PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios 06/2021 para la adquisición de insumos de limpieza con destino a distintas escuelas de Villa Regina y Valle Azul.
El presupuesto oficial es de $1.345.488.
Las ofertas se reciben hasta el 12 de julio a las 11 horas en Mesa de Entradas de la Municipalidad.
La apertura de los sobres será ese mismo día en el Departamento de Compras.
El complejo metalmecánico de Córdoba sigue con señales de alerta por las consecuencias del modelo económico de Javier Milei sobre la economía real.
Ahora, las fábricas de maquinaria agrícola produjeron más durante el segundo trimestre del año, impulsadas por una cosecha récord y la reaparición del crédito, pero ese mayor nivel de actividad no se tradujo en mayores ingresos. Por el contrario, las empresas venden más unidades, facturan menos y comenzaron a ajustar el empleo.
La radiografía surge del último Monitor Estadístico elaborado por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes (AFAMAC), junto con la consultora Economic Trends, y encendió luces amarillas tanto entre los industriales como en el Centro Cívico cordobés.
Los números muestran una paradoja difícil de ignorar. Mientras la producción de maquinaria agrícola aumentó 15,9% respecto del mismo trimestre de 2025, la facturación en el mercado interno cayó 11,9% a precios corrientes y las exportaciones retrocedieron 14,8%. Es decir, el incremento del volumen fabricado no alcanzó para compensar la pérdida de rentabilidad que atraviesa el sector.
Detrás de ese fenómeno aparece una combinación conocida por los industriales: costos dolarizados, atraso cambiario para exportar, precios internacionales menos favorables y una demanda que, aunque volvió a financiarse, todavía no logra sostener márgenes razonables para toda la cadena. Es el combo por caídas en la facturación del mercado interno, retrocesos en las exportaciones y niveles de utilización de capacidad instalada que permanecen por debajo de los registrados un año atrás.
El impacto resulta todavía más severo entre los fabricantes de agrocomponentes. Allí la producción se desplomó 27,1% interanual y el empleo cayó 3,2%. En el conjunto del complejo metalmecánico vinculado a la maquinaria agrícola, la plantilla laboral se redujo 1,2%, una señal que comienza a preocupar en una provincia donde la industria representa uno de los principales motores económicos.
La preocupación de Llaryora
La maquinaria agrícola constituye uno de los pilares industriales de ciudades como San Francisco, Marcos Juárez, Bell Ville o Villa María, donde la actividad tiene un fuerte peso económico y político y es el enclave de los «farmer», grupo electoral clave para el cordobesismo. Cuando al peronismo le fue mal en la capital provincial, los «farmer» lo sostuvieron en el gobierno.
En el Gobierno provincial observan que el deterioro de la rentabilidad puede terminar erosionando un entramado de pequeñas y medianas empresas que, hasta ahora, había logrado sostenerse pese al ajuste nacional, como pasó con Metalfor.
La inquietud aparece además en medio del delicado equilibrio que Llaryora intenta mantener con la Casa Rosada. El gobernador necesita preservar el canal de diálogo con Javier Milei para garantizar asistencia financiera y recursos para la provincia, mientras procura evitar que el enfriamiento de la economía golpee el empleo industrial, uno de los principales activos de su gestión.
El desempeño de la maquinaria agrícola refleja también las contradicciones que atraviesa el agro argentino. La cosecha récord y la reducción parcial de las retenciones mejoraron el nivel de actividad, pero todavía no alcanzan para recomponer completamente la rentabilidad de productores e industriales.
Durante la última Exposición Rural de Palermo, Milei volvió a prometer la eliminación definitiva de las retenciones, aunque condicionó esa decisión a una mejora de los ingresos fiscales provenientes de la minería y la energía. Para la industria metalmecánica, sin embargo, ese horizonte todavía luce lejano.
Mientras tanto, las fábricas trabajan por debajo de su potencial. Según AFAMAC, las empresas de maquinaria agrícola utilizan apenas el 68,4% de su capacidad instalada, casi ocho puntos menos que un año atrás, mientras que las firmas de agrocomponentes apenas alcanzan el 59%.
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La Argentina de la “libertad” tiene cada vez más ciudadanos obligados a depender exclusivamente del hospital público. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, mientras las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios. El deterioro del empleo formal y el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas aparecen como dos de los factores centrales detrás de una transformación que vuelve a cargar sobre el Estado las consecuencias de un modelo que prometía exactamente lo contrario.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Hay números que permiten discutir una política económica y hay números que obligan a discutir qué sociedad se está construyendo. Los datos difundidos a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Encuesta Permanente de Hogares, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG), pertenecen a la segunda categoría: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei 1.246.285 personas se incorporaron al universo de argentinos que no cuentan con obra social, prepaga ni mutual. La cifra surge de comparar los 9.428.131 ciudadanos que estaban en esa situación en el cuarto trimestre de 2023 con los 10.674.416 registrados en el primer trimestre de 2026. En paralelo, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, en un proceso asociado a la pérdida de empleo registrado y al deterioro de la cobertura laboral.
El resultado es contundente: quienes dependen exclusivamente del sistema público pasaron de representar el 32% al 35,6% de la población. No se trata, por lo tanto, de una modificación marginal de las preferencias de los usuarios ni de una simple reorganización administrativa de las obras sociales. Es una transferencia de personas hacia el sistema público de salud, en un contexto en el que el Gobierno nacional viene sosteniendo una política de ajuste y reducción del gasto estatal que también impacta sobre hospitales, programas sanitarios, medicamentos y organismos vinculados a la atención de la población.
La contradicción del modelo libertario aparece con particular crudeza cuando se observa qué ocurre con la medicina privada. El Gobierno puede presentar la desregulación como una ampliación de la libertad de elección, pero la libertad de elegir una prepaga desaparece cuando el salario no alcanza para pagarla. Y si, al mismo tiempo, se deteriora el empleo formal, también se debilita la principal vía mediante la cual millones de trabajadores acceden a una obra social.
Los datos relevados muestran precisamente esa combinación. La merma de afiliados coincide con la pérdida de puestos de trabajo formales y con el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, dos procesos que fueron modificando las condiciones materiales de acceso a la cobertura. La consecuencia concreta es que familias que durante años contaron con una cobertura privada o de seguridad social comenzaron a abandonar esos esquemas y quedaron dependiendo del hospital público.
El fenómeno también puede observarse dentro de las propias obras sociales. OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, perdió el 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la caída fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados. La única entidad mencionada en el relevamiento que logró expandirse fue OSDEPYM, vinculada al universo de trabajadores monotributistas.
La fotografía que dejan esos números es particularmente significativa porque las obras sociales no funcionan aisladas del mercado laboral: son una expresión directa de la estructura del empleo. Cuando se destruyen puestos registrados, se deterioran los ingresos o aumenta la precarización, también se resiente el sistema de seguridad social que se financia mediante los aportes de trabajadores y empleadores. Por eso reducir la discusión sanitaria a cuánto dinero se destina al Ministerio de Salud significa mirar apenas una parte del problema.
Hay otro número que desnuda todavía más profundamente el alcance del proceso. Entre los argentinos de 15 a 29 años, el 49,9% no cuenta con obra social, prepaga ni mutual y depende exclusivamente del sistema público. Son 438.790 jóvenes más en esa situación respecto del cuarto trimestre de 2023.
Es difícil separar este fenómeno de la crisis que atraviesa el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral. Los jóvenes suelen ser los primeros afectados por la informalidad, los empleos de menor estabilidad y los salarios que pierden capacidad de compra. Si a eso se suma que las coberturas privadas aumentan por encima de la capacidad de pago de muchas familias, el resultado es previsible: la cobertura sanitaria deja de ser un derecho garantizado por la inserción laboral y empieza a depender cada vez más de la capacidad económica individual.
Y allí aparece una de las grandes paradojas de la experiencia libertaria. El discurso oficial plantea que el Estado debe retirarse para que los individuos puedan elegir libremente. Pero cuando el mercado expulsa a quienes no pueden pagar, esos mismos ciudadanos no desaparecen. Siguen necesitando atención médica. Van al hospital público, concurren a las guardias, requieren medicamentos, estudios, tratamientos y profesionales. El Estado no deja de existir: recibe la demanda, pero con menos recursos y mayores dificultades para atenderla.
La consecuencia puede ser un sistema sanitario cada vez más segmentado: quienes tienen ingresos suficientes conservan o compran cobertura privada; quienes tienen una relación laboral formal intentan sostener su obra social; y una porción creciente de la población queda directamente a merced del sistema público. La supuesta libertad de elección termina convirtiéndose, para millones, en una elección que nunca existió: pagar o quedarse afuera.
El dato central de este proceso no es solamente cuántas personas perdieron una cobertura. Es quién termina absorbiendo las consecuencias. Cuando una familia abandona una prepaga porque ya no puede pagar la cuota, la necesidad sanitaria continúa. Cuando un trabajador pierde su empleo formal, también pierde la estructura de cobertura asociada a ese trabajo. Y cuando una obra social pierde afiliados, su capacidad financiera puede deteriorarse, afectando también la calidad y disponibilidad de las prestaciones.
Por eso, el crecimiento de la población sin obra social, prepaga ni mutual debería ser leído como un indicador social y económico de primer orden. Entre fines de 2023 y comienzos de 2026, más de 1,24 millones de personas se incorporaron al universo que carece de esos tres tipos de cobertura.
La discusión excede, entonces, la clásica pelea entre “Estado” y “mercado”. En la Argentina, la salud siempre estuvo organizada alrededor de una combinación de sistema público, seguridad social y sector privado. El problema aparece cuando una de esas patas comienza a recibir cada vez más demanda mientras las otras pierden afiliados y capacidad de financiamiento.
Y mientras el Gobierno celebra la reducción de determinadas partidas como si fueran simples números de una planilla presupuestaria, del otro lado de esa planilla hay personas. Son trabajadores que ya no tienen obra social, familias que dejaron de pagar una prepaga, jóvenes que nunca lograron acceder a una cobertura y pacientes que, ante una enfermedad, terminan recurriendo al hospital público.
El modelo puede llamarlo “eficiencia”. Puede presentarlo como una consecuencia inevitable de ordenar las cuentas. Pero los números muestran otra cosa: una parte creciente de la sociedad argentina está siendo empujada hacia un sistema público que, paradójicamente, el mismo modelo económico pretende adelgazar.
La verdadera pregunta política ya no es cuánto puede reducirse el Estado. Es cuánto puede soportar una sociedad cuando cada vez más personas necesitan de él y, al mismo tiempo, el Gobierno decide retirarle recursos. Porque la salud no funciona como una mercancía cualquiera: cuando alguien deja de poder pagarla, no deja de enfermarse. Y esa cuenta, tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.
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