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Continúan las actividades turísticas en Regina

Esta semana continuaron las distintas actividades propuestas desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina en el marco del programa ‘Sentite Turista’.

El miércoles se llevó a cabo una excursión especialmente organizada para un grupo de reginenses a fin de conocer uno de los emprendimientos de Turismo Rural: Chacra Arana. Fue la oportunidad de recorrer las actividades que se desarrollan en la chacra, como la producción de lúpulo, cría de ovejas, el sector cervecero y hostel.

Por otro lado, el viernes de la semana pasada se disfrutó de una caminata interpretativa del sector de Barda Sur cruzando el río en la balsa. El recorrido guiado estuvo acompañado por una especialista en geología quien dio detalles sobre las características de formación geológica del valle así como las diferencias paisajísticas entre la Barda Sur y la Barda Norte.

La Dirección de Turismo invita a vecinos y visitantes a acercarse a la oficina ubicada en Florencio Sánchez 817 o comunicarse al 2984 904350 a fin de conocer las próximas actividades que se llevarán a cabo durante la temporada estival, siempre bajo los protocolos establecidos.

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    La licitación de la vía navegable troncal que conecta a Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay con el océano Atlántico, tuvo un giro inesperado y dejó al descubierto una disputa más profunda dentro del Gobierno. 

    La semana que pasó, Martín Menem recibió en su despacho de la Cámara de Diputados a una delegación de la empresa belga DEME que compite por la licitación de la Hidrovía con la también belga Jan de Nul, actual dragadora de la vía fluvial Paraná-Paraguay.

    La irrupción de los Menem en la privatización más importante de la era Milei -se trata de un negocio de 10 mil millones de dólares- representa un avance sobre áreas de Santiago Caputo y coincide con el golpe de poder que dieron al quedarse con el aval de Karina Milei, con el ministerio de Justicia.

    Luego de esa reunión, la empresa brasileña DTA Engenharia, que era la tercera en discordia, decidió bajarse de la competencia. La lectura es política: la compañía entendió que no tenía terminal en el poder libertario. DTA abandono el proceso y no presentó las garantías exigidas en el pliego. 

    El conflicto en Medio Oriente tensiona la hidrovía y reabre la pulseada con Argentina por el peaje

    El retiro de DTA deja entonces la licitación reducida a un duelo entre dos gigantes globales del dragado: la belga Jan de Nul, histórica operadora de la hidrovía, y su competidora, también belga, DEME. Pero detrás de ese enfrentamiento empresarial asoma otra pelea, la que se reedita hacia dentro del triángulo de poder que rodea a Javier Milei. 

    Jan De Nul, histórica operadora del sistema durante más de dos décadas, llega a esta nueva licitación con una ventaja evidente: conoce el río, la logística y la estructura regulatoria del negocio. Pero además cuenta con una red de relaciones empresariales y políticas construida durante años de presencia en el país. 

    Jan De Nul, histórica operadora del sistema durante más de dos décadas, llega a esta nueva licitación con una ventaja evidente: conoce el río, la logística y la estructura regulatoria del negocio. Pero el acercamiento de los DEME a los Menem les da un volumen político que puede ser determinante.

    En ese entramado aparece el nombre de los hermanos Neuss, uno de los grupos ganadores del ciclo libertario, que han logrado tejer buenas relaciones con Jan de Nul. 

    Del otro lado aparece DEME, que en las últimas semanas construyo su propio canal político. Según confirmaron a LPO fuentes al tanto de la pelea, ejecutivos de esa compañía belga se reunieron con Martín Menem en la Cámara de Diputados. 

    «Con el acercamiento de DEME a los Menem, ya no se trata solo de quién presenta la mejor oferta técnica y económica para administrar uno de los nodos logísticos más importantes del país. La pulseada empresaria ahora suma un capítulo político evidente», agregó a LPO la fuente consultada. 

    El negocio vale el esfuerzo. Se trata de un contrato de 25 años de concesión con posibilidad de prórroga por cinco más, de la principal vía navegable para sacar las exportaciones argentinas. Una de las autopistas fluviales más extensas e  importantes del mundo en el corazón logístico de Sudamérica.

    El adjudicatario deberá encargarse del dragado, el balizamiento, el mantenimiento del canal y la administración del sistema de peajes. Pero detrás de la concesión hay tres variables que explican el verdadero poder del negocio. 

    La primera es el peaje que pagan los buques: cada dólar adicional en esa tarifa se multiplica por miles de barcos y termina impactando en toda la cadena exportadora. 

    La segunda es la profundidad del canal. Cada pie adicional de dragado permite que los buques salgan con más carga desde los puertos del Gran Rosario, aumentando la competitividad del sistema portuario. 

    La tercera es el control de la información logística. Quien administra la hidrovía tiene acceso privilegiado a los flujos de carga, tiempos de navegación y dinámica del comercio exterior. 

    La hidrovía es, en apariencia, una obra de infraestructura. Pero en la práctica funciona como la autopista por la que circulan los dólares de la economía argentina. Y por eso, mientras las empresas discuten quién manejará las dragas, dentro del Gobierno se libra otra disputa más silenciosa: qué sector del poder termina administrando uno de los nodos estratégicos del negocio exportador argentino.

     

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     El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares. 

    El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte. 

    La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares. 

    Parque eólicos: Dietrich usó el 25% del presupuesto de seguridad vial para asegurar el negocio de Macri y Tévez

    El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino». 

    La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos. 

    El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.

    En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande. 

    Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema. 

    Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.  

    El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr. 

    En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial. 

    El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas. 

    Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.

    El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente. 

    En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido. 

    Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta. 

    En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política». 

    Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante 

    la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador

    LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó. 

    Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal». 

    En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz. 

     

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