La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4770 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 9 de julio inclusive.
CIRCULACIÓN
La restricción a la circulación de las personas será entre las 22 y las 6 del día siguiente.
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS
– Las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.
– Las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de DIEZ (10) personas.
– La realización de todo tipo de eventos sociales y recreativos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.
– La actividad de discotecas.
HABILITACIONES ESPECIALES
– Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán funcionar hasta las 24 horas, con un máximo del 50% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante comprobante de consumo o similar.
– Los locales comerciales de cualquier rubro podrán funcionar respetando el horario de circulación habilitado.
– Las farmacias y estaciones de servicio -únicamente para el expendio de combustibles- podrán funcionar durante las 24 horas.
– La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.
– La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 50% del aforo, sin público.
– La actividad deportiva en espacios públicos o privados al aire libre, en grupos de hasta 30 personas, sin asistencia de público.
– La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse sin público asistente, evitando toda aglomeración de personas, en espacios públicos o privados, sean éstos cerrados o al aire libre. No se permite la apertura de bufets, cantinas u otros espacios similares.
– La realización de eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas, en los que deberá observarse, como máximo, un 30% de aforo.
– Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos reducidos de hasta 10 personas con sistema de “burbujas”, según protocolo y con un aforo máximo del 30% del espacio donde se realizan.
– La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 50% de su capacidad.
– La realización de actividades en cines, teatros y salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de espectadores. En las salas de teatros y de espectáculos se permite un 50% de aforo, sin expendio de bebidas y comidas y en los cines se permite un 30% de aforo, con expendio de golosinas y bebidas.
– La actividad de casinos y bingos, durante el horario de circulación permitido, con un aforo máximo del 50% del espacio disponible.
A partir del lunes próximo, se procederá a la colocación de divisores de carriles en la Avenida General Paz, entre Azcuénaga y Belgrano, frente a la Ciudad Judicial. Las tareas estarán a cargo del personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina y se extenderán hasta el jueves de…
El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19. De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor. A…
Emma Contreras es uno de los deportistas locales con mayor proyección en la ciudad. El slackero reginense alcanza altos rendimientos cada vez que se presenta en cualquier evento de Trick. Luego del atípico 2020, del que no estuvieron exentos los deportistas, Emma Contreras se prepara para participar desde el 1 al 4 de abril del…
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
Esta mañana, residentes y trabajadores del Hogar municipal La Esperanza y del Hogar Juan Pablo II recibieron la segunda dosis contra el COVID-19. A un total de 20 personas les fueron aplicadas las vacunas por el personal de Salud Pública. Difunde esta nota
El laboratorio Richmond informó que concluyó la producción de sus primeras 448.625 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, a través de su cuenta de la red social Twitter. El laboratorio Richmond informó que concluyó la producción de sus primeras 448.625 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, a través de…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
