La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina continuó esta semana con los trabajos para mejorar el caudal de captación de agua en las bombas. En este caso se llevaron adelante tareas de dragado en la entrada del río Negro para alimentar el filtro y, de esta manera, aumentar el caudal en la boca toma de la planta de General Enrique Godoy.
Por otro lado quedó en funcionamiento una bomba que incrementará el abastecimiento al sistema de bombeo, a partir del trabajo realizado por el Director de Obras Sanitarias Daniel Paravano junto al personal de mecánicos de bomba.
Esto se suma a lo realizado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII con el mismo objetivo.
El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
La Resolución 531/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina el antidumping para el calzado deportivo desmontado y expone el rumbo de un modelo que resigna producción nacional. Bajo el argumento de reducir precios y modernizar la industria, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza fabricación por ensamblaje, profundiza la dependencia tecnológica y redefine el trabajo industrial en la Argentina.
El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que, lejos de ser técnico o neutro, expone con crudeza el rumbo económico que eligió transitar: menos industria, más dependencia y una peligrosa resignación productiva. La Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de abril de 2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, no es solo una norma administrativa; es una declaración ideológica en estado puro. Bajo la excusa de “modernizar” el sector del calzado, se decidió excluir del régimen antidumping al calzado deportivo desmontado proveniente de China, es decir, zapatillas que llegan en partes para ser ensambladas en el país.
El dato puede parecer menor, casi burocrático, pero esconde una transformación profunda. Lo que antes ingresaba como producto terminado y pagaba un derecho antidumping para proteger a la industria local, ahora entra desarmado, eludiendo ese recargo. En términos prácticos, el Estado argentino deja de defender la producción nacional en nombre de una supuesta eficiencia que, en realidad, se apoya en una lógica de importación encubierta.
El argumento oficial suena prolijo: abaratar costos, facilitar el acceso a insumos tecnológicos y, en última instancia, bajar los precios al consumidor. Una narrativa seductora en tiempos de bolsillos golpeados. Sin embargo, cuando se corre el velo, aparece la tensión estructural que atraviesa toda la medida. Porque lo que el Gobierno presenta como una estrategia de competitividad no es otra cosa que la aceptación explícita de una derrota industrial.
La propia resolución lo admite sin rodeos: existe una “brecha tecnológica significativa” en el segmento de calzado deportivo de alta performance. Traducido: Argentina no produce los materiales ni las tecnologías necesarias para competir en ese nicho. Frente a ese diagnóstico, el camino elegido no es invertir, desarrollar o proteger capacidades locales, sino directamente importar la tecnología en forma de piezas y limitarse a ensamblarlas.
Ahí está el corazón del problema. El modelo que se promueve no es industrial en sentido pleno. Es un esquema híbrido, donde el país aporta mano de obra y procesos básicos —pegado, armado, terminación— mientras el valor estratégico queda en el exterior. Según los datos oficiales, este sistema genera apenas un 20% de valor agregado local. El resto, el núcleo tecnológico y económico del producto, sigue estando afuera.
Empresas como Topper Argentina o Puma Sports Argentina ya operan bajo este formato. Importan kits desmontados, los ensamblan en plantas locales y colocan el producto en el mercado. El Gobierno utiliza estos casos como ejemplo de “integración productiva”. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿esto es industria o simplemente una maquila sofisticada?
El crecimiento de este esquema no deja lugar a dudas sobre la dirección del sector. Entre 2015 y 2019, el calzado desmontado representaba el 28% de las importaciones. Entre 2021 y 2023, esa cifra saltó al 59%. Es decir, el modelo ya no es marginal: se está convirtiendo en la regla. Y la decisión oficial no hace más que consolidarlo.
El problema es que esta transformación ocurre en un contexto de debilidad estructural. El empleo en el sector del calzado viene en caída desde hace más de una década y la producción está lejos de sus niveles históricos. En ese escenario, flexibilizar las barreras a la importación —aunque sea de manera indirecta— no parece una política inocua. Más bien, funciona como un acelerador de esa tendencia regresiva.
Desde el Gobierno insisten en que no se destruye industria, sino que se la reconvierte. Una palabra elegante para describir un proceso mucho más áspero: el pasaje de un modelo productivo integral a uno fragmentado, dependiente y vulnerable. Porque ensamblar no es lo mismo que fabricar. Y en esa diferencia se juega algo más que una discusión técnica: se juega la soberanía económica.
La medida también se alinea con otra decisión clave: la reducción del Derecho de Importación Extrazona al 0% para estos insumos. En otras palabras, se construye un andamiaje normativo que facilita, abarata y estimula la importación de partes. El resultado es una ecuación clara: producir localmente cada vez menos y ensamblar cada vez más.
El discurso oficial promete que esa reducción de costos se trasladará a los precios. Pero la experiencia histórica invita a la cautela. No hay garantías reales de que esa baja llegue al consumidor. Lo que sí es seguro es que las empresas verán reducidos sus costos. El resto, como tantas veces, quedará librado a la lógica del mercado.
Mientras tanto, el sector productivo vive una tensión cada vez más evidente. Las pymes reclaman protección frente a la competencia externa, mientras las grandes marcas empujan por un acceso más flexible a insumos importados. La resolución, lejos de equilibrar esas posiciones, toma partido de manera implícita por uno de los actores.
En ese sentido, la exclusión del calzado desmontado del régimen antidumping funciona como una suerte de “zona liberada” dentro del sistema comercial. Un espacio donde la lógica de la apertura se impone sin matices, aun cuando el costo sea profundizar la fragilidad industrial.
El trasfondo es ideológico. La medida responde a una visión que desconfía del Estado como herramienta de desarrollo y apuesta a la desregulación como solución universal. En esa lógica, la industria deja de ser un objetivo estratégico y pasa a ser una variable de ajuste.
Pero la realidad es más compleja. La economía no es un laboratorio donde las teorías se aplican sin consecuencias. Detrás de cada decisión hay trabajadores, empresas, territorios. Y en este caso, lo que está en juego es el futuro de un sector que ya viene golpeado.
Aceptar que Argentina no puede producir calzado deportivo de alta tecnología puede ser un diagnóstico honesto. Convertir esa limitación en política permanente es otra cosa. Es resignar la posibilidad de desarrollar capacidades propias, de generar conocimiento, de construir un entramado productivo más robusto.
En ese escenario, hablar de “industria nacional” ya no es una consigna abstracta sino una realidad cada vez más acotada y, en muchos casos, al borde de la asfixia. Porque mientras el discurso oficial celebra la apertura y la baja de costos, lo que queda del entramado productivo local sobrevive como puede, lejos de las grandes marcas globales y sin el respaldo de políticas sostenidas. Existen, sí, fábricas que todavía producen en serio, que no se limitan a ensamblar piezas importadas, pero son cada vez menos y operan en condiciones desiguales.
Ahí aparecen casos como Raptor, una experiencia nacida en plena pandemia que decidió fabricar botines y calzado deportivo con procesos locales en su propia planta, apostando a un modelo productivo que parece ir a contramano del rumbo general. También está Unitec Blue, una pyme con base industrial que sostiene producción nacional en un mercado cada vez más hostil, o Bando, que mantiene una lógica fabril clásica aunque con escala reducida. En un registro similar se ubica Signia, que conserva procesos productivos propios y presencia en segmentos técnicos, mientras que Gaelle representa ese híbrido entre diseño local y fabricación que aún intenta sostenerse dentro del país.
Pero incluso en estos casos, la realidad impone límites difíciles de esquivar. La mayoría depende, en mayor o menor medida, de insumos importados, enfrenta costos estructurales elevados y compite contra cadenas globales que operan con otra escala, otra tecnología y otro respaldo financiero. No se trata de empresas ineficientes, como muchas veces se intenta instalar, sino de actores que juegan en una cancha inclinada.
Y ahí es donde la medida del Gobierno deja de ser un simple ajuste técnico para convertirse en un factor decisivo. Porque cuando se facilita la importación —aunque sea en forma de piezas “desmontadas”— no se está generando una competencia virtuosa, sino profundizando una desigualdad estructural. Lo que queda en pie no es una industria robusta que se adapta, sino un puñado de fábricas que resisten. Y la pregunta, otra vez, es cuánto tiempo más podrán hacerlo.
En definitiva, la Resolución 531/2026 firmada por Luis Caputo no es solo una medida sobre zapatillas. Es una pieza más de un modelo económico que prioriza el corto plazo, la baja de costos y la apertura comercial por sobre cualquier estrategia de desarrollo industrial. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia idea de producción nacional.
Y en ese camino, la pregunta que queda flotando —incómoda, persistente— es si el país está eligiendo competir en el mundo o simplemente resignarse a ensamblarlo.
La diputada nacional Natalia de la Sota pisó el acelerador y profundizó su estrategia de desmarcarse de Martín Llaryora y mostrarse como parte del armado post Milei que se articule en torno al peronismo nacional.
«Es una estrategia 50/50: vamos a ser parte de la reconstrucción que demandará el paso de Milei por el Gobierno y vamos a trabajar en el proyecto provincial; si Llaryora considera que aportará su proyecto, deberá ser él quien la llame», advierten en el hard delasotismo.
Esta planificación tuvo el miércoles su puesta en escena. Mientras el legislador provincial Bernardo Knipscheer, pareja de la diputada, votaba en contra de la ley impulsada por Llaryora para prohibir los «trapitos» (en Cordoba a los cuidacoches se los llama «naranjitas»), ella posteaba una foto junto a Leandro Santoro.
La jugada coordinada vuelve a poner en tensión la relación del delasotismo puro con el proyecto de Llaryora, que el miércoles sentó a dos diputados para contribuir con el quórum que necesitaba Javier Milei para la sanción de la ley de glaciares. Así, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres se sentaron en sus bancas para habilitar la sesión.
Asi, al mismo tiempo que De la Sota tendía «puentes» con Santoro en Buenos Aires, el legislador provincial delasotista Knipscheer rechazaba de plano la ley impulsada por Llaryora para prohibir trapitos y limpiavidrios.
Aunque en su discurso no le pegó a Llaryora, el delasotista emparentó esta decisión con la intolerancia de los libertarios hacia los «caídos» del sistema por obra del Gobierno de Milei. «¿Què vamos a hacer más adelante, cuando haya más gente en la calle?», dijo Knipscheer al interpelar a sus (por ahora) compañeros de la bancada oficialista. «Sé que están incómodos», los chicaneó. «¿Van a salir a meter presa a la gente que perdió su trabajo, que cada día son más?», retrucó.
Así, De la Sota sostiene su armado provincial y advierte que la pelota está en cancha de Llaryora: «Si el gobernador considera que ella es importante para el peronismo de Córdoba y para su propia reelección, será él quien debe llamarla. Hasta ahora, apostamos al proyecto propio», dicen los delasotistas.
La advertencia no velada -«si es importante para su propia reelección»- se lee en clave de una eventual derrota del actual gobernador. De la Sota también está pensando en el 2031. Por ahora, en el peronismo cordobés nadie imagina un 2027 sin De la Sota.
Respecto del armado nacional, De la Sota busca incidir desde Córdoba. «Llaryora está entrampado con Milei; y Natalia construye con todos quienes están pensando en la Argentina que viene, que necesitará un modelo distinto al de Milei pero también distinto al pasado», agregan en el delasotismo.
Entre las terribles consecuencias del modelo económico vigente en Argentina desde 2023, una de las más graves es el endeudamiento para sobrevivir. Algunxs lo enfocan con preocupación macroeconómica ante el previsible crack que puede suponer este escenario, otrxs consideramos que estamos ante una tecnología de gestión de la subjetividad dirigida a producir una individualización del ajuste, el agotamiento total, la asunción de que nuestro devenir , el de las mayorías, es vivir para pagar deudas.
Es consecuencia obvia, no un error ni un exceso, del conjunto de medidas económicas que se vienen implementando y tiene una secuencia histórica que vale la pena reponer, para pensar más allá de las tropelías del gobierno de turno.
Desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a pisar la Argentina en 2018, los ingresos populares comenzaron a caer y, en paralelo, empezó a observarse un fenómeno particular: la toma masiva de deuda de individuos no destinada a resolver alguna cuestión circunstancial o transitoria, sino a completar ingresos que cada vez alcanzan menos.
2018 es el año en que deuda externa y deuda de las familias se relacionan orgánicamente en un combo que empieza con la bicicleta financiera promovida desde el Estado para sostener la fuga del excedente económico y que se expresa en cada casa con ingresos devaluados y en forma de un endeudamiento perpetuo.
Otro momento importante fue la pandemia que, ya sabemos sobradamente, no fue solo una crisis sanitaria. Fue también el momento en que se infiltró en las casas la tecnología financiera de las billeteras virtuales. Esas que te permitían evitar salir o ir al cajero, que entraron en nuestras camperas como medios de pago, empezaron a ofrecer préstamos en un momento de precarización generalizada de la vida. Así, desde un click del celular, cualquiera accede en el momento a la solución financiera de una emergencia.
En esta historia que reponemos rápidamente aquí, hoy estamos ante un punto de inflexión. La escalera al infierno está multiplicando peldaños a fuerza de una intensificación y aceleración de este proceso a niveles nunca vistos. Este nivel de endeudamiento es una decisión política, que en absoluto se explica por la decisión desesperada de cada individuo. Para decirlo con un poema de Laura Devetach: “Vibrando en el cansancio elemental de ganarle nuestra vida a un puñado de crápulas”. El broche es el conjunto de decisiones que se han tomado en nombre de la modernización, la desregulación, junto con la decisión de favorecer la privatización y concentración descomunal de recursos, lo que explica que las filas de endeudados y endeudados para sobrevivir no pare de crecer.
En términos históricos, Argentina ha tenido bajos niveles de endeudamiento familiar en comparación con otros países de la región que forjaron sus modelos neoliberales a fuerza de privatización y oferta de deuda. Pero, además, el motivo del endeudamiento y la capacidad de pago hacen la diferencia. Los principales motivos de la demanda crediticia son el costo de vida, la inflación creciente y el acceso a la vivienda. Para hacerlo bien gráfico: la deuda y la mora aumentan porque compensan tres procesos en simultáneo: la desregulación de los precios más importantes (alquileres, servicios públicos, salud, educación, internet) para sostener la vida de las familias, el atraso de los salarios con respecto a la inflación y el festival de tasas usureras y desreguladas. Todo, en buena parte, ministerio de Sturzenegger mediante.
En ese combo, estar endeudadx para vivir es la condición transversal de las mayorías sociales. Y la mora, una consecuencia de tasas que acumulan deuda mes tras mes y es la muestra más concreta de que ya no hay más de dónde pedir prestado.
Un mapeo del sobreendeudamiento y sus consecuencias
El modelo muestra sus límites. Son económicos y se ven en los balances de bancos y empresas de fintech. Pero sobre todo son límites en la salud mental de la población. Cada día este tema gana, afortunadamente, más espacio comunicacional. Se han multiplicado desde diciembre los proyectos legislativos.
Las cifras se repiten provengan del sector que sea. Referimos aquí el análisis que efectúa la CTA a enero de 2026, donde se afirma que estamos ante “un deterioro generalizado de la cartera crediticia de los hogares. La mora de las familias se ubicó en 10,6%, frente a un 2,7% registrado en el mismo mes del año anterior y un 2,5% al cierre de 2024. Los atrasos crecieron durante dieciséis meses consecutivos. Es el nivel más alto desde que existen registros comparables”, esto es: 2004.
Es particularmente útil la comparación que este informe hace entre las tasas de endeudamiento y el tipo de deuda, con la sistematización de las estrategias de manutención que el Estado mismo releva a través del INDEC: “Los hogares de menores ingresos se endeudan más (30,4% frente a 18,5% del estrato alto) y por vías distintas: mientras los sectores altos recurren a bancos, los bajos dependen de préstamos de familiares y amigos en una proporción casi tres veces mayor”.
A eso es posible sumar informe tras informe de consultoras privadas y análisis de centros especializados que confirman mes a mes el impacto desmedido de la deuda en la economía y en la vida de cada vez más personas.
Para dimensionar, según una nota publicada el último 6 de abril en el Perfil, el endeudamiento total de las familias supera los $39 billones, con $32,1 billones en crédito bancario y $6,9 billones fuera del sistema. Comparemos estos números. Si el presupuesto total del Gobierno, aprobado en diciembre de 2025, fue de 148 billones, la deuda acumulada representa casi un tercio de ese total. En la misma línea, la deuda por supervivencia de las familias es casi ocho veces el presupuesto para educación y cultura (6.8 billones) y más de diez veces el presupuesto en salud (3.1 billones).
A estas cifras se suma la calamidad del endeudamiento informal, administrado más que nunca por bandas criminales que se ufanan del terreno ganado a la política en cada territorio.
La vida, las partes del cuerpo, la libertad, son moneda de cambio financiero de formas brutales. El Observatorio Villero de La Poderosa destaca que casi el 25% de quienes se endeudan en los barrios populares lo hacen con prestamistas informales: “Nosotros convivimos con una realidad más cruda: 4 de cada 10 hogares deben dinero a prestamistas informales, casas de electrodomésticos, comercios barriales, billeteras virtuales y tarjetas de crédito. Apenas el 8% accede a un empleo formal (…) Con ingresos que promedian los $340.000, muy por debajo de lo necesario para no ser pobres, el crédito se volvió una trampa cotidiana. Nos endeudamos para sostener lo básico, mientras el Estado y el trabajo formal retroceden”.
En un relevamiento de la organización Movida Ciudad, pionera en asumir la dimensión federal del sobreendeudamiento con una política de acompañamiento y seguimiento de casos de distintos lugares del país, es posible ver constantes en quienes se endeudan y en los efectos que está teniendo en distintos niveles de la vida. La mayoría de las deudas formales siguen siendo con tarjetas de crédito, y las billeteras virtuales. Los datos de esta organización expresan la misma tendencia que las cifras de La Poderosa. Pero lo que una política de acompañamiento y seguimiento permite ver es quiénes y por qué se sobreendeudan. En la mayoría de los casos son mujeres quienes sostienen la economía del hogar, administran ingresos insuficientes y recurren al crédito para cubrir necesidades de otras personas. Ya sea hijxs, personas mayores, o personas con discapacidad. Algunos datos que surgen del último informe de marzo de 2026 la Cocina de los Cuidados, apoyan esta afirmación. Entre las principales dificultades durante 2025 para familias que cuidan personas con discapacidad, los principales obstáculos fueron el aumento del 70% en medicamentos y del costo de los prestadores en un 20%.
Esto debe leerse en un contexto de crecimiento de los hogares monomarentales y una persistente renuencia de los padres a hacerse cargo de la cuota alimentaria de sus hijxs. No tomamos dimensión real, pero según datos de UNICEF publicados en noviembre de 2025, 7 de cada 10 padres no cumple con su obligación de pagar la cuota alimentaria de sus hijos o lo hace irregularmente. De esta forma, la centralidad de la responsabilidad de cuidados es también una expresión concreta del peso específico de la alianza patriarcado y capital cuando analizamos el endeudamiento para la supervivencia como se ha destacado desde una lectura feministade la deuda.
Hablar de endeudamiento hoy es también tocar un punto nodal de la salud mental, donde se asume individualmente el ajuste, donde confluyen la sensación de fracaso personal, angustia e imposibilidad de imaginar un futuro por fuera del de la deuda. Así también lo acreditan varios testimonios de personas endeudadas en el último Encuentro Federal Por el Desendeudamiento de Movida Ciudad, donde eran recurrentes los testimonios tales como: “Desde que estoy endeudada me metí para adentro, no veo y no salgo con mis amigos para no gastar y porque ya no tengo ganas”; o “ bajé de peso, todo es un caos en mi casa, mucho bardo con mi hijo preadolescente”.
También vimos hacer esta conexión con fresca lucidez a la conducción estudiantil de varios colegios de la Ciudad de Buenos Aires, que reclaman no ser abandonados por una lectura simplista y reduccionista del síntoma – pintadas amenazando con matar a todos en distintos colegios – para asumir el contexto de precariedad económica, social y afectiva que atraviesa las vidas de ellxs, pero también el espacio familiar. En sus intervenciones, el par endeudamiento-salud mental es central en la caracterización y la demanda de intervención que promueven.
El poliendeudamiento destruye la organización política y lo comunitario
La decisión de no solventar políticas públicas como las de cuidado, las de reducción de desigualdades y asimetrías, empuja a muchas familias a endeudarse a escala individual e impacta incluso en la disponibilidad para el trabajo comunitario, para lo colectivo.
El pluriempleo destruye también la organización colectiva y está orgánicamente vinculado al endeudamiento. No arrasa solo con lo lúdico y el descanso, que ya es una pesadilla, condiciona al extremo el tiempo para el encuentro con los demás.
No pocas veces este saqueo planificado a quienes tienen menos para desbordar las arcas infinitas de los mismos pocos de siempre, se hace además criminalizando a quienes recibían esas ayudas. En el transcurso de este proceso político se ha acuñado la idea de gerentes de la pobreza para demonizar toda práctica social redistributiva. Estas realidades también deben ser incorporadas urgentemente en el mapa de lecturas del sobreendeudamiento y sus funcionalidades políticas.
Demonizar lo comunitario, desalentar la comprensión del carácter común del problema es una herramienta de este proceso. Como en un movimiento de pinzas, se celebra el hiperindividualismo y se nos ha inundado con la apelación constante a la idea de gerenciamiento de la pobreza y la demonización del empleo público. Se bastardea una historia enorme y rica de tejidos de apoyo comunitario, a los que ahora se persigue marcando que el verdadero crimen es la solidaridad, tal como ocurre con la avanzada punitiva sobre comedores, organizaciones sociales y redes abocadas a paliar el hambre en los barrios.
Tamar Pitch en su libro “El malentendido de la víctima” (Tinta Limón, 2025) habla, en esta línea, de la criminalización de “acciones de personas que hacen lo que, presumiblemente, las instituciones deberían hacer, y al hacerlo, resaltan no solo sus deficiencias, sino sobre todo, sus injusticias. Sus acciones se vuelven políticas, tanto más cuánto más se las criminaliza”
Llegamos a un límite y hoy la demanda por el desendeudamiento es una urgencia que atraviesa desde el debate legislativo hasta la vida política de cualquier organización.
¿Qué hacer?
1. Politizar la deuda y el modelo económico que lo produce. Dar por sentado el carácter individual del sobreendeudamiento es una trampa. Y las iniciativas políticas que no ponen en discusión la legitimidad en la composición de la deudas familiares – tanto en el motivo de la deuda, como en las condiciones de usura que les son impuestas por el mercado y la desesperación – son el reaseguro de esa trampa. Debemos instalar en el vocabulario político palabras como condonación y quitas. El punto de partida de una política de reparación de los daños de este plan sistemático de endeudamiento para sobrevivir no debe dar por sentado que los acreedores de esa deuda tienen legitimidad y carecen de toda responsabilidad. Varios de los proyectos en discusión hoy en el Congreso tienen esta limitación: no parten de reconocer que es indispensable no dar por sentada la legitimidad de toda esta deuda.
Es importante considerar que la legislación y las políticas que se propongan en este sentido, puedan trabajar de manera novedosa. Por ejemplo, trabajar con presunciones por endeudadx que operen como indicadores para avanzar con condonaciones o quitas: si los ingresos no aseguran salario mínimo o canasta básica, o si existen condiciones de vida extremadamente precarias (vivir en la calle, en hoteles, tener amparos), si se tiene a cargo el cuidado de personas que súbitamente fueron abandonadas por el Estado y sus políticas. En ese sentido, la medida de que la deuda no afecte más del 20 o el 30 por ciento de los ingresos debería completarse con que el monto que paguen las familias en una reestructuración/quita no puedan dejarla por debajo de la línea de la pobreza.
2. Aliviar en la urgencia. Claro que urge coyunturalmente aliviar la situación aquí y ahora. Esto es importante porque además, en el transcurso de estos años todo recurso institucional para garantizar derechos de consumidores y reequilibrar las relaciones ha sido desmantelado. Según los acompañamientos realizados en Movida Ciudad desde fines de 2025, la voluntad de pago de quiénes están en mora es mayoritaria, sin embargo se encuentran con obstáculos permanentes como falta de información clara y accesible sobre las deudas, condiciones de refinanciación inviables incluso por parte de bancos públicos, ausencia de instancias formales de negociación y prácticas abusivas en cobranzas. Para dar un ejemplo, el desmantelamiento del Servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo (COPREC) que era una instancia gratuita, accesible y sin necesidad de abogado para resolver conflictos de consumo, dejó a muchas personas sin instancias de mediación y con la judicialización como única salida. Cosa que, en la práctica, es inaccesible.
Las políticas de acompañamiento deben forzar nuestra imaginación, no podemos solo lamentarnos por la ausencia de Estado, hay que promover la mayor fuerza de las organizaciones intermedias porque los efectos subjetivos y anímicos tienen consecuencias ahora.
Un punto crucial y de atención inmediata. Volver sobre la política desinformada y opaca que favorece que las personas asuman créditos con condiciones draconianas que favorecen el abuso financiero sobre el salario. Prácticas como los débitos compulsivos por parte de bancos privados y públicos de deudas sobre el salario, jubilaciones y prestaciones por discapacidad. En este punto, considerar el tipo de ingreso y la finalidad, así como la ubicación de lxs deudorxs debajo de la línea de pobreza, es indispensable para pensar un sistema de débitos que no obligue a tomar deuda tras deuda.
3. Organizar el sindicalismo contra la deuda.La intervención de los sindicatos es clave tanto para mapear con más detalle la deuda permitiendo correlacionar atraso salarial con endeudamiento. Son indispensables para romper el cerco del individualismo y la pura decisión personal como causa de la deuda para sobrevivir.
Veamos un ejemplo. En Entre Ríos, una investigación elocuentemente titulada “Trabajar para deber” muestra esto con cruel claridad en base a una encuesta autoadministrada entre trabajadores estatales: “Del total de encuestados un 35,1% declaró percibir ingresos inferiores a $1.000.000 mensuales; un 36,7% declaró percibir ingresos de entre $1.000.000 y $1.500.000 mensuales; un 22,3% dijo percibir entre $1.500.000 y $2.500.000 mensuales y solo el 5,9% declaró ingresos superiores a $2.500.000 mensuales. (…) el 71,8% de los participantes percibe hasta $1.500.000, lo que los posiciona por debajo o en el umbral de la línea de pobreza”. ¿Y cuánto de esos ingresos se destinan a pagar la deuda? En el caso de quienes reciben un salario de menos de $1.000.000, el pago de deudas compromete el 72,7% de su ingreso y quienes están comprendidos en el rango de ingresos de $1.000.000-$1.500.000 destinan el 65,8% de su ingreso a pago de deuda, quienes ganan hasta $2.500.000 asignan un 46,4% y los que perciben más de $2.500.000 un 42,4% estimado. Como puede verse, a menor ingreso, mayor compromiso salarial para el pago de la deuda.
El sobreendeudamiento se ha transformado en un mecanismo permanente de extracción de ingresos. Hoy, lo que se discute en paritarias -siempre y cuando existan- raramente empata frente a la inflación, pero en gran medida esa supuesta mejora estará destinada a pagar deudas. La exigencia de medidas urgentes para desendeudar a lxs trabajadores debe ser incorporada en la discusión sindical. Politizar y acompañar en la obtención de alivio es un gran programa político, pero también es necesario organizar el conflicto contra el extractivismo financiero sobre el salario .
4. Discutir la estructura legal-jurídica del saqueo financiero. Hay un hilo, a 50 años de la dictadura cívico eclesial militar. Directamente relacionado con la cuestión de la legitimidad de la deuda y el peso del endeudamiento con tarjetas de crédito y fintech, hay que derribar la arquitectura jurídica para que el saqueo se consume: aún cargamos con la Ley de Entidades Financieras de 1977, que regula gran parte del funcionamiento de bancos y entidades crediticias. Pero para acercarnos en el tiempo, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, validado por los cultores de la gobernabilidad aunque consoliden verdaderos cementerios sociales, les regaló a los bancos y financieras el poder de definir sus tasas de interés para estos productos, sin regulación alguna del Estado, sin mediación ni requisitos. Pueden fijar el monto que les plazca, lo pueden cambiar, no tienen que alertar ni avisar. No están sujetos a obligaciones de advertencia dirigidas a los consumidores ni tampoco deben abstenerse de ofrecer préstamos frente a imposibilidades evidentes para pagar. Todo lo contrario a las recientes regulaciones, por ejemplo, de la Unión Europea qu,e frente al crecimiento de deudas familiares marcadas por la inflación, la crisis habitacional y las restricciones salariales, dispuso reforzar controles de este tipo. La libertad de la desregulación total de las tasas de interés es el primer eslabón de las cadenas del endeudamiento para sobrevivir. Si la deuda es con una fintech, el horror escala. En estos tiempos, la usura – que es delito – se ha vuelto una política pública a cielo abierto. La lógica timbera de la economía la favorece..
A la discusión sobre la regulación de las tasas de interés le debe acompañar necesariamente una discusión pública sobre las ganancias de bancos y fintechs durante los últimos años de empobrecimiento generalizado. Muchos de los proyectos legislativos promueven formas de absorción estatal de estas deudas ¿Es justo que el Estado absorba las deudas de las familias o sería deseable que las empresas asuman parte de la responsabilidad por haber obtenido ganancias con tasas usureras sobre una situación de precarización acelerada?.
5. Pensar quién le debe a quién: discutir la legitimidad del sobreendeudamiento para vivir.El endeudamiento para sobrevivir es un gesto masivo para acceder a lo que el salario ya no garantiza, para reemplazar lo que el Estado decidió dejar abandonado, o lo que destruyó el gobierno, como un topo desde adentro. Las personas insisten con la costumbre de comer al menos una vez al día, luchan por sostener la llegada a los trabajos y lugares de estudio, se comprometen con la posibilidad de vivir bajo techo e incluso pretenden acceder a medicamentos que atemperen el desamparo durante la vejez. Donde antes había claro que perfectibles políticas públicas combinadas con salarios no tan arrasados y organización comunitaria solidaria, ahora avanza la lógica de la usura y la extorsión. Nuevamente, según el último informe de la Cocina de los Cuidados sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado: 4 de 50 que había antes de la llegada del actual gobierno.
Finalmente, la pregunta sigue siendo quién le debe a quién. Lo que hagamos hoy con las deudas es también lo que configura quienes pensamos que tienen que cargar con los costos de este programa económico ¿Es justo que le reclamemos la deuda a una persona que se endeudó para cuidar a una persona con discapacidad a la que le estaban recortando prestaciones? Necesitamos cuestionar el régimen de saqueo desde todas estas dimensiones, romper el velo de la voluntariedad y poner en discusión que la obediencia pasiva sea el único destino. Sumarse desde cada casa, cada lugar para volver ilegítimo que vivir en Argentina signifique vivir para pagar deudas. Es necesario devolver esta discusión al centro de la vida política y sacarla de la preocupación arrasadora de la vida individualmente considerada.
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