Esta semana continuaron las distintas actividades propuestas desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina en el marco del programa ‘Sentite Turista’.
El miércoles se llevó a cabo una excursión especialmente organizada para un grupo de reginenses a fin de conocer uno de los emprendimientos de Turismo Rural: Chacra Arana. Fue la oportunidad de recorrer las actividades que se desarrollan en la chacra, como la producción de lúpulo, cría de ovejas, el sector cervecero y hostel.
Por otro lado, el viernes de la semana pasada se disfrutó de una caminata interpretativa del sector de Barda Sur cruzando el río en la balsa. El recorrido guiado estuvo acompañado por una especialista en geología quien dio detalles sobre las características de formación geológica del valle así como las diferencias paisajísticas entre la Barda Sur y la Barda Norte.
La Dirección de Turismo invita a vecinos y visitantes a acercarse a la oficina ubicada en Florencio Sánchez 817 o comunicarse al 2984 904350 a fin de conocer las próximas actividades que se llevarán a cabo durante la temporada estival, siempre bajo los protocolos establecidos.
Patricia Bullrich fue arrinconada este jueves por los senadores dialoguistas, que amagaron con voltear la sesión cuando se enteraron que el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge.
La convocatoria al recinto había sido realizada para votar el pliego de Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, y darle estado parlamentario a los pliegos de los jueces de las provincias, además de sancionar el proyecto para saldar los últimos 171 millones de pesos con bonistas que no entraron a los canjes de deuda argentinos. Sin embargo, los cambios contrarreloj que metió el gobierno en el dictamen causó una revuelta el miércoles por la noche.
Los senadores aliados detectaron entonces que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento.
En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.
Pero, además, la jugada revelaba una desprolijidad. «Fue un error de bonos, se arregló porque no son parte», admitió un libertario.
A Bullrich le habría faltado cintura para resolver el entuerto. En la interlocución con los aliados, que no pasa por su mejor momento debido a la desordenada negociación de los pliegos de los jueces que reclaman los gobernadores, atinó a plantear: «Si quieren, mañana a la mañana Monteverde lo explica en 5 minutos».
Gadano y Carambia.
Esa audacia desató la furia de los senadores radicales, los provinciales del peronismo disidente y los sin techo, como los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
Por esa razón, la sesión se demoró este jueves, para desconcierto del interbloque de José Mayans. Mientras los legisladores libertarios iban llegando al recinto, Bullrich todavía lidiaba con el piquete de los dialoguistas. «Casi se cae la sesión», dijo un aliado a LPO.
Las preguntas de los senadores eran sencillas y se activaron a partir de una adenda al Anexo A del acuerdo con Attestor. El gobierno alegaba que «se eliminaron del listado del Anexo A algunos bonos que no están en poder de los fondos y se agregó un nuevo bono que uno de los fondos tiene en su poder».
Aunque el gobierno pretende que el grupo encabezado por Attestor informó que algunos de los bonos habían sido transferidos o liquidados después de la conciliación con Argentina, los aliados exigieron que el debate vuelva a realizarse en comisión.
La preocupación era que ese agregado genere un perjuicio para el país, pese a las explicaciones a destiempo del oficialismo.
Según Bullrich, el monto del acuerdo se mantendría en USD104 millones. Aunque el gobierno pretende que el grupo encabezado por Attestor informó que algunos de los bonos habían sido transferidos o liquidados después de la conciliación con Argentina, los aliados exigieron que el debate vuelva a realizarse en comisión.
Pese al contratiempo, Victoria Villarruel pudo darle inicio a la sesión luego que Bullrich contuvo a los legisladores libertarios dispersos en el recinto. La resistencia de los aliados, tal como informó LPO, obedece al malestar que ya causó la tardanza de Juan Bautista Mahiques y Javier Milei para enviar los pliegos de los candidatos de los gobernadores para las vacantes del Poder Judicial.
Si quieren, Monteverde lo explica en 5 minutos.
Si bien el ministro de Justicia logró que la Casa Rosada mande las postulaciones de esos magistrados el martes pasado, los senadores empezaron a firmar los despachos después y se postergó para una próxima sesión su tratamiento en recinto. Fuentes judiciales dejaron la puerta abierta a la chance que el oficialismo y sus aliados acuerden un paquete de pliegos a aprobar contemplando las demandas de las provincias y las de Capital Federal y Buenos Aires.
El único límite tiene una dimensión reglamentaria y otra, política. En lo técnico, cualquier pliego al que se le da ingreso parlamentario requiere aviso público por Boletín Oficial y habilitación del período de recepción de impugnaciones, antes de llegar a la fecha de defensa en audiencia pública.
En general, ese procedimiento dura un mes, cuando apenas quedan 29 días para el inicio del campeonato Mundial de Fútbol. «Si llega el Mundial y los pliegos no se votaron, va a ser muy difícil que suceda después, cuando ya estén todos en campaña electoral», reumió una fuente al tanto de las discusiones.
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El clima político que rodea la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo episodio de tensión en la Patagonia: el diputado libertario Jairo Guzmán fue escrachado en El Calafate luego de lanzar declaraciones ofensivas contra quienes se movilizan en defensa del ambiente. La escena —huevazos, insultos y repudio popular— expone no solo el rechazo a sus palabras, sino el creciente malestar frente a una política que muchos sectores identifican como un retroceso ambiental.
Por Roque Pñerez para NLI
Un insulto que encendió la mecha
El detonante del conflicto fue una frase que sintetiza el tono con el que sectores del oficialismo vienen abordando el debate. Guzmán se refirió a quienes participaron de un abrazo simbólico al Glaciar Perito Moreno asegurando que “no desarrollaron mucho conocimiento o les faltó ácido fólico cuando eran chiquitos”, un comentario que fue rápidamente repudiado por amplios sectores sociales.
La respuesta no tardó en llegar. Vecinos autoconvocados, junto a organizaciones sindicales y culturales, se concentraron frente a un local partidario en El Calafate, donde el legislador tenía previsto participar de una actividad. Allí, el rechazo se expresó con insultos, cánticos y el lanzamiento de huevos, obligando al dirigente a esquivar la protesta en un contexto de fuerte tensión.
Lo ocurrido no es un hecho aislado. Es, en todo caso, la manifestación concreta de un conflicto político más profundo: el choque entre un modelo de desarrollo basado en la expansión minera y una sociedad que percibe esa avanzada como una amenaza directa sobre recursos estratégicos como el agua.
El diputado libertario Jairo Guzmán votó a favor de la ley de Glaciares y no había vuelto aún a El Calafate; pero un día iba a tener que volver… Parece que va a tener que pasar su estadía recluido en su casa y sin poder ni asomarse a la vereda… pic.twitter.com/TznosASq42
El trasfondo del episodio es la reciente modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Milei, que fue aprobada en Diputados tras una sesión marcada por insultos, cruces y una fuerte polarización política.
La reforma redefine la protección de las zonas periglaciares, habilitando actividades productivas —principalmente mineras— en áreas que antes estaban restringidas. El argumento oficial gira en torno al “desarrollo” y al “federalismo”, pero desde la oposición, el ámbito científico y organizaciones ambientales advierten que se trata de un retroceso en la protección de reservas hídricas clave para millones de argentinos.
No es menor el dato de que más de 100 mil personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas, en una muestra clara del interés social que despierta el tema, aunque con mecanismos de participación fuertemente limitados por el oficialismo.
En ese contexto, las declaraciones de Guzmán no solo resultan ofensivas, sino también reveladoras de una lógica política: deslegitimar la protesta social y minimizar la preocupación ambiental.
Un conflicto que recién empieza
El escrache en El Calafate anticipa lo que puede venir. La reforma ya enfrenta cuestionamientos judiciales y, en algunas provincias, incluso fue frenada de manera provisoria.
Pero más allá de lo institucional, lo que está en juego es un debate estructural: quién decide sobre los bienes comunes y en función de qué intereses. La reacción social frente a Guzmán muestra que, lejos de apagarse, el conflicto por la Ley de Glaciares está entrando en una nueva fase, donde la disputa ya no es solo parlamentaria, sino también territorial.
Porque cuando la política responde con insultos a una demanda social masiva, lo que se profundiza no es el consenso, sino la crisis. Y en ese terreno, el oficialismo empieza a mostrar una dificultad creciente para sostener su relato frente a una realidad que —como quedó claro en El Calafate— ya no está dispuesta a callarse.
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