Esta semana continuaron las distintas actividades propuestas desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina en el marco del programa ‘Sentite Turista’.
El miércoles se llevó a cabo una excursión especialmente organizada para un grupo de reginenses a fin de conocer uno de los emprendimientos de Turismo Rural: Chacra Arana. Fue la oportunidad de recorrer las actividades que se desarrollan en la chacra, como la producción de lúpulo, cría de ovejas, el sector cervecero y hostel.
Por otro lado, el viernes de la semana pasada se disfrutó de una caminata interpretativa del sector de Barda Sur cruzando el río en la balsa. El recorrido guiado estuvo acompañado por una especialista en geología quien dio detalles sobre las características de formación geológica del valle así como las diferencias paisajísticas entre la Barda Sur y la Barda Norte.
La Dirección de Turismo invita a vecinos y visitantes a acercarse a la oficina ubicada en Florencio Sánchez 817 o comunicarse al 2984 904350 a fin de conocer las próximas actividades que se llevarán a cabo durante la temporada estival, siempre bajo los protocolos establecidos.
Human Rights Watch se reunió con el Presidente Sebastián Piñera hoy 26 de noviembre para hacerle entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión
El Intendente Marcelo Orazi encabezó esta mañana la presentación de las actividades deportivas, culturales y turísticas que se realizarán en el marco de ‘Vendimia Celebra 2021’. Estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, la Directora de Turismo Katerina Iogna, la Directora de Cultura Silvia Alvarado y el Director de Deportes Damián Álvarez. “Es…
Desde hace un tiempito, cada vez entro a Facebook, recuerdo una famosa frase de nuestro candidato al Nobel de la Paz, Luisito D´elia: te odio… odio tu estética, odio tus sugerencias, odio tu publicidad invasiva, odio los pedidos de amistad de gente que no conozco… (No se gasten en proponer la solución ingenua, “si no…
El día 15 de enero, el equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina se continuó con las actividades de educación y concientización vial del presente año en la colonia de vacaciones del Club Regina de nuestra ciudad. En esta oportunidad, se realizaron diferentes actividades didácticas con los…
Desde que su hijo se suicidó, Gabriela intenta ganarle a la fuerza de los algoritmos. Comparte en Facebook insistentemente cada posteo que pide justicia con el nombre de Axel.
Axel Almeida cumplió 31 años el 9 de diciembre de 2025. Ese día no hizo fiesta, ni salida con amigos. No faltó a trabajar. En su cuenta de Instagram se lo veía alegre, seguro de sí mismo. En el encabezado de su perfil todavía puede leerse “Preguntame si te pregunté”, junto a ese emoji de carita amarilla que en lugar de boca tiene un cierre. Ese mismo día, en el puesto de vigilancia en un barrio privado de Mar del Plata en el que trabajaba desde septiembre de 2025, escribió por WhatsApp a un superior pidiendo que interviniera en una situación que no daba para más. El hostigamiento cotidiano que sufría hacía meses se había intensificado. Un compañero lo bautizó “frutillita Almeida” y se burlaba de su sexualidad. El apodo se extendió rápidamente entre vigiladores, supervisores y jefes de turno.
El mensaje al jefe no surtió efecto. Todos se reían de él. Nadie frenó. Entre los vigiladores, era como si humillar a alguien fuera apenas una forma de pasar las horas.
Tres meses después, el 5 de marzo de 2026, Axel escribió cinco cartas. En la primera explicó por qué se quitaba la vida: “Hice eso porque ya no soportaba al personal, era hostigamiento constante, y reclamé muchas veces a los jefes y no hacían nada, era la burla del todo el personal”. En cada una de las otras cuatro nombró a una persona distinta de la empresa a la que señalaba por el acoso. Después se suicidó.
Su mamá y su hermano Kevin, de 26 años, encontraron el cuerpo. Con esas cartas como estandarte, hoy piden justicia y castigo a los compañeros responsables y a la empresa, que a pesar de ser advertida decidió no hacer nada.
“Todos ellos son responsables por instigación al suicidio”,dice Kevin. Entre la angustia y la impotencia, se detiene en dos detalles: que nadie escuchó a su hermano y que él mismo pagó su propio entierro.
Al momento de terminar con su vida, Axel recién había cobrado el salario con el que los familiares pagaron el sepelio. Más de un mes después, la empresa publicó un comunicado y tomó contacto con la madre, ofreciéndole asistencia psicológica. Hoy, mientras la familia avanza judicialmente, la empresa busca una estrategia legal para desligarse de la denuncia.
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El trabajo de vigilador puede durar hasta doce horas seguidas, muchas veces de pie o en garitas de seguridad donde casi no circula el aire. El tiempo y el espacio compartido con compañeros generan una intimidad apretada, casi cuerpo a cuerpo. Lo que sucede ahí no se disipa fácilmente. Rebota, se acumula:
“A la mujer, por ser mujer; al puto, por puto; a la torta, por torta. No hay respeto. Solo te tratan bien si los encargados de servicio te respetan”, dice Martha, que hace diez años presta servicio en la misma empresa que Axel.
En espacios muy masculinizados, como el de la seguridad privada pero también en otros como algunos sectores industriales o ámbitos sindicales, la homosexualidad aparece como una amenaza a cierta idea de hombre. Entonces hay algo a reducir, corregir, disciplinar a ese cuerpo para salvaguardar cierta masculinidad compartida.
En la empresa donde trabajaba Axel y aún trabaja Martha, toda queja o reclamo sobre las condiciones laborales puede ser razón para poner en riesgo el día de franco o el respeto por los turnos pautados. Cuando Axel reclamaba por el maltrato de sus compañeros, aclaraba que solo quería cumplir su horario y volver a su casa.
Cumplir y volver.
A veces ni siquiera eso alcanza. El miedo a perder el salario convive con el miedo a no soportar otro día más de violencia. La precariedad laboral se vuelve más cruda cuando el ambiente de trabajo fuerza la discriminación, la burla y el señalamiento. Trabajar es factor de riesgo cuando ni siquiera la existencia se respeta. ¿A quién dignifica el trabajo cuando pone en riesgo tu propia vida?
Sobrevivir en el trabajo es un trabajo extra. Un estudio de Grow Género y Trabajo y Mundo Sur, publicado en 2025, muestra que las personas LGBTINB+ son quienes más reportan haber vivido situaciones de violencia laboral. Nueve de cada diez identifican experiencias de violencia psicológica: aislamientos, descalificaciones, burlas, chistes, silencios. Formas que muchas veces se naturalizan y, justamente por eso, cuesta reconocerlas como violencia.
“La homofobia tiene un costo. Cuando una empresa no absorbe ese costo, lo pagan las personas”, dice Mariano González King, Coordinador del área LGBTINB+de la ONG Grow Género y Trabajo. Y resume: “Existe una idea de sobrecompensación muy presente en las personas LGBTINB+: demostrar que la orientación sexual o la identidad de género no afecta el desempeño laboral. Como si hubiera que trabajar un poco más, cumplir un poco más, aguantar un poco más. En el caso menos extremo, el costo puede ser renunciar, perder el salario, perder condiciones de vida. Pero en situaciones extremas, como la de Axel, él terminó pagando el costo de la homofobia no abordado por la empresa con su propia vida”.
En un contexto de precarización, dejar un trabajo muchas veces no es una opción. Sostener un ingreso implica también sostener situaciones de violencia, maltrato o discriminación. Sostener el trabajo para sostener la vida. Aunque el trabajo también empiece a destruirla.
Mariano insiste en que el aumento de los discursos violentos no exime a las instituciones de su responsabilidad: “El trabajo debería ser un espacio protegido. Los instrumentos para nombrar y prevenir la violencia siguen existiendo y las organizaciones tienen que responder frente a eso”.
La violencia hacia personas LGBTINB+, afuera y adentro del trabajo, no es nueva. Pero en la Argentina actual aparece con menos freno, más expuesta, más cruda. Durante 2025, se registró un crimen de odio contra personas LGBTINB+ cada 38 horas. El dato surge del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, que contabilizó 227 casos en un año y marcó un crecimiento sostenido respecto de los relevamientos anteriores.
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Lucas Román trabaja de hablar, de hacer reír. Está acostumbrado a exponerse, a convertir lo personal en material público. Sin embargo, cuando intenta contar lo que pasó, duda. No encuentra del todo las palabras. Hay algo en esa violencia que no termina de traducirse, se traba en el cuerpo. A principios de marzo de 2026, mira a cámara, tiene un ojo hinchado y violeta. Dice que no es bueno hablando en serio. El día anterior, al salir de Futurock, la emisora en la que trabaja, un hombre lo golpeó mientras le gritaba “puto de mierda”.
Un día antes, Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el que arrojó expresiones como: “Me encanta domarlos. Me encanta verlos llorar”. Si bien el presidente apuntó contra los “kukas” y los “zurdos”, Lucas encuentra una relación entre esas expresiones y la violencia que sufrió al día siguiente. Ya en enero de 2025, en el Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario había dado un discurso donde asimiló homosexualidad con pedofilia, y provocó una movilización intersectorial histórica. Muchas de las expresiones de Milei son las mismas que aparecen en los comentarios que le hacen a Lucas en redes sociales. Insultos, amenazas, deseos de daño.
“Todas las personas que están a favor del presidente, que tienen una militancia bastante aguerrida, repiten constantemente lo que dice. Y si vos te pones a pensar, lo que pasa, o lo que me pasó a mí, fue exactamente lo que él disfruta —dice Lucas Román—. Disfruta ver sufrir a los zurdos, disfruta ver sufrir a los kukas, le gusta domar a las personas. Yo estaba en una esquina, vino una persona, me quiso domar y me vio sufrir. Efectivamente hizo lo que dice el presidente: ¿me gusta verlo sufrir? Bueno, voy y lo cago a piñas”.
Más de 80 mil usuarios de Instagram compartieron el reel donde Lucas cuenta lo que le pasó. Se comentó en programas, se escribieron algunas notas, fue tema de agenda durante algunos días. Hubo indignación, mensajes de apoyo, repudios. Reconoce la reacción social como una ventaja sobre otras personas que atravesaron violencias similares. La misma visibilidad que lo pone como blanco de esos ataques empuja la relevancia pública. A diferencia de cualquier caso, la fiscalía tardó nada más que una semana en convocar a declarar.
Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa del ataque. Agustina Lloret, coordinadora del área de litigio del CELS y abogada de Lucas, explicó que, aunque hasta ahora no lograron identificar al agresor por la baja calidad de las imágenes, tanto la querella como la propia Fiscalía coinciden en que no se trató de un hecho azaroso. “Lo estaba esperando en la esquina para pegarle específicamente a Lucas”, sostiene. Según reconstruyeron, a partir de los videos, el hombre se movió para interceptarlo apenas salió de la radio.
Para la querella, establecer la identidad del agresor también podría ayudar a reconstruir el posible móvil discriminatorio del ataque. La investigación sigue abierta y todavía se analizan imágenes y publicaciones en redes sociales vinculadas al caso.
Los discursos de odio no funcionan simplemente como insultos o agresiones aisladas. Operan sobre colectivos históricamente vulnerados y buscan legitimar, promover o habilitar formas de discriminación y violencia. En las redes sociales, además, circulan con una velocidad y una capacidad de repetición inéditas.
“Uno de los efectos de los discursos de odio, cuando se generalizan, es el corrimiento de los límites de lo decible”, explica Micaela Cuesta, investigadora y directora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA). “Se empieza a naturalizar cierta violencia sobre los derechos. No es que se afloje la censura: lo que se erosionan son los consentimientos alrededor de esos derechos”.
Lo que cambia no es solamente la existencia de la violencia, sino las condiciones sociales alrededor de ella: qué empieza a tolerarse, qué deja de generar sanción y qué agresiones encuentran cada vez menos rechazo público.
“No es que antes no pasara —dice Gabriela Mitidieri, investigadora del CELS e integrante del equipo de Movilización y Democracia—. Lo que vemos ahora es otra cosa”. El Registro de Ataques de las Derechas Argentinas Radicalizadas cuenta con un relevamiento que sigue agresiones con contenido misógino y LGBT-odiante. No es un mapa completo. Se arma con denuncias, con casos que aparecen en medios, con registros de usuarios de redes sociales.
“En la previa al triunfo de Milei hubo un aumento de denuncias —explica Mitidieri—. Después bajaron un poco, pero lo que cambió fue la intensidad. Si antes veíamos amenazas o pintadas a locales LGBTINB+, ahora aparecen más ataques físicos”.
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Una niña trans de 11 años, tras la muerte de su madre, cruza sola caminando los dos kilómetros y medio del puente San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación, en Paraguay, con Posadas, Misiones. Dos décadas después, a Claudia Gabriela Gómez todos la conocen como “Caí”.
El último 2 de abril la encontraron inconsciente en un sendero de Puerto Iguazú, donde vivía desde 2022. Tenía lesiones graves y murió días después en el hospital. La autopsia determinó que la mataron de un golpe en la cabeza con un elemento contundente. A partir de esos resultados, la Justicia recaratuló la causa como homicidio agravado por odio a la identidad de género y ordenó allanamientos que derivaron en la detención de tres jóvenes.
“Acá se perdió una persona como parte de un mismo odio social. A pesar de su situación de consumo problemático, era sumamente dulce y alegre, tenía muchas ganas de vivir. Su velorio se llenó de gente que no paraba de hablar de lo buena y cariñosa que era”, diceNazarena Fleitas, Coordinadora de la asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina en Misiones.
Sus compañeras travestis y trans, que hicieron mucho para intentar modificar su realidad de extrema vulnerabilidad, hoy piden justicia y convocan a diferentes iniciativas en redes sociales, donde el odio también se manifiesta. “Cuando pedimos justicia, nos responden ‘uno menos’, ‘un degenerado menos’”, dice Fleitas. “No son perfiles falsos. Son personas reales, con nombre y apellido. El odio da miedo porque ya no tiene vergüenza de decir lo que escriben”.
La vida de Caí fue un recorrido marcado por la intemperie: una identidad que se afirmó en un entorno que muchas veces la empujó a desaparecer. Como tantas travestis y trans que migran, su historia quedó atravesada por las dificultades para acceder a derechos básicos. En ese contexto, el consumo no aparece como excepción sino como parte de una trama más amplia de desprotección.
Quizás por eso su historia también obliga a discutir algo más incómodo: cuánto de esa violencia empieza mucho antes del golpe que finalmente mata. La muerte de Caí es investigada por el Juzgado de Instrucción Nro. 3. como un travesticidio. Término que ganó reconocimiento judicial en Argentina a partir del fallo por el asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, en 2018. Una figura que no busca explicar solamente cómo murió Caí, sino también el acumulado de violencias, expulsiones y desprotecciones que atravesaron su vida.
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En un scroll rápido por las fotos del perfil de Fuma Espuma los chicos juegan al fútbol, comparten lo que parece ser la previa o post partido, dentro y fuera de la cancha. Hay algunas celebraciones de cumpleaños, convocatorias a la marcha de orgullo, flyers por ley nacional de cupo laboral e inclusión laboral trans. Bien abajo, por el año 2016, en los orígenes de la cuenta, aparece una publicación donde ocho personas miran de frente a la cámara, abrazados como jugadores de fútbol, en lo que parece el interior de una casa, llena de cuadritos colgados en el fondo. En esa escena más íntima, Vica sonríe.
Vica Monteros nació en Tucumán y en Córdoba armó algo propio. Estudió arquitectura, era activista, fundó el primer equipo de fútbol gay de la ciudad: un espacio donde el deporte dejaba de ser territorio hostil y podía ser un espacio amoroso de encuentro entre pares.
El domingo 12 de abril de 2026, sus vecinos del barrio Alberdi vieron que salía humo de su casa y llamaron a la policía. Cuando entraron, encontraron el cuerpo de Vica sin vida. Tenía más de treinta puñaladas. El fuego, creen los investigadores, fue un intento por borrar lo que había pasado antes. Esa noche había pactado una cita.
Dos días después detuvieron a un sospechoso. Inicialmente la causa fue investigada como homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Pero a fines de abril el fiscal Guillermo González incorporó el agravante por odio a la orientación sexual, después de analizar publicaciones discriminatorias que el acusado habría realizado en redes sociales antes del crimen. Para la Justicia, al menos de manera preliminar, ya no se trata solamente de un asesinato: también empieza a investigarse como un crimen de odio.
Las aplicaciones de citas, los encuentros pautados por redes sociales y la exposición permanente aparecen cada vez más seguido en las reconstrucciones de estos ataques. Lugares donde muchas personas LGBTINB+ buscan vínculos, deseo o comunidad también empiezan a volverse espacios de vulnerabilidad.
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En noviembre de 2025, el periodista Dante Leguizamón reconstruyó en Revista Anfibia el crimen de Samuel Tobares, también en Córdoba. Ahí no había que buscar responsables: fueron los propios policías. Lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo aplastaron hasta matarlo. Antes, le gritaron “puto de mierda”. El fiscal Ricardo Mazzuchi, a cargo de la causa, los imputó del delito de homicidio preterintencional. La familia reclama que se cambie la carátula como homicidio calificado y que se investigue como un crimen de odio.
El 18 de mayo comenzará el juicio oral por el triple lesbicidio de Barracas. Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron en mayo de 2024, después de que un vecino arrojara una bomba molotov dentro de la habitación de hotel donde vivían. Sofía Castro Riglos sobrevivió. Durante los meses previos al ataque, el agresor las había amenazado y hostigado. Les decía “tortas”, “engendros”, que las iba a matar. Las querellas buscarán que la Justicia reconozca el caso como un crimen de odio y un lesbicidio, y que esas amenazas previas sean entendidas como parte de la misma violencia que terminó incendiando la habitación.
A dos años del ataque, el caso dejó de leerse como un episodio excepcional. El aumento sostenido de agresiones y ataques contra personas LGBTINB+ en todo el país empezó a volver visible algo más amplio: cómo ciertas narrativas de odio encuentran cada vez menos sanción social y mayores niveles de tolerancia pública.
Axel soportó hostigamientos diarios en el trabajo hasta que se suicidó. Lucas recibió una golpiza en la calle mientras le gritaban “puto de mierda”. Caí fue asesinada a golpes en un sendero de Puerto Iguazú después de una vida atravesada por la exclusión y la violencia. Vica Monteros recibió más de treinta puñaladas dentro de su casa tras pactar una cita. Samuel Tobares fue asesinado por policías que antes lo habían insultado por su orientación sexual.
Escenas distintas, violencias distintas, pero atravesadas por un mismo clima donde el odio deja de aparecer como excepción y empieza a encontrar cada vez menos freno.Las narrativas de odio puestas en circulación desde lugares de poder no inventan la violencia, pero sí pueden ordenarla, habilitarla y volverla socialmente tolerable. También se montan sobre otras capas previas de violencia, marginación, precarización y desprotección que históricamente atravesaron las vidas LGBTINB+. Mientras tanto, del otro lado, persiste, obstinado y rebelde, el deseo de que la liberación sexual no tenga que pagarse con la propia vida.
El dirigente de la UATRE Eduardo Davico presentó este jueves una denuncia ante la Corte Suprema contra Elena Nolasco Highton, secretaria letrada del máximo tribunal e hija de la ex jueza Elena Highton de Nolasco, por sus vínculos con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La jugada se produjo luego que Santiago Caputo convenciera a Javier Milei de retirar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania de la comisión de Acuerdos del Senado, que debía dictaminar ambas postulaciones para la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal Económico, donde terminarían tramitando las causas contra Claudio «Chiqui» Tapia por presunta evasión.
Davico envió su escrito después que le dejaran un sobre anónimo en la puerta de su casa con información precisa sobre un vuelo privado que habrían compartido Nolasco Highton y Toviggino junto a Jorge Giani, esposo de la funcionaria judicial y presidente de la empresa Surco Seguros, conocida por negocios relacionados con el mundo del fútbol pero también la esfera sindical. Con un texto de 12 carillas, el sindicalista de Necochea sembró la inquietud sobre la cobertura que la hija de Highton podría facilitarle a la AFA en el cuarto piso de Tribunales.
De hecho, LPO informó que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asumió su cargo con el mandato de mitigar el apremio judicial de Tapia y Toviggino. Para eso, elevó no solo los pliegos que Milei decidió abortar sino también los de Rául Agustín Rubiero, Matilde Ballerini y Javier Cosentino, que falló en el juzgado Comercial N°8 a favor de la AFA en la causa de World Eleven. Los últimos tres siguen su camino en el Congreso.
No es casualidad que Mahiques haya escalado desde la Procuración General de la Ciudad al gabinete presidencial, en un acuerdo entre Karina Milei y Daniel «Tano» Angelici. Pero el desembarco del ministro funcionó, además, como un lubricante en la relación de la Casa Rosada con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, enfrentado ahora a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Por propiedad transitiva, la denuncia de Davico sugiere connivencia entre el gobierno, el Ministerio de Justicia, el máximo tribunal y la AFA.
Nolasco, creen en la agrupación opositora de la UATRE, podría ser el dispositivo en las sombras para que en el Palacio Talcahuano terminen salvando a Tapia y Toviggino si las causas escalan desde los tribunales inferiores.
Juan Bautista Mahiques.
Según el documento de Davico, el trío de Nolasco, Giani y Toviggino viajó en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 2021, apenas 12 días después que el equipo de Lionel Messi levantara la Copa América en el Maracaná. Por entonces, regían en el país durísimas restricciones para la circulación por el rebrote del Covid19 y el segundo año de cuarentena, algo que torna más sospechoso el viaje de ida y vuelta en un día que compartieron los tres pasajeros entre Estados Unidos y Argentina.
La aeronave que los transportó es una modelo Gulfstream G450, con matrícula LV-GTQ y número de serie 4147. Se trata de un avión de lujo, operado por la firma Alas del Fin del Mundo SRL, y habría sido utilizado para traslados oficiales, incluyendo viajes del ex presidente Alberto Fernández a Bolivia en 2020 y compromisos internacionales de la AFA.
Nolasco, Giani y Toviggino viajó en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 2021, apenas 12 días después que el equipo de Lionel Messi levantara la Copa América en el Maracaná.
Líder de la oposición a José Voytenco en la UATRE, Davico advierte en su denuncia sobre la proximidad entre Nolasco, Giani y Toviggino «mediante vuelos privados compartidos, relaciones personales reconocibles, coincidencias reiteradas y vínculos con actores insertos en estructuras sometidas a investigaciones públicas y judiciales». «No se afirma aquí que Nolasco haya intervenido indebidamente en expediente alguno ni que haya ejercido influencia concreta sobre decisiones jurisdiccionales pero tampoco puede ignorarse que el estándar institucional exigible a una funcionaria de la Corte Suprema obliga precisamente a evitar situaciones capaces de generar sospechas razonables acerca de posibles condicionamientos, accesos privilegiados o relaciones impropias», sostiene.
El verdadero escudo defensivo de Chiqui Tapia y Toviggino es Giani, que mantiene negocios con la AFA y está casado con Nolasco, garante de la admisibilidad de una queja interpuesta por los dirigentes del fútbol ante la Corte Suprema en busca de impunidad.
Fuentes al tanto de la situación indicaron a LPO que la sospecha es que «el verdadero escudo defensivo de Chiqui Tapia y Toviggino es Giani, que mantiene negocios con la AFA y está casado con Nolasco, garante de la admisibilidad de una queja interpuesta por los dirigentes del fútbol ante la Corte Suprema en busca de impunidad».
En efecto, Giani sería socio de Julio Comparada, ex presidente del Club Atlético Independiente, en la aseguradora. Desde allí habrían cerrado una serie de contratos de seguro de los espectadores en estadios de fútbol y descuentos de aportes con sindicatos, sobre todo con aquellos ligados a Luis Barrionuevo.
Por eso, la denuncia de Davico promueve la investigación para determinar si hay conflicto de interés a partir del vuelo privado, entre el tesorero de la AFA y el dueño de una empresa que tiene contratos con la misma entidad. «Legalmente, esto se vuelve relevante si hubo beneficios personales indebidos, en caso que el vuelo haya sido un ‘regalo’, y eso deriva en protección judicial hacia Toviggino», dijo un allegado al dirigente gremial.
En el sindicato precisan que «lo que realmente importa jurídicamente, más que el vuelo en sí, es quién pagó el viaje, si hubo contraprestación, si se tomaron decisiones en la AFA que beneficiaron a Giani y si hubo intervención judicial donde exista conflicto».
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