Esta semana continuaron las distintas actividades propuestas desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina en el marco del programa ‘Sentite Turista’.
El miércoles se llevó a cabo una excursión especialmente organizada para un grupo de reginenses a fin de conocer uno de los emprendimientos de Turismo Rural: Chacra Arana. Fue la oportunidad de recorrer las actividades que se desarrollan en la chacra, como la producción de lúpulo, cría de ovejas, el sector cervecero y hostel.
Por otro lado, el viernes de la semana pasada se disfrutó de una caminata interpretativa del sector de Barda Sur cruzando el río en la balsa. El recorrido guiado estuvo acompañado por una especialista en geología quien dio detalles sobre las características de formación geológica del valle así como las diferencias paisajísticas entre la Barda Sur y la Barda Norte.
La Dirección de Turismo invita a vecinos y visitantes a acercarse a la oficina ubicada en Florencio Sánchez 817 o comunicarse al 2984 904350 a fin de conocer las próximas actividades que se llevarán a cabo durante la temporada estival, siempre bajo los protocolos establecidos.
La Escuela Municipal de Karate de Villa Regina «DOJO SANTA RITA» participó en Mar del Plata del 40° Torneo Nacional Copa Atlántico. Fueron cinco los competidores y dos los profesores reginenses que viajaron junto al seleccionado provincial a cargo del Sensei Luis Fernandez, quien también preside la federación patagónica de karate de Rio Negro Acompañados por…
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la fecha, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia.
La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la AN, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.
Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».
Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos
A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
Cárcel del Helicoide, en Caracas.
Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.
El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».
A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».
Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.
La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.
En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.
En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.
El futbolista reginense Germán Lanaro jugador de la U Católica, equipo tricampeón de la liga chilena volvió a jugar luego de una larga recuperación tras la lesión y posterior operación de los ligamentos de una de sus rodillas. Surgido de las inferiores del Círculo Italiano es referente del equipo chileno hace varios años, consiguió 9…
A partir de mañana 23 de diciembre, los contribuyentes reginenses podrán optar por el pago anual de tasas. Además de aprovechar los importantes descuentos que se aplican durante enero y febrero, quienes elijan este mecanismo de pago participarán del sorteo de una moto de 110 cc. Quienes adhieran al pago anual durante el mes de…
El acuerdo comercial firmado por Milei con Estados Unidos no es neutro ni técnico: en materia de propiedad intelectual, puede impactar de lleno en el precio de los medicamentos y en la sustentabilidad del sistema de salud argentino. PAMI, obras sociales y hospitales públicos aparecen entre los principales afectados, en un escenario que ya tuvo antecedentes alarmantes en otros países de la región.
Por Tomás Palazzo para NLI
El capítulo de propiedad intelectual del acuerdo es, probablemente, uno de los más sensibles y menos debatidos públicamente. Bajo fórmulas como “alinear estándares internacionales” y “fortalecer la protección”, se esconden compromisos que benefician a los grandes laboratorios farmacéuticos y tensionan el acceso a medicamentos esenciales.
En términos concretos, el acuerdo abre la puerta a mecanismos que retrasan la entrada de medicamentos genéricos, aun cuando las patentes hayan vencido. Esto no implica prohibirlos de forma directa, pero sí postergar su llegada al mercado, lo que en la práctica significa precios más altos durante más tiempo.
Genéricos bajo presión y monopolios extendidos
Uno de los puntos más críticos es la posible incorporación de la exclusividad de datos de prueba, una herramienta habitual en los acuerdos impulsados por Estados Unidos. Este mecanismo impide que la autoridad sanitaria utilice los estudios clínicos originales para aprobar genéricos durante varios años, aunque la patente ya no esté vigente.
El resultado es claro: un monopolio artificial, que no protege innovación sino rentabilidad. A esto se suma el riesgo de extensiones de patentes por demoras administrativas y el uso de patentes secundarias —cambios menores en un medicamento— para bloquear competidores locales.
Para un país como Argentina, con una industria nacional de genéricos fuerte y con el medicamento como insumo central de la política sanitaria, el impacto puede ser profundo y regresivo.
PAMI y obras sociales: la cuenta la paga el Estado
El principal comprador de medicamentos del país es el PAMI. Cada peso adicional en precios se traduce en más gasto público o menos cobertura. Lo mismo ocurre con las obras sociales sindicales y provinciales, que ya operan con presupuestos ajustados.
Si los genéricos tardan más en ingresar:
Sube el precio promedio de los tratamientos.
Se reduce la capacidad de negociación del Estado.
Se compromete la continuidad de programas de provisión gratuita.
Aumenta el riesgo de recortes o restricciones en prestaciones.
En otras palabras, el acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica: golpea directamente al corazón del sistema de salud.
El espejo regional: cuando el libre comercio encarece la salud
La experiencia regional es un llamado de atención. En Chile, tras acuerdos con cláusulas TRIPS-plus, se verificaron demoras sistemáticas en la entrada de genéricos y aumentos sostenidos en los precios de medicamentos de uso crónico. En Perú, organizaciones sanitarias documentaron mayor gasto estatal en compras públicas y menor competencia. En Colombia, la presión de los laboratorios derivó en conflictos judiciales cada vez que el Estado intentó regular precios o usar licencias obligatorias.
El patrón se repite: más protección para patentes, menos margen para políticas públicas de salud.
Argentina, que históricamente defendió las flexibilidades en materia de propiedad intelectual para garantizar acceso, corre el riesgo de retroceder hacia un modelo donde la salud queda subordinada a compromisos comerciales.
Conclusión
El impacto del acuerdo sobre medicamentos no es una hipótesis alarmista: es una consecuencia previsible si se implementan los compromisos de propiedad intelectual sin resguardos. Más monopolios, menos genéricos, medicamentos más caros y un sistema de salud tensionado hasta el límite.
El interrogante ya no es técnico, sino político: ¿quién va a pagar el costo de este acuerdo? Todo indica que, una vez más, la cuenta la terminarán pagando los jubilados, los trabajadores y el Estado argentino.
La renuncia de Carlos Casares al Enargas expuso el criterio para el funcionamiento del nuevo esquema regulatorio que impulsa el Gobierno para el ecosistema energético. Detrás del discurso de modernización y mérito, quedó al descubierto un proceso cerrado, discrecional y armado para dejar el control en manos propias. La unificación de los entes terminó siendo una purga silenciosa.
La salida de Casares como interventor del Enargas fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial, donde también se designó en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachón, que era parte del Consejo Asesor del ente y antes trabajó en Wintershall Dea Argentina.
Casares dejó el cargo con una carta extensa. Enumeró 21 hitos de gestión y admitió que no había cumplido las expectativas políticas. Pero el mensaje central fue otro: quedó afuera del directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que desde marzo absorberá al Enargas y al ENRE. Se había presentado al concurso. No pasó.
En su renuncia escribió que su intención era seguir colaborando con la unificación y construir un organismo con estándares internacionales. Pero dejó claro que ya no contaba con la confianza de la Secretaría de Energía. En esas condiciones, dijo, no había margen para continuar. Fue un desplazamiento sin anestesia.
El concurso para elegir a las autoridades del nuevo ente terminó de cerrar la escena. El Gobierno prometió transparencia, mandatos de cinco años y selección por antecedentes. Pero descartó el concurso público abierto que fijan los marcos regulatorios, tal como reveló el sitio especializado El Post Energético. No hubo convocatorias masivas, ni comité independiente, ni posibilidad de impugnaciones. Hubo control político.
La Secretaría de Energía armó un consejo ad hoc integrado por figuras alineadas con la gestión. Participaron Osvaldo Rolando, ex directivo de Edesur y ex interventor del ente eléctrico; María Lujan Crespo, asesora directa del área; y Santiago Urbiztondoreferente técnico de FIEL. Ellos evaluaron 31 postulantes.
El Gobierno prometió transparencia, mandatos de cinco años y selección por antecedentes. Pero descartó el concurso público abierto que fijan los marcos regulatorios
Cinco quedaron afuera por no ir a la entrevista personal. Hubo incluso un caso insólito: Vicente Serra reclamó por nota porque no lo habían llamado y recién después fue entrevistado. El peso decisivo estuvo en criterios subjetivos: liderazgo, personalidad, entusiasmo. No hubo puntajes ni orden de mérito.
Ese comité armó ternas por consenso. Para la presidencia propuso a Casares, a Néstor Lamboglia y a Osvaldo Pitrau. Para la vicepresidencia, a Ángel Garay, Mónica Gay y Vicente Serra. Para las vocalías, una lista amplia que mezcló técnicos, asesores y contratados del propio Enargas.
El 12 de enero, la secretaria de Energía, María Tettamanti, eligió sin explicación. Mandó al coordinador Daniel González los cinco nombres finales. Lamboglia como presidente. Serra como vice. Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Sergio Falzone como vocales. Todos funcionarios o asesores del Gobierno.
La decisión cayó como un balde de agua fría en el despacho de Casares. El abogado se consideraba número puesto. Antes de irse, firmó el pase a planta del personal contratado. Su salida dejó heridas abiertas y mensajes cruzados.
Lamboglia arrastra polémicas. Su designación previa en el ENRE fue «ad honorem» para no perder un contrato en Enargas, organismo en el que nunca trabajó y que no figuraba en su CV. Antes había sido asesor en Yacyretá. Serra, en tanto, venía asesorando al titular de Enarsa, en pleno plan de venta de activos. Entre los vocales, Nachón y Lambertini también tenían contratos en Enargas.
El caso más llamativo es Falzone. Rechazado meses atrás para la vicepresidencia de Cammesa por falta de idoneidad, ahora fue validado para un cargo clave. Incluso fue designado y echado como subsecretario de Energía Eléctrica en el mismo decreto.
Lo concreto es que el nuevo ente ya tiene nombres enviados al Congreso. Si en 30 días no hay respuesta, quedarán firmes. En el medio, el organismo que debe regular gas y electricidad atraviesa la implementación de los subsidios focalizados sin autoridades formales. Las órdenes, dicen, ya las da Lamboglia.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
