La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina continuó esta semana con los trabajos para mejorar el caudal de captación de agua en las bombas. En este caso se llevaron adelante tareas de dragado en la entrada del río Negro para alimentar el filtro y, de esta manera, aumentar el caudal en la boca toma de la planta de General Enrique Godoy.
Por otro lado quedó en funcionamiento una bomba que incrementará el abastecimiento al sistema de bombeo, a partir del trabajo realizado por el Director de Obras Sanitarias Daniel Paravano junto al personal de mecánicos de bomba.
Esto se suma a lo realizado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII con el mismo objetivo.
El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
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En el marco de la cadena nacional anunciada para hablar de las Islas Malvinas, Javier Milei anunció la firma de un DNU para dotar de mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base militar en Tierra del Fuego.
El anuncio se produce en medio de una profunda crisis en donde las Fuerzas Armadas no cuentan con salarios, equipamiento y presupuesto para cumplir con la misión que el Presidente le está encomendando. Además, cabe recordar que Milei eliminó la obra pública y compró unos aviones que, por una restricción de Inglaterra que él mismo aceptó, no tienen radar ni alcance para operar en el Atlántico Sur.
LPO habló con el presidente de la Liga Naval, el marino Fernando Morales quien planteó que «si se analiza fuera del contexto que el que lo dice es Javier Milei, el discurso es correcto porque habla de usurpación, remarca la importancia de la Antártida y de la necesidad de una base naval fuerte en el sur, que no se pueden explotar recursos mientras dure el conflicto como plantea la ONU y que tenemos para penalizar administrativa y penalmente a los empresarios que lo hagan es cierto».
Sin embargo, Morales planteó que «o el señor Milei cambió 180 grados su pensamiento histórico o le cambiaron libreto. Ayer nomás, Federico Sturzenegger, seguía sosteniendo que las Fuerzas Armadas están sobredimensionadas, que tiene muchos hombres para los recursos que tienen, es decir, al sentido inverso: no faltan recursos, sobran».
«El razonamiento es: ¿Para que queremos 21 aviadores si tenemos 10 aviones o para que queremos 24 mil marinos si hay cuatro barcos? Esto no solamente lo dice el ministro sino que lo sostiene todos los afiles mediáticos», agregó.
Por otro lado, Morales asegura que «difícilmente se pueda hablar de reequipamiento militar cuando lo primero que no estás reequipando es el salario y la salud. Ningún militar va a ir una guerra si no tiene garantizado que no tiene donde atenderse si le cortan un dedo o cobra un 1.300.000 pesos como gana un piloto de F-16».
Difícilmente se pueda hablar de reequipamiento militar cuando lo primero que no estás reequipando es el salario y la salud. Ningún militar va a ir una guerra si no tiene garantizado que no tiene donde atenderse si le cortan un dedo o cobra un 1.300.000 pesos como gana un piloto de F-16
Otro militar en actividad consultado por LPO dijo que «el reequipamiento que necesitan las Fuerzas Armadas están totalmente fuera del alcance presupuestario. El gasto en Defensa es el 0,6 del PBI y debería pasar, por lo menos, al 2 por ciento para que sea un reequipamiento medianamente rápido». «Este gobierno quitó el Fondef, que garantizaba una suma importante de dinero para reequipamiento y lo sacaron».
«Podaron 40 mil millones de pesos en horas de entrenamiento. Esto es menos vuelos, menos navegación, menos inmersión para los buzos, tienen congelado los proyectos de submarinos y le ordenaron al jefe de la Armada cerrar la base de Punta Indio con el pretexto de una renovación de la doctrina aeronaval cuando no prevista ninguna compra de caza sino que solo de aviones de reconocimiento pesquero», continuó.
Por último, un militar retirado remarcó que «tenemos en venta media base naval y ahora estas vendiendo los terreno de la base naval. Entre el discurso y la realidad y el futuro cercano hay una disociación muy grande».
«Lo que se sospecha es que es la antesala para anunciar una fuerte presencia militar en Estados Unidos para defender el Atlantico Sur y hacerse cargo de una base militar en Ushuaia para que sea como las bases estadounidenses, como la que tienen en Cadiz, en donde los norteamericanos se hacen cargo del mantenimiento, operan la base y los españoles manejan un pedacito», concluyó.
La muerte de Alberto Iribarne cierra la trayectoria de un dirigente peronista que ocupó responsabilidades en distintos momentos de la democracia argentina: fue diputado nacional, convencional constituyente en 1994, ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner y embajador en Uruguay durante la presidencia de Alberto Fernández.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La noticia de la muerte de Alberto Juan Bautista Iribarne atravesó este sábado al peronismo y a buena parte de la dirigencia política argentina. El exministro de Justicia y exembajador argentino falleció tras una extensa trayectoria vinculada a la función pública y a la vida interna del Partido Justicialista, en un recorrido que comenzó mucho antes de su llegada al gabinete de Néstor Kirchner y que continuó, con distintos roles, durante varios gobiernos de signo peronista. La familia comunicó su fallecimiento y eligió poner el acento no solamente en los cargos que ocupó, sino también en la dimensión personal de quien definieron como un hombre afectuoso, solidario y de profundas convicciones.
Una trayectoria que atravesó distintas etapas del peronismo
Iribarne nació en Buenos Aires en 1950, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y desde joven estuvo ligado al peronismo. Su carrera política y administrativa se desarrolló durante décadas y lo llevó a ocupar responsabilidades tanto partidarias como institucionales, incluyendo funciones durante las administraciones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, antes de convertirse en una figura relevante del gobierno de Néstor Kirchner. También tuvo una participación particularmente significativa en la vida constitucional argentina al integrar la Convención Constituyente de 1994, que produjo una de las reformas más importantes de la Constitución Nacional desde la recuperación democrática.
Esa trayectoria explica, en buena medida, el lugar que ocupó Iribarne dentro del universo político justicialista: no fue una figura construida alrededor de una única elección o de una coyuntura electoral, sino un dirigente formado en la administración pública y en las estructuras políticas del peronismo, con vínculos que atravesaron distintas generaciones y sectores internos. Su perfil estuvo más asociado a la construcción política y a la gestión que a la exposición permanente, una característica que varios de sus contemporáneos destacaron al recordarlo después de conocerse su muerte.
Su llegada al Ministerio de Justicia se produjo en julio de 2005, después de la salida de Horacio Rosatti. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 905/2005, publicado en el Boletín Oficial, y convirtió a Iribarne en el tercer ministro que tuvo Néstor Kirchner en esa cartera durante su presidencia. Permaneció al frente del área hasta el final del mandato presidencial, en diciembre de 2007.
Justicia, derechos humanos y la etapa de Néstor Kirchner
El paso de Iribarne por el Ministerio de Justicia se produjo en una etapa particularmente significativa para la política argentina. El gobierno de Néstor Kirchner había colocado la cuestión de los derechos humanos y el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en un lugar central de su agenda, y durante la gestión de Iribarne continuaron desarrollándose políticas vinculadas con la protección de testigos y víctimas y con los procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.
La documentación oficial permite observar parte de esa orientación. En 2007, por ejemplo, una resolución firmada por Iribarne como ministro estableció medidas destinadas a fortalecer la protección de personas involucradas en procesos judiciales vinculados con graves violaciones a los derechos humanos y contempló la intervención de organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos para asistir a querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado.
Su gestión también estuvo atravesada por discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia y por proyectos destinados a modificar aspectos del sistema penal. En esos años se impulsaron debates sobre reformas procesales, tiempos de los procesos, situación de las víctimas y funcionamiento de los organismos judiciales, en un contexto en el que el gobierno kirchnerista buscaba dejar atrás buena parte de las características que habían marcado la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia durante décadas anteriores.
El propio Iribarne reivindicaría años después una característica que atribuía a la relación de Kirchner con el Poder Judicial. En 2013, ya alejado del Gobierno, sostuvo que el expresidente había sido respetuoso de la independencia judicial y marcó diferencias con otras discusiones posteriores sobre el funcionamiento de la Justicia.
Después de abandonar el Ministerio de Justicia, Iribarne continuó vinculado a la política y a la actividad pública. Su nombre llegó incluso a ser considerado para la representación argentina ante la Santa Sede, aunque aquella designación finalmente no prosperó. Más de una década después, durante la presidencia de Alberto Fernández, regresó a la diplomacia y fue designado embajador argentino ante Uruguay, cargo que ejerció entre 2020 y 2023.
La despedida de un dirigente de perfil bajo
La noticia generó rápidamente mensajes de dirigentes peronistas que habían compartido con Iribarne diferentes etapas de su recorrido político. Agustín Rossi lo recordó como un defensor de la causa peronista, mientras que Aníbal Fernández expresó públicamente su pesar y lo despidió como amigo. Las palabras elegidas por ambos reflejaron una característica que aparece recurrentemente en las semblanzas publicadas tras su muerte: la de un dirigente que mantuvo una presencia política sostenida, pero sin convertir la exposición personal en el centro de su actividad.
La familia, por su parte, decidió resumir su legado desde un lugar diferente al de los cargos ocupados. En el mensaje difundido tras su fallecimiento, sus hijas Florencia e Inés señalaron que Iribarne fue un “hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones” y que hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio. También remarcaron que, más allá de los honores y las responsabilidades institucionales, permanecían su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella dejada en quienes compartieron su camino.
La muerte de Alberto Iribarne deja así el registro de una generación de dirigentes que atravesó buena parte de la historia política argentina posterior a la recuperación democrática, desde la reorganización institucional de los años ochenta hasta la reforma constitucional de 1994, pasando por los gobiernos justicialistas de los noventa, la crisis de 2001 y la reconstrucción política iniciada en 2003. Su recorrido fue, en ese sentido, el de un hombre que hizo de la función pública una parte central de su vida y que permaneció ligado al peronismo aun cuando cambiaron los gobiernos, las alianzas y las internas del movimiento.
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