PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios 06/2021 para la adquisición de insumos de limpieza con destino a distintas escuelas de Villa Regina y Valle Azul.
El presupuesto oficial es de $1.345.488.
Las ofertas se reciben hasta el 12 de julio a las 11 horas en Mesa de Entradas de la Municipalidad.
La apertura de los sobres será ese mismo día en el Departamento de Compras.
En el día de la fecha, el equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito Municipal de Villa Regina, se hizo presente en la Colonia de Adultos mayores, la cual se desarrolla en las instalaciones del Club Círculo Italiano. Hoy nos acompañó el Intendente, Marcelo Orazi, el Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, y el…
La consultora Taquion realizó un sondeo en el país sobre 2.270 casos para analizar el índice de confiabilidad de los argentinos sobre nosotros mismos, nuestros representantes y personalidades argentinas reconocidas a nivel nacional y mundial; empresarios, comerciantes y fuerzas de seguridad. La encuesta fue realizada entre el 6 y el 11 de junio, previo al…
El Consejo de Administración de la Fundación Miradas…por una pedagogía en y para la diversidad (pers. Jurídica Nro. 3286) y el organizador comunican que debido a la situación (hecho fortuito y extraordinario) de pandemia mundial por Covid 19 y actuando en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional por el decreto (DNI)…
La paralización de la modernización del Tanque Argentino Mediano y la compra de vehículos Stryker usados a Estados Unidos no es un hecho aislado: es una definición política que resigna industria nacional, transferencia tecnológica y autonomía estratégica en nombre del alineamiento automático con Washington.
Por la Redacción de NLI
La política de Defensa del gobierno de Milei volvió a encender alarmas. Mientras se congela el desarrollo y la actualización del histórico Tanque Argentino Mediano (TAM), se avanza en la adquisición de blindados Stryker usados provenientes del Ejército de Estados Unidos. La ecuación es simple y preocupante: menos industria nacional, menos trabajo argentino y más dependencia externa.
El TAM no es un simple vehículo militar, señala el periodista Walter Onorato. Es uno de los desarrollos más emblemáticos de la industria de defensa argentina, fruto de un esquema mixto que combinó ingeniería local con aportes tecnológicos extranjeros, permitiendo durante décadas sostener capacidades propias de producción, mantenimiento y modernización. La actualización del sistema no sólo implicaba mejorar la flota, sino preservar conocimiento acumulado y una cadena industrial estratégica.
Sin embargo, bajo la actual gestión, ese proceso quedó virtualmente paralizado. Las restricciones presupuestarias y administrativas impactaron de lleno en la operatividad: incluso la compra de insumos básicos para mantenimiento se vio afectada, dejando unidades fuera de servicio. No fue la obsolescencia lo que frenó al TAM, sino decisiones políticas concretas.
En paralelo, el entonces ministro de Defensa Luis Petri firmó una carta de intención para adquirir vehículos Stryker a Estados Unidos. El anuncio, realizado en el Pentágono, dejó en evidencia que la operación excede lo técnico y se inscribe en un alineamiento geopolítico explícito.
Los Stryker son vehículos diseñados para transporte de tropas y operaciones de movilidad táctica. No reemplazan al TAM, no cumplen la misma función y, además, llegan usados, con menor vida útil y mayores costos de mantenimiento. Según trascendió, la operación implicó alrededor de 100 millones de dólares por 27 unidades, una cifra significativa si se considera que se trata de material ya utilizado en conflictos como Irak y Afganistán.
El contraste con otras alternativas regionales resulta elocuente. El blindado Guaraní, desarrollado en Brasil, ofrecía unidades nuevas, posibilidad de transferencia tecnológica y participación de componentes argentinos en su fabricación. Además de resultar más conveniente desde el punto de vista industrial, fortalecía la integración regional. Aun así, fue descartado.
Como señala Walter Onorato en EnOrsai, la decisión de abandonar la modernización del TAM y optar por Stryker usados implica resignar una cadena industrial propia y profundizar la dependencia externa, incluso pagando más por menos. No se trata solamente de una compra militar: es un modelo de país.
La llegada de las primeras unidades fue presentada como un avance en la modernización del Ejército. Sin embargo, los límites son claros: no son anfibios —una característica clave en un país atravesado por ríos—, no generan producción local y no transfieren tecnología. La supuesta modernización no impacta en la industria argentina ni fortalece capacidades estratégicas propias.
La paradoja es evidente. Mientras se justifica el ajuste con el argumento de la austeridad, se desmantela un proyecto nacional y se desembolsan millones de dólares en equipamiento usado importado. El recorte cae sobre la producción argentina; la billetera se abre para compras externas alineadas con la agenda de Washington.
Este episodio se inscribe en un marco más amplio que incluye la compra de aviones F-16 y el acercamiento a la OTAN. La defensa deja de pensarse como política de Estado con perspectiva soberana y pasa a funcionar como señal ideológica de alineamiento automático.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué autonomía estratégica puede sostener un país que abandona sus propios desarrollos para depender de material usado importado?
Lo que está en juego no es solamente un sistema de armas. Es el modelo de desarrollo. Y en ese terreno, el gobierno de Milei vuelve a elegir dependencia antes que soberanía.
Llegamos al refugio canino APAN (asociación protectora de animales), cuando las colaboradoras ya habían terminada con la jornada de trabajo. Estaban en el refugio desde las 6:30 am, principalmente en verano se intenta ir bien temprano ya que durante la tarde el calor es sofocante, la atención para los refugiados es de lunes a lunes,…
Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.
La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.
La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.
El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:
Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.
Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.
Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.
El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.
La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.
La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.
Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.
