Con un clima ideal y con el cumplimiento de los protocolos por COVID-19, la tercera etapa de la Regata del Río Negro arribó ayer al balneario de la Isla 58 en Villa Regina. Damián Pinta y Facundo Lucero se quedaron con el primer lugar en el parcial que unió Huergo y nuestra ciudad y, de esta manera, lideran la general.
El Intendente Marcelo Orazi, acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el Director de Deportes Damián Álvarez, observó el arribo de los palistas y transmitió sus felicitaciones a los representantes reginenses Octavio Soto y Elizabeth Lucero.
“Como siempre cuando llega la Regata a Regina es una fiesta. Nosotros siempre apoyamos este tipo de eventos y obviamente estamos presentes en esta competencia que es la Regata más larga del mundo. Estoy orgulloso de tenerlos en Regina nuevamente, es impresionante el ritmo que traen porque al ser una etapa cortita, fue impresionante verlos llegar”, manifestó Orazi.
Agregó: “Contento de acompañar a los chicos de Regina que hicieron un muy buen papel”.
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Pablo Quirno esperó que la Scaloneta gane de manera histórica contra Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo para sacar un comunicado de repudio por el ingreso de un buque inglés en aguas argentinas.
La Selección sacó una bandera de reivindicación de la soberanía de las islas al finalizar el partido y expuso al Gobierno que se había alineado con la FIFAY el FBI y mandó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a repudiar la presencia de banderas reivindicativas de las Malvinas en el partido.
Además, como adelantó LPO, la Armada informó al ministro de Defensa de la presencia inglesa en aguas argentinas pero Carlos Presti decidió no decir nada al respecto.
En ese marco, el resultado del partido terminó obligando a la Cancillería a informar que se presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido por los movimientos del patrullero HMS Medway hacia la costa continental argentina.
Según el Gobierno argentino, esos desplazamientos se realizaron desde las Islas Malvinas, cuya presencia británica considera ilegal, no fueron debidamente notificados, como establecen los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes e involucraron el tránsito del buque por el Mar Territorial argentino.
El comunicado sostiene que esta acción constituye una violación de los compromisos bilaterales asumidos por ambos países como la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, sobre medidas de confianza, la Declaración de Madrid del 15 de febrero de 1990 y la actualización de esas medidas acordada en la Declaración Conjunta de Buenos Aires-Londres del 12 de julio de 1993, especialmente el apartado referido a las «Medidas de fortalecimiento de la confianza».
En otro tramo, el comunicado rechaza «con firmeza» esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, considera que forma parte de una política sostenida de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas y señala que esas acciones violan el deber de ambas partes de abstenerse de modificar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución.
El comunicado rechaza «con firmeza» esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, considera que forma parte de una política sostenida de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas y señala que esas acciones violan el deber de ambas partes de abstenerse de modificar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución
La Cancillería sostiene además que los movimientos del HMS Medway contravienen los acuerdos bilaterales sobre medidas de confianza militar, se suman a una serie de acciones unilaterales del Reino Unido que son incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhorta a ambas partes a no introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras continúe la controversia sobre la soberanía.
El comunicado concluye que estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos para avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la disputa.
«La República Argentina reafirma sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía» sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y cierra con la frase: «Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas», concluye.
El espacio Mu.Ge.Re.S (Mujeres generando redes solidarias), es una Asociación Civil que tiene como misión promover la empatía y el acercamiento entre las mujeres, construyendo lazos solidarios como un modo de enfrentar las desigualdades que vivimos las mujeres a diario. Este año ofrecen una variada oferta de talleres, abiertos a la comunidad, con precios accesibles,…
La Ciudad avanza con el traspaso de la justicia laboral y esperan que en febrero de 2027 ya estén en funcionamiento 10 juzgados y dos salas de cámara. Las causas colectivas seguirán en el fuero nacional. Los jueces y fiscales compartirán equipos para las tareas administrativas. Aún no está cerrado el monto que transferirá Nación.
La magistratura porteña envió a la Legislatura el listado de los primeros diez jueces y los primeros seis camaristas que tendrá el fuero laboral porteño, además de fiscales, fiscales de cámara y asesores tutelares. Allí irán a parar los nuevos casos expedientes vinculados al mundo del trabajo. Los viejos continuarán tramitándose con sus jueces naturales en el fuero nacional.
A diferencia de lo que ocurre en Nación, el Consejo no elabora ternas, sino listados que corresponden al orden de mérito. En los que elevó el jueves no hay casi diferencia con el puntaje del examen escrito y los antecedentes.
Entre los postulantes para jueces y camaristas del fuero laboral que debe votar la Legislatura hay abogados de empresas, de sindicatos, jueces y ex funcionarios como Horacio Pitrau. Durante 27 días fue subsecretario de Trabajo de Milei y viceministro de Jorge Triaca. Aparece en el listado de los camaristas.
Sebastián Luis Caset y Agustina Bergonzelli son candidatos a jueces de primera instancia y vienen del mundo del derecho empresario. Silvia Inés Gutiérrez Garay, postulada para camarista, fue abogada del Suterh. Patricia Paola Ceriani, también candidata a camarista, es Coordinadora Técnico Legal y Jurídica de la Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad.
En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas.
Diego Javier Tula es juez laboral en la Provincia mientras que Martín Furchi pertenece al fuero contencioso administrativo de la Ciudad. Ambos están en la lista de camaristas.
El traspaso era resistido por los jueces nacionales y un amparo frenó por varios meses el concurso organizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Por eso la decisión fue que los juzgados nacionales continúen funcionando hasta que no tengan más tareas.
Las causas colectivas, aquellas que involucran a sindicatos, seguirán tramitándose en los juzgados nacionales.
En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. En Nación buscan bajar ese número. «Todavía estamos discutiendo cuestiones del traspaso de la policía, esto viene para largo», bromeó un funcionario porteño.
El fuero podrá comenzar a funcionar 180 después de que la Legislatura y el Congreso aprueben el traspaso.
Para los nuevos juzgados, la Ciudad aplicará el modelo de gestión asociado. Implica la conformación de equipos administrativos especializados que trabajarán para varios juzgados en simultáneo. La intención es tener un servicio de justicia más rápido y eficiente.
«Vas a tener algunos que solo hagan notificaciones, otros que manejen las audiencias. Va a ser gente especializada que trabaja en una sola tarea», le dijo a LPO un funcionario judicial. El modelo ya se aplica en el fuero de relaciones de consumo y en ejecución penal.
Fue una innovación basada en los casos de Neuquén y Tucumán y también de España y Chile que tuvo su debut en las fiscalías de la Ciudad.
«Se bajan los costos, también se reduce el poder de los jueces. Y al final el servicio de Justicia es más rápido y efectivo», explicaron desde el gobierno porteño.
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