Esta semana continuaron las distintas actividades propuestas desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina en el marco del programa ‘Sentite Turista’.
El miércoles se llevó a cabo una excursión especialmente organizada para un grupo de reginenses a fin de conocer uno de los emprendimientos de Turismo Rural: Chacra Arana. Fue la oportunidad de recorrer las actividades que se desarrollan en la chacra, como la producción de lúpulo, cría de ovejas, el sector cervecero y hostel.
Por otro lado, el viernes de la semana pasada se disfrutó de una caminata interpretativa del sector de Barda Sur cruzando el río en la balsa. El recorrido guiado estuvo acompañado por una especialista en geología quien dio detalles sobre las características de formación geológica del valle así como las diferencias paisajísticas entre la Barda Sur y la Barda Norte.
La Dirección de Turismo invita a vecinos y visitantes a acercarse a la oficina ubicada en Florencio Sánchez 817 o comunicarse al 2984 904350 a fin de conocer las próximas actividades que se llevarán a cabo durante la temporada estival, siempre bajo los protocolos establecidos.
Milei presentó sus nuevas reformas estructurales como el punto final de “91 años de saqueo” y responsabilizó al Banco Central y a la política por todos los males económicos argentinos. Pero detrás de las cifras impactantes, las acusaciones contra dirigentes y las promesas de refundación aparecen datos discutibles, interpretaciones históricas parciales y debates constitucionales sobre el alcance del proyecto libertario.
Por Tomás Palazzo para NLI
La política del número gigante: cuando una cifra busca reemplazar un debate histórico
Milei volvió a construir uno de sus discursos centrales alrededor de una idea repetida desde el inicio de su gobierno: que la Argentina no atraviesa solamente una crisis económica, sino el resultado de décadas de un supuesto mecanismo de saqueo impulsado por la política a través del Estado. En cadena nacional, el Presidente presentó sus nuevas reformas estructurales y eligió como eje una cifra de enorme impacto: una inflación acumulada desde la creación del Banco Central de 12.819.532.788.614.400.000%, un número de 20 dígitos que utilizó como prueba de lo que definió como “la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”.
Como sucede siempre con las «cifras de Milei», el número presentado como una prueba definitiva de “91 años de saqueo” no fue acompañado por una metodología detallada, una fuente estadística oficial o un documento técnico que permita reconstruir cómo se llegó exactamente a esa cifra de 20 dígitos. Si bien es posible calcular una inflación acumulada durante largos períodos mediante índices históricos, la magnitud exhibida por Milei requiere explicaciones sobre qué series fueron utilizadas, cómo se empalmaron los distintos períodos, qué criterios se aplicaron ante los cambios de medición y cómo se ponderaron etapas con monedas diferentes. Sin ese respaldo documental verificable, el número funciona principalmente como una herramienta retórica de alto impacto más que como un dato económico presentado con el rigor necesario para un debate público de semejante trascendencia.
La magnitud del fantasioso número solo está dada para generar un efecto político inmediato: transmite una sensación de desastre absoluto y permite instalar una idea sencilla de comprender para una sociedad golpeada por décadas de inflación. Sin embargo, transformar casi un siglo de historia económica argentina en una única explicación basada exclusivamente en la emisión monetaria implica dejar afuera una enorme cantidad de factores que también formaron parte de las crisis nacionales.
La inflación argentina fue atravesada por múltiples procesos: endeudamientos externos, crisis internacionales, cambios abruptos de modelo económico, golpes de Estado, pérdida de reservas, fuga de capitales, problemas estructurales de producción, restricciones externas y disputas distributivas. Reducir todo ese recorrido histórico a una sola causa permite construir un relato político potente, pero simplifica una realidad económica mucho más compleja.
La idea de que la inflación es siempre y exclusivamente un fenómeno monetario pertenece a una corriente económica determinada, el monetarismo, pero no representa una verdad indiscutida dentro de la economía. Existen distintas escuelas que analizan el fenómeno inflacionario incorporando también factores productivos, cambiarios, sociales y externos.
El discurso presidencial, sin embargo, se apoyó en una premisa diferente: la necesidad de identificar un responsable claro. En esa construcción, el Banco Central dejó de aparecer como una herramienta de política económica y pasó a ser presentado como el origen del deterioro argentino.
El Banco Central como enemigo: la reforma que busca separar la moneda de la política
Uno de los anuncios más importantes de Milei fue una nueva reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir cualquier mecanismo de financiamiento al Estado. Según el Presidente, la emisión monetaria para cubrir déficit constituye una “falsificación de dinero” y llegó incluso a afirmar que quienes participaron de esos procesos podrían formar parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del organismo monetario.
La afirmación abre un debate jurídico de enorme profundidad. La emisión monetaria no es considerada falsificación de moneda en el ordenamiento legal argentino: es una facultad estatal ejercida por una institución pública creada por ley. Se puede discutir si una política económica fue correcta, si generó inflación o si produjo consecuencias negativas, pero equiparar una decisión de política monetaria tomada dentro del marco institucional con un delito penal implica solo un desconocimiento o provocación de esas a las que nos tiene acostumbrado el presidente.
La Constitución Nacional establece que el Congreso tiene atribuciones en materia monetaria y financiera, mientras que el Banco Central funciona como una entidad con autonomía dentro del sistema institucional argentino. El debate sobre esa autonomía existe en distintos países: cuánto debe protegerse a una autoridad monetaria de las presiones políticas y cuánto control democrático debe mantenerse sobre una institución clave.
La reforma propuesta por Milei busca aumentar las barreras para remover al presidente y al directorio del Banco Central, exigiendo mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso. Para el oficialismo, esto evitaría que los gobiernos presionen para financiar sus déficits mediante emisión. Para sus críticos, podría crear una institución con un nivel de blindaje difícil de compatibilizar con el principio democrático de control sobre los organismos públicos.
Convertibilidad, reservas y Cristina Kirchner: una historia económica reconstruida desde la mirada libertaria
Durante su exposición, Milei también apuntó contra la salida de la convertibilidad y sostuvo que abandonar la paridad entre peso y dólar significó que miles de millones de dólares “pasaran a manos de los políticos”. Según su interpretación, los recursos respaldatorios de aquella etapa pertenecían a los argentinos y fueron utilizados por la dirigencia.
Pero la historia de la convertibilidad es bastante más compleja. El régimen instaurado en 1991 consiguió durante varios años estabilizar la inflación, pero también generó problemas de competitividad, dependencia del endeudamiento externo y una economía condicionada por la necesidad permanente de conseguir dólares. La crisis de 2001 no fue consecuencia de una sola decisión política, sino el resultado de múltiples desequilibrios acumulados durante años.
Algo similar ocurre con la utilización de reservas del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner para el pago de deuda mediante el denominado Fondo del Bicentenario. Milei definió esa operación como un “robo”, aunque fue una decisión adoptada mediante mecanismos institucionales y debatida públicamente en el Congreso, la Justicia y el ámbito económico.
La utilización de términos como “saqueo”, “estafa” o “robo” permite construir una narrativa de ruptura moral con el pasado, pero también corre el riesgo de reemplazar el análisis histórico por una disputa política basada en acusaciones absolutas.
El “grillete fiscal” y el debate sobre los límites constitucionales del ajuste permanente
Otro de los anuncios más polémicos fue la creación de una regla fiscal permanente que impediría sostener presupuestos deficitarios y establecería un mecanismo automático de ajuste denominado por el Gobierno como “grillete fiscal”. Según «explicó» Milei, si las cuentas públicas permanecieran desequilibradas durante un período determinado, el Congreso tendría un plazo para corregir la situación. De no hacerlo, se activaría un “shutdown” que implicaría la paralización de actividades consideradas no esenciales, congelamiento de nuevas contrataciones y suspensión de determinados gastos.
El Presidente aseguró que quedarían exceptuadas áreas como jubilaciones, pensiones, salud, seguridad, defensa y servicios esenciales. Sin embargo, la propuesta abre una discusión institucional sobre el rol del Congreso y la división de poderes. La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto y definir las prioridades del gasto público. Una norma que establezca mecanismos automáticos de limitación sobre futuras decisiones parlamentarias podría generar un debate sobre hasta dónde puede una mayoría política actual condicionar las facultades de gobiernos y congresos futuros.
El problema no es solamente económico. También es institucional: una democracia no solamente define cuánto gasta el Estado, sino quién tiene la autoridad para decidir cómo se utilizan los recursos públicos.
Más libertad financiera y menos controles: la apuesta de Milei para transformar la economía
El paquete anunciado por el Presidente también incluye reformas del mercado de capitales y del sistema de seguros. El argumento oficial sostiene que Argentina tiene un sistema financiero reducido porque durante décadas los ciudadanos perdieron confianza y retiraron sus ahorros del circuito formal. Milei plantea que una mayor liberalización permitirá que el ahorro privado se transforme en inversión productiva, créditos, maquinaria y empleo. Desde esa perspectiva, el problema central sería la excesiva regulación estatal que impide que el capital fluya hacia quienes quieren producir.
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados financieros requieren reglas claras y organismos de control fuertes. La historia económica mundial cuenta con numerosos ejemplos donde procesos de desregulación sin supervisión suficiente terminaron generando crisis que luego fueron absorbidas por los Estados y por la sociedad.
El debate estará en encontrar el equilibrio entre eliminar trabas burocráticas y mantener herramientas que eviten abusos, fraudes y riesgos sistémicos.
La construcción de una nueva verdad política: entre la economía y la batalla cultural
El discurso presidencial no fue solamente una presentación de reformas económicas. Fue también una construcción política. Milei buscó instalar una interpretación histórica donde la Argentina habría sido víctima durante casi un siglo de una clase dirigente que utilizó la inflación, el déficit y el Banco Central como mecanismos de apropiación.
En esa lógica, las reformas anunciadas aparecen como una ruptura definitiva con el pasado y como el inicio de una nueva etapa nacional. La discusión, entonces, no pasa únicamente por si una medida económica puede funcionar o no, sino por el modo en que se construye el consenso para aplicarla.
La época de la posverdad no implica simplemente la existencia de datos falsos. También refiere a un escenario donde los hechos son seleccionados, jerarquizados y narrados desde identidades políticas fuertes, donde una explicación sencilla puede imponerse sobre una realidad mucho más compleja.
Milei presentó su proyecto como el final de “91 años de decadencia”. Sus defensores sostienen que se trata de una transformación necesaria para recuperar estabilidad y crecimiento. Sus críticos advierten que detrás de esa promesa existe una concentración de poder económico e institucional que puede modificar profundamente la relación entre Estado, mercado y democracia.
El desafío argentino no será solamente discutir cuánto emite el Banco Central, cuánto gasta el Estado o cómo se organiza el mercado financiero. También será debatir qué límites tiene una reforma estructural, qué lugar ocupa la política en una democracia y si una sociedad puede construir su futuro sobre una única interpretación del pasado.
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La fecha que quedó grabada en la historia responde a un calendario que Rusia ya no utiliza. La insurrección bolchevique comenzó el 25 de octubre de 1917 según el calendario juliano, pero esa misma jornada correspondía al 7 de noviembre en el calendario gregoriano. La diferencia de 13 días explica por qué la Revolución de Octubre ocurrió, para buena parte del mundo, en noviembre.
Por Alcides Blanco para NLI
La historia suele quedar atrapada en los nombres con los que fue bautizada. La Revolución de Octubre es uno de los ejemplos más famosos. Durante generaciones, millones de personas aprendieron que el 25 de octubre de 1917 los bolcheviques encabezados por Vladimir Lenin tomaron el poder en Rusia y pusieron en marcha uno de los procesos políticos más trascendentales del siglo XX. Sin embargo, si alguien viajara hasta aquella misma fecha utilizando el calendario que actualmente rige en la mayor parte del mundo, descubriría algo aparentemente desconcertante: el 25 de octubre ruso era el 7 de noviembre para el resto de Europa.
No se trata de un error histórico ni de una modificación posterior de los acontecimientos. La explicación está en una cuestión aparentemente menor, pero fundamental para comprender cómo se registraban las fechas en la Rusia de comienzos del siglo XX: el Imperio ruso todavía utilizaba el calendario juliano, mientras que la mayoría de los países europeos ya se regían por el calendario gregoriano, establecido en 1582 por iniciativa del papa Gregorio XIII. Entre ambos calendarios existía entonces una diferencia de 13 días.
Por eso, cuando los bolcheviques avanzaron sobre los principales puntos estratégicos de Petrogrado durante la noche del 24 al 25 de octubre de 1917 según el calendario juliano, en los países que utilizaban el calendario gregoriano ya era la noche del 6 al 7 de noviembre. La revolución que Rusia llamó “de Octubre” ocurrió, entonces, en noviembre según el calendario que hoy utilizamos.
Dos calendarios para una misma revolución
Para entender el asunto hay que retroceder algunos siglos. El calendario juliano había sido introducido por Julio César en el año 46 antes de Cristo y durante muchísimo tiempo fue utilizado como referencia en Europa. El problema era que su cálculo del año solar contenía una pequeña diferencia que, acumulada durante siglos, provocaba un desplazamiento progresivo de las fechas respecto de las estaciones.
En 1582 se introdujo el calendario gregoriano para corregir ese desfasaje. Los países católicos comenzaron a adoptarlo rápidamente, aunque otros Estados europeos lo hicieron mucho después. Rusia, vinculada además a la tradición de la Iglesia ortodoxa, mantuvo durante siglos el calendario juliano.
Así, mientras Francia, España, Italia y otros países europeos ya utilizaban el calendario gregoriano, Rusia continuaba registrando oficialmente sus acontecimientos con el sistema anterior. La diferencia, que durante buena parte de la historia había sido de 10 u 11 días, llegó a 13 días en los siglos XX y XXI.
Eso significa que un acontecimiento fechado oficialmente en Rusia como 25 de octubre de 1917 debe convertirse en 7 de noviembre de 1917 al trasladarlo al calendario gregoriano.
La confusión se vuelve todavía mayor porque los propios protagonistas de la revolución utilizaron las fechas del calendario vigente en Rusia. Para ellos, aquella jornada era efectivamente octubre. El nombre Revolución de Octubre no fue una equivocación: era la denominación correcta dentro del sistema de fechas que utilizaba el Estado ruso.
La revolución que cambió el siglo XX
Pero detrás de esos 13 días existe una historia mucho más profunda. La revolución no surgió de la nada ni comenzó y terminó en una única jornada. 1917 fue el resultado de una crisis acumulada durante años, agravada por la Primera Guerra Mundial, la pobreza, el hambre, las enormes desigualdades sociales y el agotamiento de un régimen autocrático que tenía en el zar Nicolás II su máxima autoridad.
Rusia había ingresado en la Primera Guerra Mundial en 1914 y el conflicto tuvo consecuencias devastadoras. Millones de soldados murieron, resultaron heridos o fueron tomados prisioneros. La economía se deterioró, las ciudades comenzaron a sufrir problemas de abastecimiento y la población campesina soportó enormes sacrificios.
En febrero de 1917 —también aquí hay que hacer la conversión de calendario— una oleada de huelgas, protestas y movilizaciones terminó provocando la caída del zar Nicolás II, que abdicó el 15 de marzo según el calendario gregoriano, correspondiente al 2 de marzo del calendario juliano.
La monarquía había caído, pero la crisis estaba lejos de resolverse.
Se formó un Gobierno Provisional, mientras paralelamente se fortalecían los soviets, consejos integrados por trabajadores y soldados. Se produjo así una situación de poder dual: por un lado, las instituciones del Gobierno Provisional; por otro, una estructura política nacida de la movilización popular.
El problema fundamental era que el nuevo gobierno decidió continuar la guerra. Para una población exhausta, esa decisión resultó cada vez más difícil de aceptar.
En ese escenario crecieron los bolcheviques, encabezados por Lenin, que sintetizaron buena parte de sus consignas en demandas que podían ser comprendidas fácilmente por una sociedad atravesada por la crisis: paz, pan y tierra.
Del 25 de octubre al 7 de noviembre
Durante el otoño ruso de 1917, la situación política se volvió explosiva. Los bolcheviques lograron aumentar su influencia en los soviets de Petrogrado y Moscú y comenzaron a preparar una insurrección destinada a desplazar al Gobierno Provisional.
La noche del 24 al 25 de octubre del calendario juliano, fuerzas revolucionarias ocuparon puntos estratégicos de Petrogrado: puentes, estaciones, centrales de comunicaciones y edificios fundamentales para controlar la ciudad.
El objetivo era aislar al Gobierno Provisional y tomar los centros neurálgicos del poder.
El episodio más simbólico fue la toma del Palacio de Invierno, sede del Gobierno Provisional. En las horas siguientes, los ministros fueron detenidos y el poder quedó en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo, encabezado por Lenin.
Pero aquí aparece nuevamente la cuestión del calendario.
Para los rusos de aquel momento, el asalto decisivo estaba ocurriendo el 25 de octubre de 1917. Para los países que utilizaban el calendario gregoriano, era el 7 de noviembre.
Cuando la revolución pasó a ser estudiada internacionalmente, muchos historiadores comenzaron a utilizar las fechas gregorianas para facilitar la comparación con los acontecimientos del resto del mundo. Sin embargo, el nombre original permaneció: Revolución de Octubre.
La paradoja quedó instalada para siempre.
Lenin, Trotsky y una revolución que no terminó aquella noche
Otro error frecuente consiste en imaginar la Revolución de Octubre como un golpe instantáneo que produjo inmediatamente un Estado soviético consolidado. En realidad, la toma del poder fue el comienzo de un proceso mucho más largo.
Los bolcheviques debieron enfrentar a sus adversarios políticos, reorganizar el Estado, hacer frente a la resistencia armada y, finalmente, atravesar una guerra civil que se extendió desde 1918 hasta aproximadamente 1922.
Entre las figuras centrales del proceso estuvieron Lenin y León Trotsky, quien tuvo un papel decisivo en la organización militar de la revolución y en la creación del Ejército Rojo. También participaron miles de dirigentes, militantes, obreros, soldados y campesinos cuyas historias quedaron muchas veces subordinadas a los nombres de los grandes líderes.
La revolución tampoco fue un fenómeno exclusivamente urbano. La cuestión de la tierra, el poder de los terratenientes y la situación de los campesinos fueron elementos fundamentales para entender la crisis del viejo régimen.
En 1918, el nuevo gobierno decidió adoptar oficialmente el calendario gregoriano. Rusia pasó directamente del 31 de enero al 14 de febrero de ese año, eliminando así los 13 días de diferencia que existían con el calendario occidental.
Desde entonces, Rusia comenzó a utilizar el mismo calendario civil que gran parte del mundo.
Pero la revolución ya había quedado bautizada.
¿Entonces fue en octubre o en noviembre?
La respuesta correcta es: en ambos, dependiendo del calendario utilizado.
El acontecimiento comenzó el 24-25 de octubre de 1917 según el calendario juliano vigente en Rusia. Esa misma fecha correspondía al 6-7 de noviembre de 1917 según el calendario gregoriano.
Por eso, cuando hoy se conmemora la Revolución de Octubre el 7 de noviembre, no se está cambiando la historia. Se está utilizando el calendario que Rusia adoptó posteriormente.
La paradoja tiene incluso una dimensión simbólica. La revolución que pretendía romper con el viejo orden terminó siendo recordada con una fecha perteneciente a un sistema de calendario que el nuevo poder abandonaría pocos meses después.
La historia, como suele ocurrir, también está hecha de pequeños detalles.
Trece días separan octubre de noviembre. Pero esos trece días también sirven para recordar algo más importante: las fechas históricas no existen aisladas del mundo que las produjo. Detrás de una jornada revolucionaria hubo una guerra, millones de personas movilizadas, una monarquía en crisis, hambre, desigualdad, luchas políticas y una sociedad que había llegado al límite.
La Revolución de Octubre fue, entonces, una revolución de noviembre para nuestro calendario. Pero siguió siendo de octubre para quienes la hicieron.
Y así quedó grabada en la memoria histórica: una revolución que ocurrió en noviembre, pero que la historia decidió llamar Octubre.
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