PorMunicipalidad Villa Regina
Publicada el
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios N° 09/2021 para la provisión de hormigón elaborado en mixer H 17 para la obra de veredas en la plaza del barrio Belgrano.
El presupuesto oficial es de $2 millones. La fecha de apertura será el 10 de septiembre a las 11 horas. Las ofertas se reciben hasta la fecha y hora de apertura en Mesa de Entradas de la Municipalidad.
La guerra entre
Hugo Passalacqua y Carlos Rovira escaló hasta el punto de no retorno. Tras quedarse con gran parte de su aparato político, el gobernador de Misiones empezó a atacar el poder económico del otrora hombre fuerte de la provincia y cortó un contrato millonario que beneficiaba directamente al dueño de los streaming Blender y Carajo, Augusto Marini.
Se trata del contrato con la aplicación de telemedicina Alegramed que es parte de CaleGroup, el
holding de empresas del libertario Marini. La app Alegramed fue puesta en marcha durante la pandemia y a través de ella los misioneros podían sacar turnos en el sistema de salud público.
En Misiones dicen que Alegramed es la principal fuente de financiamiento de Marini y creen que con ella sostiene los streaming porteños, que como quedó claro en la crisis de Blender le dan pérdida.
El gobierno misionero le pagaba a Alegramed alrededor de 9 dólares mensuales por cada uno de los 350 mil usuarios que tenía. Un negocio fenomenal que algunos creen era del propio Rovira, el padrino de Marini.
Ahora, el gobierno de Passalacqua está desarrollando su propia aplicación y los misioneros empezaron a ser avisados que Alegramed será dada de baja a fin de mes. La versión en la provincia es que ya se cortaron los pagos a la empresa de Marini, que ahora depende de los contratos ferroviarios que le empezó a dar el gobierno nacional.
Intentan una mediación urgente entre Rovira y Passalacqua para no perder Misiones
El fin del contrato con Alegramed es parte de un avance de Passalacqua sobre las cajas de Rovira, en una confirmación de que la guerra política entre los caudillos misioneros no tiene retorno.
Días atrás, Passalacqua le sacó a Rovira el control de dos de las principales cajas económicas de la provincia: la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y Energía de Misiones SA (EMSA), la distribuidora de energía. Ambas estaban en manos de alfiles del exgobernador, que fueron desplazados al igual que todas las segundas líneas.
Passalacqua también había cortado la concesión de un hotel del Instituto de Previsión Social en Posadas, que manejaba un grupo empresario al que también ligan a Rovira. Otras proveedoras del Estado provincial tendrían el mismo destino que la app de Marini.
Carlos Rovira
La disputa entre Rovira y Passalacqua comenzó cuando el gobernador anunció su intención de buscar un nuevo mandato
en 2027, contra los deseos del caudillo provincial que quería mantener la potestad de elegir al candidato del oficialismo.
La histórica estrategia de Rovira -que dejó la gobernación en 2007 pero controlaba políticamente la provincia desde la Legislatura- fue darles un mandato a los elegidos para impedir un crecimiento que amenace su poder. Por eso su plan era imponer en 2027 al vicegobernador Lucas Romero Spinelli.
Pero Passalacqua se retobó y consiguió el apoyo de casi 70 intendentes que antes respondían a Rovira. El caudillo entonces avisó que ponía fin al sello Frente Renovador de la Concordia y lanzó Encuentro Misionero. Desde el sector gobernador se dieron por fuera del espacio y avanzaron con un armado propio.
LPO reveló días atrás que dirigentes importantes del oficialismo misionero estaban intentando un acercamiento entre Passalacqua y Rovira, que habría dado algunas señales de que aceptaría un nuevo mandato del actual gobernador. Pero la mediación por ahora no avanzó y Passalacqua decidió ir a fondo contra el poder económico del rovirismo.
Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, no nos sorprende que ésta en particular coincida de alguna manera con una editorial publicada en #latapa hace poco más de un año atrás (“Existe una ruptura entre la política y los reginenses”) un día después de las…
Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.
Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.
Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.
El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.
Rosenkrantz traba un concurso clave mientras presiona para aprobar cambios en la selección de jueces
En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.
Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.
Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.
En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.
Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.
También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.
Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que aún hay cupos disponibles para participar de la actividad de ‘Astroturismo’ que permitirá observar la Luna con un telescopio profesional, teniendo en cuenta que se encontrará en su posición más cercana a la Tierra. Las inscripciones se reciben en la Oficina de Turismo…
Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado. Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial,…
Luego de rechazar el sello de La Libertad Avanza, el exministro de Martín Llaryora, Pedro Dellarossa, intentará recuperar su bastión electoral, la ciudad de Marcos Juárez, con una alianza que armaron Unite, el partido de José Bonacci, y la Unión Vecinal Federal, un partido provincial que lidera Laura Villalba, actual funcionaria de Daniel Passerini en la Municipalidad de Córdoba.
Dellarossa fue dos veces intendente y hace cuatro años promocionó a la actual jefa comunal, Sara Majorel, quien no buscará la elección y, además, es el blanco de todas las críticas por su floja gestión. Luego, en 2023, Dellarossa se bajó de la lista de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio para acordar con Llaryora, quien lo designó ministro de Industria. Hace algunos meses, Dellarossa renunció al «cordobesismo» para recuperar para sí la intendencia de Marcos Juárez.
Primero, rechazó competir con el sello de La Libertad Avanza. El propio Lule Menem fue hasta la casa de Dellarossa, pero el caudillo le dijo que él no usaría la marca LLA. Intentó que su partido, el PRO, le diese el sello, pero no logró convencer a Oscar Agost Carreño, el jefe político del espacio tras ganarle la pulseada a Mauricio Macri. Entonces, anotó su alianza conformada por Unite y Unión Vecinal Federal, dos sellos cercanos a Llaryora.
En 2025, Unite fue parte de la alianza Córdoba y Te Quiero y plantó candidatos nacionalistas y libertarios para limar la candidatura de Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni. Como se recordará, se especulaba que la disputa entre Roca y Schiaretti sería mano a mano, por lo que restarle votos al libertario era (hipotéticamente) clave. Ahora, el sello de José Bonacci se une al de Villalba, la funcionaria filo peronista.
En 2025, Unite fue parte de la alianza Córdoba y Te Quiero y plantó candidatos nacionalistas y libertarios para limar la candidatura de Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni.
Con esta jugada, Martín Llaryora intenta que la oposición provincial no celebre ante un eventual triunfo de Dellarossa en la elección municipal del 6 de septiembre. La alianza de Dellarossa se llama Marcos Juárez Puede, un guiño narrativo a Mauricio Macri y su «sí se puede». La Libertad Avanza, por ahora, mantiene la idea de sumarse a la campaña de Dellarossa, quien basará su estrategia en visitar a sus vecinos y pedir disculpas por haber promovido a Majorel y por haber integrado el Gobierno provincial hasta mayo de este año, es decir durante casi tres años.
La otra gran candidata es Verónica Crescente, quien se postula por Unión Vecinal (el partido que fundó Henry Dellarossa, padre de Pedro). Hace cuatro años, Crescente fue la candidata a intendenta de Juan Schiaretti. Su piso electoral es de 39%, lo que obtuvo en 2022. Ese mismo porcentaje había logrado cuatro años antes, en 2018, el peronismo. Ahora, para dividir el voto a Crescente y favorecer a Dellarossa, el Gobierno provincial puso a jugar como candidato a Germán Font.
Martín Llaryora intenta que la oposición provincial no celebre ante un eventual triunfo de Dellarossa en la elección municipal del 6 de septiembre. La alianza de Dellarossa se llama Marcos Juárez Puede, un guiño narrativo a Mauricio Macri
Aunque Font es funcionario provincial, el peronismo no puso el partido. Armó otra alianza con el Vecinalismo Independiente y el Frente Federal de Acción Solidaria, ambos satélites de El Panal. Al Frente Federal de Acción Solidaria lo preside Sergio Flores, también funcionario de Daniel Passerini. En 2025, el Frente de Acción Solidaria postuló como candidato a diputado a un influencer libertario, también para restarle votos a Roca. El Vecinalismo Independiente es un histórico aliado del peronismo en Hacemos por Córdoba.
Por ahora, la principal intención de La Libertad Avanza es bloquear a Font; y aseguran que si gana Dellarossa, los referentes partidarios se subirán al palco de los festejos la noche del 6 de septiembre.
