Continúan las actividades turísticas en Regina

Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.

Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.

Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.

El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.

Rosenkrantz traba un concurso clave mientras presiona para aprobar cambios en la selección de jueces

En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.

Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.

Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.

Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.

Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.

En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.

Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.

Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.

También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.

Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.

Para habilitar la reforma de la carta orgánica del Banco Central y avanzar en la Inocencia Fiscal II, los gobernadores negociaron con el Gobierno el ingreso al temario de sesión en Diputados de un paquete de declaraciones de capitales nacionales que van desde el Cerdo Negro en Salta hasta la producción bubalina en Corrientes.

Marcela Pagano denunció que «se vendieron a cambio de los votos» un «rosario de capitales nacionales que no le cambian la vida a nadie pero sirven para que un gobernador se muestre en redes sociales».

También, aparecen otros proyectos de interés en las provincias, como en el caso de Misiones es la rebaja del IVA para la fécula de mandioca, ingrediente estratégico para la elaboración del chipá, de consumo masivo y diario sobre tierra colorada.

 Otra capital nacional en danza es Cerrillos, en Salta, donde se cría la raza Cerdo Negro. La distinción a la cuna de este porcino alimentado a base de bellota fue impulsada por la diputada Yolanda Vega, que responde al gobernador salteño Gustavo Sáenz. 

Según detalló la diputada, la más beneficiada en este aspecto es Tucumán, que tendrá la Capital Nacional del Ecoturismo, San Miguel como capital simbólica cada 9 de julio y la reorganización de la Cámara Federal de Tucumán. «El bloque de Jaldo (Independencia) firmó el pedido de sesión. ¿Casualidad?», preguntó Pagano.

Si bien estas declaraciones no tienen a priori costo fiscal, tienen un peso simbólico a nivel regional y provincial que posiciona al legislador y/o gobernador que lo promueve, además de abrir la puerta a la tramitación de subsidios.

Caballos de Troya en la reforma del Central

Otra capital nacional en danza es Cerrillos, en Salta, donde se cría la raza Cerdo Negro. La distinción a la cuna de este porcino alimentado a base de bellota fue impulsada por la diputada Yolanda Vega, que responde al gobernador salteño Gustavo Sáenz.

Quienes promueven la iniciativa destacan el sabor de las bondiolas elaboradas de forma artesanal y curadas en bodegas durante un mínimo de tres años, inspirados en el clásico jamón ibérico de bellota.

Por otro lado, aparecela declaración de la localidad correntina de Caá Catí como Capital Nacional de la Producción Bubalina. El proyecto es impulsado por el diputado nacional por Corrientees Diogenes Gonzalez, alineado a los Valdés.

 Aparecen otros proyectos de interés en las provincias, como en el caso de Misiones es la rebaja del IVA para la fécula de mandioca, ingrediente estratégico para la elaboración del chipá, de consumo masivo y diario sobre tierra colorada 

Como fundamento, Gonzalez expuso en su proyecto que Corrientes tiene casi la mitad del stock nacional de bubalinos y ponderó las «cualidades diferenciales» de la carne de búfalo, como «menor contenido graso, buena terneza y alto valor proteico».

También aparecen en el temario las declaraciones de capitales nacionales de la Educación (San Juan), de Aguas Frías (Santa Cruz), del Teatro (CABA), del Coleccionismo (Buenos Aires).

Pagano sostuvo que, tras exponerse que algunas provincias recibieron recursos del fondo fiduciario SisVial (Sistema Vial Integrado) días antes de votacionees clave para el Gobierno, «ahora que fueron descubiertos no pueden pagar con asfalto, cambiaron de moneda: pagan con leyes».

Pagano pidió que Lijo cite a la pareja de Cerimedo por la causa Andis y la incluya en el régimen de testigos protegidos

«El canje es este: al gobernador le dan una Capital Nacional del Cerdo Negro. A cambio, sus diputados votan que el Central no pueda asistir a su provincia ni por la ventana y que el empleo deje de ser un objetivo. Otra avivada para hambrearte», dijo la diputada.

Pagano advirtió que la reforma del BCRA prohíbe toda asistencia del Central al Tesoro, a las provincias y a los municipios y borra «empleo» y «desarrollo con equidad social» de los objetivos del Banco.

En cuanto al proyecto de Inocencia Fiscal II la diputada denunció la «cláusula Adorni»: «Los funcionarios quedan afuera porque el ex jefe de Gabinete y su mujer adhirieron al régimen con dólares sin declarar, investigados por enriquecimiento ilícito. Esta ley es la respuesta del gobierno a mi denuncia», sostuvo. 

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