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Corte de energía programado para mañana en Regina

La distribuidora Edersa anunció un corte de energía para mañana martes 26 en Villa Regina que, afectará, entre otras, la calle donde se encuentra el edificio central de la Municipalidad de Villa Regina (Avenida Rivadavia 220). Por esta razón la atención al público relacionada con el cobro de tasas y trámites que impliquen la utilización del sistema eléctrico comenzará a partir de las 8,30 horas.

La interrupción del suministro eléctrico, según lo informado por la empresa, se debe a obras de mantenimiento en redes de media tensión. Se extenderá desde las 6,30 y hasta las 8,30 horas y alcanzará las calles Rivadavia, Pueyrredón, Balcarce, Sarmiento, Güemes, 11 de septiembre y Santa Flora Oeste.

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    Los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron su rechazo por «insuficiente» a la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof y acordaron un paro de actividades con gremios estatales.

    Es una decisión importante, toda vez que los judiciales de la provincia están alineados con el líder del Suteba, Roberto Baradel, y forman parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

    Este lunes se desarrollaron las asambleas en las 20 departamentales, con el objetivo de tratar la ratificación o no del rechazo a la última propuesta salarial realizada por el gobierno, el viernes.

    Esas asambleas ratificaron por unanimidad el rechazo a la última oferta salarial, consistente en un 3% de aumento para febrero, «por considerarla insuficiente para superar la inflación en curso de 2026 y recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante 2025».

    Baradel no sabe cómo contener a los docentes furiosos porque Kicillof les ofreció un aumento en línea con la inflación cuestionada de Caputo

    Luego «se resolvió mandatar a la Comisión Directiva Provincial la realización de un paro total de actividades, reclamando al Poder Ejecutivo una propuesta superadora que contemple la equiparación y la superación de la inflación acumulada. 

    En el mandato se explicita, además, que dicha medida de fuerza sea evaluada para llevarse adelante conjuntamente con otros gremios del Estado bonaerense y durante la semana próxima».

    LPO contó que Baradel no logra contener a las bases docentes luego de que les ofrecieran un aumento en línea con la inflación dibujada de Luis «Toto» Caputo.

    Los docentes ya venían acumulando bronca tanto con el gobernador como con la conducción gremial, que aceptó un aumento en 2025 de apenas 25,9% pese a que la inflación oficial fue de 31,5%.

    Los docentes rechazaron la oferta de Kicillof y por primera vez amenazan con no empezar las clases

    El jueves pasado, el gobierno bonaerense les ofreció a los gremios un aumento del 2% para febrero, pese a que la inflación dibujada de Caputo había dado 2,9%.

    Ese índice se publicó en medio de la escandalosa salida de Marco Lavagna, que renunció al Indec porque no lo dejaron publicar el índice con la nueva medición que se estimaba en alrededor del 3,4%.

    En tanto, los trabajadores estatales de ATE le pidieron a Kicillof una convocatoria urgente para retomar la negociación salarial tras la última oferta de un 3% rechazada por todos los gremios.

    Apremiado por el descontento de las bases, los líderes de ATE debieron endurecer su postura frente a Kicillof y salieron a reclamar un acuerdo que permita recuperar lo perdido durante los últimos meses de 2025.

    A través de una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, el gremio que conduce Claudio Arévalo pidió reabrir la discusión salarial e «iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo».

     

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     La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut inició una investigación tras la denuncia presentada por un sindicalista contra un empresario y un ex funcionario, quienes lo habrían querido coimear para que no empiecen las clases.

    La fiscal

    Julieta Gamarra solicitó allanamientos en los domicilios de los involucrados y

    en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión en la que le ofrecieron un soborno al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, José Severiche. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

    Severiche denunció que recibió un llamado de Ricardo Traversini, empresario local que fue investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él.

    Carpintero tuvo una extensa trayectoria como funcionario público vinculado al peronismo. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew; y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros cargos. Su carrera concluyó con una condena por corrupción, tras acreditarse un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como «Embrujo» y «Revelación».

    Tras el llamado, Severiche se dirigió a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl «Tato» Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado «que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero».

    «Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia», declaró el sindicalista.

    Raúl «Tato» Cereseto

    En su presentación judicial, Severiche aseguró que Carpintero le prometió «una retribución económica» y que luego se realizarían «paritarias» para compensarlo si accedía al pedido. «Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos», afirmó.

    Más allá de la cuestión política, fuentes del Gobierno indicaron que el interés de los empresarios y del ex funcionario condenado estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1.200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el eventual envío del proyecto de «Ley de Ficha Limpia para la Pesca» que el Ejecutivo analiza presentar.

     

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