La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina continuó esta semana con los trabajos para mejorar el caudal de captación de agua en las bombas. En este caso se llevaron adelante tareas de dragado en la entrada del río Negro para alimentar el filtro y, de esta manera, aumentar el caudal en la boca toma de la planta de General Enrique Godoy.
Por otro lado quedó en funcionamiento una bomba que incrementará el abastecimiento al sistema de bombeo, a partir del trabajo realizado por el Director de Obras Sanitarias Daniel Paravano junto al personal de mecánicos de bomba.
Esto se suma a lo realizado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII con el mismo objetivo.
El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
Generosamente fui invitado a escribir en “La Tapa” para expresar algunas reflexiones vinculadas a mi profesión ligada al mundo del derecho. En esta sociedad parece que el abogado “sabe” de todo, y así se opina de todos los temas, y no siempre pero a veces existe absoluta liviandad, preconceptos, prejuicios y desconocimiento. Para no ser…
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El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba Ernesto Ramón «Cañito» Flores presentó su renuncia a la banca en la Legislatura provincial, después de dos semanas de creciente presión política por la situación de su exasesor José Aníbal Ricardo Villarreal, detenido e imputado en una causa por grooming y abuso sexual contra menores en el norte de Córdoba.
La salida se produjo apenas cuatro días después de que la Unicameral aprobara una licencia de 180 días sin goce de sueldo para Flores. Aquella solución había sido cuestionada por la oposición, que reclamaba directamente su expulsión del cuerpo.
El dato político que terminó de modificar el escenario fue el pronunciamiento de Alejandra Vigo. La senadora nacional y esposa del exgobernador Juan Schiaretti dijo que Flores debía renunciar porque Villarreal había formado parte de su equipo:
«Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff», dijo días atrás. La declaración de Vigo tuvo un impacto particular porque el oficialismo había conseguido contener, al menos transitoriamente, el conflicto con la licencia.
Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff
Su intervención volvió a instalar el caso dentro de la interna del peronismo cordobés y dejó al llaryorismo ante una decisión incómoda: sostener a Flores o asumir el costo de una crisis que ya excedía al legislador del departamento Río Seco. Sin oxígeno político, Flores dimitió el domingo a la noche.
En su carta de renuncia, el legislador evita asumir cualquier responsabilidad por la situación de Villarreal y tampoco reconoce las acusaciones que se instalaron públicamente en su contra.
En la carta, afirma que fue víctima de una «campaña de difamación y de descalificación personal» y sostiene que las personas que formulan acusaciones deben demostrar sus dichos ante la Justicia.
«Quien formule una acusación deberá asumir la responsabilidad de sostenerla y demostrarla con pruebas, por las vías que correspondan y ante la Justicia», señala. El legislador deja además una aclaración explícita sobre el sentido de su salida: «Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra».
Flores reivindica su actuación, asegura que tiene la «conciencia absolutamente tranquila» y afirma que no tiene «nada que ocultar». Las derivaciones de los abusos a menores en el norte de Córdoba se convirtieron en un problema político para el peronismo cordobés.
Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra
Días atrás, Martín Llaryora calificó el episodio como «un hecho tremendo» y pidió que la Justicia investigara «a fondo». Pero el problema para el Gobierno provincial no estaba solamente en determinar la eventual responsabilidad penal de Villarreal.
La discusión política pasó rápidamente por los mecanismos de selección y control de los asesores de la Legislatura y, sobre todo, por la responsabilidad política de quienes los incorporan. El episodio llegó además en un momento especialmente delicado para el llaryorismo.
Ramón «Cañito» Flores
El gobernador intenta presentar su proyecto como una renovación generacional del peronismo cordobés, mientras prepara una elección de 2027 en la que necesita conservar el poder provincial y, al mismo tiempo, ampliar su base electoral más allá del PJ tradicional.
El caso Flores vuelve a poner sobre la mesa precisamente aquello de lo que Llaryora pretende despegarse: las estructuras territoriales construidas durante décadas de poder peronista en Córdoba.
Flores es un dirigente con fuerte inserción en el norte provincial y su banca está ligada a esa construcción territorial en el norte cordobés. El escándalo obliga al oficialismo a responder por un esquema de relaciones políticas que excede al propio legislador y que, para sus adversarios, forma parte de una manera de ejercer el poder que Llaryora había prometido dejar atrás.
La incomodidad se potencia porque el caso Flores no aparece aislado. En las últimas semanas, distintos episodios judiciales y políticos que involucran a dirigentes del peronismo cordobés volvieron a alimentar la discusión sobre cuánto de la vieja estructura del PJ forma parte de la herencia que Llaryora reivindica y cuánto de ella pretende abandonar.
La secuencia de la salida de Flores duró casi tres semanas. Primero apareció la detención de Villarreal y la confirmación de que figuraba como asesor legislativo de Flores. Después llegaron las críticas opositoras y el reclamo de que el legislador dejara su banca. El oficialismo optó por una salida intermedia: una licencia de 180 días. Pero la licencia aprobada el miercoles no consiguió cerrar el conflicto.
La oposición mantuvo el reclamo de expulsión y, finalmente, la declaración de Vigo llevó la discusión al interior del propio peronismo. Ahora, el legislador se va. S egún sus propias palabras, «con la frente en alto» y convencido de que «la verdad no necesita campañas».
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
José de San Martín no pensaba la independencia como un proyecto aislado para cada territorio. Su estrategia militar y política apuntaba a una América del Sur libre y capaz de decidir su propio destino.
Por Alcides Blanco para NLI
Hay una imagen de José de San Martín que la escuela argentina repitió durante generaciones: el general sobre su caballo, cruzando los Andes, espada en mano, conduciendo al Ejército de los Andes hacia la liberación de Chile y, después, del Perú. Es una imagen verdadera, pero incompleta. Porque detrás de aquella extraordinaria operación militar existía una concepción política mucho más amplia que la simple independencia de las Provincias Unidas. San Martín no estaba pensando solamente en liberar un territorio; estaba pensando en impedir que América del Sur quedara nuevamente sometida a una potencia extranjera y en construir las condiciones para que los nuevos Estados pudieran sostener su propia soberanía. Su proyecto no puede separarse de la idea de una independencia continental, de la necesidad de coordinación entre los pueblos americanos y de su permanente preocupación por evitar que las disputas internas destruyeran aquello que la guerra contra España había permitido conquistar.
Por eso, cuando hoy utilizamos la expresión Patria Grande para interpretar el pensamiento sanmartiniano, no estamos diciendo que San Martín utilizara ese término en el sentido político contemporáneo. Estamos empleando una categoría posterior para describir una idea que aparece de manera reiterada en su actuación: las nuevas repúblicas americanas no podían pensarse completamente aisladas unas de otras. La frontera entre los proyectos independentistas no era para él una frontera política definitiva, sino una circunstancia dentro de una lucha mucho más amplia contra el dominio colonial. El Ejército de los Andes, la liberación de Chile y la expedición al Perú forman parte de una misma estrategia porque, desde su perspectiva, la independencia de una provincia o de un solo país no servía de mucho si el poder español conservaba capacidad militar suficiente para reconquistar el resto del continente.
La independencia como proyecto continental
San Martín había comprendido algo que resulta fundamental para entender su estrategia: España podía perder una batalla y seguir siendo una potencia capaz de recuperar territorios. Mientras el centro del poder colonial permaneciera intacto en el Perú, la independencia de los territorios del sur continuaría amenazada. Por eso su plan no consistió en avanzar directamente hacia Lima atravesando el Alto Perú, sino en buscar una vía alternativa: organizar el Ejército de los Andes, cruzar la cordillera, liberar Chile y desde allí avanzar por el Pacífico hacia el corazón del poder español en Sudamérica.
La operación implicaba una concepción política antes que militar. No se trataba simplemente de ganar batallas; se trataba de modificar el mapa estratégico de todo el continente. San Martín necesitaba que Chile fuera independiente porque necesitaba sus puertos, sus recursos y su posición geográfica para continuar la campaña hacia Perú. Necesitaba que Perú dejara de ser el principal bastión realista porque mientras allí existiera un poder español organizado, la independencia sudamericana permanecería incompleta.
La correspondencia de San Martín muestra que esta preocupación por la dimensión continental de la guerra era permanente. En sus comunicaciones con otros dirigentes insistía en la necesidad de coordinar esfuerzos y concentrar recursos para terminar con el poder español. Su famosa frase acerca de que la independencia del Perú era necesaria para asegurar la de Chile y la de las Provincias Unidas sintetiza una lógica que atraviesa toda su estrategia: la libertad de cada territorio dependía también de la libertad de los demás.
Por eso resulta difícil encerrar su pensamiento dentro de las fronteras nacionales que terminarían consolidándose décadas después. San Martín fue argentino, por supuesto, pero su actuación política y militar fue esencialmente americana. Combatió por las Provincias Unidas, pero también organizó la liberación de Chile y condujo la campaña libertadora del Perú. Su horizonte político era necesariamente mayor que el territorio de las Provincias Unidas.
Contra España, pero también contra cualquier dominación extranjera
Existe otro aspecto menos difundido de su pensamiento: para San Martín, la independencia no podía reducirse a cambiar una bandera por otra. Una nación que expulsara a un poder colonial para quedar inmediatamente sometida a otra potencia no habría conquistado una verdadera soberanía.
La cuestión era especialmente delicada porque las guerras de independencia sudamericanas coincidieron con una profunda transformación del equilibrio internacional. Gran Bretaña había adquirido una enorme importancia económica y naval; Francia mantenía ambiciones internacionales; España intentaba recuperar sus antiguas posesiones y Estados Unidos comenzaba a proyectar con mayor fuerza su influencia sobre el continente. Las nuevas repúblicas americanas nacían, por lo tanto, en un escenario internacional en el que su debilidad podía convertirlas rápidamente en objetos de disputa entre potencias.
San Martín observaba ese escenario con preocupación. Su correspondencia demuestra una permanente atención hacia la situación europea y hacia las posibilidades de intervención extranjera en América. La independencia política debía estar acompañada por capacidad para defenderla. De poco servía proclamar una república si no existían fuerzas capaces de proteger su territorio, sus recursos y sus decisiones.
En este punto aparece una idea profundamente moderna: la soberanía no consiste solamente en tener un gobierno propio, sino en disponer de la capacidad material para sostener las decisiones propias. Un país políticamente independiente pero económicamente vulnerable, militarmente indefenso o completamente dependiente de potencias extranjeras podía convertirse nuevamente en un territorio subordinado, aunque ya no existiera un virrey español.
Esa concepción ayuda a comprender por qué San Martín otorgó tanta importancia a la organización militar, a los recursos propios y a la coordinación entre los territorios americanos. La independencia debía poder defenderse.
El encuentro con Bolívar y el sueño que quedó incompleto
El episodio que mejor permite observar la dimensión continental del pensamiento sanmartiniano es, probablemente, su encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, en julio de 1822.
Ambos habían llegado a conclusiones estratégicas similares desde caminos diferentes. Bolívar había impulsado la independencia del norte de Sudamérica y San Martín había construido la campaña desde el sur. Los dos entendían que la derrota definitiva del poder español exigía terminar con el último gran bastión colonial en el Perú.
Lo que ocurrió exactamente durante aquellas conversaciones sigue siendo objeto de debate histórico. No existe una transcripción completa del encuentro y muchas de las versiones posteriores fueron construidas a partir de cartas, testimonios y reconstrucciones. Pero existe un dato que no necesita de ninguna leyenda: San Martín decidió retirarse del escenario peruano y dejó a Bolívar la conducción militar que terminaría derrotando definitivamente a las fuerzas españolas en Ayacucho en 1824.
La decisión es extraordinaria porque San Martín no abandonó Perú después de una derrota. Se retiró después de haber construido las condiciones para la independencia y cuando todavía podía aspirar a conservar una enorme influencia política.
La explicación se encuentra también en su concepción de la independencia. No quería transformar la guerra libertadora en una disputa personal por el liderazgo continental. Había diferencias políticas entre ambos dirigentes y existían cuestiones complejas respecto del futuro institucional del Perú, pero San Martín terminó priorizando una cuestión que consideraba superior: que la independencia pudiera completarse aunque él dejara de ser el protagonista.
Ese gesto tiene una dimensión política enorme. La historia suele recordar a los grandes líderes por su voluntad de poder. San Martín ofrece una imagen diferente: un dirigente que, después de haber construido una campaña militar extraordinaria, aceptó abandonar el centro de la escena cuando consideró que su permanencia podía dificultar el objetivo principal.
La Patria Grande que aparece en su pensamiento, entonces, no era solamente una consigna sentimental de unidad latinoamericana. Era también una estrategia concreta de supervivencia política frente a las potencias coloniales y frente a la fragmentación interna.
Una América unida, pero no necesariamente idéntica
Hablar del proyecto continental de San Martín tampoco significa convertirlo retrospectivamente en defensor de un único Estado sudamericano. Esa interpretación sería tan simplificadora como la visión puramente nacionalista que lo presenta exclusivamente como héroe argentino.
San Martín entendía que los territorios americanos tenían realidades políticas diferentes. Su preocupación principal era que pudieran constituirse como naciones soberanas y evitar el retorno del dominio colonial. El objetivo era la independencia, no necesariamente la desaparición de las identidades políticas particulares.
Por eso su pensamiento puede ser leído como una tensión entre unidad estratégica y diversidad política. Los pueblos americanos podían organizar sus propios gobiernos, desarrollar sus propias instituciones y mantener sus particularidades, pero necesitaban comprender que compartían intereses fundamentales frente a las potencias extranjeras.
Esa concepción resulta particularmente interesante porque anticipa una discusión que atravesaría toda la historia latinoamericana: ¿cómo construir soberanía nacional sin caer en un aislamiento que vuelva vulnerable a cada país por separado?
San Martín parecía haber entendido que una América fragmentada podía ser más fácil de dominar que una América capaz de coordinar sus intereses.
El legado que quedó después de su muerte
San Martín murió en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850, cuando las nuevas repúblicas sudamericanas ya llevaban varias décadas de vida independiente. Para entonces, sin embargo, el proyecto continental que había contribuido a construir estaba atravesado por profundas divisiones. Las guerras civiles, las disputas territoriales y las rivalidades entre las nuevas dirigencias habían reemplazado al enemigo colonial como principal fuente de conflicto.
Aquello que San Martín había intentado evitar se convirtió en una de las grandes tragedias políticas del siglo XIX americano: la independencia no produjo automáticamente unidad, desarrollo ni soberanía económica.
Las nuevas repúblicas quedaron insertas en un sistema internacional profundamente desigual y muchas de ellas desarrollaron economías orientadas hacia la exportación de materias primas y la dependencia de mercados y capitales extranjeros. La ruptura política con España no significó el final de todas las formas de subordinación.
Allí es donde el pensamiento sanmartiniano adquiere una dimensión que excede la efeméride.
Su proyecto no puede ser utilizado como una doctrina política cerrada para el presente, porque San Martín perteneció a otro tiempo, enfrentó otros problemas y no dejó un programa económico moderno en el sentido actual. Pero sí dejó una serie de principios que permiten discutir la idea de soberanía: la independencia como condición indispensable, la defensa de los recursos propios, la coordinación entre los pueblos americanos y el rechazo a que las nuevas naciones fueran simples piezas de las disputas entre potencias.
Por eso la expresión Patria Grande puede resultar útil si se utiliza con rigor histórico. No para inventarle a San Martín pensamientos que pertenecen al siglo XXI, sino para describir una dimensión real de su acción política: nunca entendió la emancipación americana como una colección de pequeñas independencias completamente desconectadas entre sí.
Su ejército cruzó los Andes porque la geografía no podía convertirse en una frontera para la libertad. Su campaña continuó hacia Chile porque la independencia argentina era vulnerable mientras existiera un poder español fuerte en el Pacífico. Avanzó hacia Perú porque allí estaba uno de los principales centros del poder colonial. Y finalmente aceptó retirarse porque entendió que la causa podía ser más importante que el hombre que la conducía.
Tal vez allí se encuentre la parte más profunda de su legado.
San Martín no imaginó una América Grande solamente porque quisiera verla unida en un mapa. La imaginó capaz de decidir su propio destino.
Y esa diferencia es fundamental.
Porque la Patria Grande, entendida desde su experiencia histórica, no significa que todos los países deban ser iguales ni que deban renunciar a sus identidades. Significa comprender que la soberanía de cada uno puede ser más sólida cuando existe cooperación con los demás y que la independencia política pierde buena parte de su sentido cuando las decisiones fundamentales continúan tomándose desde afuera.
Doscientos años después, el mapa sudamericano sigue dividido en Estados diferentes. Pero aquella pregunta que atravesó la vida de San Martín continúa abierta: si los pueblos que conquistaron juntos su independencia pueden también construir juntos las condiciones materiales para defenderla.
Ese fue, quizás, el verdadero horizonte político del Libertador.
No solamente liberar territorios.
Liberar a un continente de la idea de que su destino debía ser decidido por otros.
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