La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios N° 09/2021 para la provisión de hormigón elaborado en mixer H 17 para la obra de veredas en la plaza del barrio Belgrano.
El presupuesto oficial es de $2 millones. La fecha de apertura será el 10 de septiembre a las 11 horas. Las ofertas se reciben hasta la fecha y hora de apertura en Mesa de Entradas de la Municipalidad.
La conducción autónoma ha sido un campo de intensa investigación en los últimos años, a medida que las empresas y los investigadores buscan desarrollar sistemas cada vez más capaces y seguros
Se distribuyen más de 717 mil dosis de Sputnik V en todo el país. Del total, 361.800 corresponden al componente 1 y 355.400 al 2, dosis que serán distribuidas de acuerdo con el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a la cantidad de población de cada distrito. Un total de 717.200 dosis de la vacuna Sputnik…
En silencio y bajo el paraguas del DNU 849/2025, Milei entregó al Ministerio de Economía un poder inédito: modificar, transformar o directamente liquidar el FONDESGAS, el fondo fiduciario que financia las obras estratégicas del gasoducto argentino. La medida, camuflada entre planillas presupuestarias, puede paralizar proyectos claves, favorecer negocios privados y dejar a provincias enteras sin certezas sobre su infraestructura energética.
Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable
Un poder a medida del desguace
Entre cientos de números, anexos y planillas técnicas, el artículo dedicado al Fondo de Desarrollo del Gas (FONDESGAS) pasa casi desapercibido. Pero es, en verdad, el corazón político del DNU 849/2025.
El decreto faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar o extinguir” el fondo fiduciario destinado a financiar obras de transporte y almacenamiento de gas. Traducido: pueden borrarlo de un plumazo, sin debate parlamentario y sin rendir cuentas.
El FONDESGAS fue creado para sostener obras críticas como ampliaciones de gasoductos, infraestructura troncal, plantas compresoras y todo lo que permite que el gas llegue a hogares, industrias y centrales eléctricas. Es, en la práctica, el resguardo financiero de la soberanía energética.
Con este DNU, queda a merced de un funcionario.
¿Por qué es tan grave tocar ese fondo?
Porque en el ecosistema energético argentino hay una verdad básica: sin financiamiento estable, no hay obras. Y sin obras:
No avanzan los gasoductos troncales.
Se frena la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.
Se encarecen los costos para las provincias alejadas.
Aumentan las importaciones de GNL en invierno.
Se compromete la estabilidad del sistema eléctrico.
El FONDESGAS es la garantía de que esos proyectos no dependan del humor del ministro de turno ni de la billetera de empresas privadas cuyos intereses pueden no coincidir con los del país.
Con la potestad otorgada por el DNU, Economía puede vaciarlo, redireccionarlo o entregarlo a operadores privados, rompiendo el mecanismo diseñado para proteger inversiones de largo plazo.
Un botón de muestra: el antecedente de los fideicomisos
En los últimos meses, diversos fondos fiduciarios ligados a transporte, obras públicas y energía fueron desfinanciados, “reordenados” o absorbidos. Cada cambio dejó un patrón: recortes, reducción de funciones y apertura a negocios privados.
Si el FONDESGAS sigue ese camino, las provincias productoras —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz— podrían ver suspendidos proyectos pactados hace años, y las provincias de alto consumo energético podrían terminar pagando tarifas más altas para suplir la falta de infraestructura.
Las distribuidoras privadas, en cambio, podrían hacerse con negocios hoy regulados.
El truco legal: esconder una reforma estructural en un decreto presupuestario
El DNU se presenta como una ampliación de partidas para distintas áreas. Pero el artículo que habilita la intervención total sobre el FONDESGAS no tiene nada que ver con el presupuesto. No asigna fondos, no corrige créditos, no compensa diferencias salariales.
Es un cambio estructural, escondido en un decreto de otra naturaleza.
La lógica: si se hubiera enviado como proyecto de ley, el Congreso podía rechazarlo. Dentro de un DNU gigantesco, la posibilidad de que pase inadvertido es mucho mayor.
¿Qué puede pasar si lo eliminan?
Si el Gobierno decide ejecutar lo que el decreto le habilita, las consecuencias son directas:
Paralización de obras en marcha (gasoductos regionales, ampliaciones del sistema troncal).
Riesgo de falta de oferta en picos invernales, obligando a importar GNL a precio internacional.
Demora en la expansión de Vaca Muerta, que depende de nueva infraestructura.
Incremento del costo energético para hogares e industrias.
Mayor dependencia de empresas privadas en el manejo del transporte de gas.
Pérdida de control estatal sobre un segmento estratégico del sistema energético.
En otras palabras: una transferencia silenciosa de poder y recursos desde el Estado hacia el mercado, con impacto directo sobre la vida cotidiana.
Paolo Rocca aprovechó un viaje de Sandra Pettovello a Dubai para forzar al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a presentar un proyecto sobre «Libertad Educativa» este lunes, en una reunión de asesores del Consejo de Mayo, el ámbito creado por Javier Milei para darle forma al insustancial Pacto de Mayo.
La iniciativa de Rocca y Torrendell, a la que accedió LPO en exclusiva, es un mamotreto de 34 páginas y 136 artículos que barre brutalmente con la Ley Nacional de Educación, sancionada en 2006, y transfiere a las familias el poder de decisión para definir la oferta educativa para sus hijos.
El dueño de Techint se da el lujo de impulsar el proyecto gracias a los hombres de su cantera que metió en el gobierno libertario. Así como logró colar a Julio Cordero como secretario de Trabajo, también impuso al ex director de la Escuela Técnica Rocca, Ludovico Grillo, como director del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).
Con un secretario de Estado y un director nacional, le sobran bíceps para tomarle a Pettovelo el ministerio de Capital Humano. Pero la jugada de Rocca con Torrendell acaso avance sobre terreno firme por la bronca de Karina Milei contra Pettovello, tal como reveló LPO después del escándalo de las coimas de la Andis, cuando la secretaria general de la Presidencia sospechó de la ministra y quiso correrla para poner al secretario de Educación.
El borrador del proyecto fue circulado por Torrendell y cuenta con anotaciones formuladas al margen del archivo por el director nacional de Gestión Universitaria, Matías Zubiría, un funcionario ubicado bajo el paraguas del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro «Galleguito» Álvarez. Zubiría apunta, sobre todo, contra dos artículos que tocan la ley de Educación Superior y pondrían en pie de guerra, otra vez, a las universidades.
El proyecto Techint modifica a través del artículo 126° el artículo 6° de la ley de Educación Superior, atacando la autonomía universitaria con definiciones de actividades formativas «sincrónicas» y «asincrónicas». «Hablar de qué es cada cosa es limitar lo creativo que podría venir del propio sistema», avisó.
Pettovello.
También modifica los parámetros para pautar el presupuesto, un tema explosivo. «El aporte estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo, la actividad científica y tecnológica y otros criterios que defina el Consejo Interuniversitario Nacional, aplicando estos criterios para asignar montos incrementales», dice el artículo 128°.
El dueño de Techint se da el lujo de impulsar el proyecto gracias a los hombres de su cantera que metió en el gobierno libertario. Así como metió a Julio Cordero en Trabajo, impuso a Ludovico Grillo en el INET.
Zubiría advierte que ese tópico se cambió en el artículo 58° de la ley vigente, fijando que «el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional».
Como sea, fuentes del Consejo de Mayo reconocieron ante LPO que también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger, tenía prevista una reunión con algunos de sus miembros, para explicar la importancia del proyecto que debería pasar por el Congreso. «Torrendel aprovecha que Pettovello está en Dubai de vacaciones para presentar el proyecto, en tándem con Sturzenneger», comentaron.
LPO consultó tanto al entorno de Torrendel como de Pettovello. Cerca del secretario de Educación no brindaron explicación alguna mientras que en el equipo de la ministra alegaron desconocimiento sobre la agenda del Consejo de Mayo. Nada respondieron sobre las vacaciones en Dubai.
Rocca viene de lanzar duras críticas al gobierno de Milei en el encuentro de empresarios de la semana pasada. «Con la política monetaria no alcanza», dijo, y reclamó la intervención del Estado para el desarrollo: «Argentina necesita una estructura industrial fuerte. No puede irse solo con recursos naturales».
En efecto, Rocca mencionó las falencias del sistema educativo la semana pasada en la convención de la UIA, tal como informó LPO. «El sistema educativo debe volver a la esfera nacional», planteó el dueño de Techint, y criticó la provincialización de los 90′ que fragmentó el sistema: «Hay algo que no está funcionando como debería», dijo.
Torrendel aprovecha que Pettovello está en Dubai de vacaciones para presentar el proyecto, en tándem con Sturzenneger.
Sin embargo, el título III del proyecto se mete con criterios de financiamiento previstos en la Ley de Financiamiento Educativo promulgada en 2005 y vuelve a desmontar la responsabilidad del Estado nacional en el sostenimiento de las escuelas y el salario de los docentes. Si bien el expediente Techint establece una responsabilidad compartida entre el gobierno central y las provincias en su artículo 67°, también fija la «complementariedad» entre las jurisdicciones para que «el Estado apoye a las instituciones educativas y actores sociales cuando éstos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación, sin reemplazar su iniciativa ni limitar su autonomía».
El rumor de la existencia de este proyecto puso en alerta a los sindicatos docentes, porque propondría un retorno a etapas de fin del siglo pasado. De hecho, la desregulación de los 90′ atendía a desligar al Estado nacional de la responsabilidad para sostener a las escuelas en las provincias, con los salarios de los docentes y sus auxiliares.
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