Esta semana continuaron las distintas actividades propuestas desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina en el marco del programa ‘Sentite Turista’.
El miércoles se llevó a cabo una excursión especialmente organizada para un grupo de reginenses a fin de conocer uno de los emprendimientos de Turismo Rural: Chacra Arana. Fue la oportunidad de recorrer las actividades que se desarrollan en la chacra, como la producción de lúpulo, cría de ovejas, el sector cervecero y hostel.
Por otro lado, el viernes de la semana pasada se disfrutó de una caminata interpretativa del sector de Barda Sur cruzando el río en la balsa. El recorrido guiado estuvo acompañado por una especialista en geología quien dio detalles sobre las características de formación geológica del valle así como las diferencias paisajísticas entre la Barda Sur y la Barda Norte.
La Dirección de Turismo invita a vecinos y visitantes a acercarse a la oficina ubicada en Florencio Sánchez 817 o comunicarse al 2984 904350 a fin de conocer las próximas actividades que se llevarán a cabo durante la temporada estival, siempre bajo los protocolos establecidos.
La Argentina de la “libertad” tiene cada vez más ciudadanos obligados a depender exclusivamente del hospital público. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, mientras las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios. El deterioro del empleo formal y el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas aparecen como dos de los factores centrales detrás de una transformación que vuelve a cargar sobre el Estado las consecuencias de un modelo que prometía exactamente lo contrario.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Hay números que permiten discutir una política económica y hay números que obligan a discutir qué sociedad se está construyendo. Los datos difundidos a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Encuesta Permanente de Hogares, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG), pertenecen a la segunda categoría: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei 1.246.285 personas se incorporaron al universo de argentinos que no cuentan con obra social, prepaga ni mutual. La cifra surge de comparar los 9.428.131 ciudadanos que estaban en esa situación en el cuarto trimestre de 2023 con los 10.674.416 registrados en el primer trimestre de 2026. En paralelo, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, en un proceso asociado a la pérdida de empleo registrado y al deterioro de la cobertura laboral.
El resultado es contundente: quienes dependen exclusivamente del sistema público pasaron de representar el 32% al 35,6% de la población. No se trata, por lo tanto, de una modificación marginal de las preferencias de los usuarios ni de una simple reorganización administrativa de las obras sociales. Es una transferencia de personas hacia el sistema público de salud, en un contexto en el que el Gobierno nacional viene sosteniendo una política de ajuste y reducción del gasto estatal que también impacta sobre hospitales, programas sanitarios, medicamentos y organismos vinculados a la atención de la población.
El “mercado” de la salud expulsa a quienes no pueden pagarlo
La contradicción del modelo libertario aparece con particular crudeza cuando se observa qué ocurre con la medicina privada. El Gobierno puede presentar la desregulación como una ampliación de la libertad de elección, pero la libertad de elegir una prepaga desaparece cuando el salario no alcanza para pagarla. Y si, al mismo tiempo, se deteriora el empleo formal, también se debilita la principal vía mediante la cual millones de trabajadores acceden a una obra social.
Los datos relevados muestran precisamente esa combinación. La merma de afiliados coincide con la pérdida de puestos de trabajo formales y con el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, dos procesos que fueron modificando las condiciones materiales de acceso a la cobertura. La consecuencia concreta es que familias que durante años contaron con una cobertura privada o de seguridad social comenzaron a abandonar esos esquemas y quedaron dependiendo del hospital público.
El fenómeno también puede observarse dentro de las propias obras sociales. OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, perdió el 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la caída fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados. La única entidad mencionada en el relevamiento que logró expandirse fue OSDEPYM, vinculada al universo de trabajadores monotributistas.
La fotografía que dejan esos números es particularmente significativa porque las obras sociales no funcionan aisladas del mercado laboral: son una expresión directa de la estructura del empleo. Cuando se destruyen puestos registrados, se deterioran los ingresos o aumenta la precarización, también se resiente el sistema de seguridad social que se financia mediante los aportes de trabajadores y empleadores. Por eso reducir la discusión sanitaria a cuánto dinero se destina al Ministerio de Salud significa mirar apenas una parte del problema.
El dato que debería preocupar especialmente al Gobierno: los jóvenes
Hay otro número que desnuda todavía más profundamente el alcance del proceso. Entre los argentinos de 15 a 29 años, el 49,9% no cuenta con obra social, prepaga ni mutual y depende exclusivamente del sistema público. Son 438.790 jóvenes más en esa situación respecto del cuarto trimestre de 2023.
Es difícil separar este fenómeno de la crisis que atraviesa el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral. Los jóvenes suelen ser los primeros afectados por la informalidad, los empleos de menor estabilidad y los salarios que pierden capacidad de compra. Si a eso se suma que las coberturas privadas aumentan por encima de la capacidad de pago de muchas familias, el resultado es previsible: la cobertura sanitaria deja de ser un derecho garantizado por la inserción laboral y empieza a depender cada vez más de la capacidad económica individual.
Y allí aparece una de las grandes paradojas de la experiencia libertaria. El discurso oficial plantea que el Estado debe retirarse para que los individuos puedan elegir libremente. Pero cuando el mercado expulsa a quienes no pueden pagar, esos mismos ciudadanos no desaparecen. Siguen necesitando atención médica. Van al hospital público, concurren a las guardias, requieren medicamentos, estudios, tratamientos y profesionales. El Estado no deja de existir: recibe la demanda, pero con menos recursos y mayores dificultades para atenderla.
La consecuencia puede ser un sistema sanitario cada vez más segmentado: quienes tienen ingresos suficientes conservan o compran cobertura privada; quienes tienen una relación laboral formal intentan sostener su obra social; y una porción creciente de la población queda directamente a merced del sistema público. La supuesta libertad de elección termina convirtiéndose, para millones, en una elección que nunca existió: pagar o quedarse afuera.
Una transferencia silenciosa hacia el hospital público
El dato central de este proceso no es solamente cuántas personas perdieron una cobertura. Es quién termina absorbiendo las consecuencias. Cuando una familia abandona una prepaga porque ya no puede pagar la cuota, la necesidad sanitaria continúa. Cuando un trabajador pierde su empleo formal, también pierde la estructura de cobertura asociada a ese trabajo. Y cuando una obra social pierde afiliados, su capacidad financiera puede deteriorarse, afectando también la calidad y disponibilidad de las prestaciones.
Por eso, el crecimiento de la población sin obra social, prepaga ni mutual debería ser leído como un indicador social y económico de primer orden. Entre fines de 2023 y comienzos de 2026, más de 1,24 millones de personas se incorporaron al universo que carece de esos tres tipos de cobertura.
La discusión excede, entonces, la clásica pelea entre “Estado” y “mercado”. En la Argentina, la salud siempre estuvo organizada alrededor de una combinación de sistema público, seguridad social y sector privado. El problema aparece cuando una de esas patas comienza a recibir cada vez más demanda mientras las otras pierden afiliados y capacidad de financiamiento.
Y mientras el Gobierno celebra la reducción de determinadas partidas como si fueran simples números de una planilla presupuestaria, del otro lado de esa planilla hay personas. Son trabajadores que ya no tienen obra social, familias que dejaron de pagar una prepaga, jóvenes que nunca lograron acceder a una cobertura y pacientes que, ante una enfermedad, terminan recurriendo al hospital público.
El modelo puede llamarlo “eficiencia”. Puede presentarlo como una consecuencia inevitable de ordenar las cuentas. Pero los números muestran otra cosa: una parte creciente de la sociedad argentina está siendo empujada hacia un sistema público que, paradójicamente, el mismo modelo económico pretende adelgazar.
La verdadera pregunta política ya no es cuánto puede reducirse el Estado. Es cuánto puede soportar una sociedad cuando cada vez más personas necesitan de él y, al mismo tiempo, el Gobierno decide retirarle recursos. Porque la salud no funciona como una mercancía cualquiera: cuando alguien deja de poder pagarla, no deja de enfermarse. Y esa cuenta, tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.
La diputada nacional Lilia Lemoine denunció penalmente a la senadora bonaerense Malena Galmarini por el viaje en un avión privado a la isla de Barbados, que habría pagado el empresario Francisco De Narváez.
La libertaria explicó que la presentación por el presunto delito de dádivas fue realizada por
el abogado Leandro Furundarena y quedó radicada en la UFI N° 2 de La Plata.
Días atrás, el diario
La Nación
reveló que Sergio Massa, su esposa y un grupo de amigos viajaron en un jet privado tipo Gulfstream a la paradisíaca Barbados. El avión es atribuido a De Narváez y según sostuvo Lemoine el costo del viaje rondaría los 400 mil dólares.
La denuncia pide establecer si Galmarini «recibió gratuitamente un beneficio patrimonial de considerable entidad económica proveniente directa o indirectamente de un empresario privado; quién afrontó efectivamente dicho costo; cuál fue la causa concreta de esa liberalidad y si el beneficio fue otorgado en consideración al cargo público desempeñado por la denunciada».
«Considero especialmente relevante investigar si Francisco De Narváez, las sociedades integrantes de su grupo económico, sus controladas, vinculadas, participadas o aquellas respecto de las cuales posea intereses económicos relevantes mantienen o mantuvieron contratos, concesiones, permisos, autorizaciones, beneficios fiscales, relaciones comerciales, intereses regulatorios o cualquier otro vínculo susceptible de resultar alcanzado por decisiones emanadas del Estado de la Provincia de Buenos Aires», dice la denuncia citada por Lemoine.
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Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem le tendieron una trampa a Patricia Bullrich con el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, el ambicioso proyecto de Federico Sturzenegger que terminó desflecado por el rechazo de los senadores aliados a los capítulos más importantes. La hermana presidencial ordenó al ala política del gobierno que todos se quedaran quietos cuando supo que no estaban los votos y sacrificó la ley para que pierda la ex ministra.
Fuentes cercanas a uno de los gobernadores cercanos a la Casa Rosada aseguraron a LPO que no hubo un solo llamado de los funcionarios para pedir que acompañen al bloque oficialista en la Cámara Alta. A diferencia de lo que sucede cuando se acercan sesiones complicadas para los libertarios, esta vez ningún ministro del gabinete de Javier Milei levantó el teléfono para comunicarse con los jefes territoriales.
LPO había anticipado que Patricia no tenía los votos pero que aseguraba que contaría con el respaldo suficiente para aprobar la iniciativa. Fue Diego Santilli el que se enteró por boca de la salteña Flavia Royón que no estaba dispuesta a inclinarse por la positiva ante el proyecto de Sturzenegger, recién el miércoles a la mañana.
Para ese momento, empezaron a caer como una avalancha los anuncios de los gobernadores Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua sobre su rechazo al capítulo de extranjerización de la tierra, lo que redundaba en el voto negativo de la tucumana Beatriz Ávila, la neuquina Julieta Corroza y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.
Contra la inacción del gobierno, el peronismo se movió en bloque y fue implacable. Sergio Massa contactó a los gobernadores para persuadirlos de voltear la ley, Máximo Kirchner estuvo en conversaciones con los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, Juliana di Tullio y José Mayans se ocuparon de hablar con sus colegas del Senado y los diputados Germán Martínez y Cecilia Moreau también intervinieron.
Frente a la inacción del gobierno, el peronismo se movió en bloque y fue implacable. Sergio Massa contactó a los gobernadores para persuadirlos de voltear la ley, Máximo Kirchner estuvo en conversaciones con los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, Juliana di Tullio y José Mayans se ocuparon de hablar con sus colegas del Senado y los diputados Germán Martínez y Cecilia Moreau también intervinieron.
Uno de los legisladores que participó de los cabildeos le dijo a LPO que las charlas se produjeron en simultáneo durante dos momentos diferentes, con dos objetivos bien claros. Entre las 7 y las 14 del miércoles, las discusiones del peronismo con los aliados del gobierno giraban en torno de los artículos vinculados a la venta de tierras a extranjeros, mientras que el jueves, desde la mañana y hasta las 23, se enfocaron en la pelea para derribar las modificaciones a la ley de manejo del fuego.
La imagen de seis peronistas pesados interviniendo en una discusión de una ley contrasta con la foto de Patricia, en la conferencia de prensa del martes, acompañada solamente por Nadia Márquez, un alfil de Martín Menem, el fueguino Agustín Coto y el puntano Bartolomé Abdala. Ningún jefe de bloque aliado quiso posar en la foto en el Salón de las Provincias con Bullrich en la tarde del martes, cuando sacaban cuentas entre ellos y veían que los libertarios no podían ganar.
Acaso por eso Bullrich cargó contra los Milei cuando salió del Congreso en la madrugada de este viernes, después del fracaso legislativo con el proyecto deshidratado de Sturzenegger. Su primera respuesta para analizar la derrota fue culpar a los que sostuvieron a Manuel Adorni y la especulación de que, en aquel momento, podrían haber aprobado la ley con los capítulos que esta semana le podó la oposición.
Incluso, el video que la legisladora publicó en sus redes este viernes, donde se la ve moviéndose por el recinto entre los senadores, está musicalizado con el tanto La Rosca. La frase que eligió para el posteo dice: «el tango no se baila solo». El mensaje está dirigido a los Milei.
Contra la inacción del gobierno, el peronismo se movió en bloque y fue implacable. Sergio Massa contactó a los gobernadores, Máximo Kirchner a los santacruceños, Juliana di Tullio y José Mayans se ocuparon de sus colegas Germán Martínez y Cecilia Moreau también intervinieron.
Fuentes de la Rosada contaron a LPO que Karina buscaba que el proyecto se hundiera para que Bullrich perdiera también, sin contemplar que la caída afecta a todo el gobierno. Pero también la ex ministra ensayó un deslizamiento que la perjudicó al final, fruto de su temeridad para ir por todo en la política: cuando desde el entorno de Santiago Caputo le recomendaron que retirase el capítulo de tierras para salvar la ley, la senadora desoyó la recomendación y se embanderó en defensa de la ley de Sturzenegger, justo en la peor semana del ministro de Desregulación.
Para colmo, el vacío que le hicieron desde Balcarce 50 a su jefa de bloque en la relación con los gobernadores lo llenaron sin empacho los peronistas. «Tuvimos muy buena receptividad, incluso entre los que nos decían que no podían votar como planteábamos», comentó uno de los dirigentes que participó de la jugada.
Tanto activismo generó irritación en La Plata bajo la especulación de que la maniobra era para reposicionar a Massa, algo que disfrutan entre cristinistas y massistas. En el entorno de Axel Kicillof están convencidos que cada movimiento de sus rivales en la interna es en contra suya, aunque esta vez el objetivo cumplido de derribar capítulos enteros de la ley desmonta cualquier argumento.
Ningún jefe de bloque aliado quiso posar en la foto en el Salón de las Provincias con Bullrich en la tarde del martes, cuando sacaban cuentas entre ellos y veían que los libertarios no podían ganar.
Incluso, hay quienes adjudican a Massa la detección de los negocios de Joaquín Benegas Lynch que sirvieron como argumento para la impugnación que elaboró Di Tullio contra el entrerriano para que no vote por conflicto de intereses. De hecho, el libertario terminó reconociendo la incompatibilidad denunciada y, en medio del nerviosismo, calificó de tibios e ignorantes a los aliados, detonando la relación de una mayoría parlamentaria resquebrajada.
Fue en ese momento que el santacruceño Carambia le manoteó el teléfono a Gadano para mandar el mensaje de audio diciéndole a Benegas Lynch en el grupo de WhatsApp de «los 44 de Bullrich» que se fuera «a la concha de su hermana».
Al cierre de esta nota, Di Tullio y Gadano compartían un raíd de actividades políticas en Tierra del Fuego junto a la senadora peronista Cándida Cristina López, la anfitriona, y sus colegas Alicia Kirchner, Carlos Linares y Fernando Salino.
Linares, Di Tullio, Gadano, Alicia Kirchner y Salino.
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