La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4770 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 9 de julio inclusive.
CIRCULACIÓN
La restricción a la circulación de las personas será entre las 22 y las 6 del día siguiente.
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS
– Las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.
– Las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de DIEZ (10) personas.
– La realización de todo tipo de eventos sociales y recreativos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.
– La actividad de discotecas.
HABILITACIONES ESPECIALES
– Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán funcionar hasta las 24 horas, con un máximo del 50% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante comprobante de consumo o similar.
– Los locales comerciales de cualquier rubro podrán funcionar respetando el horario de circulación habilitado.
– Las farmacias y estaciones de servicio -únicamente para el expendio de combustibles- podrán funcionar durante las 24 horas.
– La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.
– La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 50% del aforo, sin público.
– La actividad deportiva en espacios públicos o privados al aire libre, en grupos de hasta 30 personas, sin asistencia de público.
– La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse sin público asistente, evitando toda aglomeración de personas, en espacios públicos o privados, sean éstos cerrados o al aire libre. No se permite la apertura de bufets, cantinas u otros espacios similares.
– La realización de eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas, en los que deberá observarse, como máximo, un 30% de aforo.
– Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos reducidos de hasta 10 personas con sistema de “burbujas”, según protocolo y con un aforo máximo del 30% del espacio donde se realizan.
– La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 50% de su capacidad.
– La realización de actividades en cines, teatros y salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de espectadores. En las salas de teatros y de espectáculos se permite un 50% de aforo, sin expendio de bebidas y comidas y en los cines se permite un 30% de aforo, con expendio de golosinas y bebidas.
– La actividad de casinos y bingos, durante el horario de circulación permitido, con un aforo máximo del 50% del espacio disponible.
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El Gobierno impulsa una reforma laboral que redefine la relación de dependencia, habilita nuevas formas de precarización, reduce indemnizaciones y debilita la negociación colectiva. El texto, presentado para tratar durante las sesiones extraordinarias, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo y reorganiza el mapa de poder entre capital y trabajo.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Un cambio de época escrito en letra chica
El proyecto de “modernización laboral” del oficialismo no es un simple aggiornamiento técnico ni un reordenamiento administrativo. Es un intento explícito de reconfigurar las reglas fundacionales de la relación laboral en Argentina, desde el momento en que una persona empieza a trabajar hasta la forma en que se calcula su indemnización cuando es despedida. Todo el texto está diseñado para mover el péndulo hacia el empleador, reduciendo la protección que la Ley de Contrato de Trabajo consolidó durante décadas y que constituyó uno de los pilares del modelo argentino.
El Gobierno lo presenta como un salto hacia la flexibilidad, la innovación y el empleo moderno. Pero cuando se analizan las modificaciones artículo por artículo, lo que se revela es una arquitectura jurídica pensada para abaratar despidos, diluir la estabilidad, fragmentar la negociación colectiva y habilitar nuevos mecanismos de contratación más débiles.
A continuación, un análisis profundo de las modificaciones más relevantes, ordenadas por grandes bloques temáticos, con explicación detallada y sus efectos concretos sobre la vida laboral de las y los trabajadores.
1. el corazón del proyecto: redefinir quién es trabajador
Reforma del concepto de trabajo y del ámbito de aplicación
La LCT históricamente estableció que toda prestación personal realizada bajo dependencia es trabajo, y por lo tanto merece protección. El proyecto del oficialismo introduce modificaciones que amplían las excepciones y atomizan el régimen.
La clave está en ensuchar el concepto de dependencia, que siempre fue lo que blindó a los trabajadores frente a las falsas modalidades. El proyecto incorpora referencias explícitas a trabajadores independientes, prestadores de servicios, contratos civiles y prestadores de plataformas digitales que podrían quedar fuera de la LCT si el empleador así lo organiza.
Ejemplo concreto
Hoy, si un mensajero de aplicaciones trabaja todos los días, con horarios, instrucciones y control de la empresa, la Justicia puede reconocer la relación de dependencia. Con la reforma, la empresa podrá argumentar —y con aval legal— que se trata de un “prestador independiente” sujeto a regulación específica, reduciendo la posibilidad de reconocimiento judicial.
La consecuencia es un piso mínimo de derechos más bajo y un aumento exponencial de relaciones supuestamente “autónomas” que en realidad son empleo encubierto.
2. la presunción de relación laboral: el golpe más fino del texto
Limitación de la presunción de dependencia
La presunción de que la prestación personal genera contrato de trabajo es una de las piedras angulares de la LCT. Sin ella, cualquier empleador podría disfrazar la relación de mil maneras. El proyecto introduce un límite decisivo: Si existe contrato de servicios, facturación, recibos u otros instrumentos civiles, la presunción de dependencia no operará.
Esto implica que la simple emisión de una factura —algo que hoy se usa masivamente para precarizar— pasará a ser un blindaje para el empleador. La carga de la prueba recae íntegramente sobre el trabajador, que deberá demostrar la subordinación.
Ejemplo concreto
Una diseñadora gráfica que trabaja todos los días para la misma empresa, recibe órdenes y usa equipos provistos por la firma. Si le hacen facturar, ya no podrá invocar automáticamente la presunción de dependencia. Tendrá que litigar durante años, sin ingresos, para que un juez reconozca su situación.
El proyecto multiplica así la precarización legal.
3. la negociación colectiva: una poda que debilita a los sindicatos
Eliminación de la aplicación analógica de los convenios
Uno de los cambios más graves consiste en prohibir que los convenios colectivos se apliquen por analogía o extensión. Es decir, si un trabajador realiza una tarea similar a otra ya regulada, pero no está específicamente contemplado en su convenio, no podrá beneficiarse automáticamente de ese estándar.
Este artículo fractura la herramienta histórica que encontró el movimiento obrero para ampliar derechos, impedir disparidades injustificadas y evitar que los empleadores fragmenten convenios a su gusto.
Qué significa en la práctica
Menos trabajadores cubiertos por protección colectiva.
Más margen para redactar convenios “a medida” en empresas pequeñas.
Mayor debilidad de trabajadores aislados o de sectores nuevos.
Este cambio promueve un modelo laboral de negociación atomizada, donde cada empresa se mueve con su propio “mini-convenio”, debilitando la fuerza gremial.
La reforma del principio protectorio
Además, el proyecto interviene la regla de “norma más favorable”, obligando interpretaciones más restrictivas. Esto limita la posibilidad de que, ante dudas, los jueces elijan la solución más protectora para el trabajador.
El espíritu de la LCT se centra históricamente en compensar la desigualdad estructural entre empleado y empleador. El proyecto la reduce a un principio casi decorativo.
4. indemnizaciones: un recorte estructural
Redefinición de la base de cálculo
El proyecto especifica qué conceptos se incorporan para determinar la indemnización y cuáles quedan fuera. La lógica general es reducir el monto final del despido.
En particular:
Se excluyen o limitan pagos variables y sumas no remunerativas.
Se recalculan promedios de manera que reduzcan el impacto de meses con remuneraciones altas.
Se introducen aclaraciones que favorecen el criterio más bajo cuando hay dudas.
Por qué es un cambio profundo
En Argentina la indemnización tiene carácter disuasivo: busca evitar despidos arbitrarios. Al abaratarla, se incentiva la rotación y se da mayor libertad a las empresas para despedir.
Un empleador hoy puede dudar antes de echar a un trabajador con diez años de antigüedad. Con la reforma, el costo será mucho menor: despedir será más barato.
Otros efectos
Impacto directo en trabajadores con premios por productividad.
Menor protección para trabajadores con salarios compuestos.
Incentivo a convertir partes del salario en pagos no remunerativos.
5. tercerización, agencias de servicios y trabajo eventual
Responsabilidad solidaria reducida
La LCT establece que, cuando una empresa terceriza tareas, la empresa usuaria es solidariamente responsable. La reforma reduce esa responsabilidad al período en que el trabajador prestó tareas “directamente” para la empresa principal.
Esto abre un espacio peligroso: cualquier empresa podrá tercerizar actividades principales sin asumir plenamente las consecuencias.
Legalización de la eventualidad rotativa
El proyecto amplía el margen para contratar mediante agencias de servicios eventuales, con menor representación gremial y menores obligaciones. Esto profundiza un modelo donde:
Un trabajador puede pasar años contratado “a prueba”.
La antigüedad se desdibuja.
La estabilidad desaparece en la práctica.
Ejemplo concreto
Un supermercado podrá cubrir cajas, góndolas, depósitos y logística con personal eventual rotado por agencias, sin integrar nunca al plantel estable.
El efecto es una reconfiguración estructural del mercado de trabajo donde la eventualidad deja de ser excepcional.
6. tiempo de trabajo, vacaciones y “flexibilidad”
Bancos de horas
El proyecto habilita mecanismos que permiten compensar horas extras con descanso, en lugar de pago. En un país con salarios depreciados, esto implica una transferencia directa desde el trabajador hacia la empresa.
Vacaciones y licencias
El texto introduce fórmulas para liquidar vacaciones y calcular retribuciones que, según la redacción, tienden a reducir valores efectivamente percibidos.
Además, se incorporan mayores márgenes para reorganizar jornadas y turnos según “necesidades productivas”, ampliando la flexibilidad unilateral del empleador.
7. economía digital: trabajadores de plataformas
Una categoría paralela sin derechos plenos
El proyecto menciona expresamente a los prestadores de plataformas digitales, remitiéndolos a una regulación posterior. Lo que parece una “precisión técnica” es en realidad una señal política clara: las plataformas no quieren—y el Gobierno no exige—que estos trabajadores entren a la LCT.
Esto consolida un modelo donde:
No hay estabilidad.
No hay indemnización.
No hay licencias pagas.
No hay aguinaldo ni vacaciones.
Es la formalización de un sector precario como “normal”.
8. justicia laboral: más carga sobre el trabajador
El proyecto endurece los requisitos probatorios y formales en acuerdos y conciliaciones. Aunque mantiene la gratuidad del trabajador en ciertos procesos, exige intervenciones judiciales más complejas y abre margen para cuestionamientos formales.
Esto implica que, ante un conflicto:
El trabajador necesitará más pruebas.
El empleador tendrá más herramientas para demorar o litigar.
Los juicios podrán extenderse durante años.
Una vez más, la balanza se inclina hacia el lado empresarial.
conclusión: un proyecto que reescribe el contrato social argentino
La reforma laboral del oficialismo no es una “modernización”. Es una reforma estructural del poder dentro del mundo del trabajo. Sus pilares son claros:
Desarmar la presunción de dependencia.
Debilitar la negociación colectiva.
Abaratar el despido.
Normalizar la tercerización.
Crear nuevas categorías más baratas y desprotegidas.
Flexibilizar jornadas y reducir costos indirectos.
Es, en esencia, un proyecto que busca que la relación laboral deje de ser un vínculo protegido para convertirse en un acuerdo privado entre partes formalmente “libres” pero en realidad profundamente desiguales.
El texto no mejora la productividad. No genera empleo de calidad. No impulsa el desarrollo industrial. Lo que hace es ajustar al trabajador, reduciendo derechos conquistados durante décadas y abaratando la mano de obra para que el mercado se ordene bajo la lógica del empleador.
En un país donde el trabajo digno fue siempre un eje identitario, esta reforma implica un retroceso histórico. Y lo más grave: pretende que ese retroceso sea permanente.
Donald Trump y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, se reunieron en la Casa Blanca para reforzar lazos y abordar una agenda de temas comunes cargada como la estabilidad de Medio Oriente y especialmente la situación en la Franja de Gaza y el cese al fuego entre Israel y Hamas.
Pero hay un tema más subterráneo que formó parte de la bilateral y está relacionado con Venezuela. La escalada por el despliegue militar en la Caribe y la supuesta inminencia de un ataque no es del agrado de la monarquía saudí.
Un importante funcionario que siguió de cerca la reunión confirmó a LPO que Bin Salman le sugirió a Trump que negocie la salida de Nicolás Maduro pero que sea a través de un cambio dentro régimen y que quien quede liderando se encuadre con más con Estados Unidos que con China o Irán.
«Lo que quieren es que de los 100 mil barriles de crudo diarios, 80 vayan a Estados Unidos y 20 a China. Es que el año que viene podría haber sobre inventarios de crudo y eso a los árabes no les gusta. Imaginate si a esos inventarios, le agregas Venezuela», detalla.
En ese sentido, esta fuente apunta que los saudíes les conviene que Venezuela sigue en 100 mil barriles para que no se les desestabilicen los presiones internacionales.
Un importante funcionario que siguió de cerca la reunión confirmó a LPO que Bin Salman le sugirió a Trump que negocie la salida de Nicolás Maduro pero que sea a través de un cambio dentro régimen y que quien quede liderando se encuadre con más con Estados Unidos que con China o Irán
Como ocurre con Qatar, Arabia Saudita quiere cumplir el rol de mediación en la crisis con Venezuela. No es casual que ambos países del golfo también estan incursionado en la organización de eventos deportivos. En el caso de Qatar viene de ser sede del mundial de 2022, tendrá por los próximos 5 años el mundial Sub-17 y tiene altas chances de alojar la final de la «Finalissima» entre la Argentina de Lionel Messi y España.
Por su parte, Arabia Saudita viene de regalarle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un avión privado como agradecimiento al mundial de 2034 que se realizará en ese país. Justamente, Infantino participó de la reunión en la Casa Blanca.
Lo que quieren es que de los 100 mil barriles de crudo diarios, 80 vayan a Estados Unidos y 20 a China. Es que el año que viene podría haber sobre inventarios de crudo y eso a los árabes no les gusta. Imaginate si a esos inventarios, le agregas Venezuela
Volviendo a Venezuela, el New York Times publicó que Nicolás Maduro ofreció su salida a cambio de «dos o tres años de transición» pero fue rechazado por Trump. La Casa Blanca lo negó pero el líder republicano confirmó que hay canales de diálogo abierto.
Lo que frena a Estados Unidos de invadir Venezuela en nombre del combate al narcotráfico es que no confía en que la oposición venezolana pueda administrar la situación y lo obligaría a dejar instalados miles de soldados estadounidenses.
El punto es que el chavismo, aún sin Maduro, tiene el control de las Fuerzas Armadas y sin el poder militar es muy difícil gobernar. Esto abre las chances de una salida negociada con figuras del régimen como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la vicepresidenta Delcy Rodríguez o el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El gobierno de Javier Milei reactiva el ajuste brutal que comenzó a planificar a finales del año pasado y esta semana envió a técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a hacer mediciones al predio del INTA en Ituzaingó.
Se trata de 34 hectáreas ubicadas en Parque Leloir, una de las zonas más cotizadas del conurbano, por lo que los gremios con representación en el INTA denuncian «un gran negocio inmobiliario» y que el Gobierno tiene previsto un remate inminente de esos terrenos.
Como reveló LPO hace un año, el plan del Gobierno contempla la venta y concesión de más de 27 mil hectáreas repartidas en más de una veintena de estaciones experimentales del Instituto.
De acuerdo al documento de carácter confidencial al que tuvo acceso LPO, la intención del gobierno libertario es llegar al primer semestre de 2027 con el remate de 24 inmuebles del INTA repartidos en diversos puntos del país, además del cierre de cientos de agencias del ente, con sus consecuentes despidos.
Específicamente sobre el predio del INTA AMBA en Ituzaingó, el gobierno inició meses atrás su avanzada con el anuncio de cierre, a pesar del rechazo incluso de las entidades rurales que destacaron el rol de esa estación experimental en todo el área frutihortícola de la región.
Esta semana, ATE y APINTA se manifestaron en el Congreso. Ahí, advirtieron que el Gobierno ya ejecutó sobre el organismo un ajuste del 12% entre personal e investigadores.
En el gobierno de Kicillof advirtieron que el cierre del INTA AMBA deja a unos 10.000 productores sin acompañamiento técnico.
En el gobierno de Axel Kicillof, en tanto, el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez repudió en las últimas horas el cierre del INTA AMBA, al advertir que el desmantelamiento de esa estación experimental deja a unos 10.000 productores sin acompañamiento técnico.
Por lo pronto, el próximo miércoles está prevista una reunión del Consejo Directivo Nacional del INTA. En ese marco, los gremios tienen previsto denunciar la avanzada del Gobierno para el remate de campos del organismo.
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