prevención del COVID-19.
La interna del gobierno libertario ya está alcanzando niveles absurdos. El acto de Javier Milei en el CCK para homenajear a Adam Smith terminó en una símil disputa de cartel entre Karina Milei y Santiago Caputo, pero por una butaca en primera fila.
Testigos presenciales contaron a LPO que la organización -que responde a órdenes de Karina- no reservó butaca en primera fila para Santiago. Pero el asesor apareció de sorpresa y se sentó igual.
Las fuentes revelaron que a Caputo no le importó que no hubiera cartelito con su nombre y se sentó en la silla que correspondía a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. «Karina no lo podía creer», contaron los testigos.
La organización no reservó butaca en primera fila para Santiago. Pero el asesor apareció de sorpresa y se sentó igual. Karina no lo podía creer
La bronca de Karina aumentó cuando su hermano no tuvo mejor idea que elogiar a Santiago durante el discurso.»Hay una frase que se la debo a Santi Caputo», dijo Milei y comenzaron los aplausos del auditorio.
Pero no todos aplaudieron: la transmisión oficial mostró a Karina con cara de pocos amigos y mirando fijamente a su hermano. A su lado hasta Adorni aplaudía, pero a su jefa no se lo movía ni una pestaña.
«Hemos evolucionado tanto como sociedad que estamos haciendo pensar y hablar a las piedras. Esa es buenísima, felicitaciones», le dijo Milei a su asesor.
El malestar con Santiago es tal que la prensa del Gobierno, que responde a Karina, mandó casi quince fotos de Milei saludando a funcionarios y legisladores, pero ninguna con Caputo que apenas aparece cortado en una. Al asesor ya lo habían sacado de la transmisión oficial de la apertura de sesiones del Congreso.
El Intendente Marcelo Orazi visitó el viernes las instalaciones de Amuchen y dialogó con Mabel Barazzutti y Viviana Silenzi, presidente y vicepresidente respectivamente de la institución que trabaja para brindar un espacio de contención y recreación a niños con discapacidad. En la oportunidad, las integrantes de la Comisión Directiva hicieron entrega al Intendente del protocolo…
Ruta 22 y Avenida Rivadavia, para los que circulan en sentido este- oeste para ingresar a la Estación de Servicio “La Plaza”. Dos en Avenida San Martín, esquina Italia y Cipolletti (lugar conocido como “5 esquinas”), para los que circulan en sentido norte- sur, de la Plaza de los Próceres a la Ruta 22, y…
El Intendente Marcelo Orazi firmó con el Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib el convenio de colaboración con el objetivo de garantizar la seguridad en la elaboración de alimentos. La rúbrica se concretó en Allen y fue encabezado, vía zoom, por la Gobernadora Arabela Carreras. Participaron también autoridades de la ANMAT, además de…
El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..
La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.
Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo
El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.
En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.
El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.
Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas
Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.
El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.
En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.
El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.
Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas
El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.
Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.
La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.
La expansión de la seguridad digital
El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.
En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.
El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.
¿Puede usarse políticamente?
La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.
Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.
En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.
Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.
Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.
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