Vecinos, asambleas socioambientales y familias de toda Mendoza iniciaron una caravana a pie de más de cien kilómetros para exigir que el Senado provincial rechace la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, respaldado públicamente por Milei.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una caminata que volvió a encender la defensa del agua
Desde las 8 de la mañana de este lunes, la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata se convirtió en el punto de partida de una nueva gesta popular: la “Gesta Libertadora por el Agua”, impulsada por la Asamblea por el Agua de Uspallata. Vecinos, ciclistas, familias y agrupaciones socioambientales se reunieron con una consigna que se volvió bandera en toda la provincia: el agua de Mendoza no se negocia.
La caravana, que reúne desde organizaciones territoriales hasta turistas que se encontraban en la zona, marcha rumbo a la capital provincial para llegar mañana, justo cuando el Senado iniciará el debate por la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, rebautizado por la empresa como PSJ Cobre Mendocino.
El objetivo es claro y directo: presionar al Senado provincial para que rechace el proyecto, considerado por los manifestantes como una amenaza grave para una región ambientalmente frágil y dependiente del agua.
Más de cien kilómetros para hacerse escuchar
La movilización recorrerá más de cien kilómetros a lo largo de dos días. El trayecto comprende:
Ruta 7, avanzando hasta Potrerillos.
Ruta 82, bordeando el perilago y atravesando Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, hasta desembocar finalmente en la capital.
Para sostener la marcha se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros, con agua, alimentos y espacios de descanso. La convocatoria continúa sumando adhesiones, incluidas asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este provincial, que realizan caravanas paralelas para confluir en la Legislatura.
El movimiento ambientalista mendocino considera esta protesta como una de las más importantes desde las históricas movilizaciones de 2019 en defensa de la Ley 7722, la norma que protege el agua frente a proyectos extractivistas de alto impacto.
El proyecto San Jorge y el respaldo de Milei
Mientras miles caminan para impedir su avance, Milei salió a defender abiertamente el emprendimiento minero. Según expresó, el proyecto aportaría una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre. El mandatario, fiel a su estilo confrontativo, afirmó que para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña, siguiendo la línea de los últimos 25 años y estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo, apuntando directamente al peronismo.
Las asambleas, en cambio, insisten en que la explotación de cobre y oro en la alta montaña pone en riesgo la disponibilidad de agua en una provincia donde cada gota es estratégica. Por eso reclaman a los legisladores que voten en contra de la DIA y pongan freno a lo que consideran un retroceso ambiental de consecuencias irreversibles.
La llegada a la Legislatura está prevista para mañana por la mañana. Y allí, cuando los senadores abran el debate, la multitud mendocina les recordará algo que hace años es mandato popular: el agua vale más que cualquier negocio.
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El Senado de Brasil aprobó este miércoles por 48 votos a favor y 25 en contra, el Proyecto de Ley de Sentencias que reduce las penas de los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 y el intento de golpe de Estado juzgados por el Supremo Tribunal Federal, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro.
Ahora, el proyecto pasa ahora al presidente para su sanción pero hay grandes chances que la vete porque considera que Bolsonaro tiene que pagar por su condena.
LPO publicó la semana pasada que el líder brasileño dijo en na entrevista que «cuando llegue a mi despacho, tomaré la decisión. Así que, ahora, que se exprese el Legislativo. Cuando llegue al despacho del Ejecutivo, tomaré mi decisión».
Lula dejó en claro que Bolsonaro «tiene que pagar» por haber atentado contra la democracia y afirmó que si Bolsonaro hubiera tenido la misma actitud que cuando perdió las elecciones, hoy no estaría en prisión y «podría estar presentándose a las elecciones».
«Tiene que pagar por el intento de golpe de Estado, por el intento de destruir la democracia que llevó a cabo en este país. Él lo sabe. No tiene sentido quejarse ahora. Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión porque intentó hacer algo muy serio», remarcó.
El impulsor de la iniciativa es el senador de derecha Esperidião Amin que en la Comisión de Constitución y Justicia, aceptó una enmienda del senador y ex juez Sergio Moro para restringir la reducción de penas en regímenes cerrados en relación con delitos contra el Estado Democrático de Derecho.
En la práctica, la propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
La propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022
A pesar de modificar el proyecto de ley, la enmienda fue clasificada como editorial, no sustancial, por el relator. Esto permite que el texto evite su retorno a la Cámara de Diputados para su análisis, con aprobación en el pleno. Sin embargo, los senadores de la comisión y del pleno discreparon sobre la clasificación de la enmienda.
En efecto, la propuesta aborda la reducción del cálculo de las penas y, para ello, el texto enumera condiciones y establece porcentajes mínimos para el cumplimiento de la pena y la progresión de régimen. También determina que la remisión de la pena puede ser compatible con el arresto domiciliario.
El proyecto de ley modifica la Ley de Ejecución Penal, estableciendo nuevas condiciones y porcentajes mínimos para la progresión de régimen. Según la norma actual, la transferencia a un régimen menos restrictivo se produce tras cumplir el 16% de la condena, siempre que el delito no se haya cometido con violencia ni amenaza grave.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena
De esta forma, la iniciativa prevé la posibilidad de progresión tras cumplir una sexta parte de la condena, con porcentajes más altos para delitos atroces, feminicidios, formación de milicias y reincidencia.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena». Este sería el caso de Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión y con la ley permanecería en prisión preventiva otros 2 años y 4 meses.
La base del gobierno rechazó el proyecto pero en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), el líder del oficialismo en el Senado, Jaques Wagner, declaró que buscaba un acuerdo de procedimiento, no de fondo, con la oposición para que el texto se sometiera a votación este miércoles y no se pospusiera hasta el próximo año. Afirmó que la iniciativa era suya y no contaba con la aprobación del Palacio Presidencial.
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