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Concurso de precios 06/2021

La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios 06/2021 para la adquisición de insumos de limpieza con destino a distintas escuelas de Villa Regina y Valle Azul.

El presupuesto oficial es de $1.345.488.

Las ofertas se reciben hasta el 12 de julio a las 11 horas en Mesa de Entradas de la Municipalidad.

La apertura de los sobres será ese mismo día en el Departamento de Compras.

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    El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.

    La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.

    El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».

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    La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.

    El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.

    Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.

    En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.

    La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».

    El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

    El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.

    La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.

    Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado. 

    Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final. 

     

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    Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que los libertarios «están complicados» para juntar los votos que precisan en el recinto, algo que enciende las alarmas del ministro Juan Bautista Mahiques y una parte del Poder Judicial, donde se agolpan jueces y fiscales concursados para las más de 200 vacantes del sistema.

    En rigor, los detalles sobre la cascada, el mármol travertino y el rumor de los sobresueldos detonaron la furia de los gobernadores, que ya venían masticando bronca por la falta de recursos en sus distritos y la intención de Javier Milei de eliminar las PASO. «Si no le mandan el telegrama de despido rápido, no habrá sesión por buen tiempo», dijo a LPO un legislador radical.

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    Otro integrante de la bancada de la UCR sostuvo que «el efecto Adorni está complicando mucho más que los pliegos». «Todo impacta en la gestión y la gestión necesita dar buenas noticias, por eso la falta de gestión del gobierno es tan negativa e impactante como la mala gestión», comentó.

    El peronismo seguía deliberando al cierre de esta nota sobre la chance de judicializar la pelea por los lugares que le quitó Bullrich en las comisiones en general y la de Acuerdos en particular, donde se dictaminan precisamente los pliegos de los jueces. Pero el peso del interbloque de José Mayans, que cuenta con 25 miembros, se juega más que nada en el recinto: con solo 12 voluntades más, la oposición puede voltear los pliegos de los candidatos que mandaron Milei y Mahiques.

    Juan Bautista Mahiques.

    Ese cálculo inquieta a Bullrich. Los radicales son 10 pero, además, presta atención a los movimientos de aliados como Flavia Royón, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. Los cuatro se mueven en tándem con los designios de los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

    Pero a ese lote se puede sumar el nombre del correntino Carlos «Camau» Espínola, que colaboró desde el principio con las leyes importantes para la Casa Rosada pero figura ahora entre los que pondrían reparos. «Los dialoguistas miran mucho al oficialismo y, si comienza el desbande, no serán ellos los que entren a la tumba», deslizó una fuente al tanto de las conversaciones en el Congreso.

    Si no le mandan el telegrama de despido rápido a Adorni, no habrá sesión por buen tiempo.

    También es una incógnita la conducta que podrían adoptar los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, lo mismo que los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.

    Como sea, el plan del ministro de Justicia es avanzar con el envío de 30 pliegos más en estos días, mientras continúa el cronograma de audiencias públicas para los candidatos cuyos expedientes ya ingresaron a la comisión de Acuerdos. En total, Milei habrá remitido cuando culmine esta nueva tanda un centenar de pliegos pero Bullrich deberá sortear la dificultad de conseguir el respaldo de los senadores que responden a gobernadores cercanos a la Rosada, durante el casting de Karina para encontrarle un relevo a Adorni.

     

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