PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios N° 09/2021 para la provisión de hormigón elaborado en mixer H 17 para la obra de veredas en la plaza del barrio Belgrano.
El presupuesto oficial es de $2 millones. La fecha de apertura será el 10 de septiembre a las 11 horas. Las ofertas se reciben hasta la fecha y hora de apertura en Mesa de Entradas de la Municipalidad.
La primera frase que aparece es: ¡esto es el colmo! No necesitamos vivir en Estocolmo para padecer el síndrome de esta ciudad. Sindrome que fue llamado así luego de un robo en un banco. Para que este síndrome sea considerado como tal, la víctima debe identificarse con el agresor, y lo concreta de una forma…
Observatorio Lucía Pérez – Informe mayo 2021 Los datos representan un GRITO: 127 femicidios y travesticidios 81 días sin Tehuel 103 infancias huérfanas 170 marchas exigiendo justicia En contraste con esta realidad a fin de mayo el Ministerio de las Mujeres y Diversidad ejecutó sólo el 10% de su presupuesto, que por ley le adjudicó…
En el marco de la campaña de forestación impulsada por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina, se comenzó con la distribución de las estacas de sauce llorón y de podos de rosas a juntas vecinales e instituciones de la ciudad. En la mañana de este jueves, el Secretario…
El Intendente Marcelo Orazi acompañó en la mañana del jueves al Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro Carlos Banacloy en un encuentro con empresarios del sector frutícola de Villa Regina. La reunión se realizó en el Salón Comahue de la Cámara de Comercio, Industria y Producción local y se analizaron temas como el…
El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos.
La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.
El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval.
Pero hubo un punto del decreto que generó especial preocupación entre los profesionales: el artículo 6, que contemplaba que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, la Armada y la Prefectura pudieran asumir esas tareas. El problema apareció cuando se intentó llevar esa disposición a la práctica.
«¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación.
La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad.
¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido
El fallido decreto impulsado por Sturzenegger trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna.
Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.
En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema.
La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO.
Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado.
La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales».
Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».
«Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.
La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de retirar a su embajador en Buenos Aires marca un hecho sin precedentes en cuatro décadas de democracia. La escalada llega después de una nueva serie de agravios públicos de Milei contra el presidente brasileño y vuelve a poner en discusión el costo político, económico y comercial de una diplomacia basada en la confrontación permanente.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La relación entre Argentina y Brasil acaba de ingresar en uno de sus momentos más delicados desde el retorno de la democracia. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una señal política de enorme gravedad que en la práctica implica congelar el vínculo institucional entre las dos principales economías de Sudamérica mientras persistan las agresiones de Milei. La medida fue comunicada oficialmente por el Palacio de Itamaraty luego de una nueva escalada verbal protagonizada por el mandatario argentino, quien durante el fin de semana volvió a descalificar públicamente a Lula con insultos personales y cuestionamientos políticos.
La decisión brasileña constituye mucho más que un gesto protocolar. Desde la reconstrucción democrática iniciada en los años ochenta, Argentina y Brasil construyeron una política de Estado basada en la cooperación estratégica, la integración económica y la consolidación del Mercosur como herramienta de desarrollo regional. Gobiernos de distintos signos políticos mantuvieron ese principio incluso en momentos de profundas diferencias ideológicas. Carlos Menem convivió con Fernando Henrique Cardoso; Néstor Kirchner y Cristina Fernández fortalecieron la alianza con Lula; Mauricio Macri preservó los canales institucionales con Michel Temer y posteriormente con Jair Bolsonaro. Nunca antes un conflicto estrictamente político había derivado en una degradación formal de la representación diplomática de semejante magnitud.
La explicación ofrecida por Brasil fue contundente. Desde Itamaraty señalaron que las reiteradas agresiones personales de Milei contra Lula, sumadas a los cuestionamientos dirigidos contra instituciones brasileñas, tornaron imposible mantener la normalidad diplomática. La decisión implica que el embajador Bitelli no regresará a Buenos Aires mientras persista el actual escenario político, dejando la representación brasileña en manos de un funcionario de menor rango, una figura utilizada habitualmente cuando las relaciones atraviesan una crisis seria pero sin llegar a la ruptura formal.
La respuesta del Gobierno argentino no modificó el tono del conflicto. La Cancillería calificó la decisión brasileña como «unilateral» y sostuvo que responde a motivaciones «ideológicas», aunque evitó hacer cualquier referencia a las expresiones utilizadas por Milei contra Lula. El comunicado oficial volvió a responsabilizar exclusivamente al gobierno brasileño por el deterioro del vínculo, una postura que profundiza la distancia entre ambas administraciones y reduce aún más las posibilidades de una recomposición inmediata.
Detrás del conflicto diplomático aparece un dato imposible de ignorar: Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, el principal destino de las exportaciones industriales nacionales y un actor determinante para sectores como la industria automotriz, la maquinaria agrícola, la energía, la producción metalúrgica y numerosos complejos manufactureros. Cada deterioro político termina generando incertidumbre entre empresas, inversores y exportadores que dependen de un flujo comercial construido durante décadas. Si bien la decisión brasileña no implica por ahora restricciones económicas, el mensaje político introduce un factor adicional de inestabilidad para un país que atraviesa una profunda recesión, dificultades para generar divisas y una creciente dependencia del financiamiento externo.
La crisis también representa un golpe para el Mercosur. Mientras el bloque intenta redefinir su papel frente a un escenario internacional cada vez más competitivo, la confrontación entre Buenos Aires y Brasilia debilita la capacidad de negociación regional y erosiona uno de los pilares históricos del proceso de integración sudamericano. No se trata únicamente de una diferencia entre presidentes, sino de un conflicto que afecta el funcionamiento de instituciones, mecanismos de coordinación y agendas comunes desarrolladas durante décadas.
Desde la llegada de Milei al poder, la política exterior argentina abandonó la tradicional búsqueda de consensos regionales para privilegiar los alineamientos ideológicos. Los enfrentamientos con gobiernos latinoamericanos, las tensiones con organismos multilaterales y la identificación casi exclusiva con determinados liderazgos internacionales fueron modificando el perfil diplomático argentino. La relación con Brasil constituye probablemente el ejemplo más evidente de esa transformación: un vínculo históricamente considerado estratégico quedó subordinado a la confrontación política y a declaraciones públicas que, finalmente, terminaron produciendo consecuencias institucionales concretas.
La decisión de Lula adquiere además un fuerte contenido simbólico. Brasil eligió responder mediante los mecanismos tradicionales de la diplomacia, evitando una ruptura total pero dejando en claro que considera inaceptables los ataques reiterados del presidente argentino. En términos internacionales, retirar a un embajador constituye una de las sanciones políticas más severas antes de la ruptura de relaciones, y suele reservarse para situaciones excepcionales.
Mientras tanto, Argentina enfrenta un escenario complejo. La crisis se produce en momentos en que el Gobierno necesita recuperar inversiones, fortalecer el comercio exterior y mejorar su inserción internacional. Sin embargo, la política exterior vuelve a convertirse en un frente de conflicto que suma incertidumbre a una economía ya golpeada por la caída del consumo, el deterioro industrial y la fragilidad financiera. El episodio deja una pregunta abierta sobre los costos que puede tener para el país una estrategia diplomática basada más en la confrontación personal que en la defensa pragmática de los intereses nacionales.
