Esta semana continuaron las distintas actividades propuestas desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina en el marco del programa ‘Sentite Turista’.
El miércoles se llevó a cabo una excursión especialmente organizada para un grupo de reginenses a fin de conocer uno de los emprendimientos de Turismo Rural: Chacra Arana. Fue la oportunidad de recorrer las actividades que se desarrollan en la chacra, como la producción de lúpulo, cría de ovejas, el sector cervecero y hostel.
Por otro lado, el viernes de la semana pasada se disfrutó de una caminata interpretativa del sector de Barda Sur cruzando el río en la balsa. El recorrido guiado estuvo acompañado por una especialista en geología quien dio detalles sobre las características de formación geológica del valle así como las diferencias paisajísticas entre la Barda Sur y la Barda Norte.
La Dirección de Turismo invita a vecinos y visitantes a acercarse a la oficina ubicada en Florencio Sánchez 817 o comunicarse al 2984 904350 a fin de conocer las próximas actividades que se llevarán a cabo durante la temporada estival, siempre bajo los protocolos establecidos.
Tras jugarse durante el fin de semana la séptima fecha de la Liga de Fútbol Femenino, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina comparte la tabla de posiciones. Difunde esta nota
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Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.
La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.
Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan
Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.
En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.
El reparto de poder entre Aduana y Economía
El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.
Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.
Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado
Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.
El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.
Un DNU con destinatarios claros
El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.
Lejos de beneficiar a pymes o economías regionales, el nuevo régimen favorece principalmente a grandes importadores y exportadores, con capacidad técnica y jurídica para anticipar escenarios y litigar si es necesario. Mientras tanto, el Congreso vuelve a quedar relegado a un rol meramente revisor, a través de la Comisión Bicameral.
En nombre de la “facilitación del comercio”, Milei vuelve a gobernar por decreto y a redefinir reglas estructurales sin debate legislativo. Una vez más, la urgencia invocada funciona como atajo para reconfigurar el Estado en favor de los intereses concentrados del comercio internacional.
Un juez de Entre Ríos habilitó la feria para que se trate la suspensión del DNU que le dio amplias facultades a la SIDE de Santiago Caputo. Lo que parece una noticia judicial más es, en realidad, un capítulo más de la interna descarnada del gobierno ya que en círculos políticos se señala al magistrado como cercano a la familia Menem.
El juez federal Daniel Edgardo Alonso hizo lugar a la presentación de tres abogados radicales que solicitaron la suspensión urgente del DNU publicado el 2 de enero y que se declare la nulidad absoluta. Alonso aceptó el planteo con una sugestiva rapidez y dio intervención al fiscal.
El dato técnico es que la presentación se hizo mediante un hábeas corpus porque el DNU faculta a la SIDE a detener personas sin orden judicial, lo que según los demandantes representa «una amenaza sobre la libertad» y viola «los principios de inocencia y culpabilidad».
Pero el dato más fuerte es el político y tiene que ver con la interna del gobierno nacional. En Entre Ríos dicen que el juez Alonso es cercano a la familia Menem y hasta fue abogado de Carlos Nair Menem, hijo del expresidente y primo de Martín y Lule.
Lule Menem
El dato judicial se une con una versión que circula en los pasillos de la Cámara de Diputados y es que los Menem habrían hecho saber a legisladores de la oposición que no pondrán demasiada resistencia al embate para voltear el DNU, que empezará apenas se habiliten las sesiones.
Los Menem habrían hecho saber a legisladores de la oposición que no pondrán demasiada resistencia al embate para voltear el DNU
Como contó LPO, los Menem están esperando que se apruebe la reforma laboral para hacer un nuevo intento de correr a Santiago. «En Marzo vuelve el ataque de los riojanos», anticipó una fuentedel gobierno. El año pasado los Menem quisieron desplazar a Caputo despúes de las elecciones, pero el asesor logró conservar todas las áreas que manejaba y hasta afianzó su control en la SIDE y ARCA.
La interna libertaria quedó en evidencia esta semana durante el show de Javier Milei en la Derecha Fest, cuando los seguidores de Caputo silbaron e insultaron al karinista Sebastián Pareja. «No se confundan muchachos. El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera», los retó el diputado.
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