Como respuesta a la pregunta del título, podríamos decir que algunas personas tienen un fuerte sentido punitivista, otras tal vez más garantistas, algunas imparciales, etc. La “mano dura” como respuesta común, puede que no sea la más acorde al estado de Derecho en el que vivimos.
Solemos escuchar o leer opiniones acerca de las penas que realmente deberían tener las personas que cometen delitos. Suele decirse que merecen “pena de muerte”, “prisión perpetua” (en el sentido que pasen toda su vida en prisión sin posibilidad de salir), “castración” (en el caso de abusos sexuales), etc. Hasta se suele decir, que en el caso de delitos graves o delitos que conmocionan a la sociedad en general, el imputado no debería tener ni siquiera derecho a poder ejercer una defensa en juicio.
En este sentido, empezando por la «pena de muerte», sería imposible que se implemente hoy en día en Argentina, ya que está expresamente abolida en nuestra Constitución Nacional (art.18). Siguiendo con la «prisión perpetua» también sería imposible de aplicar, por el hecho de que las penas privativas de libertad no deben ser inhumanas, ni crueles; por ello un castigo en el que la persona pase toda su vida encerrado, sería ir en contra a esos principios.
Ahora
bien, un punto que llama la atención, es el de la imposibilidad de no poder
ejercer una defensa en juicio, como suele pedirse en algunos casos.
Ésta
petición va en contra del principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución
Nacional (art. 16), y el derecho de defensa en juicio.
Imaginemos dos situaciones con el criterio que se pide: una persona que comete homicidio doloso (con intención) no debería tener la posibilidad de defenderse en juicio. Y una persona que con su vehículo, sin intención alguna, choca a otra, y le causa lesiones leves o graves, ¿ésta última, si tendría posibilidad de defenderse? Si tomamos en cuenta el criterio de “defensa para algunos y para otros no”, violamos los principios mencionados anteriormente, y se crearía así una verdadera “injusticia”.
Algún lector, podrá decir, “que idea tan garantista”. No. El hecho de que se respeten todos los derechos y garantías que consagran nuestros ordenamientos, tanto para la víctima, como para el imputado, no significa que se avale que se cometan delitos. Una cosa es avalar el derecho, otra cosa es avalar los hechos.
Todo
esto, viene a colación por el hecho de que a partir de este año, la mayoría de
la ciudadanía de la provincia podrá participar de la justicia como jurado. Sí,
el pueblo será el que juzgue (en ciertos delitos) si una persona es culpable o
inocente.
Quizás,
a partir de este momento se produzca un cambio de paradigma en cuanto a la
consciencia jurídica de la sociedad. Cuando tenga en sus manos la decisión
(para nada fácil) de poder decir si una persona debe someterse a una pena de
prisión o no.
Para
ello, nuestro Código Procesal Penal, regula todo el desempeño del jurado a la
hora de actuar en el juicio (tema que merece todo un artículo, o más, aparte).
En
fin, es preocupante la consciencia jurídica actual de la sociedad, que apela
como respuesta de los conflictos a la violencia. Volvemos así, a la vieja ley
del Talión (ojo por ojo); respuesta totalmente errónea en relación al estado de
Derecho en el que vivimos.
Recurrir a la violencia como respuesta, genera mucha más violencia, de esta manera la sociedad anula totalmente a los derechos y garantías que nos respaldan a TODOS POR IGUAL.
Consciencia jurídica, no es exigirle al legislador leyes “mas duras”, exigir penas más crueles e inhumanas. Consciencia jurídica es reconocer los derechos y garantías, exigirles a nuestros operadores judiciales (fiscales, jueces) que desarrollen una tarea adecuada, para que, tanto la víctima, tenga una solución acorde al conflicto, y que en ese desarrollo de la solución, el imputado goce de todos los derechos y garantías que le corresponden.
Portada: 12 hombres en pugna (film) Colaboración: Emiliano Piccinini
La historia documentada de Pablo Agüero, un africano que acumuló poder sobre distintas organizaciones afro de Buenos Aires a fines del siglo XVIII y cuya figura fue vinculada por la historiadora Lea Geler con la posible existencia de un “Rey de Reyes” africano en la ciudad.
Por Alcides Blanco para NLI
En la Buenos Aires colonial hubo un hombre africano que llegó a ocupar una posición de poder tan singular que una investigación histórica reciente encontró elementos para compararlo con la figura de un “Rey de Reyes” africano. Su nombre fue Pablo Agüero, y su historia obliga a mirar de otra manera una ciudad que durante mucho tiempo fue narrada como si la población africana y afrodescendiente hubiera sido apenas una presencia secundaria. Agüero aparece en documentos de las últimas décadas del siglo XVIII como comerciante, empresario, curtidor, prestamista y propietario de personas esclavizadas, pero también como un hombre que mantenía vínculos con sectores de la elite y que había recibido autorización de las autoridades coloniales para intervenir sobre los bailes, reuniones y desplazamientos de africanos y afrodescendientes. La historiadora Lea Geler reconstruyó su trayectoria utilizando documentación del Archivo General de la Nación y plantea que detrás de ese personaje puede encontrarse una estructura de organización afro mucho más amplia de lo que tradicionalmente se reconoció.
Un hombre africano en el centro del poder colonial
Agüero vivió en una sociedad atravesada por la esclavitud y por una compleja clasificación racial, en la que los africanos y sus descendientes eran sometidos a distintas formas de vigilancia, pero también construían sus propias redes comunitarias, religiosas y económicas. En Buenos Aires existían cofradías y “naciones” africanas, organizaciones que reunían a personas provenientes de determinados pueblos o regiones, muchas veces alrededor de prácticas religiosas, ayuda mutua, ceremonias, entierros y celebraciones. Algunas tenían reconocimiento institucional y funcionaban vinculadas a iglesias y conventos, mientras que otras desarrollaban actividades con mayor autonomía. En sus estructuras internas aparecían figuras denominadas “reyes” o “reinas”, una tradición que no debe confundirse automáticamente con una monarquía territorial europea: se trataba de autoridades dentro de comunidades africanas y afrodescendientes que conservaban y adaptaban formas de organización propias en el contexto colonial americano.
En ese mundo aparece Pablo Agüero. Los documentos muestran que las autoridades coloniales reconocían su capacidad para intervenir sobre buena parte de la población africana y afrodescendiente de la ciudad. Una de sus funciones consistía en mantener bajo control los bailes y reuniones, y también participaba en la persecución y captura de personas esclavizadas que habían escapado. El dato resulta particularmente revelador porque muestra la enorme ambivalencia de su posición: Agüero era africano y tenía una profunda inserción en las redes de su comunidad, pero al mismo tiempo colaboraba con el aparato colonial de vigilancia. De hecho, recibió una comisión oficial y llegó a contar con auxiliares para desarrollar esas tareas, además de aportar dinero de su propio bolsillo para sostener parte de la estructura que utilizaba.
El misterioso “Rey de Reyes” de Buenos Aires
La parte más extraordinaria de la historia aparece cuando se observa qué clase de autoridad ejercía Agüero. Una denuncia presentada por integrantes de la cofradía de San Baltasar ante las autoridades coloniales señalaba que el “mayoral” de distintos congresos de bailes era Pablo Agüero y que otras “naciones” quedaban bajo su mando porque él había obtenido autorización gubernamental para permitir esas reuniones. Es decir, no se trataba simplemente de un dirigente de una agrupación particular: los documentos permiten observar que su influencia atravesaba diferentes comunidades africanas organizadas en la ciudad.
La investigación de Geler plantea que esta posición presenta similitudes con la institución de los “Reyes de los Congo” o “Reyes de Reyes” documentada en otras sociedades americanas. En distintos lugares de América, personas de origen africano podían asumir simbólicamente títulos de realeza dentro de las comunidades, organizar ceremonias, recaudar limosnas, resolver conflictos, intervenir en cuestiones comunitarias y, en determinados contextos, incluso reconocer o nombrar a otros reyes. En Buenos Aires existen documentos sobre reyes de distintas “naciones”, pero la evidencia disponible no permite afirmar de manera categórica que Agüero haya sido formalmente coronado como un “Rey de los Congo”. Lo que sostiene la investigación es algo más prudente y, precisamente por eso, más interesante: su poder y sus funciones se parecen considerablemente a las de un Rey de Reyes.
Una de las evidencias más significativas es que Agüero aparece relacionado con la designación de otros dirigentes. La investigación señala que Pedro Duarte fue instituido por Agüero como rey de la nación Congo, mientras que posteriormente su propio sucesor habría sido designado por él y no mediante una elección interna de las naciones. La concentración de funciones resulta llamativa: Agüero podía intervenir sobre los bailes, administrar las limosnas recolectadas, supervisar a diferentes grupos y ejercer autoridad sobre personas que pertenecían a distintas organizaciones. Esa combinación de funciones es justamente la que lleva a la historiadora a considerar que su figura se aproxima a la de un rey de reyes africano.
Pero hay otro aspecto que impide convertirlo en un personaje romántico o idealizado. Agüero también participó del sistema esclavista. Los registros notariales analizados por Geler documentan compras y ventas de personas esclavizadas realizadas por él durante la década de 1780. La investigación identifica operaciones concretas y demuestra que su actividad económica incluía ese comercio. Por eso, su historia no puede presentarse como la de un líder africano que simplemente resistió al poder colonial: fue una figura profundamente contradictoria, capaz de construir autoridad y redes de solidaridad dentro de la población afro y, simultáneamente, de beneficiarse de las estructuras económicas y sociales de la esclavitud.
Una historia que cambia la imagen de la Buenos Aires colonial
Precisamente esa contradicción convierte a Pablo Agüero en un personaje histórico extraordinario. Su trayectoria permite observar que la población africana de Buenos Aires no estaba compuesta solamente por personas sometidas pasivamente a las decisiones de los propietarios y de las autoridades. Existían redes de organización, liderazgo, ayuda económica, prácticas religiosas, jerarquías internas y mecanismos de solidaridad que podían sobrevivir incluso dentro de una sociedad esclavista. Las llamadas “naciones” podían colaborar para ayudar a sus integrantes, acompañar a los enfermos, asistir a las familias, organizar funerales y sostener a personas necesitadas.
Al mismo tiempo, el caso de Agüero muestra hasta qué punto esas estructuras comunitarias estaban atravesadas por las relaciones de poder del mundo colonial. El hombre que podía representar a los africanos ante las autoridades también podía ser utilizado por esas mismas autoridades para controlar a otros africanos; el dirigente que habilitaba bailes y ceremonias podía ser denunciado por sus adversarios por la administración de las limosnas; el comerciante que había acumulado recursos y contactos podía participar del comercio de personas esclavizadas. No hay una figura sencilla detrás del nombre Pablo Agüero, sino un personaje situado exactamente en las tensiones de una sociedad donde las personas africanas buscaban preservar espacios propios mientras intentaban sobrevivir dentro de un sistema que las explotaba y vigilaba.
La historia tampoco termina con su desaparición. Según la investigación, después de la muerte de Agüero continuaron existiendo redes de solidaridad entre las diferentes organizaciones africanas y afrodescendientes de Buenos Aires. Agüero fue enterrado en el Convento de Santo Domingo, y los integrantes de la nación de los mondongos, bajo el liderazgo de Miguel Viera, le dedicaron una misa cantada. Para Geler, esas prácticas posteriores ayudan a dimensionar la importancia que había alcanzado aquel hombre dentro de las redes afroporteñas.
La verdadera curiosidad histórica, entonces, no es afirmar que Buenos Aires tuvo un “rey africano” exactamente igual a un monarca europeo, porque eso no está demostrado por las fuentes. Lo extraordinario es algo más complejo: en una ciudad colonial donde la población africana era sometida a esclavitud y discriminación, un hombre africano consiguió acumular suficiente autoridad, riqueza, contactos y reconocimiento como para convertirse en una figura con influencia sobre distintas organizaciones de esa comunidad. Pablo Agüero fue, como mínimo, uno de los personajes más poderosos y controvertidos de la sociedad afroporteña de fines del siglo XVIII, y la posibilidad de que su posición haya tenido características semejantes a las de un “Rey de Reyes” abre una ventana hacia una historia de Buenos Aires que durante mucho tiempo quedó prácticamente fuera del relato tradicional.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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