El Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó el llamado a convocatoria pública para cubrir el cargo de Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE).
Los interesados podrán inscribirse a partir de este lunes 19 de abril y hasta el viernes 21 de mayo de 2021 y para ello deberán completar el formulario de inscripción que podrán descargar haciendo click en el link: convocatoria COPLADE
En este link podrán encontrar también las bases y condiciones de la convocatoria y el formulario del plan de gestión.
Para información o consultas pueden contactarse a través del mail: [email protected]
Las responsabilidades del Director del COPLADE, son, entre otras: analizar las políticas, planes, programas y proyectos de los diferentes organismos nacionales e internacionales, regionales, provinciales y locales; asesorar al Concejo Deliberante de Villa Regina en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo y proponer programas de desarrollo de interés para la población local en articulación con los planes, programas y proyectos nacionales, provinciales y locales.
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El DNU 941/2025 no moderniza la inteligencia argentina: la redefine en clave autoritaria. Bajo un lenguaje técnico y eufemístico, el decreto amplía facultades, diluye controles y habilita un esquema de vigilancia política interna incompatible con el Estado de Derecho. No es una hipótesis alarmista: está escrito, negro sobre blanco.
Por Tomás Palazzo para NLI
El gobierno de Milei volvió a recurrir al atajo institucional del Decreto de Necesidad y Urgencia para reformular de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consensos mínimos y sin explicaciones públicas serias. El resultado es un texto extenso, ambiguo y peligrosamente abierto a interpretaciones expansivas, que concentra poder en la SIDE, debilita los controles democráticos y habilita prácticas históricamente asociadas al espionaje interno y al disciplinamiento político.
No se trata de una discusión técnica. Se trata de qué tipo de Estado se está construyendo y contra quiénes se orientan sus herramientas más opacas.
De la inteligencia estratégica al control político interno
El DNU 941/2025 redefine los objetivos de la SIDE ampliando de manera sustancial el concepto de “seguridad estratégica”. Bajo esa categoría difusa se incorporan amenazas que ya no se limitan a riesgos externos, sino que incluyen fenómenos internos vinculados a la “influencia”, la “injerencia”, la “desestabilización” o la “afectación del orden institucional”.
El problema no es semántico: es político. En la historia argentina, cada vez que el Estado amplió de forma ambigua estas nociones, el resultado fue el mismo: espionaje sobre partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, periodistas y referentes opositores. El decreto no prohíbe de manera explícita esas prácticas; por el contrario, las deja implícitamente habilitadas.
La supuesta prohibición del espionaje interno queda vaciada de contenido cuando el propio texto permite acciones “encubiertas” y de “obtención de información” frente a amenazas que no están claramente definidas ni tipificadas. En otras palabras, la SIDE pasa a tener margen para decidir por sí misma qué constituye una amenaza interna, sin control previo efectivo.
Ambigüedad deliberada y concentración de poder
Uno de los rasgos más preocupantes del DNU es su redacción. Conceptos como “operaciones encubiertas”, “acciones preventivas”, “seguridad estratégica” o “riesgos híbridos” aparecen reiteradamente sin definiciones precisas. Esta ambigüedad no es un error técnico: es una decisión política.
El decreto refuerza la autonomía operativa de la SIDE, reduce instancias de supervisión externa y consolida un esquema de concentración de poder en el Ejecutivo, con una cadena de mando corta y opaca. El Congreso queda relegado a un rol casi decorativo, sin herramientas reales para auditar en tiempo real las actividades de inteligencia.
Además, se amplían las capacidades del personal de inteligencia, incluyendo facultades operativas que rozan funciones de seguridad interior. Aunque no se lo diga de forma explícita, el texto habilita una zona gris donde inteligencia y coerción comienzan a superponerse, un terreno históricamente fértil para abusos.
Las comunidades CIFN y CITN: redes de captura masiva de información
El decreto formaliza y potencia el rol de las llamadas comunidades CIFN (Comunidad de Inteligencia Federal Nacional) y CITN (Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional), estructuras destinadas a articular información entre distintos organismos del Estado y actores privados. En los hechos, se trata de redes de intercambio de datos a gran escala, con escasos límites normativos y controles difusos.
Este esquema plantea un riesgo evidente para la privacidad y las garantías constitucionales. La circulación de información sensible sin reglas claras de protección, almacenamiento y uso abre la puerta a bases de datos políticas, sociales y sindicales, algo expresamente prohibido por la legislación vigente y por estándares internacionales en derechos humanos.
La experiencia histórica demuestra que cuando estos sistemas se expanden sin control, terminan siendo utilizados para el seguimiento de opositores y la anticipación de conflictos sociales, no para la defensa nacional.
Elusión del Congreso y degradación democrática
Que una reforma de esta magnitud se haya hecho por DNU no es un detalle menor. El sistema de inteligencia es, por definición, uno de los ámbitos que más control democrático requiere. Milei eligió exactamente lo contrario: evitar el debate parlamentario y avanzar por decreto.
Esta forma de legislar no solo vulnera el espíritu de la Constitución, sino que consolida una lógica de Estado de excepción permanente, donde el Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias sin justificación real de necesidad y urgencia.
La inteligencia, en este esquema, deja de ser una herramienta al servicio de la soberanía nacional para convertirse en un instrumento de gobierno, orientado a garantizar gobernabilidad mediante la vigilancia y la disuasión.
Herencias oscuras y un futuro inquietante
Argentina conoce bien este camino. La SIDE de la democracia tutelada, la AFI del espionaje político, los archivos ilegales, las escuchas, las carpetas y los servicios como factor de poder autónomo. Nada de eso empezó con declaraciones explícitas: empezó siempre con decretos ambiguos y promesas de modernización.
El DNU 941/2025 no crea un monstruo nuevo: reactualiza viejas prácticas, ahora bajo el ropaje del liberalismo autoritario y la retórica de la seguridad.
La pregunta no es si estas herramientas pueden usarse mal. La pregunta es cuándo y contra quiénes. La historia argentina ofrece una respuesta incómoda pero clara.
Un hombre cercano a Daniel Angelici quedará al frente de la comisión que frena o impulsa la destitución de jueces federales y nacionales.
Alberto Maques reemplazará a Luis Juez en la presidencia de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
Maques llegó al Consejo en representación de los abogados. Fue suplente de Miguel Piedecasas en la lista de 2022 que integró a la UCR, al PRO y a la Coalición Cívica. Mientras que en segundo lugar el PRO postuló a Jimena de la Torre, la elección del primer puesto fue más compleja.
Como no había acuerdo en el radicalismo entre la corriente que lideraban Ernesto Sanz y Gerardo Morales con la de Daniel Angelici y Emiliano Yacobitti, las dos líneas internas se repartieron el mandato.
Angelici impulsaba a Carlos Matterson, que ya había sido consejero y además era abogado del Tano. Carrió no logró poner ningún candidato, pero sí vetar a Matterson. Por eso, Maques quedó como suplente e ingresó en 2024 tras la renuncia de Piedecasas.
Maques Es un tipo del sistema, del statu quo. No tiene quilombos y vuela por abajo del radar.
La Comisión de Acusación está integrada por Maques, Juez, Álvaro González, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y César Grau. Grau entró como suplente por el fallecimiento de Héctor Recalde y además preside la Comisión de Disciplina.
Alberto Maques.
A pesar de su integración, los votos de la Comisión de Acusación no tienen un comportamiento partidario y no es imposible la conformación de mayorías. Un dato importante es que la comisión no cuenta con ningún magistrado entre sus integrantes.
El peronismo tiene a tres de los seis miembros, y los otros tres no siempre votan alineados. Maques parte en desventaja para lograr mayorías, pero tiene el poder de dilatar el tratamiento de expedientes.
Las denuncias que debe abordar la Comisión de Acusación incluyen a varios pesos pesados. Sandra Arroyo Salgado, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, María Capuchetti, Federico Villena y Alfredo López son algunos de los magistrados que tienen expedientes en el Consejo. También Patricio Marianello, el juez que frenó la difusión de los audios de las coimas donde se acusaba a Karina Milei.
Las denuncias que debe abordar la Comisión de Acusación incluyen a varios pesos pesados. Sandra Arroyo Salgado, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, María Capuchetti, Federico Villena y Alfredo López son algunos de los magistrados que tienen expedientes en el Consejo.
Si un expediente pasa el filtro de la comisión, el juez debe ser sometido a un jury. Entre 1999 y 2022 tan solo fueron destituídos 18 jueces de los 26 que fueron acusados según un estudio de la Universidad Austral.
De origen radical, en 2018 Maques fue elegido presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad tras un acuerdo entre Daniel Angelici y Jorge Rizzo, que luego se distanciarían. En 2020, Maques fue reelecto y permaneció a la cabeza del consejo porteño hasta 2022.
Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue vicepresidente de la Corporación Puerto Madero. En 2017 desembarcó como síndico de Ceamse mientras el Chiqui Tapia era vice del organismo.
«Es un tipo del sistema, del statu quo. No tiene quilombos y vuela por abajo del radar», lo definió un hombre de la justicia federal.
El gobierno nacional confirmó que alcanzó un acuerdo con seis bancos internacionales para un préstamo repo de USD 3.000 millones que se utilizará para pagarle a los bonistas la deuda que vence este viernes, despejando así una incógnita que venía golpeando a los activos argentinos.
El Banco Central informó que el acuerdo es por USD 3.000 millones a un plazo de 372 días y con una tasa del 7,4% anual. La entidad que conduce Santiago Bausili indicó que utilizará como garantía parte de su tenencia de los BONARES 2035 y 2038.
El BCRA aseguró que recibió ofertas por USD 4.400 millones, pero decidió no ampliar el monto adjudicado. La cifra es considerablemente menor a los USD 7.000 millones que según Luis Caputo le habían ofrecido.
Se trata de un préstamo a corto plazo, pero que le sigue metiendo presión al gobierno para los próximos vencimientos. Caputo ya había cerrado el año pasado otros dos repos con bancos USD 1.000 millones y USD 2.000, también a pagar en 2027.
Superado el pago de los
USD 4.200 millones que vencen el viernes, a Caputo le quedan en el resto del 2026 algo más de 15 mil millones de dólares para pagar. El 9 de julio vencen otros USD 4.200 millones de bonistas. En tanto, el gobierno debe pagar USD 4.400 millones al FMI y USD 4.700 millones a organismos internacionales, entre otros compromisos.
LPO informó el martes que Economía presentó ante el Bank New York Mellon, representante de los bonistas, el aviso formal de que este viernes pagaría el vencimiento, una señal de que el repo con los bancos estaba cerrado.
Se trata de un préstamo a corto plazo, pero que le sigue metiendo presión al gobierno para los próximos vencimientos. Caputo ya había cerrado el año pasado otros dos repos con bancos USD 1.000 millones y USD 2.000, también a pagar en 2027. Superado el pago de los USD 4.200 millones que vencen el viernes, a Caputo le quedan en el resto del 2026 algo más de 15 mil millones de dólares para pagar
En la previa, en el mercado estimaban que el Tesoro tenía depositados en el Banco Central USD 1.963 millones, de acuerdo a los últimos datos oficiales de 2025. Parte del monto se explica por la emisión de USD 910 millones a una tasa superior al 9%, en la operación que Caputo vendió como el regreso a los mercados. Además, Caputo apuró a los nuevos concesionarios de las represas hidroeléctricas de la Patagonia para que depositen los USD 703 millones del canon.
Hasta ayer en el mercado estimaban que el gobierno tenía entre 2000 y 2500 millones de dólares y que la única opción para cubrir el resto era el REPO con los bancos, ya que la vía de una nueva financiación del Tesoro de EEUU parece cerrada.
Nadie en el mercado desconfiaba de que el gobierno pudiera afrontar el pago, pero las dudas eran sobre el costo que pagaría Caputo para acceder a los dólares.
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Un comentario
Son claros y revisable los conceptos de olvido .Me desestructuran y hacen revisar. LO DE LA CONFIANA NACIONAL creí qe era mayor
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Son claros y revisable los conceptos de olvido .Me desestructuran y hacen revisar. LO DE LA CONFIANA NACIONAL creí qe era mayor