PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios N° 09/2021 para la provisión de hormigón elaborado en mixer H 17 para la obra de veredas en la plaza del barrio Belgrano.
El presupuesto oficial es de $2 millones. La fecha de apertura será el 10 de septiembre a las 11 horas. Las ofertas se reciben hasta la fecha y hora de apertura en Mesa de Entradas de la Municipalidad.
El gobierno provincial presenta al Plan Castello como una oportunidad histórica para las ciudades para poder contraer crédito sin interferencia de entidades financieras, con el objeto de realizar obras de infraestructura y permitir el acceso a maquinarias para el mantenimiento del ejido municipal. Sin embargo, la situación financiera nacional y la fluctuación del dólar significan…
Ruta 22 y Avenida Rivadavia, para los que circulan en sentido este- oeste para ingresar a la Estación de Servicio “La Plaza”. Dos en Avenida San Martín, esquina Italia y Cipolletti (lugar conocido como “5 esquinas”), para los que circulan en sentido norte- sur, de la Plaza de los Próceres a la Ruta 22, y…
La profunda caída del consumo golpea fuerte a la fábrica de vidrio más grande del país. Rigolleau, que hace 120 años produce vajilla y envases en Berazategui, tuvo en 2025 pérdidas por casi 5.600 millones y, con un derrumbe de ventas del 19%, opera a un 60% de su capacidad instalada.
El panorama enciende alertas en los trabajadores de la empresa, que pasó de tener poco más de 800 empleados en 2023, a contar con alrededor de 700 en 2025.
En paralelo a la merma productiva que provocó la parálisis de uno de los hornos, la empresa ya empezó a importar de China productos de la línea Hogar.
«La persistencia de un contexto de bajo consumo y de utilización de capacidad instalada en torno al 60% obligó a sostener niveles de fondeo constantes para proteger el empleo y garantizar la continuidad operativa», señaló la compañía en su reporte de sustentabilidad enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En Rigolleau también advirtieron la dificultad para trasladar plenamente los aumentos de costos a precios, lo que afectó la evolución de los ingresos.
«La menor actividad y la ociosidad productiva derivada de este contexto incidieron negativamente en los costos y en la rentabilidad operativa, a pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la eficiencia productiva, renegociar condiciones con proveedores y optimizar la estructura de costos», agregaron en la empresa.
El contexto recesivo que se espiralizó desde la llegada de Javier Milei al Gobierno impacta directo en Rigolleau, que dirige al mercado interno el 95% de la producción de la línea Hogar (platos, vasos, copas, vajillas, etc.)
Así, el resultado del ejercicio 2025 arrojó una pérdida de $5.596.156.136, número que duplica el derrumbe de 2024, cuando Rigolleau informó pérdidas por $2.599.109.500.
«Este resultado refleja, principalmente, la combinación de un contexto de baja actividad, restricciones en el traslado de costos a precios y el impacto de los resultados financieros», señalaron.
El contexto recesivo que se espiralizó desde la llegada de Javier Milei al Gobierno impacta directo en Rigolleau, que dirige al mercado interno el 95% de la producción de la línea Hogar (platos, vasos, copas, vajillas, etc.) y solo exporta un 5% a Uruguay y Paraguay.
En el marco del Día Mundial del Reciclaje, la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que esta fecha está pensada para que todos los seres humanos tomen conciencia de la importancia que tiene tratar los desechos correctamente y así proteger el ambiente. Se entiende por reciclaje el proceso…
✅El Comité de Crisis local indicó que no se registran novedades en nuestra ciudad, por lo que no hay casos sospechosos. Se hizo hincapié en que se sigue de cerca los resultados de los cuatro casos sospechosos de General Roca teniendo en cuenta la cercana distancia de 45 kilómetros. En consecuencia, se pidió tomar mayor…
El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..
La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.
El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.
En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.
El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.
Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.
El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.
En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.
El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.
El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.
Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.
La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.
El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.
En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.
El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.
La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.
Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.
En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.
Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.
Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.
