Con un clima ideal y con el cumplimiento de los protocolos por COVID-19, la tercera etapa de la Regata del Río Negro arribó ayer al balneario de la Isla 58 en Villa Regina. Damián Pinta y Facundo Lucero se quedaron con el primer lugar en el parcial que unió Huergo y nuestra ciudad y, de esta manera, lideran la general.
El Intendente Marcelo Orazi, acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el Director de Deportes Damián Álvarez, observó el arribo de los palistas y transmitió sus felicitaciones a los representantes reginenses Octavio Soto y Elizabeth Lucero.
“Como siempre cuando llega la Regata a Regina es una fiesta. Nosotros siempre apoyamos este tipo de eventos y obviamente estamos presentes en esta competencia que es la Regata más larga del mundo. Estoy orgulloso de tenerlos en Regina nuevamente, es impresionante el ritmo que traen porque al ser una etapa cortita, fue impresionante verlos llegar”, manifestó Orazi.
Agregó: “Contento de acompañar a los chicos de Regina que hicieron un muy buen papel”.
El Gobierno logró construir algunos puntos de apoyo para desplegar su modelo económico. El resultado fiscal es el más sólido. La política monetaria y el frente cambiario aportaron otros, bastante más movedizos. Pero al programa le falta el protagonista capaz de hacer de la estabilización una cuestión sostenible: las inversiones. Y los números muestran que, lejos de llegar, están retrocediendo.
«Toda política fiscal, monetaria o cambiaria es discutible. No sólo por sus resultados. También porque inevitablemente distribuye costos y beneficios, define ganadores y perdedores y modifica la relación entre sectores. Pero cualquier modelo que pretenda crecer de manera sostenida necesita inversión. Sin capital que amplíe la capacidad productiva, incorpore maquinaria, construya infraestructura y genere empleo, la estabilidad tiene patas cortas», comentó a LPO un ex ministro de economía.
Ahí aparece uno de los datos más incómodos del programa de Javier Milei. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) cayó 11,6% interanual. La inversión no está acompañando la estabilización: se está achicando.
La gran apuesta del Gobierno para llenar ese vacío es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pero la información que obtuvo LPO mediante un pedido de acceso a la información pública permite mirar debajo del número de anuncios.
Al cierre del primer trimestre había 12 proyectos aprobados, por una inversión total declarada de 26.436 millones de dólares. De ese monto, 24.691 millones fueron considerados «activos computables» para acceder a los beneficios del régimen.
Ese concepto es clave. Los activos computables no son un registro de dólares que ya ingresaron al país ni de inversiones efectivamente realizadas desde la aprobación del RIGI. Son los gastos que la normativa admite para determinar si un proyecto alcanza el piso de inversión necesario para entrar al régimen.
Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes. La inversión cae, el empresario está viendo que esto no levanta.
Economía aclaró incluso que pueden computarse inversiones realizadas desde la entrada en vigencia del RIGI aunque sean anteriores a la adhesión formal del vehículo empresario. Es decir, una parte del número puede corresponder a inversiones que ya estaban en marcha.
Los anexos muestran además qué hay adentro de esos montos. No todo consiste en nuevas plantas construidas con producción y trabajo local. Los planes incluyen compra de equipamiento, maquinaria, materiales, ingeniería, logística, instalaciones eléctricas, software, servicios y construcción. En varios de los grandes proyectos, una porción relevante corresponde a bienes de capital y equipos que pueden ser importados.
El detalle entregado por Economía, sin embargo, no discrimina qué porcentaje será de origen nacional y cuál importado, por lo que tampoco permite traducir automáticamente los millones anunciados en impacto sobre proveedores o empleo local.
El caso del parque solar El Quemado sirve para entenderlo. Sus 211,6 millones de dólares de costos de construcción incluyen 42,7 millones en paneles, 22,3 millones en trackers, 9,4 millones en inversores, 8,3 millones en la estación de potencia, 7,9 millones en transformadores y otros equipos.
El RIGI contabiliza esas erogaciones como inversión del proyecto, pero la documentación oficial no informa dónde se fabricarán esos bienes ni cuánto valor agregado quedará en Argentina.
Hay casos todavía más contundentes. El proyecto Rincón de litio presenta 2.299 millones de dólares en activos computables dentro de una inversión total de 2.744 millones. Allí aparecen 320 millones en paquetes tecnológicos, 254 millones en equipamiento mecánico, 106 millones en materiales e instalaciones eléctricas y sólo 85 millones en mano de obra directa. El desglose permite ver por qué el monto de inversión no puede leerse linealmente como generación de empleo: son variables distintas.
También hay inversiones que no nacieron con el RIGI. VMOS declara un plan total de 2.900 millones de dólares, pero el anexo identifica 42 millones como inversiones previas a la vigencia de la ley. El Gobierno, además, aprobó como ampliaciones proyectos que ya existían, como Veladero y Fénix.
La concentración sectorial termina de achicar la foto. De los 26.436 millones de dólares aprobados, 15.156 millones corresponden solamente al proyecto de licuefacción de Southern Energy y otros 2.900 millones a VMOS. Después aparecen los grandes proyectos mineros que buscan financiamiento. Fuera de hidrocarburos, minería y generación eléctrica, la lista se reduce prácticamente a la acería de Sidersa y la Terminal Multipropósito Timbúes.
El RIGI consiguió volumen anunciado, pero todavía no muestra una ola de inversión. Y existe un problema adicional para medir cuánto de todo eso ya ocurrió. Economía reconoció ante el pedido de LPO que el seguimiento está distribuido entre distintas áreas técnicas y que, por el «volumen, dispersión y heterogeneidad» de los datos, no tiene sistematizada una información integral sobre los mecanismos de control.
Los mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.
Tampoco realizó revisiones posteriores del ratio exigido a los proyectos frente a eventuales cambios de precios, costos, cronogramas o generación de caja. En otras palabras, el Gobierno puede informar con precisión cuánto prometieron invertir las empresas para entrar al RIGI, pero la respuesta oficial no ofrece una cifra consolidada de cuánto de esa inversión ya se ejecutó.
«Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes», dijo el economista Fausto Spotorno en el stream Ahora Play. «La inversión cae, cae, cae», agregó. Para Spotorno, el fenómeno tampoco puede explicarse simplemente por desconfianza política. «El empresario está viendo que esto no levanta», sostuvo.
Spotorno también puso el foco en la distancia entre los anuncios del RIGI y el volumen de capital efectivamente desplegado. «No es que no hay, hay. Pero que eso esté puesto en la cancha y genere volumen grande todavía no lo vemos», explicó. Y marcó una excepción: «El sector energético es lejos el que está invirtiendo más. Está invirtiendo fangotes».
Según los cálculos que maneja el economista, el sector energético recibe un flujo anualizado del orden de los 12.000 millones de dólares. Parece una montaña hasta compararla con las necesidades de capital del conjunto de la economía.
Spotorno estima que Argentina necesita inversiones cercanas a los 120.000 millones de dólares por año. Incluso el sector que más capital atrae representa así alrededor de una décima parte de ese volumen.
En el mercado hacen una lectura parecida, con un agregado importante: Vaca Muerta juega un campeonato bastante separado del resto de la economía. «Vaca Muerta mueve las mismas inversiones con cualquier gobierno porque está despegada del ciclo económico. Son 12 mil millones por año. Así y todo la cuenca necesita cerca de 20 mil millones para desarrollar su potencial», explicó a LPO una fuente que sigue de cerca las inversiones del sector.
La cautela aparece también entre los propios empresarios. La última Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA, realizada entre 218 directivos, mostró que la proporción de empresas que trabaja cerca de su capacidad máxima aumentó del 36% al 46%. Sin embargo, la inversión anual como porcentaje de la facturación cayó del 14% al 10%.
El contraste es mayor porque esos mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.
Alejandro «Topo» Rodríguez, ex diputado nacional y economista, introduce otra diferencia clave para leer los números. «Hay que distinguir entre las inversiones que ‘se anuncian’ y las que efectivamente se realizan. Con Milei, se inició un proceso de desinversión que se explica por la contracción de la demanda y la caída de la rentabilidad esperada», dijo a LPO.
El planteo toca uno de los problemas centrales del programa: la inversión no depende solamente de bajar impuestos o conceder beneficios. Una empresa invierte cuando espera vender lo suficiente como para recuperar el capital y obtener rentabilidad. Ese es el agujero que queda detrás de los avances que el Gobierno exhibe en la macro.
En medio de un temblor institucional por las investigaciones patrimoniales al camarista Abel Sánchez Torres y a su pareja, la también camarista Graciela Montesi, el Senado confirmó que el 18 de agosto serán las audiencias previas a la designación de dos nuevos vocales federales que desembarcan. La fecha de la audiencia fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Así, serán designados en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el abogado radical Facundo Cortés Olmedo y la funcionaria judicial Soledad Mancini, quienes ocuparán las vacantes clave que dejaron el fallecido Luis Rueda y el renunciado Ignacio Vélez Funes. Por distintas cuestiones, ambos tienen el aval de los primos Martín y «Lule» Menem.
El trasfondo es un toma y daca en el que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, actúa como el gran armador de la cartografía judicial del oficialismo. En ese contexto, cobran incidencia los Menem.
El futuro vocal será Facundo Cortés Olmedo, ex funcionario municipal de Ramón Mestre, ex presidente del Congreso Provincial de la UCR y un destacado abogado particular, es primo hermano del diputado nacional libertario Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni, con línea directa con los primos Menem y, por ende, con Karina Milei.
La otra vocal será Soledad Mancini, actual secretaria del Juzgado Federal N° 2, quien para quedarse con la terna contó con el aval de José Fabián Asís, vocal del Tribunal Oral Federal N° 2 y riojano como los Menem. Sin embargo, pesa más en Asís su interna con Sánchez Torres y Montesi, por lo que la nueva configuración de la Cámara Federal de Apelaciones ya es una victoria simbólica para él.
De hecho, meses atrás, el propio Asís había dejado asentada la queja por la «mayoría automática» que ejercían Sánchez Torres y Montesi para votar fallos a favor de empresas por delitos tributarios, calificando la situación de insostenible.
En una resolución, Asís señaló: Asís: «(La pareja) no sólo dificulta la toma de decisiones inherentes a cuestiones de Superintendencia de la Cámara, que consideramos no son de menor importancia. (…). A ello se agrega una cuestión de mayor valía, como lo son los planteos jurisdiccionales que podrían realizarse en relación con la imparcialidad (…), ya que «su participación jugará en el caso como mayoría automática».
En ese sentido, hay que destacar que a llegada de los nuevos camaristas ocurre en el momento de mayor fragilidad institucional de la Cámara Federal cordobesa. La cúpula del tribunal cruje bajo el peso de una investigación criminal que salpica a su presidente, Abel Sánchez Torres, y a su pareja, la camarista Graciela Montesi.
Los fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian los investigan bajo la sospecha de que habrían articulado maniobras para reorganizar las salas de la Cámara y votar «a dúo» en causas de altísimo impacto económico.
En ese orden, la lupa del Ministerio Público no sólo está puesta sobre la presunta manipulación de expedientes, sino también sobre el patrimonio y los bienes de la pareja.
En los pasillos de los Tribunales Federales el escándalo sumó un capítulo explosivo en las últimas horas: un viaje de la pareja a Punta del Este quedó bajo la mira de los investigadores, lo que profundizó la crisis por presunto enriquecimiento y falta de imparcialidad.
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