El Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó el llamado a convocatoria pública para cubrir el cargo de Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE).
Los interesados podrán inscribirse a partir de este lunes 19 de abril y hasta el viernes 21 de mayo de 2021 y para ello deberán completar el formulario de inscripción que podrán descargar haciendo click en el link: convocatoria COPLADE
En este link podrán encontrar también las bases y condiciones de la convocatoria y el formulario del plan de gestión.
Para información o consultas pueden contactarse a través del mail: [email protected]
Las responsabilidades del Director del COPLADE, son, entre otras: analizar las políticas, planes, programas y proyectos de los diferentes organismos nacionales e internacionales, regionales, provinciales y locales; asesorar al Concejo Deliberante de Villa Regina en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo y proponer programas de desarrollo de interés para la población local en articulación con los planes, programas y proyectos nacionales, provinciales y locales.
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La tensión entre la industria y el gobierno de Javier Milei terminó abriendo una interna feroz dentro de la propia central fabril. En pocas horas, Guillermo Moretti acusó a Luis Caputo de ser un «trader que no sabe lo que es un torno», Martín Rappallini reclamó por la caída de la actividad y el costo de la energía, Caputo respondió que no gobierna para «determinados empresarios» y, cuando todavía quedaba humo sobre el campo de batalla, el presidente de la UIA salió a desautorizar a su vicepresidente.
La secuencia arrancó apenas una hora antes del acto oficial por el Día de la Industria. Moretti, uno de los vicepresidentes de la UIA y referente industrial de Santa Fe, decidió romper todos los diques. «Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea», afirmó en una entrevista concedida a El Destape. Y apuntó directamente contra Caputo: «Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno». También cuestionó el crecimiento del patrimonio del ministro y sostuvo que sus finanzas personales habían aumentado «un 37% en dólares» mientras la Argentina se endeudaba.
Moretti fue bastante más lejos que la posición institucional que venía preparando la UIA. Habló directamente de «una política de desindustrialización» y vinculó la supervivencia fabril con las escuelas técnicas, las universidades, el CONICET y el INTI. También puso el foco sobre la diferencia entre los sectores beneficiados por el modelo. «Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo», dijo, mientras describió a la industria manufacturera en una situación «muy difícil».
El clima ya venía cargado desde la víspera. Rappallini había anticipado que preparaba un discurso duro para el Día de la Industria y el Gobierno respondió vaciando políticamente el encuentro. El acto se hizo en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, ante unos 200 industriales y sin funcionarios nacionales de primera línea.
Sin embargo, cuando Rappallini subió al escenario, su discurso terminó pareciendo moderado al lado de la descarga de Moretti. El presidente de la UIA presentó números muy duros: la producción industrial está 10% por debajo de 2022, hay ramas con caídas de entre 25% y 30% y desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 empleos asalariados registrados. «La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad», afirmó.Ese punto toca uno de los nervios del programa económico de Caputo.
Rappallini destacó que durante los últimos dos años los precios industriales subieron alrededor de 140%, contra un incremento cercano al 190% del nivel general y del 400% en los servicios. «La industria le está poniendo el hombro en la estabilización», dijo.
Guillermo Moretti
El reclamo más concreto apareció con la energía. Rappallini denunció que numerosas empresas, especialmente pymes, recibieron facturas de gas y electricidad que se multiplicaron entre tres y cinco veces. La UIA atribuye parte del salto a la decisión oficial de trasladar a los industriales el diferencial generado por el costo de importación de energía y viene reclamando un mecanismo de compensación. «Seguimos aguardando una respuesta», lanzó.
Al mismo tiempo pidió que Vaca Muerta no sea únicamente una plataforma para exportar hidrocarburos sino también una palanca para exportar producción industrial argentina.
La central fabril desplegó además una agenda de siete puntos: recuperación de actividad y crédito, reducción del costo argentino, defensa frente a la competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral. Rappallini pidió un «puente» entre la economía que queda atrás y la economía competitiva que pretende construir Milei.
También reclamó un pacto fiscal industrial para reducir impuestos nacionales, provinciales y municipales y advirtió que en algunos sectores los productos ingresados por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado. «Esto lejos está de ser libre mercado», afirmó.
Caputo no dejó pasar el desafío. Horas después, durante el foro Vientos de Cambio, defendió el programa económico y rechazó el diagnóstico industrial. «El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión», afirmó. Después trazó la frontera política de la discusión: «El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular».
El ministro endureció todavía más la respuesta. Dijo que el modelo anterior había protegido empresarios mediante subsidios en energía, tipo de cambio y precios, y aseguró que la economía ahora crecerá «en dos velocidades». Sobre Moretti fue tajante: «El feedback de las industrias no es el que dijo hoy el vice de la UIA». Según Caputo, muchos empresarios entienden que llegó el momento de «reconvertirse» e invertir. «Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras», resumió.
Milei completó la pinza esa misma tarde. En el mismo foro descartó cualquier flexibilización del programa por razones electorales. «El resultado fiscal no se negocia», afirmó. Y agregó: «No vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación». El Presidente condensó su posición en una frase que dejó poco margen para las demandas industriales: «Las buenas políticas no se negocian».
Pero cuando parecía que la historia quedaba reducida al choque entre el Gobierno y los industriales, apareció el capítulo más incómodo para la UIA. Rappallini salió públicamente a despegarse de Moretti. Y lo hizo con una dureza que llamó la atención.
Después llegó la estocada. En LN+, Rappallini buscó bajar la temperatura y se mostró mucho más conciliador con el Gobierno. «Nosotros estamos de acuerdo con el orden macroeconómico, estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo con bajar la inflación», afirmó. Y aclaró que la discusión con Caputo pasa por la economía real: «Lo que planteamos es que ahora tenemos que crecer».
También buscó quitarle amortiguar el choque: «No estamos en contra del Gobierno, estamos planteando una agenda industrial». Rappallini defendió además el rumbo general y sostuvo que «hay muchas cosas que se hicieron bien», aunque advirtió que «la actividad está claramente amesetada».
Rappallini sostuvo que Moretti «puede tener su propia mirada», pero aclaró que sus declaraciones representan «una posición personal o provincial, no la posición institucional de la UIA». Incluso recordó que la entidad tiene ámbitos internos para procesar las diferencias antes de expresarlas hacia afuera. El presidente de la central fabril terminó marcándole los límites a su vicepresidente en público.
El contraste con Moretti quedó expuesto. El presidente de la UIA se preocupó por dejar un puente tendido hacia Economía.
Hay además un dato que vuelve más delicada la posición de Rappallini frente al Gobierno. El empresario es inversor del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, la mina de cobre y oro de Uspallata que ingresó al RIGI. El proyecto había sido presentado inicialmente por unos 630 millones de dólares y finalmente fue aprobado con una inversión total proyectada de 891 millones de dólares
La pelea con Caputo dejó así una grieta expuesta dentro de la principal organización industrial del país. Moretti pateó el tablero, Rappallini trató de ordenar las piezas y el Gobierno aprovechó para reafirmar que no piensa modificar el rumbo.
En el gobierno de Axel Kicillof revelaron que el nivel de endeudamiento familiar crece a un ritmo preocupante y que en el caso de las billeteras virtuales «la situación es más alarmante».
Según expuso el ministro de Economía provincial, Pablo López, «más del 10% de la población bonaerense se encuentra en situación de mora».
El funcionario señaló que, por su escala, la provincia de Buenos Aires concentra el 38% de las personas morosas del país, con una irregularidad del crédito total cercana al 18%.
Dentro de esee cuadro de morosidad, López sostuvo que, en el segmento de billeteras virtuales y otros proveedores de crédito, «la situación es más alarmante» ya que el 32,5% de la deuda está en mora.
«En cuanto a la cantidad de personas afectadas, este tramo es el más problemático: afecta a más del 70% de los deudores morosos del sistema», agregó.
Al detallar que 6 millones de argentinos no pueden afronar sus deudas, López sostuvo: «El cuadro es grave. En el sistema bancario, según datos preliminares de julio, la mora alcanzó un nuevo récord de 12,9%».
En ese sentido, citó un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia que muestra que la mora bancaria está afectando seriamente la operatoria normal de los bancos.
«Por si quedaba alguna duda: no es un asunto entre privados, se trata de un drama social y un problema macroeconómico con riesgos sistémicos», apuntó López al cruzar la postura que tiene el gobierno libertario ante el tema.
En ese estudio se expone que, en el acumulado 2025-2026, el sistema financiero ganó lo mismo por intereses netos (cobros por préstamos menos pagos por depósitos) de lo que perdió por cargos por incobrabilidad: 16,1 billones de pesos.
Cómo contó LPO, el peronismo en la provincia de Buenos Aires busca unificar a través de la Defensoría del Pueblo el vínculo entre los endeudados y los acreedores para lograr una negociación colectivas de esas deudas.
El diputado camporista Facundo Tignanelli y el Defensor Guido Lorenzino quieren que sea el Estado quien represente a los bonaerenses que en los últimos años contrajeron deudas para enfrentar la crisis.
La idea es poner en una situación de igualdad al poder con el que cuentan las empresas que quieren cobrar las deudas, con el poder del Estado, en este caso la Defensoría, para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.
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Un comentario
Son claros y revisable los conceptos de olvido .Me desestructuran y hacen revisar. LO DE LA CONFIANA NACIONAL creí qe era mayor
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Son claros y revisable los conceptos de olvido .Me desestructuran y hacen revisar. LO DE LA CONFIANA NACIONAL creí qe era mayor