Concurso de precios 06/2021

 

Escala la conflictividad laboral en la cadena de supermercados Toledo, que cuenta con más de 40 sucursales en Mar del Plata y su región de influencia. Al momento, la empresa canceló el 70% de sus más de 1.400 trabajadores y preocupa el pago del aguinaldo.

La situación generó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense por parte del gremio de Comercio, que se declaró en estado de alerta y movilización, sin descartar la posibilidad de medidas de fuerza de no cancelarse la totalidad de los salarios durante la semana.

En el gremio expresaron preocupación por el escenario financiero de la empresa de cara a los próximos meses.

«El argumento de la empresa es el contexto nacional de la caída del consumo, pero el gran problema es que los trabajadores están en una situación complicada porque el salario actual ya es insuficiente para afrontar el costo de vida», dijo el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Esteban Fraysse.

Con base en Mar del Plata, Toledo es una cadena tradicional en la región, con sucursales en Miramar, Pinamar, Necochea, Mar Chiquita y Tres Arroyos.

 «Esperamos que la empresa Toledo regularice esta situación de manera inmediata para evitar que el conflicto se agrave», advirtieron en el gremio de Comercio.  

Se trata de la segunda crisis de Toledo en la última década. Hacia finales del macrismo, fue el propio fundador de la cadena, Antonio Toledo, el que se había quejado: «La situación no da para más», dijo, aunque sus expresiones trascendieron al afirmar que, de todas formas, volvería a votar a Macri.

Ahora con Milei, la crisis del consumo vuelve a golpear de lleno a la estabilidad financiera de la cadena. «Los trabajadores son quienes sostienen la empresa y, en un momento de tanta crisis, que no te paguen durante varios días genera una situación muy complicada para muchas familias», agregó Fraysse.

Por esta situación, la cartera laboral bonaerense convocó a una audiencia para el próximo miércoles a las 11 con el fin de que la empresa presente un cronograma de regularización en el pago de haberes.

«Esperamos que la empresa Toledo regularice esta situación de manera inmediata para evitar que el conflicto se agrave», advirtieron en el gremio de Comercio. 

 

 

Que no engañe el nombre de personaje de historieta. El Súper RIGI no es un héroe  musculoso y de capa roja, pero en él tienen cifradas sus esperanzas el gobierno mileísta y sus asociados: la ley para atraer inversiones en “nuevas industrias”, aquellas que desarrollan infraestructura digital y tecnológica, empieza a discutirse en el Congreso y augura cambios fuertes para el futuro inmediato. El proyecto promete integrar a la Argentina en las cadenas globales de valor de la inteligencia artificial y la biotecnología. Viene con más dudas que claridades. Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció el año pasado una inversión de veinticinco mil millones de dólares para instalar un data center en la Patagonia, que aún no se concretó. Ahora Elon Musk acaba de anunciar el desembarco de Tesla y un megacentro de datos en Argentina. ¿Finalmente van a venir los dólares? ¿Con qué condiciones y a riesgo de qué?

La preocupación por la IA siempre estuvo en el discurso oficial, pero empezó a  traducirse en inciciativas concretas y en una dirección muy clara cuando Peter Thiel pasó por Casa Rosada y se instaló en Buenos Aires. Y empezaron los avances. Primero, con el Gemelo Social Digital. Después, con el proyecto de Federico Sturzenegger para reformar la Ley de Sociedades que crea la figura jurídica de “sociedades no humanas”, empresas que funcionan exclusivamente con algoritmos. Y ahora llegó el turno del Súper RIGI, que otorga reducciones impositivas, incentivos cambiarios y garantías en tribunales extranjeros a los capitales tecnológicos. Para los héroes de la civilización occidental, una ley con beneficios superpoderosos. Aún más que los del primer RIGI. 

El Súper RIGI se sitúa en una encrucijada decisiva. La IA involucra dos viejos problemas que marchan juntos en el capitalismo: el reparto imperialista del mundo y la división internacional del trabajo. Este proyecto de ley coloca a la Argentina en una posición dependiente en ambos tableros. 

La Argentina que pretende el capital tecnológico

El 4 de junio pasado, Javier Milei y el ministro Sturzenegger firmaron una nota en Financial Times que promueve a Buenos Aires como la capital de la IA en el siglo XXI. Para que los inversores confíen, se mencionan la estabilidad geopolítica de la región, los beneficios fiscales y los presuntos logros del RIGI original: un flujo sostenido de inversiones hacia recursos energéticos y mineros.

¿La apuesta del gobierno por la IA será una mera operación publicitaria? La coyuntura ofrece indicios para pensar que se trata de algo más serio. Así lo indica el comunicado de YPF sobre la asociación estratégica con Tesla, que llegó este martes 16 de junio, justo un día antes del debate del Súper RIGI en comisiones en el Congreso. El proyecto ya tiene un nombre y apellido: Elon Musk.

El gobierno libertario construye un proyecto de país subordinado a Estados Unidos y con una matriz productiva que se orienta a la provisión de energía y materias primas. El Súper RIGI amplía este modelo hacia el sector digital a partir de un doble diagnóstico: el carácter estratégico de la IA en términos geopolíticos y la necesidad de que Argentina se suba a la nueva “revolución industrial” con base en las tecnologías digitales.

El proyecto de ley ofrece 30 años de estabilidad normativa para los proyectos de inversión. Casi ocho mandatos presidenciales. Milei le abre la puerta a los centros de datos, a la maquinaria bruta, en un gesto de pleitesía: brinda tierras, energía, protección jurídica y ahorro fiscal a las empresas tecnológicas del norte. A cambio, recibirá las inversiones y otras contribuciones para mantener el sueño de la reelección presidencial. Pero este es el elemento pintoresco de una transformación en la estructura productiva que responde a los intereses del capital tecnológico, esa fracción de la clase dominante con pretensiones de conducir los destinos del capitalismo y de las democracias. 

Milei pasa, los data centers quedan: de esa infraestructura crítica depende el sostenimiento de un nuevo espacio que complejiza el funcionamiento histórico del imperialismo en todo el globo. 

El nuevo espacio imperial

Como explica el filósofo Éttiene Balibar, las fronteras de los imperios se desplazan con el fin de crear espacio para el comercio, la legislación y la cultura. El imperialismo estadounidense se basa en las inversiones y el endeudamiento, además de la amenaza latente de una intervención directa. Su interés consiste en apropiarse de recursos estratégicos para controlar los territorios como mercados en lugar de como colonias, salvo excepciones. El Súper RIGI se inscribe en esta trayectoria: ofrece el territorio nacional para que los capitales tecnológicos se enclaven sin ninguna contraprestación. El RIGI original realiza este mismo movimiento con el petróleo y la minería.

Las geometrías del imperialismo se complejizan en el siglo XXI. El reparto del mundo se dirime también en la lucha por otro tipo de espacios, ya no terrestres, sino virtuales. El territorio digital se consolidó en las últimas dos décadas, pero muy pronto encontró sus conquistadores. Ganaron las plataformas, con Google, Amazon, Meta y Microsoft a la cabeza, y ahora la disputa se traslada a la IA: Palantir, Anthropic, OpenAI y Deepseek son algunos de los nuevos combatientes. Las relaciones de dependencia centro-periferia entre Estados se superponen con la competencia capitalista entre los “imperios de la comunicación” —así los bautiza Balibar— que se disputan las poblaciones de usuarios en las que se asienta su poderío.

El registro de los datos de la ciudadanía y su análisis algorítmico es un botín de mercado con valor geopolítico. Quién posee los datos, dónde se alojan y bajo qué legislación son preguntas determinantes en el reparto imperialista del territorio digital. Trump y Xi Jinping lo saben. El presidente de Estados Unidos obligó a TikTok a vender la filial yanqui, que quedó en manos de un consorcio comandado por Oracle. China, por su parte, lidera el Índice de Soberanía Digital del Foro Tecnológico BRICS+: es decir que controla el hardware -infraestructura de comunicaciones, redes 5G, data  centers-, cuenta con sus propias empresas de plataformas -HuaweiCloud, Tencent, WeChat, entre otras-, impulsa estrategias nacionales de IA a largo plazo y dispone de capacidad regulatoria para controlar los flujos de datos.

En Occidente, el poder de las corporaciones informáticas es transversal. El espacio digital que les pertenece funciona como una intermediación necesaria para la mayoría de las actividades económicas y sociales. El Súper RIGI implica una cesión de soberanía en favor de estas corporaciones, que requieren energía y tierras frías para sostener el almacenamiento de datos y la capacidad de cómputo. La competencia capitalista y el desarrollo de IA con fines militares no hará más que incrementar la demanda de las infraestructuras digitales. 

Durante el gobierno de Macri, el regreso del FMI marcó un hito en el refuerzo de la dependencia argentina. Ahora, el Súper RIGI coloca la imaginación jurídica del Estado al servicio del imperialismo digital. Las plataformas y la IA, de modo análogo al poder financiero global, operan como una instancia de soberanía no estatal. En vez de disputar el territorio digital, se favorece a los empresarios más ricos del planeta, que se arrogan el privilegio de indicarles a los Estados la dirección que debe tomar el mundo. Así lo hizo Palantir, la empresa de Thiel, con el manifiesto que defiende los valores occidentales y advierte que no hay vuelta atrás en la carrera armamentística: “La cuestión no es si se fabricarán armas basadas en la IA, sino quién las fabricará y con qué fin”. 

Desde el furgón de cola, Milei viaja contento. Se suma a una batalla que lo excede y funde el destino de la Argentina con el de los dueños de los fierros digitales.

¿La IA nos hará ricos?

El Súper RIGI debe analizarse junto a la reforma de la Ley de Sociedades. Las “Sociedades Automatizadas” son sistemas algorítmicos autónomos que funcionan legalmente como empresas, pero sin requerir recursos humanos para su operatoria. En la Expo EFI de fines de abril, Sturzenegger promovió esta figura con el argumento de que “en los próximos diez años, el 90% del PBI mundial lo van a producir agentes de IA”. Invitó, también, a imaginarse un país con 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de IA que producen para todo el mundo. El gobierno se subordina a Silicon Valley con la esperanza de que la revolución tecnológica se derrame como crecimiento en la Argentina. 

La grandilocuencia de Sturzenegger abre una discusión sobre la influencia de las fuerzas productivas algorítmicas en la acumulación capitalista. Está claro que el despliegue de estas tecnologías es la condición de posibilidad del imperialismo digital. ¿Pero cómo hicieron las corporaciones digitales para concentrar una porción cada vez mayor de la riqueza global? ¿Los algoritmos producen valor? ¿Nos haremos millonarios con los agentes de IA que vengan a territorio argentino?

El ministro de Desregulación sugiere que sí. Pero Marx indica que solo el trabajo humano, en tanto tiempo de trabajo abstracto, puede crear el valor que sostiene la acumulación de capital. La distinción no es menor. Las plataformas y la IA se asientan en procesos de automatización sin precedentes. Estas nuevas industrias explotan relativamente pocos trabajadores. ¿Cómo hacen, entonces, para quedarse con ganancias? Se inmiscuyen en los procesos de producción y circulación de las demás industrias y de ese modo se apropian de la plusvalía producida por ellas. Sus ganancias dependen de que otros asuman la explotación de la fuerza de trabajo.

Los monopolios informáticos y la plusvalía transferida

George Caffentzis, en su libro En letras de sangre y fuego, denomina plusvalía transferida a este mecanismo de apropiación. McDonald’s, por ejemplo, produce hamburguesas. Para hacerlo, explota cocineros, cajeros, etcétera. Puede vender sus mercancías en el local, pero también lo hace a través de la infraestructura digital de Rappi y PedidosYa. Cada vez que una de estas plataformas concreta una venta para McDonald’s, se queda con una comisión. A través de ese precio, Rappi y PedidosYa se apropian del valor que produjeron los trabajadores de McDonalds, que son explotados dos veces: por el dueño de la franquicia y, de forma indirecta, por estas plataformas.

Rappi y PedidosYa explotan a los repartidores. Pero el grueso de su ganancia proviene de la intermediación que les permite succionar el valor producido por otros. Si se amplía el esquema a las plataformas publicitarias -Google, Facebook, TikTok- y las de comercio electrónico -MercadoLibre-, se vislumbra una tendencia a la monopolización de la publicidad, la logística y el comercio. El costo del clic en Google, el espacio publicitario de Meta y la comisión de Galperín se sustentan en operaciones automáticas con una intervención mínima de trabajo humano. Las plataformas picotean las ganancias de otras industrias cuando cobran estos precios, pero también de los cuentapropistas que dependen de ellas.

El esquema de la plusvalía transferida aplica para la IA, aunque todavía se desconoce cómo se sostendrá la rentabilidad, por ejemplo, de una empresa como OpenAI, que proyecta pérdidas por 115 mil millones de dólares hasta 2029. No parece alcanzar con las suscripciones de los usuarios ni con el cobro por el uso de tokens -los componentes básicos de texto que procesan los modelos- a los clientes más intensivos. A modo de prueba, ChatGPT empezó a mostrar publicidad en Estados Unidos y contrató a un ex Meta para liderar este desarrollo incipiente. ¿La IA generativa competirá con las plataformas publicitarias para sobrevivir?

Las corporaciones informáticas persiguen el mismo objetivo que cualquier otra: ganancias. Aunque el mecanismo de la plusvalía transferida resulte abstracto, sus efectos se sienten en el bolsillo. Las ganancias que se apropian las plataformas son ingresos que les faltan a los trabajadores y a otros sectores del capital. La apuesta de Milei por la IA localiza una problemática de alcance global en torno al futuro del trabajo por la generalización de las tecnologías digitales.

Scrollear no es trabajar, pero te van a explotar más

Las plataformas y la IA cargan con una contradicción: en tanto arrojan ganancias, conducen a una crisis sistémica. La maquinaria algorítmica expande la automatización del trabajo administrativo y disminuye la necesidad de trabajo humano. Como resultado, se produce menos valor.

Cuando esto ocurre, según Caffentzis, la explotación aumenta en la base del sistema: disminuyen los salarios, los trabajos se vuelven más precarios y se agudizan formas arcaicas de explotación, sobre todo en las periferias. La caída en la tasa de ganancia debe ser contrarrestada para que el capitalismo sobreviva. Los algoritmos, a diferencia de lo que sostiene Sturzenegger, no producen valor. Desatan, por el contrario, un recrudecimiento generalizado de la explotación. El salto tecnológico se monta sobre las espaldas de los trabajadores, que verán empeoradas sus condiciones materiales de existencia, aún más en una economía periférica como la argentina.

Esto no significa que la fuerza de trabajo sea explotada directamente por TikTok, OpenAI o MercadoLibre. En Teoría de la dependencia digital, Cecilia Rikap desliza la hipótesis de que los usuarios producen datos con valor económico cuando interactúan en las redes. Pero si así fuera, el capitalismo seguiría su curso: no habría límites para el trabajo, los usuarios producirían datos todo el tiempo que quisieran y las plataformas podrían pagarles. Los usuarios consumen, dialogan, suben fotos, etcétera, pero no trabajan. Quien sí lo hace es la maquinaria algorítmica que necesita esa actividad social para producir datos.

Las teorías del “tecnofeudalismo” tampoco aciertan. Las empresas digitales no son dueñas de recursos naturales escasos, como el suelo, ni parasitan a otros sectores a través de diezmos ni rentas. Poseen una maquinaria que produce un espacio social y mercantil que se ha vuelto indispensable para el resto. En ese espacio se generan datos de forma ilimitada mientras haya cantidades crecientes de energía y de agua para sostener esa producción. Esto es lo que el Súper RIGI le ofrece a los capitales tecnológicos a cambio de nada para la Argentina.

¿Tech New Deal?

La disputa por el futuro está abierta y la élite de Silicon Valley lo sabe. Las corporaciones se arrogan una cualidad propia de la política: la construcción del tiempo por venir, incluso para anticiparse a los escenarios de desempleo que produciría la automatización en ciernes y el advenimiento de la Inteligencia Artificial General. Es el caso de Elon Musk, partidario de un ingreso básico universal financiado por el Estado, y de OpenAI, que propone la creación de un Fondo de Riqueza Pública para distribuir entre la ciudadanía los beneficios generados por la IA.

Juan Grabois, que sostuvo una reunión de tres horas con Peter Thiel en su flamante casa de Barrio Parque, identifica en estas iniciativas el llamado a un nuevo pacto social, un Tech New Deal entre las clases dominantes y las subalternas. Pero esta paritaria compra demasiado pronto el futuro que proyectan las corporaciones: un horizonte de abundancia por el incremento de la productividad y el comando digital del conjunto de la economía. Una idea con la que concuerda Sturzenegger.

¿La acumulación de riqueza con la que sueñan los capitales tecnológicos será de tal magnitud como para que al resto de la humanidad no le quede otra alternativa que conformarse con las migajas? ¿Desde cuándo los millonarios son tan generosos con las clases dominadas? La competencia entre las corporaciones, la crisis del trabajo y el desarrollo bélico de la IA desmienten los escenarios optimistas. 

Hay que sentarse con el enemigo. Pero la política consiste, ante todo, en la posibilidad de patear el tablero y empezar la discusión bajo otras condiciones. El campo popular necesita entender qué capitalismo es este para construir una alternativa política a la altura de este tiempo histórico.

Hacia dónde vamos

El Súper RIGI, que empieza a discutirse en el Congreso, es el camino a una rendición total, ¿pero existen otros caminos? Quizás. Brasil sancionó el régimen Redata, que otorga beneficios fiscales para la instalación de data centers, pero exige a cambio la utilización de energías renovables, controles de eficiencia hídrica, inversiones en I+D y que un mínimo del 10% de la capacidad de almacenamiento se destine al mercado interno. 

El desarrollo de infraestructura digital en el propio territorio constituye una oportunidad para incidir en la industria y ejercer soberanía sobre los flujos de datos. La confrontación con las corporaciones debe partir de una postura política clara en relación con las nuevas dinámicas del imperialismo y los mecanismos de apropiación de la riqueza. Argentina favoreció, por ejemplo, el crecimiento de MercadoLibre, un imperio regional que se ha expandido por el continente americano. La riqueza de Galperín no proviene de los algoritmos, sino de los beneficios que le dio el Estado y del trabajo argentino. Su plataforma es un monopolio que le permite transferirse el valor que producen otros.

Milei celebra a Galperín y viceversa. Mientras tanto, ambos admiran a los nenes con superpoderes del norte. Musk, Thiel y compañía hacen política para luego extinguirla: ese es el sueño húmedo de los tecnócratas, un mundo en el que los fierros digitales pesan más que la voluntad de las mayorías. Argentina, en la imaginación libertaria y de Silicon Valley, se condena a la especialidad de la periferia: la economía extractiva y la exportación de materias primas situadas en el extremo inferior de la cadena de valor. La maquinaria, el conocimiento producido a partir de los datos y los desarrollos de software se quedan en el norte.

Para construir un proyecto emancipatorio, tal vez haya que juntar todas las contradicciones. Un hilo no tan delgado une la valoración bursátil de las corporaciones tecnológicas con cierto malestar en la cultura, que se expresa, por ejemplo, en los debates sobre los efectos de las redes en las nuevas generaciones. De fondo está el tiempo que se vive en el espacio digital. La disputa por quién pone las reglas para ese tiempo y ese espacio que estalla en conflictos cotidianos, pero que también incide en que las mayorías trabajen cada vez más para ganar cada vez menos.

No hay razón para demorar: las derechas y las élites tecnológicas deciden sobre el mundo mientras lo construyen. El Súper RIGI brinda el armazón normativo para que Thiel y Musk sean más libres que los argentinos y las argentinas de a pie.

La entrada ¡AI, Argentina! se publicó primero en Revista Anfibia.

 

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El diputado libertario Santiago Santurio manejaba un Uber hasta que asumió Javier Milei y, pese a que no tenía los fondos para pagar el anticipo de un crédito hipotecario, el Banco Nación le prestó 239 mil dólares.

Perteneciente a Las Fuerzas del Cielo, Santurio fue otro de los beneficiados con los créditos multimillonarios que el Nación, que depende de Luis «Toto» Caputo, les otorgó de manera privilegiada a los dirigentes leales a Milei.

El diputado oriundo de San Miguel se suma a la lista encabezada por los funcionarios de Economía Felipe Núñez y Federico Furiase, que obtuvieron más de 800 millones de pesos de la banca pública. La lista la integran otros personajes como el tuitero y funcionario de Presidencia, Juan Doe y los diputados Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.

La diputada Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra Santurio en el que sostiene que el préstamo disparó su deuda bancaria de unos $6,7 millones a más de $303 millones en apenas un mes, en julio de 2025.

De acuerdo a la denuncia, Santurio manejaba un Uber para complementar sus ingresos como docente hasta diciembre de 2023, cuando Milei llegó a la Rosada.

«Su perfil económico era el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar», dice la denuncia a la que accedió LPO.

Funcionarios de Toto Caputo, tuiteros y diputados libertarios, beneficiados con créditos millonarios del Banco Nación

Pagano denunció que en menos de dos años desde el inicio del mandato legislativo Santuroi pasó de ser undocente que conducía Uber e inquilino en barrios de clase media trabajadora, a ser propietario de una casa en un barrio cerrado de Villa Ballester, valuada en aproximadamente 300 mil dólares, con superficie suficiente «para albergar quincho y eventos sociales de envergadura».

La denuncia agrega que la cuota que debe pagar mensualmente Santurio por el crédito del Nación representaría cerca del 48% de sus ingresos netos de su grupo familiar, casi el doble del límite del 25% que suele aplicar el propio banco. De acuerdo a la denuncia, María Celina Aguilar Bugeau, la cónyuge de Santurio, con quien acaba de tener su quinto hijo, «no posee inscripción activa ante ARCA y no exterioriza ante la administración tributaria ingreso formal alguno».