CONTRAINFORMACIÓN INFORMADA

Vivimos hace años en una era en donde los silencios de la «información oficial» se camuflan con una contrainformación informada.

Desde WikiLeaks hasta Snowden, desde desconocidos hackeos hasta mecanismos de contrainteligencia, estos y algunos más se configuran como las fuentes de evidencia de una realidad que no está al alcance de todos…

Sin embargo, los comentarios en las redes sociales abundan en sospechas de ocultamiento de datos. Entonces,

¿Hasta dónde es beneficioso para el pueblo el ocultamiento de la información? ¿No saber ciertos datos contribuye a resguardar la seguridad de las personas? ¿Hasta qué punto se viola la autonomía o privacidad individual? ¿El desocultamiento de documentación confidencial es un delito o una forma de democratizar la información?



La pandemia se ha constituido como un síntoma de ocultamiento de la información, y los gobiernos más autoritarios han sabido sacar provecho de ello. Porque en definitiva, nunca vamos a saber con certeza cuántos infectados o muertos hay en cada país.

Las luchas política-militares y económicas por la hegemonía del poder, el saber y el control social se han entretejido como redes ultrasecretas para mostrar parcialmente una complejidad mucho más profunda.

Y no es por casualidad que nos preguntemos cuál va a ser el futuro de las sociedades después de esto, no, no lo es. Un claro ejemplo de la manipulación politico-mediática se manifiesta cuando se habla de «éxito», y ahí, en el hiper-control de los Estados es cuando también se habla en nombre de la «seguridad nacional», generando así abusos de poder que quedan aparentemente justificados…

Por otro lado, la «liberación social», propuesta por gobiernos como el de EEUU o Brasil, nos demuestran que un contragolpe es posible, ya no a través del control, sino a través de mandadatos contradictorios y tardíos que propulsó la muerte de miles de personas.

Entonces, nos situamos en la paradójica situación en dónde el extremo control o la liberación desmedida funcionan como las dos caras de una misma moneda.

Ni optimismo, ni pesimismo, ni cuantificación, ni cualificación, los conjuntos de los conjuntos de una virtual realidad, o de una realidad virtual formada por algoritmos de búsqueda personal mientras los sistemas de vigilancia siguen al acecho para pescar con una carnada hechas de bits.



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    Prostitución Judicial: el juez de la causa Adorni viajará con el ministro de Justicia a París

     

    Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.

    Por Roque Pérez para NLI

    La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.

    En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.

    La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.

    Un viaje técnico en medio de una tormenta política

    El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.

    Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.

    Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.

    El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados

    Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.

    La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.

    Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.

    La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.

     

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