El Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó el llamado a convocatoria pública para cubrir el cargo de Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE).
Los interesados podrán inscribirse a partir de este lunes 19 de abril y hasta el viernes 21 de mayo de 2021 y para ello deberán completar el formulario de inscripción que podrán descargar haciendo click en el link: convocatoria COPLADE
En este link podrán encontrar también las bases y condiciones de la convocatoria y el formulario del plan de gestión.
Para información o consultas pueden contactarse a través del mail: [email protected]
Las responsabilidades del Director del COPLADE, son, entre otras: analizar las políticas, planes, programas y proyectos de los diferentes organismos nacionales e internacionales, regionales, provinciales y locales; asesorar al Concejo Deliberante de Villa Regina en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo y proponer programas de desarrollo de interés para la población local en articulación con los planes, programas y proyectos nacionales, provinciales y locales.
El Intendente Marcelo Orazi firmó en la tarde de este jueves con el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni el convenio que contempla la remodelación integral de la terminal de ómnibus de media y larga distancia de Villa Regina por un monto superior a los $65 millones. La rúbrica se concretó en la…
El conflicto con los transportistas que paraliza el Puerto Quequén, complica al gremio de peones rurales que lidera José Voytenco que está inmerso en una pelea descontrolada por el manejo de la principal terminal cerealera de la provincia.
Quequén es de los pocos puertos donde continúa abierta la discusión que plantearon los transportistas, quienes exigieron un aumento d ela tarifa que cobran por la suba del precio de los combustibles por la guerra.
La suba del 14% que proponen las exportadoras es rechazada por los transportistas, que piden de base un 17% de aumento. «Tienen cosecha récord, no hay excusas para no otorgar el aumento que pedimos», dijo a LPO uno de los dirigentes involucrados en la discusión.
Ante la extensión del conflicto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) le reclamó este jueves al gobierno de Milei que intervenga en el conflicto y, de ser necesario, que haga «uso de la fuerza pública».
En una nota dirigida al secretario de Transporte nacional, Fernando Herrmann, el titular de la CPPC, Federico Spoturno Merchot, denunció una «flagrante y sostenida violación» de la ley que regula el transporte de cargas por parte de los transportistas, razón por la cual creen que Nación debería actuar de inmediato.
En el sector sostienen que por este conflicto el circuito económico de Quequén registró pérdidas más de 300 millones de dólares.
«Puerto Quequén y con él buena parte de la exportación agrícola argentina, permanece rehén del accionar de este grupo de inadaptados sociales y este panorama se ha complicado aún más con el parate total de ingreso de mercaderías a las Terminales de ese puerto», señala la nota de la CPPC a la que tuvo acceso LPO.
Y agrega: «Hay 17 buques -semi cargados- que esperan desde hace más de diez días poder embarcar 450.000 toneladas de mercaderías ya vendidas, pero retenidas por el inescrupuloso accionar que es motivo de esta denuncia».
Imagen satelital de los buques en espera en Quequén.
En el sector sostienen que por esta situación el circuito económico de Quequén registró pérdidas por más de USD 300 millones. Por todo eso, en la CPPC le avisaron a Herrmann que irán a la Justicia ante «el hipotético supuesto que este reclamo no sea atendido». Una desenlace muy problable con el gobierno libertario.
Las federaciones de transportistas Fatrac, Fetra, Atcade y Camioneros rechazaron la presión empresaria y ratificaron su «apoyo y total sintonía en el rechazo del 14% propuesto en la última reunión, por considerarlo insuficiente para cubrir los costos reales del sector».
Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia.
Ante la escalada del conflicto, reclamaron la mediación del gobierno de Axel Kicillof: «Que asuma la responsabilidad que le corresponde, tomando las medidas pertinentes que sea necesarias para lograr una tarifa justa y acorde a la realidad», señalaron.
También la CGT Regional Necochea pidió una intervención «urgente» de la Provincia y planteó interrogantes sobre el rol del presidente interino del consorcio portuario, el dirigente de Uatre, Mariano Carrillo.
«Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia», dijo a LPO el titular de la CGT Necochea, Demian Ledesma.
Transportistas protestando en la rotonda de acceso al Puerto Quequén.
En esa línea, fuentes cercanas a los transportistas afirmaron que Carrillo mantiene un acuerdo con las cerealeras exportadoras y lo asocian a las intenciones del dirigente alineado a José Voytenco por quedarse más allá del actual interinato al frente del puerto.
En el medio, está en ciernes la licitación del elevador de granos que -como contó LPO- opera hace 34 años Terminal Quequén. Se trata de un grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La última prórroga está cerca de expirar y en el puerto creen que Carrillo concederá una nueva prórroga.
«Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder», acusaron en el opositor Movimiento de Recuperación de Uatre.
En el medio, también generó discordia el viaje a España que, en medio de esta crisis inédita, realizan miembros del directorio portuario con pasajes adquiridos con recursos del consorcio.
Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder.
Fuentes del puerto señalaron a LPO que el propio Carrillo tenía sus pasajes para participar del encuentro de «líderes portuarios latinoamericanos» en Barcelona, pero que se tuvo que bajar frente a la escalada del conflicto. No obstante, otros funcionarios del puerto viajaron a la soleada capital catalana.
«No se sabe si juega para los sindicatos o para los exportadores», dijo sobre Carrillo otra fuente del puerto consultada.
Como sea, en las exportadoras aumentan la presión para sacar los granos hoy retenidos en Quequén. En el sitio de la Asociación de Cooperativas Argentinas están en espera 7 buques para cargar 208 mil toneladas de graneles agropecuarios. En el sitio 4/5 de embarque de Terminal Quequén S.A. están esperando cargar 95 mil toneladas en 4 buques y en el Sitio 0 de Quequén esperan 6 buques para cargar 148 mil toneladas.
La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto los procesamientos contra tres militantes acusados por el escrache a la casa de José Luis Espert y dictó la falta de mérito. El fallo cuestiona con dureza a la jueza Sandra Arroyo Salgado y desarma una causa que había sido presentada como un caso de gravedad institucional.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar los procesamientos dictados contra Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, los tres militantes acusados por el escrache realizado en 2025 frente al domicilio de José Luis Espert. En su lugar, los jueces dictaron la falta de mérito, lo que implica que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones penales.
La decisión judicial representa un giro significativo en una causa que había sido inflada mediática y políticamente, y que había derivado incluso en detenciones con fuerte impacto público. Según surge del fallo, las imputaciones no lograron ser acreditadas y los hechos no encuadran en los delitos graves que se pretendían aplicar.
Un fallo que desarma la hipótesis de “sedición”
Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones fueron contundentes: no existió una organización destinada a imponer ideas por la fuerza, ni se configuraron los delitos de atentado al orden público o incitación al odio que había impulsado el juzgado de primera instancia.
En ese sentido, el fallo advierte que las acciones dirigidas contra Espert no alcanzan para poner en riesgo la estabilidad institucional ni la tranquilidad social, desmontando así el argumento central de la acusación.
Tampoco se probó la existencia de una asociación ilícita ni la intención de generar violencia política organizada, elementos que habían sido utilizados para justificar imputaciones de extrema gravedad.
Duras críticas a Arroyo Salgado
Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el fuerte cuestionamiento a la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara le reprochó haber excedido el objeto procesal y avanzar con interpretaciones forzadas.
Los jueces señalaron que la magistrada amplió indebidamente el alcance de la investigación y utilizó figuras penales desproporcionadas para los hechos analizados.
Además, el fallo deja entrever críticas al tratamiento mediático inicial del caso, que acompañó la construcción de una narrativa judicial de alto impacto antes de contar con pruebas sólidas.
El origen del caso: un escrache político
El episodio ocurrió en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache frente a la vivienda de Espert, colocando un pasacalle, panfletos y arrojando excremento en la vereda.
El hecho se produjo pocos días después de que el propio dirigente libertario realizara declaraciones insultantes contra Florencia Kirchner en un ámbito público, lo que generó repudio inmediato.
Desde el inicio, la defensa de los acusados sostuvo que se trataba de una acción política simbólica, sin violencia ni afectación de bienes, y que su criminalización implicaba un avance sobre el derecho a la protesta.
De “terrorismo” a falta de mérito
La causa había escalado rápidamente con acusaciones que incluían delitos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio, figuras que incluso suelen aplicarse en contextos de extrema gravedad institucional.
Sin embargo, la Cámara desmontó esa construcción: no hubo pruebas de que los hechos encuadraran en esos tipos penales, ni de que existiera un peligro real derivado de la protesta.
El contraste entre la imputación original y la resolución final expone una dinámica cada vez más frecuente en el actual contexto político: la utilización del aparato judicial para disciplinar la protesta social y luego su desarticulación en instancias superiores.
Un mensaje político-judicial
Más allá de la situación procesal de los imputados, el fallo deja un mensaje claro: no todo conflicto político puede ser traducido en delito penal, y menos aún mediante interpretaciones expansivas que vulneren garantías básicas.
En un clima atravesado por la polarización y la persecución selectiva, la resolución de la Cámara Federal de San Martín funciona como un límite —al menos parcial— a los intentos de judicializar la militancia.
La causa seguirá abierta, pero con un dato central ya establecido: las acusaciones que pretendían convertir un escrache en un caso de gravedad institucional no pudieron sostenerse ante el mínimo rigor jurídico.
El día 10 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Salud Mental, promovido por la Federación Mundial para la Salud. El tema de este año es: «Educación inclusiva, salud mental positiva». El proceso de transformación social que atravesamos promueve la consolidación de un cambio de paradigma que, implica el…
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a apuntar con dureza contra el rumbo del gobierno nacional y dejó una definición que resume el clima político actual: “en cada fracaso dicen que entramos en una nueva etapa”, en referencia directa a la gestión de Milei.
La crítica no fue aislada ni casual. Desde España, donde participa de la Movilización Progresista Mundial convocada por el presidente Pedro Sánchez, Kicillof trazó un diagnóstico demoledor sobre el modelo libertario, al que acusó de cambiar de rumbo permanentemente para justificar sus propios errores.
Un modelo que se contradice
Durante una entrevista radial, el mandatario bonaerense profundizó su cuestionamiento y aseguró que Milei “cambia de teoría como de campera”, en una frase que apunta a la falta de coherencia del programa económico oficial.
El ejemplo que utilizó no es menor: recordó que el propio Milei sostenía que los precios no debían moverse ante shocks externos, pero ahora el Gobierno atribuye la inflación a factores internacionales como conflictos bélicos. Un giro discursivo que expone la fragilidad del relato libertario.
En ese marco, Kicillof dejó en evidencia una de las principales tensiones del presente económico: la distancia entre lo que el Gobierno prometía y lo que efectivamente está ocurriendo.
Sin consumo, sin inversión y con salarios planchados
El gobernador fue más allá del plano discursivo y puso el foco en los efectos concretos del ajuste. Señaló que el modelo actual se caracteriza por la caída del consumo, la retracción de la producción y la ausencia total de inversión pública, un combo que, según su mirada, va a contramano de cualquier estrategia de crecimiento.
Incluso reveló que en el exterior le consultan cómo puede funcionar una economía en esas condiciones: “cómo puede crecer un país sin consumo, con salarios que no suben y sin obra pública”, sintetizó, dejando al descubierto el desconcierto que genera el experimento libertario.
La disputa política que se viene
Las declaraciones de Kicillof no sólo apuntan a marcar errores de gestión: también consolidan su posicionamiento como uno de los principales referentes opositores al gobierno de Milei.
En un contexto de ajuste, recesión y tensiones internas dentro del oficialismo, el mensaje del gobernador bonaerense busca instalar una idea clara: no hay “nueva etapa”, hay un modelo que no funciona y que intenta reinventarse para sobrevivir políticamente.
Y en esa disputa, el peronismo empieza a ordenar su discurso alrededor de una crítica que gana fuerza: el problema no es la etapa, es el rumbo.
Son claros y revisable los conceptos de olvido .Me desestructuran y hacen revisar. LO DE LA CONFIANA NACIONAL creí qe era mayor