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Convocatoria pública para cubrir el cargo de Director del COPLADE

El Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó el llamado a convocatoria pública para cubrir el cargo de Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE).

Los interesados podrán inscribirse a partir de este lunes 19 de abril y hasta el viernes 21 de mayo de 2021 y para ello deberán completar el formulario de inscripción que podrán descargar haciendo click en el link: convocatoria COPLADE

En este link podrán encontrar también las bases y condiciones de la convocatoria y el formulario del plan de gestión.

Para información o consultas pueden contactarse a través del mail: [email protected]

Las responsabilidades del Director del COPLADE, son, entre otras: analizar las políticas, planes, programas y proyectos de los diferentes organismos nacionales e internacionales, regionales, provinciales y locales; asesorar al Concejo Deliberante de Villa Regina en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo y proponer programas de desarrollo de interés para la población local en articulación con los planes, programas y proyectos nacionales, provinciales y locales.

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  • Manzano se queda con Metrogas y se consolida como un actor clave en energía

     

    YPF aceptó la oferta de Edenor por Metrogas y cerró una de las operaciones más importantes del sector energético. La distribuidora eléctrica controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti ofreció USD 780 millones por el paquete de la petrolera estatal y se impuso en el proceso organizado por Citigroup.

    La operación tiene una sorpresa. Edenor no compra solamente el 70% de Metrogas. YPF también le vende su 5% directo en MetroENERGÍA, la comercializadora de gas controlada por la propia Metrogas. El hecho relevante enviado este lunes a la CNV confirma que YPF se desprende de la totalidad de sus participaciones en ambas sociedades.

    La propuesta fue aprobada por el directorio de YPF este lunes y todavía debe superar las autorizaciones regulatorias. Entre ellas, la del descabezado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) en concurso de autoridades. Es un detalle importante porque la operación vuelve a colocar en el centro una vieja discusión sobre concentración e integración vertical en el mercado energético.

    Manzano llegaba con ventaja a la definición. Ya tenía el 9,23% de Metrogas a través de Integra Gas Distribution y en el sector energético se sabía que Edenor había presentado la oferta económica más agresiva. Finalmente fueron USD 780 millones. Una cifra considerable para quedarse con el control de una empresa cuya capitalización bursátil completa se ubicaba alrededor de los USD 800 millones.

    YPF no se está sacando de encima un problema. Metrogas es la mayor distribuidora de gas del país, tiene alrededor de 2,5 millones de clientes y concentra cerca del 28% del mercado. Además, es superavitaria. La recomposición tarifaria mejoró fuerte sus resultados, redujo el endeudamiento y permitió que volviera a distribuir dividendos después de más de dos décadas.

    Los últimos datos publicados por la propia compañía muestran ventas netas por USD 836,6 millones en 2025, un EBITDA de USD 176,4 millones y una utilidad neta de USD 91 millones. 

    La explicación oficial de Horacio Marín es otra. YPF afirmó que la venta forma parte de la estrategia de «optimizar su portafolio de activos» y concentrar inversiones en Vaca Muerta, con el objetivo de convertirse en una compañía shale de escala global. En el comunicado que anunció la operación, la petrolera no presentó la venta como consecuencia de una obligación legal de desprenderse de Metrogas.

    Ese silencio no es menor. Como contó LPO, alrededor de Metrogas existe desde hace años un laberinto regulatorio. La Ley 24.076 limita la integración vertical entre productores y distribuidores de gas y ese criterio fue utilizado para cuestionar que YPF controlara Metrogas. Pero la historia tiene una vuelta bastante incómoda: en 2013, cuando YPF ya estaba nuevamente bajo control estatal, el propio Enargas autorizó la operación mediante la cual la petrolera pasó a controlar indirectamente el 70% de la distribuidora.

    Años después, el regulador cambió el criterio y exigió a YPF adecuar su participación accionaria. La petrolera discutió esa interpretación y sostuvo que había adquirido Metrogas con las autorizaciones correspondientes. Por eso, presentar la venta como el simple cumplimiento de una obligación legal es, como mínimo, incompleto. Hay normas y decisiones regulatorias cruzadas y una autorización específica de 2013 que complica bastante esa lectura.

    El punto adquiere otra dimensión porque YPF está entregando una empresa rentable. No es una privatización para tapar un agujero. Metrogas genera caja, domina el mayor mercado residencial de gas del país y tiene por delante la posibilidad de extender durante otros veinte años una licencia que vence en diciembre de 2027. El Enargas ya recomendó esa prórroga.

    Pero la verdadera novedad del paquete está en MetroENERGÍA. La sociedad fue creada para operar en el mercado desregulado y comercializa gas a grandes usuarios. El 95% pertenece a Metrogas y el 5% restante estaba directamente en manos de YPF. Con la operación anunciada este lunes, Edenor compra también ese 5%. Es decir, no se lleva solamente los caños que distribuyen el gas: entra también en el negocio de comercializarlo.

    Ahí aparece una curiosidad regulatoria difícil de pasar por alto. La integración vertical que durante años se le cuestionó a YPF y que funcionó como argumento para que se desprendiera de una compañía superavitaria no parece despertar el mismo celo cuando la cadena queda en manos privadas.

    Manzano ya controla Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Ahora suma el control de Metrogas y, a través de ella, de MetroENERGÍA. El grupo queda así parado sobre distintos escalones del negocio energético: comercialización de gas, distribución de gas y distribución de electricidad. El gas, además, es uno de los principales combustibles utilizados para generar la electricidad que después circula por las redes de Edenor.

    El mapa puede extenderse todavía más, aunque allí conviene distinguir propiedad de asociación empresaria. Manzano mantiene estrecha relación con Mercuria a través de Phoenix Global Resources. El trader suizo avanzó sobre los activos de Raízen en Argentina, que incluyen la red de estaciones Shell, la refinería de Dock Sud y terminales de combustibles. 

    Y las estaciones tienen un valor que ya no termina en el surtidor. Son uno de los lugares naturales para desplegar cargadores rápidos de vehículos eléctricos. La electromovilidad abre así una nueva frontera donde pueden volver a encontrarse las redes eléctricas, los grandes comercializadores de energía y las estaciones de servicio.

    La operación de Metrogas deja entonces una pregunta para el regulador. Si la integración vertical era un problema suficientemente serio como para reclamar durante años que YPF abandonara el control de una empresa superavitaria, deberá explicar dónde coloca ahora la línea roja cuando el comprador ya controla Edenor y suma Metrogas y su comercializadora de gas.

    YPF, mientras tanto, se queda con los USD 780 millones y concentra sus fichas en Vaca Muerta. Manzano se queda con una compañía rentable, 2,5 millones de clientes y otra pieza de un tablero energético que ya abarca buena parte del AMBA. .

     

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  • Llamativo mensaje del abogado del juez Salmain a los fiscales que actúan contra el magistrado

     

    La presencia de Gastón Salmain entre el público durante una audiencia de un juicio en Comodoro Py donde se desempeñan dos de los fiscales que lo están acusando dejó flotando en el Ministerio Público Fiscal la idea de un mensaje de parte del magistrado. En efecto, el juez federal de Rosario afronta un pedido de juicio político por causas de corrupción que pueden llevar a su destitución y, en ese caso, a la activación de un pedido de prisión preventiva ya concedido.

    Salmain, que en los dos años que lleva en Rosario acumula tres causas penales -y dos son por pedir sobornos-, asistió la semana pasada en Buenos Aires a una de las audiencias de la causa conocida como «Sueños compartidos», donde están acusados entre otros los hermanos Sergio y Pablo Schocklender. Los fiscales federales allí son dos funcionarios de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac): su titular, Diego Velasco, y Juan Argibay Molina, que tiene asiento en Rosario.

    Ambos participaron de la acusación contra Salmain en la causa conocida como Attila, donde el magistrado bajo sospecha está acusado de haber admitido un amparo del dueño de un fideicomiso y ordenado al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares al precio oficial, durante la vigencia del cepo cambiario, para que el empresario pagara una deuda. Según la imputación, Salmain accedió ante la propuesta de recibir una coima del 10 por ciento de la diferencia de cambio, entre la cotización de la divisa en el mercado de cambios y en el circuito blue.

    Suspendieron al juez Salmain y le inician juicio político por dos casos de corrupción

    El abogado que asiste a acusados en Sueños Compartidos, Yamil Castro Bianchi, es uno de los abogados de Salmain en el pleito por el cual el juez ya está camino a juicio, y por el que eludió la prisión preventiva por la inmunidad que le otorgan sus fueros. En la audiencia celebrada por el desvío de dinero para la construcción de viviendas sociales que tiene imputados a los Schoklender, el juez federal bajo reproche apareció llamativamente entre el público.

    Y fue sugestivo cómo, en medio de la audiencia, el abogado de Salmain le señalaba al fiscal del caso que terminaría preso. Fue durante su intervención en la que defendió a Daniel Nasif y Silvia Nasif, ex funcionarios para los cuales la fiscalía pide penas de prisión efectiva en el marco de la causa Sueños Compartidos.

    Fue sugestivo cómo, en medio de la audiencia, el abogado de Salmain le señalaba al fiscal del caso que terminaría preso.

    Al cuestionar el monto de la pena que pedían los fiscales a sus asistidos, Castro Bianchi dijo: «Tendría que haber menos doctores Velasco porque la acusación fiscal no es ni más ni menos que la crítica a una política de Estado que era darles a los que menos tienen. Pero para poder diferenciarme del acusador, el día que a mi me toque pedirle pena al señor Salmain en la causa que tienen con el presidente de la Corte Suprema yo sí voy a empezar por el mínimo porque ahí nos tenemos que diferenciar sobre determinados principios que tenemos al momento de ejercer nuestra profesión».

    ¿A qué se refería el abogado cuando dijo que le pediría pena a Velasco en relación a «la causa que tienen con el presidente de la Corte Suprema»? Esto es por una idea defensiva de Salmain, al menos hasta ahora sin demostración en evidencia, que plantea reiteradamente en su juicio. 

    Lo dijo Salmain cuando fue imputado de un nuevo pedido de coima, esta vez destinado hacia el ex director regional de la AFIP Santa Fe Carlos Vaudagna. Salmain sostuvo entonces que sus causas eran un armado que atribuyó de modo manifiesto al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

    Imputan al juez Salmain por pedir una coima de 100 mil dólares a un ex jefe de la AFIP

    «Esta persecución guarda estrecha relación por una investigación que tramita en Comodoro Py, y que examina la posible existencia de una asociación ilícita que involucraría al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a su secretario, Silvio Robles, y a fiscales de la jurisdicción de Rosario, presuntamente vinculados con ellos», planteó Salmain cuando lo imputaban de gestionar un soborno de 100 mil dólares para quedarse con el control de las causas penales de Vaudagna.

    La intención de Salmain es radicar sus causas en Comodoro Py, pero la jueza federal María Romilda Servini lo rechazó. Luego el polémico magistrado pidió que se investigara a Rosatti por los contenidos de una carta en que otro imputado en las mismas causas, el escribano santafesino Santiago Busaniche, anunciaba que se quitaría la vida por un complot que atribuye al titular del máximo tribunal, que tramita en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y que tiene como fiscal actuante a Ramiro González.

    Fue algo muy inhabitual y muy extraño. También un poco bizarro. El defensor Castro Bianchi diciendo que le va a tocar pedirle pena a los fiscales que acusan a su defendido, que es un juez federal en funciones implicado en dos causas de sobornos.

    Para Salmain, parece recurrente el hábito de mandar mensajes en plena audiencia en donde resulta acusado. Cuando lo imputaban de haber ordenado vender dólares durante el cepo al empresario dueño de Attila, el ahora imputado Fernando Whpei, el magistrado aludió a que había hecho lo mismo con empresarios de medios de Rosario.

    En la audiencia de hace diez días, no solamente aludió a Rosatti. También pareció mandar un mensaje al ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, a quien aludió explícitamente, incluso mostrando una publicación periodística que lo mencionaba. Lorenzetti participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain, oriundo de Buenos Aires, asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024.

    Ahora, de manera inesperada y en otro juicio, el abogado de Salmain apuntó contra los fiscales que acusan a su cliente, en un juicio donde estos funcionarios participan. «Fue algo muy inhabitual y muy extraño», comentaron a LPO desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación. «También un poco bizarro. El defensor Castro Bianchi diciendo que le va a tocar pedirle pena a los fiscales que acusan a su defendido, que es un juez federal en funciones implicado en dos causas de sobornos», resumió el funcionario que habló con este medio, y agregó: «un mensaje más».

     

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Un comentario

  1. Son claros y revisable los conceptos de olvido .Me desestructuran y hacen revisar. LO DE LA CONFIANA NACIONAL creí qe era mayor

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