CONTRAINFORMACIÓN INFORMADA

Vivimos hace años en una era en donde los silencios de la «información oficial» se camuflan con una contrainformación informada.

Desde WikiLeaks hasta Snowden, desde desconocidos hackeos hasta mecanismos de contrainteligencia, estos y algunos más se configuran como las fuentes de evidencia de una realidad que no está al alcance de todos…

Sin embargo, los comentarios en las redes sociales abundan en sospechas de ocultamiento de datos. Entonces,

¿Hasta dónde es beneficioso para el pueblo el ocultamiento de la información? ¿No saber ciertos datos contribuye a resguardar la seguridad de las personas? ¿Hasta qué punto se viola la autonomía o privacidad individual? ¿El desocultamiento de documentación confidencial es un delito o una forma de democratizar la información?



La pandemia se ha constituido como un síntoma de ocultamiento de la información, y los gobiernos más autoritarios han sabido sacar provecho de ello. Porque en definitiva, nunca vamos a saber con certeza cuántos infectados o muertos hay en cada país.

Las luchas política-militares y económicas por la hegemonía del poder, el saber y el control social se han entretejido como redes ultrasecretas para mostrar parcialmente una complejidad mucho más profunda.

Y no es por casualidad que nos preguntemos cuál va a ser el futuro de las sociedades después de esto, no, no lo es. Un claro ejemplo de la manipulación politico-mediática se manifiesta cuando se habla de «éxito», y ahí, en el hiper-control de los Estados es cuando también se habla en nombre de la «seguridad nacional», generando así abusos de poder que quedan aparentemente justificados…

Por otro lado, la «liberación social», propuesta por gobiernos como el de EEUU o Brasil, nos demuestran que un contragolpe es posible, ya no a través del control, sino a través de mandadatos contradictorios y tardíos que propulsó la muerte de miles de personas.

Entonces, nos situamos en la paradójica situación en dónde el extremo control o la liberación desmedida funcionan como las dos caras de una misma moneda.

Ni optimismo, ni pesimismo, ni cuantificación, ni cualificación, los conjuntos de los conjuntos de una virtual realidad, o de una realidad virtual formada por algoritmos de búsqueda personal mientras los sistemas de vigilancia siguen al acecho para pescar con una carnada hechas de bits.



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  • País de boludos

     

    El meme: país de boludos

    ¿Cómo tomar en serio a alguien que toma a todos los argentinos como una sarta de boludos? ¿Para qué detenerse sobre algo tan transparente, tan cristalinamente autoincriminatorio? ¿Qué sentido tendría desnudar algo que ya se desnuda solo? ¿Cómo escribir sobre las declaraciones de Adorni algo que no sea un meme?

    El meme, ya ha sido dicho desde Trump vuelto meme en Pepe el Sapo, condensa la estrategia comunicacional estrella de una nueva forma de gobernanza global, en la que procesos de desregulación institucional se corresponden con procesos de desinhibición discursiva que aplanan la palabra en un juego obnubilante de obscenidades y evidencias. Volverse meme es un modo de forzar, en el gesto autosatírico, la neutralización de la crítica y el debate por anticipado.

    La Ley de Inocencia Fiscal es sólo el ejemplo más reciente, y uno de los más extremos, de un proceso de desregulación a favor de los ricos que está en el corazón del programa de este gobierno.

    Si esto es así, que el vocero del presidente libertario se haya convertido en un meme viviente no debería ser motivo para restarle importancia, todo lo contrario: es una razón para ahondar en los modos en que la descomposición política e institucional exige formas de descomposición comunicacional y mediática, que sitúan al meme como eje de nuestra amainada vida simbólica. 

    La extrema desregulación estatal promovida por el gobierno requiere una extrema desregulación cognitiva del discurso público general.

    Lanzar las inverosímiles y alucinatorias fabulaciones que anoche ofreció Manuel Adorni pretendiendo que sean recibidas como explicaciones plausibles de su situación patrimonial, contradiciendo sus propios dichos en esta farsa (y hacerlo además a horas del inicio del mundial), es tomarnos de boludos a los 45 millones de argentinos. Entonces, cómo llegó a tener el patrimonio que tiene es una preocupación que contiene otra, acaso más profunda: ¿cómo pudo un boludo del tamaño de Adorni llegar a tomar por boludos al resto de los argentinos?

    Necesitamos memes, pero necesitamos también ir más a fondo. Porque ellos sí que están yendo a fondo con un modelo de gobierno, de estado y de economía del cual el caso Adorni no es más que el testimonio más insólito, exótico y lumpen. Apenas la punta de iceberg de un modelo de país que el gobierno está construyendo para unos pocos. 

    Legalizar lo ilegal: el estado como agente paraestatal

    La verdadera cuestión en relación al caso Adorni es menos su declaración irrisoria que la Ley de Inocencia Fiscal con la que se busca lavar todos los desfalcos e irregularidades en que incurrió el actual jefe de Gabinete. Y con él, las de toda una lista de rufianes -entre los que se encuentran el actual ministro Sturzenegger y el cancelado ex candidato a legislador Espert- que ahora pueden blanquear bienes que tenían en negro sin explicar sus origen ni pagar multas. Un  ordenamiento legal diseñado para la perpetuación del desfalco y la irregularidad.

    Este gobierno, se ha dicho muchas veces, supo leer los efectos de la informalidad que aquejaba la vida económica en la Argentina, sobre todo al mundo de la informalidad laboral, cuyos problemas, frustraciones y resentimientos -no tenidos en cuenta por los gobiernos anteriores – fueron escuchados y atendidos por Milei. Pero el objetivo del gobierno en relación a esas zonas de informalidad no fue ni eliminarlas ni regularlas, sino convertirlas en el modelo de una nueva estatalidad reducida que garantizara el libre juego de fuerzas para-institucionales, en las que pudiera construirse una exótica alianza de clases lumpen entre los de muy abajo, para los que las regulaciones nunca fueron una ayuda, y los de muy arriba, para los que las regulaciones nunca fueron un problema.

    El escándalo Adorni es el rostro bobo de la inquietante utopía tecnocapitalista de desestatización de la soberanía, en la que el mercado, la tecnología y la competencia entre jurisdicciones reemplazarían progresivamente funciones históricamente asociadas al Estado.

    El actual gobierno llega al estado como agente paraestatal. No es vano repetir que Milei, hoy inmolándose en defensa de Adorni, es quien formuló su tarea en la máxima magistratura como la del topo que llega al Estado para destruirlo desde dentro. Milei, que tendrá razones turbias para defender al indefendible Adorni, es el que repite como un mantra que los impuestos son un robo, y que quienes evaden son héroes. “Defender lo indefendible” se llama el libro que Milei regaló a todo su gabinete como obsequio navideño del año pasado. Entre los crímenes que se reivindican en ese libro atroz, los de Adorni son un juego de niños.

    En este contexto tan extraño y distorsivo en el que un jefe de Estado usa su posición para legitimar la descomposición del Estado como ordenador de la distribución de la riqueza del país, la “corrupción” cambia de sentido. ¿Cómo se resignifica en un país en el que se legitima la evasión de impuestos? ¿Qué implica un acto delictivo en un debate público en el que se propone ese dejar hacer?

    La Ley de Inocencia Fiscal es sólo el ejemplo más reciente, y uno de los más extremos, de un proceso de desregulación a favor de los ricos que está en el corazón del programa de este gobierno. El cometido fundamental de ese Terminator calvo en el que proyectan al ministro de desregulación “Arnold” Sturzenegger: dar fuerza de ley a la ley del más fuerte. Así como, también por vía de la “legalización”, se intenta legitimar la entrada de los tecnomagnates para apropiarse del territorio y los datos de los argentinos a través del Súper RIGI, muy pronto a tratarse en el Congreso. 

    Porque de futuros anticipados y tecnologías delirantes estamos hablando. Un mundo soñado y promovido por las estrechas mentes de los superricos que pretenden digitar nuestro futuro.

    Laboratorio de un mundo posdemocrático: Adorni y Peter Thiel

    Uno de esos tecnomagnates se ha instalado en nuestro país, y su presencia nos obliga a conectar el escándalo de superficie con movimientos mucho más hondos de la historia presente. Si el iceberg que estamos por chocar tiene a Adorni en la punta, en lo profundo de sus sombras reinan figuras como las de Peter Thiel.

    El escándalo Adorni tiene como trasfondo real la reformulación de la estructura legal del estado para normalizar comportamientos como los de Adorni, es decir, para que lo que considerábamos “corrupción” pase a ser considerado un conjunto de prácticas normales y legales. Lo que antes era excepción, busca hacerse sitio como nueva regla. Innovaciones legales que van desde el proyecto de gemelo digital o de “corporaciones no humanas” hasta el régimen de inocencia fiscal son expresión de una reformulación integral del sentido del estado como tal.

    Y allí es donde la presencia de Thiel en la Argentina oficia de recordatorio siniestro acerca del horizonte histórico hacia el que Milei pretende llevarnos. 

    El escándalo Adorni es el rostro bobo de la inquietante utopía tecnocapitalista de desestatización de la soberanía, en la que el mercado, la tecnología y la competencia entre jurisdicciones reemplazarían progresivamente funciones históricamente asociadas al Estado.

    Algunos aspectos centrales de esta agenda que necesitamos tener a la vista son:

    1. Los impuestos son concebidos como una expropiación de la innovación y la acumulación. La tributación aparece menos como mecanismo redistributivo o de financiamiento de bienes públicos que como obstáculo para la creatividad empresarial y el crecimiento económico.

    2. La soberanía estatal es vista como ineficiente y monopolística. Frente al monopolio territorial del Estado, se fabula un ecosistema de jurisdicciones en competencia: ciudades privadas, zonas económicas especiales, comunidades flotantes, plataformas digitales o incluso redes de gobernanza algorítmica.

    3. La tecnología funciona como sustituto de la política. Problemas tradicionalmente resueltos mediante deliberación democrática y conflicto político aspiran a ser abordados mediante mecanismos técnicos, incentivos de mercado o sistemas automatizados.

    4. La ciudadanía se transforma en elección de pertenencia. El modelo deja de ser el ciudadano sujeto a una soberanía territorial para acercarse a la figura del consumidor que selecciona entre distintas ofertas de gobernanza.

    En este marco, la “corrupción” cambia su marco teórico, y en tiempos de “defender lo indefendible” y de celebración de la “incorrección política” puede convertirse en una nueva forma de heroísmo del nuevo orden posdemocrático en construcción. 

    Por eso hay que insistir en que la crítica a los impuestos no es simplemente económica: es parte de un proyecto más amplio de erosión de la capacidad estatal para identificar, registrar, controlar y redistribuir la riqueza, función indispensable para que el estado pueda seguir siendo un estado democrático. 

    La Ley de Inocencia Fiscal no debe leerse, entonces, como una medida tributaria puntual, sino como un síntoma de esa imaginación política más amplia. La idea de presumir la legitimidad de los fondos no declarados, reducir los mecanismos de fiscalización y desplazar la carga de la prueba hacia el Estado expresa una concepción según la cual la circulación privada del capital debe gozar de una autonomía creciente frente a las capacidades de inspección pública, es decir, de contralor democrático.

    Lo interesante es que aquí aparece una tensión. Estas corrientes suelen presentarse como defensoras de una sociedad capaz de funcionar con menos Estado. Sin embargo, la historia muestra que los mercados requieren infraestructuras jurídicas, monetarias y coercitivas complejas para operar. Por eso algunos críticos sostienen que la promesa de una “gobernanza sin Estado” no implica realmente la desaparición del poder, sino su relocalización: desde instituciones públicas relativamente universalistas-democráticas hacia actores privados-corporativos capaces de ejercer funciones cuasi soberanas.

    La crítica tecnocapitalista a los impuestos no apunta únicamente a reducir la presión fiscal, sino a debilitar uno de los fundamentos materiales de la soberanía estatal. Desde Peter Thiel hasta Nick Land, emerge una imaginación política que concibe la competencia entre jurisdicciones, la innovación tecnológica y la autonomía del capital como sustitutos de la mediación democrática. 

    En ese horizonte, herramientas como la Ley de Inocencia Fiscal pueden interpretarse como anticipaciones parciales de una utopía postestatal: una sociedad donde la circulación de la riqueza quede progresivamente desacoplada de los mecanismos públicos de registro, control y redistribución, y donde la gobernanza adopte formas cada vez más privatizadas y tecnificadas.

    Adorni es la cara boba de un mismo proyecto cuya cara siniestra acaba de instalarse en una mansión en Barrio Parque. Es fácil hacer de Adorni un meme. No pasa lo mismo con Thiel, verdadero Terminator que llega, como el verdadero Schwarzenegger, de un futuro distópico que se está haciendo realidad gracias a la apariencia grotesca de sus operadores locales.

    La entrada País de boludos se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • Estatales presionan a Kicillof por paritarias y exigen un aumento de dos dígitos: «Hay mucho malestar»

     

    Los estatales bonaerenses le subieron el tono al reclamo por reapertura «urgente» de paritarias al gobierno de Axel Kicillof y, en una carta enviada al Ministerio de Trabajo de la provincia, advirtieron que «hay mucho malestar» en los trabajadores del sector por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

    En ATE señalaron que el compromiso del Ejecutivo provincial era que esta semana iban a convocar a la negociación salarial, pero este viernes cerró la liquidación mensual sin resolver nuevos incrementos.

    «Perdimos este año 2,9% con el último cierre y 2,1% con la última inflación de mayo. En lo que va de Milei, perdimos entre un 25 y un 27%, sin contar los nuevos datos inflacionarios», dijo a LPO el secretario General de ATE bonaerense, Claudio Arévalo.

    El primer acuerdo paritario del año implicó un aumento del 9,3% en tres tramos, el último de ellos otorgado en mayo. Frente a ese panorama, Arévalo adelantó que en la próxima negociación, ATE reclamará «un aumento de dos dígitos».

    «Hay mucho malestar en las y los estatales que están esperando una respuesta para poder recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. La situación de emergencia se agudiza debido al fuerte aumento de tarifas y servicios básicos. Por eso estamos pidiendo que nos convoquen de manera urgente», señala la carta girada a Provincia.

     Actualmente existen auxiliares que cobran 650 mil pesos y trabajadores con becas de capacitación que perciben 550 mil. 

    En ATE enmarcan el panorama crítico «entendiendo el contexto nacional» en el que la Provincia viene «siendo asfixiada por la Nación con la quita de coparticipación».

    Más allá de eso, aumentaron la presión a la Provincia para que convoque a paritarias ya que -señalaron- «la situación del trabajador estatal en la provincia en general es crítica, no llegan al 10 de cada mes».

    Así, detallaron que actualmente existen auxiliares que cobran 650 mil pesos y trabajadores con becas de capacitación que perciben 550 mil.

    Además del aspecto salarial, en ATE también reclaman la efectivización de pases a planta permanente pendientes.

     «Perdimos este año 2,9% con el último cierre y 2,1% con la última inflación de mayo. En lo que va de Milei, perdimos entre un 25 y un 27%, sin contar los nuevos datos inflacionarios», dijo a LPO el secretario General de ATE bonaerense, Claudio Arévalo. 

    Ahí, advierten que quedan 300 monotributistas en IOMA, 111 en la cartera educativa bonaerense y alrededor de 8.000 trabajadores que perciben becas y que cumplen funciones en el Patronato de Liberados , Niñez, IOMA, Justicia, IPS, entre otras áreas.

    Por otro lado, exigen la derogación de la resolución 293 del gobierno de María Eugenia Vidal, que en ATE denuncian que «precariza a los auxiliares de Educación» y que, a pesar de que se había acordado derogarla con la actual gestión, al momento no se hizo.

    También, tienen previsto discutir un convenio colectivo de trabajo «que dignifique la tarea de los estatales de la provincia», además de una mesas técnicas para discutir bonificaciones en áreas como Niñez, Patronato, Mujeres, Justicia y Cultura, entre otras. 

     

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