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Convocatoria pública para cubrir el cargo de Director del COPLADE

El Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó el llamado a convocatoria pública para cubrir el cargo de Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE).

Los interesados podrán inscribirse a partir de este lunes 19 de abril y hasta el viernes 21 de mayo de 2021 y para ello deberán completar el formulario de inscripción que podrán descargar haciendo click en el link: convocatoria COPLADE

En este link podrán encontrar también las bases y condiciones de la convocatoria y el formulario del plan de gestión.

Para información o consultas pueden contactarse a través del mail: [email protected]

Las responsabilidades del Director del COPLADE, son, entre otras: analizar las políticas, planes, programas y proyectos de los diferentes organismos nacionales e internacionales, regionales, provinciales y locales; asesorar al Concejo Deliberante de Villa Regina en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo y proponer programas de desarrollo de interés para la población local en articulación con los planes, programas y proyectos nacionales, provinciales y locales.

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    Javier Milei enfureció con la revelación de su contrato con Hayden Davis, el hacedor de la estafa de la cripto Libra, y amenazó con el cierre del diario Clarín.

    El matutino publicó el viernes el contrato que firmó el presidente el año pasado en la Rosada con el «empresario» Davis, que entonces no conocía nadie. A raíz de esa revelación, los legisladores que integran la comisión Libra en el Congreso evalúan una segunda etapa investigativa, mientras padecen la parsimonia procesal del fiscal que «investiga» el caso, Eduardo Taiano.

    Un día después de la nota de Clarín, Milei publicó un par de tuits furiosos contra el diario. «Masterclass» puso en un tuit en el que citaba otro que, de manera irónica, hablaba del cierre del Clarín. La explicación del «chiste» era que el diario cerraba como cada noche antes de imprimir su edición del día siguiente.

    Es un chascarrillo que en boca de un presidente suena como una amenaza a la libertad de expresión, más aún considerando que Milei tiene desde hace 11 meses un tuit fijado en el que se refiere a Clarín como la «gran estafa argentina».

    Luego Milei retuiteó a otro usuario que dijo que «Clarín sin pauta miente», junto a una enumeración de conceptos sobre el rol de los medios.

    MASTERCLASS https://t.co/iq8NYT5ixw

    — Javier Milei (@JMilei) January 31, 2026

    El enojo de Milei con el diario por la nota de Davis parece cuanto menos desmedido. La publicación no fue ni siquiera llevada a la tapa, como sin dudas hubiera pasado si un escándalo internacional de corrupción sacudía a la administración de Cristina Kirchner.

    Quedaron en el pasado, al menos por el momento, las visitas de Milei al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, acompañado de Sebastián Pareja. 

    Un misil en el placard

    El embate contra Clarín se da en un momento en el que una parte del establishment se está moviendo contra el libertario y en la misma semana de la pelea inédita con Techint, al que Milei le deseó la quiebra. El dueño de Techint, Paolo Rocca, comparte con Magnetto la conducción de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

    Un día antes del ataque de Milei a Clarín, los libertarios se pelearon con el New York Times, que reveló una negociación entre con Donald Trump para que la Argentina reciba deportados de Estados Unidos.

    El gobierno aún no desmintió tamaña información de manera oficial. El canciller Pablo Quirno, mencionado en el diario neoyorquino como el protagonista de la negociación, hizo silencio.

    Milei se limitó a retuitear una desmentida del Gordo Dan y Agustín Romo, jefe de bloque de los libertarios en el Senado bonaerense, dijo que los del New York Times son unos «conchudos».

     

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    ¿GOBERNADORA O GOBERNADOR?

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  • Caputo sube 20% la tarifa de los peajes un día antes de abrir las ofertas para privatizar autopistas

     

    Como adelantó en exclusiva LPO, Toto Caputo está obsesionado con la privatización de las rutas nacionales y autopistas que están bajo control de la estatal Corredores Viales. Eso, al punto de amenazar con una purga en Transporte y Vialidad si no están licitados 9.000 kilómetros de ruta antes de julio.

    En ese apuro, Caputo también incluyó la suba de los peajes. En una señal directa a las empresas que manejarán las autopistas y rutas nacionales por los próximos 20 años, se dispuso un aumento de casi 20% en la tarifa de peajes de los diez tramos concesionados por Corredores Viales, antes de ser entregados a manos privadas.

    La suba rige a partir del jueves 26, un día antes de la apertura de sobres que hará Economía para tramos de la Etapa II de la Red de Concesiones, que incluyen sectores de las rutas 3, 205 y 226 y de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, unos 1.872 kilómetros, menos de la mitad de los 4.428 kilómetros previstos para la Etapa II.

    Entre las empresas que mostraron interés, figuran Chediack, Roggio, Supercemento, Panedile, Rovella Carranza, Helport y Green, entre otras.

    Caputo amenaza con una purga en Transporte si no se concesionan todas las rutas antes de julio

    En lo relativo a los aumentos de peajes, la tarifa mínima para vehículos livianos en la Autopista Riccheri será de $1.300 y subirá a $ 1.500 en hora pico. Los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura pasarán a pagar $1.500, mientras que aquellos que superen esa altura o tengan rueda doble deberán pagar $3.000.

    Como contó LPO, para los tramos de la Etapa II para los que se abrirán ofertas este jueves, el pliego modificado por el ministerio de Caputo contempla la duplicación de la cantidad de estaciones de peaje actualmente vigentes en estos tramos, pasando de 10 a 20 cabinas.

     «Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II 

    En ese contexto, el ministro anunció en las últimas horas el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones que abarca 3.900 kilómetros y pretende adjudicarla para fines de mayo.

    «Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II.

     

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    El Presidente retiró entonces al Estado de la causa que debía investigar el destino de los fondos otorgados por el organismo multilateral de crédito, para favorecer tanto a su ministro de Economía como a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también formó parte del gobierno de Cambiemos.

    El decreto de Milei es el 87/26 y establece en su artículo 2° que se instruye a la Procuración «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019». Esa investigación se caratuló «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros» y fue la querella criminal que anunció el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.

    Capuchetti consideró en su fallo que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados». Por eso, dispuso el archivo de la causa.

    La jueza Capuchetti.

    Sin embargo, el fiscal Franco Picardi objetó la medida al señalar que la magistrada realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas». «Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación», aseveró.

    Según Picardi, «la resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa».

    La magistrada realizó una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas.

    La investigación tenía como objeto esclarecer si había efectivamente un «esquema defraudatorio» montado entre por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recuerda que se contrajo deuda por U$s 57100 millones «vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas».

    Además, postula que se destinaron «de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público». «Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales», completa.

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Un comentario

  1. Son claros y revisable los conceptos de olvido .Me desestructuran y hacen revisar. LO DE LA CONFIANA NACIONAL creí qe era mayor

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