Con un clima ideal y con el cumplimiento de los protocolos por COVID-19, la tercera etapa de la Regata del Río Negro arribó ayer al balneario de la Isla 58 en Villa Regina. Damián Pinta y Facundo Lucero se quedaron con el primer lugar en el parcial que unió Huergo y nuestra ciudad y, de esta manera, lideran la general.
El Intendente Marcelo Orazi, acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el Director de Deportes Damián Álvarez, observó el arribo de los palistas y transmitió sus felicitaciones a los representantes reginenses Octavio Soto y Elizabeth Lucero.
“Como siempre cuando llega la Regata a Regina es una fiesta. Nosotros siempre apoyamos este tipo de eventos y obviamente estamos presentes en esta competencia que es la Regata más larga del mundo. Estoy orgulloso de tenerlos en Regina nuevamente, es impresionante el ritmo que traen porque al ser una etapa cortita, fue impresionante verlos llegar”, manifestó Orazi.
Agregó: “Contento de acompañar a los chicos de Regina que hicieron un muy buen papel”.
El satélite de observación SAOCOM 1B, construido por la empresa estatal rionegrina INVAP, ya está plegado y listo para su embarque en el avión Antonov AN 124, uno de los más grandes del planeta, que ya se encuentra en el aeropuerto de Bariloche. El traslado se iniciará con la salida del satélite desde las instalaciones…
Los estatales bonaerenses le subieron el tono al reclamo por reapertura «urgente» de paritarias al gobierno de Axel Kicillof y, en una carta enviada al Ministerio de Trabajo de la provincia, advirtieron que «hay mucho malestar» en los trabajadores del sector por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
En ATE señalaron que el compromiso del Ejecutivo provincial era que esta semana iban a convocar a la negociación salarial, pero este viernes cerró la liquidación mensual sin resolver nuevos incrementos.
«Perdimos este año 2,9% con el último cierre y 2,1% con la última inflación de mayo. En lo que va de Milei, perdimos entre un 25 y un 27%, sin contar los nuevos datos inflacionarios», dijo a LPO el secretario General de ATE bonaerense, Claudio Arévalo.
El primer acuerdo paritario del año implicó un aumento del 9,3% en tres tramos, el último de ellos otorgado en mayo. Frente a ese panorama, Arévalo adelantó que en la próxima negociación, ATE reclamará «un aumento de dos dígitos».
«Hay mucho malestar en las y los estatales que están esperando una respuesta para poder recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. La situación de emergencia se agudiza debido al fuerte aumento de tarifas y servicios básicos. Por eso estamos pidiendo que nos convoquen de manera urgente», señala la carta girada a Provincia.
Actualmente existen auxiliares que cobran 650 mil pesos y trabajadores con becas de capacitación que perciben 550 mil.
En ATE enmarcan el panorama crítico «entendiendo el contexto nacional» en el que la Provincia viene «siendo asfixiada por la Nación con la quita de coparticipación».
Más allá de eso, aumentaron la presión a la Provincia para que convoque a paritarias ya que -señalaron- «la situación del trabajador estatal en la provincia en general es crítica, no llegan al 10 de cada mes».
Así, detallaron que actualmente existen auxiliares que cobran 650 mil pesos y trabajadores con becas de capacitación que perciben 550 mil.
Además del aspecto salarial, en ATE también reclaman la efectivización de pases a planta permanente pendientes.
«Perdimos este año 2,9% con el último cierre y 2,1% con la última inflación de mayo. En lo que va de Milei, perdimos entre un 25 y un 27%, sin contar los nuevos datos inflacionarios», dijo a LPO el secretario General de ATE bonaerense, Claudio Arévalo.
Ahí, advierten que quedan 300 monotributistas en IOMA, 111 en la cartera educativa bonaerense y alrededor de 8.000 trabajadores que perciben becas y que cumplen funciones en el Patronato de Liberados , Niñez, IOMA, Justicia, IPS, entre otras áreas.
Por otro lado, exigen la derogación de la resolución 293 del gobierno de María Eugenia Vidal, que en ATE denuncian que «precariza a los auxiliares de Educación» y que, a pesar de que se había acordado derogarla con la actual gestión, al momento no se hizo.
También, tienen previsto discutir un convenio colectivo de trabajo «que dignifique la tarea de los estatales de la provincia», además de una mesas técnicas para discutir bonificaciones en áreas como Niñez, Patronato, Mujeres, Justicia y Cultura, entre otras.
El empresario libertario Augusto Marini echó a unos 20 trabajadores de Blender por reclamos salariales y cortó la transmisión del canal de streaming.
El conflicto explotó al aire este jueves por la noche en el programa Último Aviso cuando la conductora Fiorella Sargenti informó que habían echado a muchos compañeros por hacer un reclamo salarial y decidió no continuar con el programa, pero de todos modos igual la sacaron del aire.
«No podemos seguir haciendo el programa así, hay guardias esperándonos afuera. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos porque si tocan a uno nos tocan a todos, así es como funciona la solidaridad», dijo Sargenti antes de que corten la transmisión.
Fuentes del canal explicaron que Marini ejecutó los despidos tras recibir un correo electrónico de un grupo de empleados que reclamaban una actualización de sus salarios y negociar algunas condiciones que la empresa ya habría prometido, como el pago de los feriados y las revisiones trimestrales de los sueldos.
El correo electrónico estaba firmado por empleados de todas las áreas del canal y Marini habría echado a unos veinte en la primera decisión. Pero tras lo que sucedió al aire, se descuenta que habrá más despidos y algunos ponen en duda que la programación continúe este viernes.
No podemos seguir haciendo el programa así, hay guardias esperándonos afuera
Marini, que también es dueño del ultralibertario Carajo, compró la totalidad de Blender en 2025 y tomó el control del canal, que a partir comenzó un lento declive hasta la crisis que estalló el jueves. En la interna apuntan al fundador de Cale Group, pero también a Iván Liska, uno de los fundadores de Blender que continuó trabajando con Marini tras el cambio del paquete accionario.
El empresario sacó un comunicado en el que sostiene que «honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones». «En las últimas horas, un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes», denunció.
Marini es un empresario misionero desconocido hasta la llegada de Milei al gobierno, cuando empezó a crecer y meterse en negocios con el Estado, como la provisión de material ferroviario a Trenes Argentinos por el que acaba de quedarse con un contrato millonario.
Su inversión en el streaming fue una forma de acercarse al poder político, primero vía Santiago Caputo y luego los Menem. Pero también le sirvió para acercarse a otros espacios políticos, tanto que acaba de quedarse con la concesión del Canal de la Ciudad.
Acaso esa sea la explicación de la agresiva incursión de Marini en el mundo del streaming, un modelo que pese a su masividad todavía no logra generar una monetización suficiente para cubrir los costos y actualmente tiene a todos los canales con problemas económicos.
Cuenta regresiva para ‘Tinta Urbana’, un evento único que reunirá muestra de tatuadores, tatuajes en vivo, festival con espectáculos urbanos (baile, batallas de rap, hip hop, básquet 3×3, skate), además de gastronomía y bebida local. La cita es viernes 8 y sábado 9 a partir de las 18 horas en el polideportivo Cumelen. El costo…
Lo indescifrable abruma, inquieta, y nos torna sintomáticos. Explorar los trípticos de Bacon en invierno nos conduce hacia las tinieblas subjetivas de la ignominia y el desasosiego. Intentaremos sobrevivir a sus pinturas con: la regla del tres. Hacia allí vamos… Primera regla: tres minutos para respirar y no dejar que este cuadro nos asfixie. Retuvimos…
Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.
La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.
La mira puesta sobre los sindicatos
Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.
La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.
Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.
La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.
Convenios colectivos bajo presión
Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.
El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.
Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.
La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.
Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores
La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.
La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.
Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.
La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.
Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.
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