La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina continuó esta semana con los trabajos para mejorar el caudal de captación de agua en las bombas. En este caso se llevaron adelante tareas de dragado en la entrada del río Negro para alimentar el filtro y, de esta manera, aumentar el caudal en la boca toma de la planta de General Enrique Godoy.
Por otro lado quedó en funcionamiento una bomba que incrementará el abastecimiento al sistema de bombeo, a partir del trabajo realizado por el Director de Obras Sanitarias Daniel Paravano junto al personal de mecánicos de bomba.
Esto se suma a lo realizado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII con el mismo objetivo.
El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi hizo entrega de presentes a Mabel Sanhueza y Virginia Barresi, quienes se jubilaron hace unos días después de muchos años prestando servicios en la Municipalidad de Villa Regina. Mabel se desempeñaba en el Departamento de Compras y Virginia lo hacía en el área de Tesorería. El Intendente Orazi les…
El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
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Patricia Bullrich está a punto de enfrentarse a una tormenta perfecta frente al posible rechazo de la ley de tierras en el Senado, por cumplir con los deseos de Karina Milei y chocar con la resistencia de Victoria Villarruel y los aliados. Fiel a su estilo, la jefa del bloque libertario convocó a una conferencia de prensa para este martes a las 16, con el objetivo de anunciar que el oficialismo accedió a ponerle un tope del 25 por ciento a la extranjerización de la tierra, un caramelo de madera para endulzar las resistencias aliadas.
Esa cifra fue solicitada por los aliados del gobierno en la última reunión por zoom que Patricia mantuvo con ellos, el viernes pasado, tal como informó LPO. Sin embargo, ambientalistas y opositores alertan sobre la trampa que escondería esa maniobra, que pretende camuflar como concesión el aumento del 15 al 25 por ciento del territorio enajenable después de haber espantado a la opinión pública con el texto original de la ley, que demolía casi todos los límites para la entrega del territorio nacional.
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, explicó que la ley vigente regula ese porcentaje para las jurisdicciones nacional, provincial y departamental, que es la realmente determinante en cuanto a la explotación de recursos; mientras que la nueva propuesta libertaria lo reduce a nivel nacional. «El departamental es el que importa porque ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva», dijo la funcionaria, y agregó que «sin ese límite, alcanza con controlar unos pocos departamentos para extranjerizar los recursos estratégicos sin alcanzar nunca el tope del 25 por ciento provincial».
Para ejemplificarlo, mencionó los casos de Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso, que constituyen «apenas el 4,5 por ciento de la superficie provincial de Neuquén, pero el departamento de Los Lagos casi entero». «Con el 25 por ciento provincial, esa zona se podría extranjerizar de forma totalmente legal», advirtió.
Esos argumentos permean las filas de los bloques que suelen acompañar a los libertarios en las votaciones. Así, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, complicó al jefe de la bancada radical en el Senado, Eduardo Vischi, en el equilibrio que aspiraba a sostener para que la resistencia de un sector de su bloque pase desapercibida.
A través de un comunicado del Comité Nacional, el intendente de Venado Tuerto le marcó la cancha al bloque radical, que amaga con partirse a la hora de la votación que podría darse este jueves en el Senado. «La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra», dice el texto de la UCR, y advierte que el proyecto «compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país».
El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, pidió votar contra la ley de tierras y le complicó al jefe de la bancada radical en el Senado, Eduardo Vischi, el equilibrio que aspiraba a sostener para que la resistencia de un sector de su bloque pase desapercibida. Chiarella cuenta con el respaldo del gobernador Maxi Pullaro de Santa Fe.
Chiarella cuenta con el apoyo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien hasta posó en una selfie con el jefe municipal de Venado Tuerto el sábado, un día antes que estallara el escándalo por la orden del Ministerio de Seguridad provincial para que la hinchada de Newell’s Old Boys de Rosario retire una bandera contra la ley de tierras. «Las tierras no se venden, las tierras se defienden», decía la consigna colgada en la tribuna de «los leprosos».
El gobernador Pullaro y el presidente de la UCR, Lionel Chiarella.
El acto de censura dejó mal parado a Pullaro, que ya venía incómodo con la discusión y padece la rivalidad de Carolina Losada y Carlos Galaretto, los dos senadores radicales que no le responden y parecen inclinarse por el voto positivo. La legisladora ya se manifestó a favor de la iniciativa y su colega todavía guarda reserva sobre su postura.
Los tres integrantes del bloque de la UCR que estaban en contra del proyecto hasta la última sesión eran Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Al cierre de esta nota, la Casa Rosada aspiraba que al menos uno de ellos estuviera ausente, con parte de enfermo.
Un legislador que se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en los últimos días le dijo a LPO que los tres admitían que no es momento para votar la extranjerización de la tierra.
Con todo, la cosecha de respaldos se presenta poco auspiciosa para el gobierno. Un legislador que se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en los últimos días le dijo a LPO que los tres admitían que «no es momento» para votar la extranjerización de la tierra.
Sáenz cuenta con la presencia de Flavia Royón en el recinto, quien dio quórum en la última sesión pero se resistía a votar con el oficialismo un día después de la semifinal que Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial de Fútbol.
Los senadores Vischy, Royon y Bullrich.
Por su parte, Jaldo aporta la voluntad de Sandra Mendoza en el bloque de Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés y Guillermo Andrada, y se escuda en que ese trío tiene un dictamen de rechazo a la ley. No piensa mandar a su senadora a votar a favor, dijeron a LPO. La misma excusa tendría Jalil, quien tiene ascendencia sobre Moisés y Andrada.
La presión podría recaer sobre la tucumana Beatriz Ávila, que rebautizó su monobloque como Independencia recientemente, pero el gobernador de su provincia se habría tentado con la posibilidad de dejarla en libertad de acción.
A la incomodidad de los radicales, Jaldo, Jalil y Sáenz, habría que sumar la negativa de Andrea Cristina, senadora por el PRO, y Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut. Ambas responden al gobernador Ignacio Torres y se resisten a votar el capítulo de tierras.
Lo curioso es que el proyecto ya acredita 16 versiones distintas, corregidas por fuera del debate en comisiones sobre un dictamen original que ya nadie recuerda. Para colmo, según confió una fuente del Congreso, los senadores que se prestaron al zoom con Patricia se conectaron, sobre el final de sus vacaciones, comentando entre sí que ponían la cara frente a la pantalla pero dudaban que estuvieran los votos.
A la incomodidad de los radicales, Jaldo, Jalil y Sáenz, habría que sumar la negativa de Andrea Cristina, senadora por el PRO, y Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut. Ambas responden al gobernador Ignacio Torres y se resisten a votar el capítulo de tierras.
La senadora chubutense Edith Terenzi.
En la misma sintonía se encuentran los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, tal como informó LPO. Rojas Decut habría quedado del lado de Hugo Passalaqcua en la pelea del gobernador de su provincia con Carlos Rovira, mientras que Arce mantiene su lealtad al jefe territorial pero no recibió indicaciones suyas para votar a favor.
Un caso aparte sería el de Julieta Corroza, senadora por Neuquén cuyos votos traducen las instrucciones de Rolando Figueroa, uno de los gobernadores más pegados a Javier Milei. Este lunes, el neuquino comunicó que la Legislatura de su provincia sancionaría un proyecto para evitar que las tierras de su pago terminen en manos extranjeras, lo contrario a lo que promueve la ley de Federico Sturzenegger.
A esta altura, Bullrich apuesta todo a convencer a los aliados con la conferencia de prensa, pese a que la jugada parece una especie de fuga hacia adelante bajo la exigencia de Karina Milei para asumir un encargo de muy difícil concreción. «Karina la manda a Patricia a inmolarse y Villarruel prende velas para que la votación termine 35 a 35 y que sea ella quien tenga que desempatar contra el gobierno», dijo una fuente que intentó persuadir a Bullrich para que sacara el capítulo de la discordia.
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