Durante el fin de semana continuaron las propuestas de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina.
El domingo se realizó la segunda visita a la granja ‘La Soñada’, emprendimiento de turismo rural que se dedica a la cría de animales, que es uno de los principales atractivos de los más chiquitos.
Con cupo limitado de 20 participantes, la actividad consistió en una visita guiada y merienda, aplicando los protocolos correspondientes a las actividades turísticas rurales.
Por otro lado, el domingo el centro se vistió de feria nuevamente con la Feria ReEmprender, que se ha convertido en un espacio de intercambio comercial y de promoción para emprendedores y artesanos locales.
En esta oportunidad, la Dirección de Turismo ofreció barbijos, alcohol en gel, folletería y cartelería con los cuidados necesarios ante el COVID-19. Cabe destacar que quienes participan de la Feria ReEmprender reciben todos los lineamientos protocolares.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que entre el 13 y 17 de diciembre se llevará adelante la campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos con la técnica del triple lavado. En el transcurso de esta semana los productores deberán retirar los bolsones vacíos, las declaraciones…
La apertura de documentos de la Secretaría de Inteligencia del Estado vuelve a exponer el funcionamiento interno de uno de los organismos más oscuros del país. Infiltración, persecución ideológica y burocracia del espionaje: claves para entender el rol de la SIDE en la historia reciente.
Por Alcides Blanco para NLI
El origen de un aparato pensado para vigilar
La reciente desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), difundida a través del portal oficial del Estado argentino, reabre una discusión de fondo sobre el papel que jugó —y en muchos sentidos aún proyecta— el sistema de inteligencia en la vida política del país. Lejos de ser un simple organismo técnico, la SIDE fue, desde su consolidación en la segunda mitad del siglo XX, una herramienta central en la construcción de poder estatal, con capacidad para observar, registrar y clasificar a amplios sectores de la sociedad.
En sus orígenes, la inteligencia estatal se estructuró bajo la influencia de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que redefinió el concepto de amenaza. El enemigo dejó de ser exclusivamente externo para convertirse en interno, una categoría amplia y difusa que incluía no solo a organizaciones armadas sino también a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, periodistas e incluso actores culturales. Este cambio no fue menor: implicó que el espionaje dejara de estar orientado a la defensa frente a potencias extranjeras para centrarse en el control de la propia población.
La lógica del enemigo interno y la obsesión anticomunista
Los documentos recientemente publicados confirman con crudeza una característica ya señalada por múltiples investigaciones: la obsesión anticomunista como motor del aparato de inteligencia. La SIDE construyó durante años un mapa ideológico del país en el que prácticamente cualquier actor con capacidad de incidencia podía ser catalogado como sospechoso.
Lo que emerge de estos archivos no es solo la vigilancia sobre organizaciones específicas, sino una lógica mucho más amplia de control social sistemático, donde universidades, sindicatos, medios de comunicación y espacios culturales eran objeto de seguimiento permanente. En ese esquema, la producción de inteligencia no se limitaba a recolectar información, sino que implicaba clasificar, jerarquizar y construir perfiles ideológicos, en una dinámica que preparaba el terreno para la represión.
La amplitud del concepto de “subversión” resulta clave para comprender la magnitud del fenómeno: no se trataba únicamente de combatir a grupos armados, sino de disciplinar a toda una sociedad a partir de la sospecha.
La SIDE durante la dictadura: engranaje del terrorismo de Estado
Durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976, la SIDE se consolidó como un actor central dentro del aparato represivo. Su función no fue secundaria ni meramente administrativa, sino estratégica: producir la información que permitía identificar objetivos, planificar operativos y coordinar acciones entre distintas fuerzas.
Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, el organismo empezó a adecuarse a las tareas clandestinas que se extenderían a gran escala. El 30 de diciembre de 1975, el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel –al frente de la SIDE– firmó la resolución secreta 835. Allí disponía que el 1 de febrero de 1976 comenzaría el encubrimiento del personal: toda autoridad debía firmar con nombre de encubrimiento y todos los agentes civiles debían ser mencionados por su nombre de encubrimiento. Quedaba excluido el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.
Las investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales han demostrado que la inteligencia estatal fue un componente estructural del terrorismo de Estado. La SIDE operaba como un nodo que concentraba datos provenientes de distintas agencias y los redistribuía en función de las necesidades represivas, en un circuito donde la información podía convertirse rápidamente en persecución, secuestro o desaparición.
En ese contexto, la inteligencia no era un paso previo aislado, sino una parte constitutiva del sistema represivo. Sin esa producción sistemática de información, el despliegue de la maquinaria clandestina hubiera sido, en términos operativos, mucho más limitado.
La burocracia del espionaje: cómo funcionaba el control cotidiano
Uno de los aspectos más reveladores de los documentos desclasificados es la dimensión burocrática del espionaje. Lejos de las imágenes espectaculares asociadas al mundo de la inteligencia, lo que aparece es una trama de informes, fichas, seguimientos y registros que dan cuenta de una práctica sostenida en el tiempo.
La SIDE funcionaba a partir de una lógica de acumulación constante de información, alimentada por redes de informantes y por la infiltración en distintos ámbitos sociales. Cada dato, por mínimo que fuera, podía integrarse en un sistema mayor de clasificación, donde las personas eran evaluadas en función de sus vínculos, ideas y actividades.
Este carácter burocrático no le quitaba peligrosidad al sistema; por el contrario, lo hacía más eficaz. La repetición, la sistematicidad y la persistencia en el registro permitían construir perfiles detallados que luego podían ser utilizados por las fuerzas represivas. La inteligencia, en ese sentido, era tanto un archivo como una herramienta activa de persecución.
La larga lucha por abrir los archivos
La publicación de estos documentos es también el resultado de una disputa histórica. Desde el retorno de la democracia, los organismos de derechos humanos reclamaron insistentemente el acceso a los archivos de inteligencia, entendiendo que allí se encontraba una parte esencial de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura.
Durante décadas, ese acceso fue parcial o directamente negado. Si bien hubo avances, como la desclasificación de documentos militares o la incorporación de archivos provenientes del exterior, los archivos de la SIDE permanecieron como uno de los núcleos más cerrados del Estado.
La apertura actual, aunque significativa, llega entonces como parte de un proceso largo y todavía incompleto. La ausencia de nombres propios en los documentos difundidos y la publicación fragmentaria plantean interrogantes sobre la profundidad real de la desclasificación y sobre cuánto material continúa sin ver la luz.
Memoria, verdad y los límites de la desclasificación
La importancia de estos archivos excede el interés histórico. Su apertura tiene implicancias directas en el proceso de memoria, verdad y justicia, ya que pueden aportar elementos para reconstruir el funcionamiento del aparato represivo y, eventualmente, contribuir a causas judiciales.
Sin embargo, la desclasificación por sí sola no garantiza esos resultados. Los documentos requieren un trabajo de análisis, contextualización y cruce con otras fuentes para transformarse en evidencia útil. De lo contrario, corren el riesgo de quedar atrapados en su propio lenguaje técnico, inaccesibles para la sociedad y limitados en su impacto.
En ese sentido, la discusión no es solo qué se publica, sino cómo se publica y para qué.
Un pasado que sigue interpelando al presente
A casi cincuenta años del golpe de Estado, la apertura de los archivos de la SIDE vuelve a mostrar que el pasado no está cerrado. La historia del espionaje en la Argentina no es simplemente un capítulo archivado, sino una dimensión activa en la comprensión del presente.
La SIDE, como institución, encarna esa continuidad entre secreto, poder y política. Sus archivos, aún incompletos, permiten vislumbrar apenas una parte de su funcionamiento, pero alcanzan para confirmar algo fundamental: que el espionaje interno y la persecución ideológica no fueron desviaciones aisladas, sino prácticas estructurales del Estado.
Lo que queda por delante es, quizás, lo más importante. Porque en esos documentos que todavía no se conocen, en esos nombres que aún no aparecen y en esas historias que siguen sin reconstruirse, se juega una parte decisiva de la memoria colectiva argentina.
En las últimas horas, la Justicia allanó la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el marco de una investigación que pone al líder del gremio, Abel Furlán, al borde de quedar imputado por posible defraudación y asociación ilícita.
A raíz de una solicitud del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, el juez federal Julián Ercolini ordenó el operativo en las oficinas de la UOM, ubicadas en Alsina al 400.
Como contó LPO, Furlán, que busca renovar su mandato al frente del gremio metalúrgico, es investigado por una presunta maniobra irregular vinculada con la administración de fondos de la UOM a partir del contrato celebrado con la firma USEM S.A., que dirige la ex concejal camporista de Zárate Soledad Calle.
Por ese contrato, trascendió que la empresa recauda del gremio más de $100 millones por mes.
Muy cercana a Furlán, Calle tiene un rol muy activo en el gremio metalúrgico. De hecho, es secretaria de la General Adjunta de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) en representación de la UOM.
La denuncia atribuye a Furlán y Calle la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta y/o defraudación por administración desleal, fraude y asociación ilícita, en perjuicio de los trabajadores afiliados a la entidad gremial.
También cumple funciones como representante de la UOM ante organismos internacionales como la OIT.
En la oposición a Furlán en la UOM cuestionan la opacidad del contrato, las amplias facultades de USEM SA para manejar los fondos de la UOM y el doble rol de Calle, prohibido por el convenio.
Cerca de Furlán, en tanto, sostienen que se trata de «una operación» electoral y una maniobra de sectores a los que desplazaron del manejo de los fondos.
La denuncia presentada en febrero pasado por Fernando Miguez, presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático.
Esa presentación atribuye a Furlán y Calle la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta y/o defraudación por administración desleal, fraude y asociación ilícita, en perjuicio de los trabajadores afiliados a la entidad gremial.
Según informó La Nación, Furlán hizo una presentación espontánea ante la Justicia en la que puso a disposición toda la documentación del sindicato.
Ahí, el gremialista sostuvo: «No existe en lo actuado por la UOM de la República Argentina, ni por ninguno de sus dirigentes, los que firmaron los acuerdos del caso, su secretario general, su secretario adjunto, su secretario administrativo, ni su tesorero, ninguna irregularidad como las que se informan, ni delito alguno, ni cuestión que sea competencia de ese fuero penal extraordinario al que la ha traído el irresponsable denunciante serial ya conocido en el fuero».
Mientras Milei celebra el fallo favorable por YPF, un entramado de relaciones con fondos buitres, negociaciones paralelas y tensiones internas deja al descubierto contradicciones profundas dentro del propio oficialismo. El caso ya no es solo jurídico: es político.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Desde que la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el Gobierno intentó instalar una narrativa de triunfo. Sin embargo, detrás de esa victoria judicial emergen datos incómodos que exponen una trama de intereses, contactos y contradicciones que comprometen al propio oficialismo.
El análisis del periodista Leandro Renou revela que, lejos de sostener una postura coherente, sectores del Gobierno venían manteniendo conversaciones con actores directamente enfrentados a los intereses del país en el litigio.
Negociaciones en las sombras
Uno de los puntos más sensibles del caso es el rol del ministro de Economía, Luis Caputo. Según reconstruye Renou, desde principios de 2025 ya existían contactos con operadores del fondo Burford —principal beneficiario del juicio contra Argentina— con la intención de negociar un eventual pago.
Ese dato no es menor: implica que mientras el Estado defendía judicialmente la legalidad de la expropiación de YPF, parte del equipo económico evaluaba una salida que reconocía el reclamo de los fondos buitres, en abierta contradicción con la estrategia de la Procuración del Tesoro.
La situación adquiere mayor gravedad si se considera que el fallo final terminó favoreciendo la postura argentina, validando la expropiación impulsada en 2012 y desarmando el reclamo millonario.
Presiones internacionales y aliados inesperados
Otro elemento clave que surge del informe es el escenario internacional. Cuatro países respaldaron la posición argentina ante la jueza Loretta Preska, cuestionando el criterio que favorecía a los fondos especulativos.
Este dato muestra que el conflicto trascendía lo jurídico: se trataba de una disputa geopolítica en torno al control de recursos estratégicos como Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios energéticos del mundo.
En ese contexto, el alineamiento discursivo del gobierno de Milei con posiciones críticas hacia la expropiación generó tensiones, ya que coincidía parcialmente con los argumentos de los demandantes.
El giro forzado del oficialismo
La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que cuestionó históricamente la estatización de YPF terminó celebrando un fallo que valida esa decisión.
Dirigentes del campo nacional señalaron que la resolución judicial confirma la legalidad del proceso llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reforzando la idea de soberanía energética como eje estratégico.
Sin embargo, el trasfondo que describe Renou deja en evidencia que dentro del oficialismo no existía una única línea, sino tensiones entre quienes buscaban acordar con los fondos y quienes sostenían la defensa judicial.
Mucho más que un juicio
El caso YPF dejó de ser un expediente técnico para convertirse en un espejo de la política económica del gobierno de Milei.
Las negociaciones paralelas, los contactos con fondos especulativos y la falta de una estrategia unificada muestran un esquema donde conviven intereses contradictorios.
Como advierte el propio Renou, el fallo no solo resolvió una disputa legal: también expuso quiénes estaban de cada lado del mostrador en una de las causas más sensibles para la soberanía económica argentina.
Esta mañana, el Intendente, Marcelo Orazi, se reunió con la Directora de Gestión Deportiva de la Provincia de Río Negro, Susana Fantini. La finalidad del encuentro fue delinear el trabajo y las acciones a nivel deportivo de este año para la ciudad. Asimismo, se dialogó sobre distintos proyectos que se pueden ejecutar a futuro a…
Si la democracia no ofrece respuestas… como debe ser nuestra democracia? Dentro de las comunidades hay sujetos que hablan y se los escucha. Nos hablan de un contenido con el fin de representarnos, hablan en una voz colectiva de un horizonte común que ordena la dirección y el desarrollo de la ciudad (la sociedad cada…
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