Concurso de precios 06/2021

 

Está claro que la relación entre el Gobierno nacional y Córdoba entró en una nueva fase. Lo marcan los dichos, los hechos y, sobre todo, los silencios. Como en este caso quedó en evidencia frente a dos situaciones que el presidente libertario Javier Milei protagonizó durante el fin de semana: la tensión diplomática con Brasil y el paso por la Rural. En ambos, con insultos que marcaron el arranque de la semana.

En medio de la luna de miel entre la gestión libertaria y el gobernador Martín Llaryora, en esta ocasión no hubo ninguna referencia en público acerca de un reclamo por el que, en cualquier otro momento, el cordobesismo hubiese entrado como la relación comercial con Brasil.

Ningún funcionario de la primera línea del gobierno cordobés se manifestó al respecto; ni en entrevistas, como así tampoco en redes sociales y la principal hipótesis que sobrevuela en la atmósfera política cordobesa es que se debe al inicio de la nueva relación. El pacto.

«En cualquier otro momento hubiésemos tenidos tweets del ‘Gringo’ Schiaretti pidiendo que no se afecte la relación comercial con Brasil», dijo un peronista no alineado que, además, recuerda el paso del exgobernador por aquel país. Donde Schiaretti estuvo exiliado y luego trabajó en Fiat, relación en el sector privado que le sirvió como primer contacto con la familia Macri y el Grupo Socma.

Brasil es el principal socio comercial de Córdoba y estas tensiones diplomáticas generaron una fuerte incomodidad en el sector privado. Según datos de la Agencia ProCórdoba, un organismo mixto entre el sector público y el empresariado cordobés, entre enero y mayo de este año las exportaciones totales de Córdoba alcanzaron los USD 4.910 millones. Y de ese número global, Brasil adquirió casi el 14%, que es equivalente a 672,67 millones de dólares en solo cinco meses. Un 17,4% más de lo que había representado el mismo período en el 2025. Por esto llama la atención el hermetismo llaryorista frente al conflicto diplomático.

El sector privado en Córdoba entiende de las nuevas relaciones entre Casa Rosada y El Panal, aunque espera algún tipo de postura en caso de que la fricción entre Milei y Lula continúe.

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Optimismo que se reactivó después de que una porción del empresariado cordobés esté reconstruyendo el diálogo con el cordobesismo a partir de la reestructuración del gabinete que hizo Llaryora y donde le queda un lugar clave para ocupar: el ministerio de Industria que dejó vacante la salida de Pedro Dellarossa para ir a pelear la intendencia en Marcos Juárez.

Este martes se vieron las caras en San Francisco los gobernadores de la Región Centro. Es decir, además de Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El bloque renovó el reclamo por el tema eliminación de retenciones, donde Llaryora también había mantenido un silencio tras el paso de Milei por la Rural, pero que ahora, junto a sus pares, lo recuperó y levantó de nuevo la bandera.

«Un reclamo en el que nunca vamos a bajar los brazos es el de las malditas retenciones. Este año, solamente Córdoba va a poner dos mil millones de en materia de retenciones», dijo Llaryora en San Francisco, la ciudad de la que es oriundo el mandatario cordobés y que hoy se convirtió en sede permanente de la Región Centro.

 

 

El gobierno de Jorge Macri sumó a nueve bancos al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad, una iniciativa que nació de un proyecto presentado por el legislador opositor Leandro Santoro y terminó convertida en ley después de una negociación con el Ejecutivo porteño. 

La medida busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas y préstamos y ya no pueden sostener las cuotas. 

Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al programa. La incorporación de las entidades amplía considerablemente el alcance de una herramienta que hasta ahora dependía de conseguir que los bancos aceptaran las condiciones fijadas por la Ciudad. 

El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo será de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realizará directamente ante el banco o entidad financiera adherida. 

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El programa surgió de la Ley 6.959, sancionada por la Legislatura porteña el 18 de junio. El proyecto original fue presentado por Santoro junto con los legisladores Alejandro Grillo y Claudia Neira. 

Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día. 

La norma tiene como objetivo facilitar la refinanciación de las deudas de consumo, evitar la exclusión del sistema crediticio y reducir la carga financiera sobre los hogares porteños. 

La ley alcanza a las deudas registradas hasta el 1° de junio pasado. Para ingresar, el deudor deberá encontrarse en situación 2 o 3 del Banco Central, es decir, acumular entre 60 y 180 días de atraso. 

Además, los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores a diez salarios mínimos y el pago mensual de las deudas deberá representar más del 30% de los ingresos del hogar. 

También se exige acreditar domicilio real en la Ciudad durante al menos los últimos dos años. No podrán ingresar quienes tengan más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años de antigüedad -salvo que acrediten su utilización para trabajar-, embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro. 

Tampoco quienes posean activos financieros superiores a la deuda que pretenden refinanciar o hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos impagos. 

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Para conseguir que los bancos entren al programa, la Ciudad puso además una ficha propia sobre la mesa. Las entidades adheridas tendrán una reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre los intereses que perciban por estas refinanciaciones. 

Es el incentivo fiscal que permitió convertir el acuerdo político en una herramienta con participación del sistema financiero. 

«Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día», afirmó Jorge Macri. 

La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Milei. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un tema entre privados y descartó una asistencia directa del Estado. 

El jefe de Gobierno destacó además que la iniciativa fue trabajada «en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable». 

La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Javier Milei en dos terrenos sensibles. El primero es la intervención estatal frente al salto de la morosidad. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un «tema entre privados» y descartó una asistencia directa del Estado. «Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí», dijo el ministro. 

Pero hay una segunda diferencia, esta vez estrictamente política. Macri tomó un proyecto impulsado por Santoro, principal referente opositor en la Ciudad, lo negoció con la Legislatura y lo convirtió en una política del Ejecutivo. 

La operación tiene, por supuesto, una lectura política. Santoro consiguió instalar desde la oposición una iniciativa que terminó convertida en política pública y Jorge Macri se quedó con la ejecución y la incorporación de los bancos. En el medio quedaron las familias endeudadas, que son finalmente las que explican el acuerdo. La mora hizo algo que la política nacional viene encontrando bastante más difícil: sentar al oficialismo y a la oposición alrededor de la misma mesa.

 

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