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COVID-19: medidas vigentes en la ciudad hasta el 9 de julio

La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4770 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 9 de julio inclusive.

CIRCULACIÓN

La restricción a la circulación de las personas será entre las 22 y las 6 del día siguiente.

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

– Las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.

– Las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de DIEZ (10) personas.

– La realización de todo tipo de eventos sociales y recreativos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.

– La actividad de discotecas.

HABILITACIONES ESPECIALES

– Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán funcionar hasta las 24 horas, con un máximo del 50% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante comprobante de consumo o similar.

– Los locales comerciales de cualquier rubro podrán funcionar respetando el horario de circulación habilitado.

– Las farmacias y estaciones de servicio -únicamente para el expendio de combustibles- podrán funcionar durante las 24 horas.

– La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.

– La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 50% del aforo, sin público.

– La actividad deportiva en espacios públicos o privados al aire libre, en grupos de hasta 30 personas, sin asistencia de público.

– La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse sin público asistente, evitando toda aglomeración de personas, en espacios públicos o privados, sean éstos cerrados o al aire libre. No se permite la apertura de bufets, cantinas u otros espacios similares.

– La realización de eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas, en los que deberá observarse, como máximo, un 30% de aforo.

– Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos reducidos de hasta 10 personas con sistema de “burbujas”, según protocolo y con un aforo máximo del 30% del espacio donde se realizan.

– La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 50% de su capacidad.

– La realización de actividades en cines, teatros y salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de espectadores. En las salas de teatros y de espectáculos se permite un 50% de aforo, sin expendio de bebidas y comidas y en los cines se permite un 30% de aforo, con expendio de golosinas y bebidas.

– La actividad de casinos y bingos, durante el horario de circulación permitido, con un aforo máximo del 50% del espacio disponible.

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    RETROCESO: La Argentina afuera de la Organización Mundial de la Salud

     

    La decisión del gobierno de Milei de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud no puede leerse como un gesto aislado ni como una mera diferencia técnica. Se trata de un movimiento político de alto impacto que redefine el posicionamiento internacional del país y abre interrogantes profundos sobre el rumbo del sistema sanitario nacional.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Una salida que excede lo sanitario

    La oficialización del retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud marca un punto de inflexión en la política exterior y sanitaria del país. No se trata simplemente de abandonar un organismo internacional, sino de romper con un entramado de cooperación global construido durante décadas, en el que la Argentina había tenido una participación activa, tanto en la articulación de políticas como en el acceso a recursos estratégicos.

    La OMS no es una estructura burocrática más dentro del sistema internacional. Es el espacio donde se coordinan respuestas ante emergencias sanitarias, donde se comparten datos epidemiológicos en tiempo real y donde se definen estrategias conjuntas frente a amenazas que, como quedó demostrado durante la pandemia, no reconocen fronteras. Salir de ese esquema implica, en los hechos, correrse de una red de contención global en materia de salud.

    Lo que queda expuesto, entonces, es que la decisión no responde únicamente a cuestionamientos técnicos o a diferencias puntuales, sino a una concepción más amplia sobre el rol del Estado y el lugar de la Argentina en el mundo.


    Alineamiento internacional y lógica ideológica

    En este punto es donde la medida adquiere una dimensión más profunda. La salida de la OMS no ocurre en el vacío, sino en un contexto de redefinición de alianzas internacionales donde el gobierno de Milei ha mostrado una clara inclinación hacia ciertos liderazgos globales. En particular, la coincidencia con la postura adoptada previamente por Donald Trump no pasa desapercibida y funciona como una clave interpretativa central.

    Más que una decisión autónoma basada en un diagnóstico sanitario propio, la medida parece inscribirse en una lógica de alineamiento político-ideológico con corrientes que cuestionan los organismos multilaterales y promueven una visión más unilateral de las relaciones internacionales. En ese marco, la salud pública queda subordinada a una narrativa más amplia que prioriza la ruptura con estructuras globales en nombre de una supuesta soberanía.

    Sin embargo, la paradoja es evidente. En un mundo interdependiente, donde los virus circulan con la misma velocidad que las personas y los bienes, la cooperación internacional no debilita la soberanía: la fortalece. Renunciar a esos espacios no implica ganar autonomía, sino perder herramientas.


    El impacto real: un sistema más expuesto

    La discusión pública ha estado atravesada por argumentos oficiales que apelan a la crítica de la gestión internacional de la pandemia y a la necesidad de recuperar márgenes de decisión propios. Pero más allá del discurso, lo cierto es que la salida de la OMS tiene consecuencias concretas que no pueden soslayarse.

    El sistema de salud argentino, ya tensionado por recortes presupuestarios y reconfiguraciones institucionales, pierde con esta decisión acceso a circuitos clave de cooperación, financiamiento y provisión de insumos. En contextos de emergencia, donde la rapidez en la respuesta es determinante, quedar fuera de esos canales puede significar una diferencia sustancial en términos de capacidad de acción.

    La experiencia reciente del dengue, con brotes de magnitud histórica, dejó en evidencia la importancia de contar con redes de información y coordinación internacional. En ese escenario, la salida de la OMS no aparece como un gesto abstracto, sino como una decisión que puede tener efectos tangibles sobre la vida cotidiana de la población.


    Un modelo de país en discusión

    Lejos de ser un hecho aislado, el retiro de la OMS se inscribe en un proceso más amplio de transformación del rol del Estado. La reducción de políticas públicas, la desarticulación de programas sanitarios y el ajuste sobre áreas sensibles configuran un escenario en el que la salud deja de ser concebida como un derecho garantizado colectivamente para pasar a depender, cada vez más, de lógicas individuales o de mercado.

    En ese contexto, la ruptura con organismos multilaterales refuerza una tendencia hacia el aislamiento, no sólo en términos diplomáticos, sino también en términos de capacidades concretas. La Argentina no sólo se aleja de un espacio de cooperación, sino que lo hace en un momento histórico en el que el resto del mundo, tras el impacto del COVID-19, avanza en sentido contrario, fortaleciendo los mecanismos de articulación global.

    La pregunta que subyace es qué modelo de país se está construyendo. Uno que se integra a redes internacionales para potenciar sus capacidades, o uno que opta por retraerse en nombre de una autonomía que, en la práctica, puede traducirse en mayor vulnerabilidad.


    Más que un gesto, una señal de rumbo

    La salida de la Organización Mundial de la Salud funciona, en definitiva, como un síntoma de un cambio de época en la política argentina. No es sólo una decisión administrativa ni un desacuerdo puntual, sino una señal clara de hacia dónde se orienta el proyecto de país que impulsa el gobierno.

    En ese marco, la salud pública queda atravesada por una tensión cada vez más evidente entre la lógica del derecho y la lógica del alineamiento político. Y cuando esa tensión se resuelve en favor de esta última, las consecuencias no se miden únicamente en términos diplomáticos, sino en la capacidad concreta del Estado para proteger a su población.

    El retroceso no es sólo institucional. Es, sobre todo, una advertencia sobre los riesgos de tomar decisiones estratégicas en función de afinidades ideológicas antes que de las necesidades reales de la sociedad.

     

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  • Interna en el gabinete de Kicillof: Bianco se peleó con Larroque y con el ala técnica del gabinete

     

    Es la interna de la interna. La cúpula del gabinete de Axel Kicillof está atravesada por fuertes peleas que empezaron a emerger a la superficie en los últimos días. El eje central de los enfrentamientos es el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que empezó a chocar con el «ala técnica» del kicillofismo que acompañan al gobernador desde sus épocas de ministro.

    Pero la pelea más dura de Bianco es con el otro ministro político de Kicillof, el ex camporista Andrés «Cuervo» Larroque, ministro de Desarrollo Social. Tras su ruptura con Máximo Kirchner, el Cuervo fue una pieza clave en el armado político del gobernador toda vez que contaba con el know how sobre la estructura de La Cámpora.

    Los motivos de la pelea con varios, pero el principal es que Bianco está decidido a quedarse con el Organismo de Niñez y Adolescencia, un área que controla Larroque a través de Andrea Cáceres. La funcionaria es de Necochea y su nombre viene sonando fuerte para quedarse con las riendas del Puerto Quequén, una terminal que no tiene autoridades definidas tras la salida de la massista Jimena López. 

    Alak rompió con Kicillof porque lo vetó como presidente del PJ bonaerense

    Si Cáceres finalmente logra desembarcar en Quequén, el Cuervo quiere ubicar en Niñez a su hermana, la ex diputada Mariana Larroque. LPO consultó a fuentes del entorno de Larroque, quienes no confirmaron los roces con Bianco, aunque tampoco los negaron.

    Son varios los motivos de la pelea de Bianco con Larroque, pero el principal es que el ministro de Gobierno de Kicillof está decidido a quedarse con el Organismo de Niñez y Adolescencia, un área que controla el Cuervo a través de Andrea Cáceres. 

    En la interna del gabinete, Bianco le viene avisando a Larroque que peleará por el organismo de Niñez y Adolescencia. El Cuervo busca defender ese área porque forma parte de la estructura central de su ministerio.

    Pero los choques con Bianco también se dan con los ministros con perfil técnico, los axelistas de paladar negro, que conocen al gobernador de las épocas de militancia en Económicas de la UBA. Integran ese grupo Augusto Costa (Producción), Agustina Vila (Secretaria General) y Pablo López (Economía). También Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas y uno de los candidatos de Kicillof a integrar la Corte bonaerense. Vila y López son muy cercanos y forman parte del círculo de mayor confianza del gobernador.

    Agustina Vila y Pablo López.

    Las diferencias son múltiples. Bianco -que al inicio del gobierno de Kicillof era su mano derecha y jefe de Gabinete- chocó con Vila por temas de gabinete y luego en las negociaciones iniciales en el PJ bonaerense, cuando el axelismo tuvo que elegir dos apoderados. 

    La bronca de Bianco con López es que el ministro de Hacienda no le gira fondos para algunas áreas de su ministerio. Mientras que Thea sostiene que el ministro de Gobierno le boicotea su camino a la Corte Suprema bonaerense.

    Esos funcionarios «técnicos» conforman con Kicillof un grupo al que Bianco nunca pudo ingresar. El ministro ganó protagonismo durante la campaña de 2019 por ser el dueño del Clio con el que recorrieron la provincia, pero nunca pudo ser parte del grupo con perfil técnico, los más valorados por Kicillof. 

    El kicillofista Thea sostiene que Carli Bianco le boicotea su camino a la Corte Suprema bonaerense.

    Probablemente, para que todo el gabinete recuerde la importancia de su rol en esa campaña, Bianco todavía tiene el Clio estacionado en los patios de Casa de Gobierno y hasta lo usa para llegar a algunos actos del peronismo.

    Pero pese a ser supuestamente el hombre político de Kicillof, el ministro de Gobierno no le ahorra problemas en ese frente al gobernador. LPO reveló que Bianco jugó fuerte durante el cierre de listas del año pasado para quedar como primer diputado por la ciudad de La Plata en un desafío al intendente Julio Alak, que buscaba sintetizar una lista de unidad donde confluyera el kirchnerismo, el axelismo y el massismo. 

    Finalmente se impuso el intendente, pero esa maniobra complicó el cierre de listas y fue uno de los motivos que desgastaron el vínculo entre Kicillof y Alak.

    El Clío de Carli Bianco estacionado en los patios de la Casa de Gobierno bonaerense.

    Sus declaraciones públicas son recordadas, no por los cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, sino por las durísimas críticas hacia el interior del peronismo. El año pasado dijo varias veces que los legisladores del peronismo debían aprobar «sin chistar» los proyectos del Ejecutivo.

    Baradel no pudo evitar que los judiciales se sumen al paro contra Kicillof

    Este martes, Bianco volvió a generar malestar hacia dentro del peronismo. Dijo en una entrevista con Infobae que el peronismo está fragmentado y con problemas en la conducción, como si esa descripción no incluyera a Kicillof, gobernador de la provincia más grande, presidente del PJ bonaerense y candidato a presidente. Cuando le preguntaron si cree que Cristina Kirchner no conduce más el peronismo, Bianco fue contundente: «Cristina es uno de los sectores que tiene el peronismo fragmentado en Argentina».

    El peronismo está fragmentado y con falta de conducción. Cristina es uno de los sectores que tiene el peronismo fragmentado en Argentina.

    En La Cámpora lo comparan con Manuel Adorni y aseguran que tiene que nombrar a Cristina para desviar la atención ante el paro de docentes, estatales y judiciales del próximo lunes, un conflicto que como ministro de Gobierno le pega de lleno. «Durante el gobierno de Kicillof, los estatales perdieron 34% de su salario. Por eso Chiche Bianco (sic) tiene que distraer y hablar de Cristina», dijo a LPO un referente de la agrupación kirchnerista.

    La diputada nacional Teresa García le pidió a Bianco que guarde silencio. «Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud», dijo en las redes y siguió: «No sé si se enteró que la Conducción está presa, proscripta, y con restricción inhumana».

     

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    En medio del escándalo $LIBRA el gobierno lanza un plan contra el fraude digital

     

    El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..

    La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.

    Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo

    El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.

    En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.

    El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.

    Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas

    Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.

    El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.

    En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.

    El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.

    Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas

    El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.

    Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.

    La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.

    La expansión de la seguridad digital

    El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.

    En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.

    El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.

    ¿Puede usarse políticamente?

    La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.

    Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.

    En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.

    Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.

    Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.

     

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  • Un funcionario de Caputo dijo que la reforma laboral es retroactiva y levantó otra polémica

     

    Un funcionario de Luis «Toto» Caputo dijo que la ley de reforma laboral tiene efecto retroactivo y le agregó otra polémica al proyecto que la oposición objetará en el fuero laboral.

    Felipe Núñez, director del BICE y en los hechos vocero del ministro de Economía en las redes, dijo en una discusión con el economista Santiago Bulat que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se usará para aplicar el stock de juicios laborales existentes.

    Bulat dijo que la ley que los libertarios buscan sancionar este jueves en Diputados no servirá para crear nuevos puestos de trabajo, si es que no hay crecimiento económico.

    «Santi @Santiagobulat, no entiendo tu conclusión», le respondió Núñez, antes de enumerar tres puntos para desacreditar la teoría del economista.

    «Acá nadie contrata gente desde hace 15 años por la industria del juicio y el costo laboral. La ley que mándanos (sic) viene a solucionar estos problemas: El FAL: 1,500 millones de dólares por año para aliviar la carga de la industria del juicio pasado(stock)», dijo el funcionario.

    El equipo económico aprovechó el cierre de Fate para pedir que aprueben la reforma laboral

    En medio de la sesión se hicieron eco de las declaraciones de Núñez, que tienen la autorización del ministro de Economía. «Están admitiendo que la ley es retroactiva», dijeron a LPO desde el Congreso, anticipando las denuncias que se presentarán una vez aprobada la ley.

    Núñez se convirtió en el vocero de facto de Caputo y el miércoles había aprovechado el cierre de la histórica fábrica de neumáticos argentina Fate para pedir que se apruebe la reforma laboral.

     

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