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COVID-19: medidas vigentes en la ciudad hasta el 9 de julio

La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4770 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 9 de julio inclusive.

CIRCULACIÓN

La restricción a la circulación de las personas será entre las 22 y las 6 del día siguiente.

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

– Las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.

– Las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de DIEZ (10) personas.

– La realización de todo tipo de eventos sociales y recreativos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.

– La actividad de discotecas.

HABILITACIONES ESPECIALES

– Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán funcionar hasta las 24 horas, con un máximo del 50% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante comprobante de consumo o similar.

– Los locales comerciales de cualquier rubro podrán funcionar respetando el horario de circulación habilitado.

– Las farmacias y estaciones de servicio -únicamente para el expendio de combustibles- podrán funcionar durante las 24 horas.

– La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.

– La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 50% del aforo, sin público.

– La actividad deportiva en espacios públicos o privados al aire libre, en grupos de hasta 30 personas, sin asistencia de público.

– La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse sin público asistente, evitando toda aglomeración de personas, en espacios públicos o privados, sean éstos cerrados o al aire libre. No se permite la apertura de bufets, cantinas u otros espacios similares.

– La realización de eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas, en los que deberá observarse, como máximo, un 30% de aforo.

– Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos reducidos de hasta 10 personas con sistema de “burbujas”, según protocolo y con un aforo máximo del 30% del espacio donde se realizan.

– La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 50% de su capacidad.

– La realización de actividades en cines, teatros y salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de espectadores. En las salas de teatros y de espectáculos se permite un 50% de aforo, sin expendio de bebidas y comidas y en los cines se permite un 30% de aforo, con expendio de golosinas y bebidas.

– La actividad de casinos y bingos, durante el horario de circulación permitido, con un aforo máximo del 50% del espacio disponible.

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  • El hombre nuevo es no humano

     

    –Así como la revolución industrial nos liberó de las limitaciones de la fuerza física humana, la IA nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, impulsando la productividad más allá de nuestros sueños más ambiciosos. 

    Javier Milei insiste con este enunciado: lo incluyó, primero, en su discurso durante la Semana de la Inteligencia Artificial. Lo acaba de repetir en un artículo publicado en el Financial Times. Y, seguramente, será el criterio con el que el Congreso trate el proyecto para modificar la Ley de Sociedades y otorgar personería jurídica a la IA.  

    –En Europa no va a ocurrir, en Estados Unidos no va a ocurrir– dijo el ministro Sturzenegger el último miércoles cuando presentó el proyecto en comisión de senadores en el Congreso–se abre la oportunidad para que en Argentina sea atractivo hacerlo. 

    Y agregó en su lábil defensa: 

    –¿Va a funcionar esto? No sabemos ¿Vale la pena intentarlo? Claro que sí.

    Desde el RIGI y su versión aumentada (el Súper RIGI que beneficia a corporaciones ya involucradas en proyectos, en lugar de incentivar nuevas inversiones), hasta la ley de Inocencia Fiscal, pasando por la estafa Libra o la propuesta de crear un Gemelo Digital Social, las políticas libertarias forman parte de una hondonada que nos sumerge en un valle temporal donde se tocan el siglo XVII, cuando se inventaron las sociedades de responsabilidad limitada, y la tierra incógnita del siglo XXI. Milei no sólo no está loco sino que se adapta, obediente, a la racionalidad emergente de este tiempo histórico. 

    Este nuevo proyecto deja ver, por un lado, una lectura simplista de la relación entre una forma jurídica (la creación de la sociedad de responsabilidad limitada) y un proceso social y político (la colonización bajo la figura de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales). Por otro, lo ubica en el centro de nuestra época signada por la complejidad material, cuya racionalidad se hace lugar entre la incertidumbre y un sentido común erosionado y simplificador. Milei confunde el efecto -la creación de las SRL en el siglo XVII-, con la causa -un proceso de dominación territorial, político y comercial que originó la figura del “Estado empresa”, como dice el historiador israelí Harari en respuesta al artículo de Milei-. Desconoce que la “imaginación jurídica” es apenas una delgada capa de la voluntad de poder. 

    Los transhumanistas buscan la desregulación política y económica porque, en el fondo, se basan en la desregulación de lo vivo.

    El proyecto de darle personería jurídica a la IA homologa un sistema digital a un fenómeno orgánico, presupone que el cerebro es el epicentro de la inteligencia humana y en un extremo considera que el humano (como especie) resulta una limitación para la productividad o incluso el puro funcionamiento. En el libro La inteligencia artificial no piensa (el cerebro tampoco), dedicamos unas cuantas páginas a explicar la diferencia de naturaleza entre los fenómenos orgánicos (que involucran los ecosistemas, la historia, la herencia, la cultura, la técnica, la subjetividad) y las máquinas digitales (que, aun en su versión más sofisticada, funcionan de manera agregativa pero en ningún caso pensando). Asimilar las correlaciones algorítmicas con la inteligencia humana supone un reduccionismo con efectos desastrosos sobre las otras dimensiones de lo orgánico. Como se plantea en el libro La singularidad de lo vivo, hasta qué punto la corporalidad, los lazos sutiles que conforman relaciones a nivel de los ecosistemas, los ritmos y ritos y, sobre todo, los límites que nos conectan con lo real, no son limitaciones sino condición de la vida. 

    Quienes bregan por liberar al funcionamiento algorítmico de los límites humanos hacen confluir su simplismo con una gran sofisticación económica y tecnológica. Los transhumanistas buscan la desregulación política y económica porque, en el fondo, se basan en la desregulación de lo vivo: para las máquinas sólo hay información, partes, entidades aislables, pero nunca un todo como unidad de sentido. El proyecto de poder que encarnan se corresponde con un mundo regido por la medida cuantitativa, que produce una realidad sin límites, es decir, sin esa tosquedad de lo real que guarda algo de inconmensurable. 

    La exaltación

    El proyecto de ley, según explica Milei en su artículo periodístico, “establece un marco jurídico específico para el despliegue de la IA”. Si bien aún no cuenta con número de expediente parlamentario, menciona sus pilares: “mantener la IA sin regular”, “crear una nueva categoría de sociedad en la legislación argentina: la sociedad no humana” y “un entorno fiscal competitivo”. Más allá de la incontinencia desreguladora y del eufemismo fiscal, la personería jurídica “no humana” es, de todo el planteo, el gesto que realmente se corresponde con la novedad o la especificidad de la época. 

    El Hombre de la modernidad fue un dispositivo que, en su narrativa, pretendió ubicar a la especie humana como dominadora de la naturaleza, eximiéndose incluso a sí misma de esa naturaleza, estableciendo un gobierno de la razón pura representado por la supremacía blanca, europea, colonial. En realidad, todo antropocentrismo debe entenderse como un dispositivo concreto de producción y poder que no tiene mucho que ver con una centralidad de la especie humana (dislocada en segmentos que junto a otros elementos y segmentos fue parte del dispositivo que, finalmente, la puso al borde de su destrucción). Es un punto en que conviene no confundir la “episteme” con la producción material de prácticas y condiciones.

    De esta exaltación civilizatoria participaron también los aires revolucionarios con su proyección de un Hombre nuevo de signo ideológico opuesto al del progreso capitalista. Al desarmarse ese dispositivo (la muerte de Dios anunciada por Nietzsche, seguida de la “muerte del Hombre” pregonada por Foucault), le sucedió una suerte de vacío, una dispersión sin sujeto -al menos, sin un sujeto sustancial- ya que, en el modo de “autoproducción” del mundo contemporáneo no hay más lugar para la supuesta centralidad de la humanidad. ¿Entonces?

    Suplantar a la especie humana

    Desde hace dos décadas, la aparición en nuestra región (y luego en India, Nueva Zelanda, entre otros países) de una jurisprudencia que no sólo protege al mundo animal y a los ecosistemas, sino que les otorga personería jurídica, deja ver un campo de exploración que asume las nuevas condiciones desde nuevos agenciamientos. En el fondo, aquello dañado por determinadas acciones, trátese de especies o biomas, es la vida: una existencia capturada por algo que le impide actuar de acuerdo a su naturaleza se legitima, defiende y relanza explorando posibles que incluyen la protección jurídica de nuevo tipo. 

    Esta personería jurídica significa el fin radical de la posición colonial cartesiana y binaria donde el único sujeto era el Hombre frente a ese mundo que se le presentaba como objeto. El despertar tardío de nuestros contemporáneos frente a esta multiplicación de otros sujetos ocurre cuando otro candidato a esta jerarquía crece con fuerza, la IA y la vida artificial. 

    La legislación que pretende otorgar personería jurídica a la IA comparte el mismo zócalo epocal con los “derechos de la naturaleza”, pero no en términos de protección de la vida, sino de liberación del puro funcionamiento.

    La legislación que pretende otorgar personería jurídica a la IA comparte el mismo zócalo epocal con los “derechos de la naturaleza”, pero no en términos de protección de la vida, sino de liberación del puro funcionamiento. Si la creencia en la incompletud del mundo había dado nacimiento al binomio Hombre (sujeto)/mundo (objeto) y la idea de que desarrollando la humanidad se completaría la obra, en el mundo de los transhumanistas no hay incompletud, la saturación es total, no hay negatividad ni sentido de la historia, sino una positividad a prueba de fallas, el sentido único de la cantidad y el mandato de la aumentación. A diferencia de los bichos, la IA, que puede causar daño, no puede ser dañada, sino “limitada” o “retrasada”… Se trata de otro régimen de relación que resignificaría la “personería jurídica”, ya no protectiva, sino garante de la ilimitación. Como suele ocurrir en contextos neoliberales, la jurisprudencia, a veces regula o modula en exceso las micro conductas, pero otras veces, mantiene un principio económico o, como en este caso, un puro funcionamiento a salvo de todo aquello que podría “limitarlo” o “retrasarlo”. ¿Qué es para ellos lo limitante? Nada menos que la discusión democrática, la singularidad de los modos de vida, los rituales, la exploración, la morosidad, en el fondo, los principios de la organicidad.

    Los supremacistas tradicionales hablan del “gran reemplazo” refiriéndose a la inmigración musulmana, pero el verdadero gran reemplazo, patrocinado por los nuevos supremacistas, estaría encabezado por la IA. Tal vez, por el grado de naturalización con el que se vive este proceso, pasan desapercibidos acontecimientos como la existencia de una ministra IA en Albania o la promesa de un candidato parlamentario británico de colocar en su lugar un avatar. “La tecno-oligarquía va más allá: su objetivo es suplantar a la especie humana. Pretende superar al ser humano mediante una IA que dejaría obsoleta la inteligencia humana”, señala el intelectual ucraniano Anton Shejovtsov

    La ruptura de la frontera corporal

    El proyecto del gobierno es un mojón más en la tendencia a ocupar el vacío histórico con este nuevo pretendido sujeto que sería la IA, realización definitiva del sueño moderno en una hípermodernidad que ya no admite sueños sino pura vigilia. Primero fue la partición del núcleo del átomo, luego la codificación genética con las cadenas de ADN y ahora el reemplazo del pensamiento por lo neuronal y de lo neuronal por lo algorítmico, como corolario de la utopía constructivista. 

    Pero esos eslabones constructivistas no pueden ser considerados errores ni figuras meramente ideológicas, ni mucho menos verdades superadoras, sino conocimientos que hacen parte de la producción de realidad. 

    Las tecnologías digitales funcionan para algo, los fenómenos orgánicos (trama de biología, cultura, historia, técnica) se desarrollan para alguien, para-sí. Porque la vida desea la vida. Lo vivo no es una esencia inmaculada, sino que supone posibles modos de existencia. Mientras para el modo de existencia en que impera la máquina, lo real es un sustrato literal que no presenta límite ya que puede ser desagregado y recombinado al infinito.

    El proyecto de darle personería jurídica a la IA se inscribe en un pasaje histórico que se corresponde con una transformación en curso del cuerpo intocable, la sociedad como algo sagrado o la psiquis como núcleo potente y frágil, hacia recursos, capacidades, prestaciones, competencias. De modo que la imaginada gestión algorítmica, la IA ocupando el podio de un nuevo Estado empresa o los robots humanoides enviados por las corporaciones a las tierras francas en que buscan emplazar sus enclaves extractivistas, encuentran como correlato una humanidad modelizable y unos paisajes convertidos en simples entornos sobre los que se podría operar sin reparar en las consecuencias. 

    La ruptura de la frontera corporal supone una crisis mayor de toda alteridad, ya que el cuerpo como otro impide la promiscuidad de un accionar ilimitado sobre él, los otros con quienes se convive suponen algún tipo de regulación del comportamiento propio, pueblos o países, etnias o religiones que ocupan ese lugar representan alianzas y conflictos posibles alrededor de los cuales se mecen estrategias y orfebrerías políticas. Es ese límite denso y delgado el que tambalea, como deja en claro el hecho caricaturesco de que un presidente de una potencia militar con historial genocida como Estados Unidos pueda anunciar por las redes sociales la próxima desaparición de una civilización completa. 

    Los supremacistas tradicionales hablan del “gran reemplazo” refiriéndose a la inmigración musulmana, pero el verdadero gran reemplazo, patrocinado por los nuevos supremacistas, estaría encabezado por la IA.

    Sin alteridad, la relación entre las máquinas digitales y los humanos, los ecosistemas, en definitiva, lo vivo, está destinada a una forma de colonización rampante. ¿Es la personería jurídica del nuevo colonizador lo que busca el gobierno como obediencia debida a las corporaciones big tech con las que trata?  La hibridación está en marcha y las tecnologías digitales son lo suficientemente potentes como para establecer su dominio al modo de una especie que coloniza un bioma cuando se expande, en detrimento del resto. 

    Sturzenegger se refirió a la crítica del historiador Yuval Harari al proyecto del gobierno y a la desconfianza que genera. Con una ingenuidad que no sabemos si es impostada o auténtica, el ministro dijo el miércoles frente a los senadores: 

    –¿La IA es más segura o más insegura? Si confiamos en el google maps, que es una IA que te dice andá para acá o andá para allá, no hay que tenerle miedo a esto. 

    El proyecto propone dos tipos nuevos de sociedades. Las sociedades automatizadas (o de inteligencia artificial) que pueden ser creadas, fundadas y gestionadas enteramente por agentes de inteligencia artificial o robots, y no necesitan la intervención de personas humanas para tomar decisiones o ejecutar acciones corporativas. Y luego las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), un tipo de sociedades descentralizadas y autónomas en las que la administración y el proceso de toma de decisiones se gestiona mediante un cerebro informático o contrato inteligente, no cuentan con un jefe o gerente traidcional: sus miembros participan en las votaciones y su poder de decisión está directamente vinculado a la cantidad de criptomonedas o tokens que posean. 

    Desafío

    Para disputar la hibridación, es necesario desviar el sentido único de aumentación y maximización algorítmicos, y reintroducir las dimensiones del sentido y de la fragilidad propias de lo vivo. Porque la avanzada tecnocientífica pretende deconstruir, volver codificable y recombinar de manera ilimitada todo rito y ritmo propios del campo biológico tanto como de la cultura, la espiritualidad y la subjetividad. El desafío consiste en producir procesos orgánicos de hibridación que protejan la vida, sin aspiraciones a purezas o trascendencias.

    El desafío es situacional. Sólo desde dentro de los procesos de hibridación ya irreversibles, pero de manera situada, será posible imaginar formas de regulación que garanticen la continuidad de la vida y sostengan la complejidad de las dimensiones orgánicas. No es en nombre de una Humanidad universal que seremos capaces de aprender a experimentar hibridaciones “virtuosas”, ya que, en primer lugar, no hay un modo correcto y definitivo de ser humanos y, luego, atravesamos un momento histórico de descentramiento del Hombre consciente y rector de su mundo, que nos fuerza y nos expone a otros agenciamientos posibles. 

    ¿Es la personería jurídica del nuevo colonizador lo que busca el gobierno como obediencia debida a las corporaciones big tech con las que trata?

    Creemos que es una equivocación y un riesgo otorgar personería jurídica a la IA porque no hay posibilidad de enmarcarla en el orden del sentido ni de asignarle responsabilidad. Para la IA no hay situaciones sino funcionamiento en todo tiempo y lugar (cálculo, correlación estadística, programación). Es una trampa asumir que la innovación está siempre del lado de la tecnología, mientras que las preguntas éticas o el problema del sentido sólo retrasarían la evolución tecnológica. 

    ¿Cómo innovar a nivel de la regulación, situándose al interior de los procesos de hibridación? Tanto la regulación tradicional (exterior, moral, policial) como la voluntad desreguladora (parada sobre el autoritarismo) forman un binomio anticuado que nos condena a un falso problema. Solo la búsqueda de nuevas formas de legitimidad de lo vivo y sus consecuentes modos de organización puede reintroducir el vector algorítmico, digital, en el marco de una hibridación viable, volviendo a la centralidad humana participación en dispositivos que garanticen, cada vez, la singularidad de lo vivo como exploración y deseo de más vida. 

    La entrada El hombre nuevo es no humano se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • Renunció el jefe del flamante Ente Regulador de la Energía porque las empresas le manejaban el área

     

    La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.

    La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.

    La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.

    El secretario legal de Caputo renunció por diferencias con el Súper RIGI

    El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.

    Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.

    La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

    La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.

    Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.

    El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.

    Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.

    La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.

    Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.

    En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.

    La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica. 

    La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

    Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores. 

    «En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector. 

     

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    El decreto que apunta a la Corte y abre una nueva batalla política: Milei modifica el histórico procedimiento de selección de jueces

     

    Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.

    La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.

    Un cambio que acelera los tiempos políticos

    Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.

    La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.

    El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.

    El impacto político detrás del cambio

    Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.

    La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.

    Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.

    En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.

    Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico

    El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.

    Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.

    La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.

     

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